Celestino Ramírez Fuentes

Expediente 379/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 11 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
379/2017
Año
2017
Actuaciones
11
Última actuación
29/11/2017

Partes del expediente

  • Celestino Ramírez Fuentes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiere interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el ocho de noviembre de dos mil diecisiete, en la que se sobreseyó en el juicio (fojas 267 a 278); con fundamento en lo dispuesto en los artículos 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su artículo 2°, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia para los efectos legales procedentes; hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia, con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo, del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de destrucción, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Hágase del conocimiento de las partes que el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión por no haberse solicitado. En otro aspecto, hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Finalmente tomando en consideración que este juicio de garantías obra un anexo consistente en copia certificada deducida del expediente en materia agraria número 733/2013, que remitió la autoridad responsable como justificación a su informe, mediante oficio devuélvase a su lugar de origen, solicitando el acuse de recibo. Notifíquese. II-A

  2. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veintiséis de octubre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos y tomando en consideración que se encuentran señaladas las nueve horas con cuarenta y cinco minutos de este día para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio; sin embargo, como el suscrito Secretario encargado del despacho, por licencia académica del Titular, no se encuentra autorizado por el Consejo de la Judicatura Federal para fallar en definitiva, se difiere la audiencia constitucional, fijándose las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, para su celebración. Notifíquese. IIA-A

  3. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veintitrés de octubre de dos mil diecisiete. Vista la diligencia que antecede, de la que se advierte que el quejoso Celestino Ramírez Fuentes, ratificó su escrito presentado el dieciséis del actual; en consecuencia, se procede a proveer su petición, en el sentido de que no ha lugar a acordar favorablemente, toda vez que por acuerdo de veintinueve de septiembre del año en curso, se declaró firme el acuerdo de cinco de octubre del año en curso, por el que se desechó dicha probanza, lo anterior por no haber interpuesto recurso de queja contra la parte relativa de ese auto. Además, dicha probanza está ofrecida de manera extemporánea, pues no se ofreció dentro del término de cinco días hábiles antes de la fecha de la celebración de la audiencia constitucional señalada para el veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, toda vez, que con fundamento en el artículo 119, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se establece que el aludido plazo de cinco días no podrá ampliarse con motivo del diferimiento de la audiencia constitucional, salvo que se trate de probar o desvirtuar hechos que no hayan podido ser conocidos por las partes con la oportunidad legal suficiente para ofrecerlas en el plazo referido, por causas no imputables a su descuido o negligencia dentro del procedimiento; máxime que los hechos que pretende probar con tales probanzas los conoce desde el veintinueve de agosto del año en curso, fecha en que suscribió la demanda. Funda lo expuesto, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 53, del tomo III, Febrero de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro 200200, cuyo rubro y testo son: "PRUEBAS PERICIAL, TESTIMONIAL Y DE INSPECCION JUDICIAL EN EL AMPARO. SU OFRECIMIENTO DESPUÉS DEL DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA. Es procedente admitir las pruebas testimonial y pericial para la audiencia en el amparo, cuando la inicialmente señalada ha sido diferida de oficio por el Juez de Distrito, y no a petición de las partes"; y, asimismo, se aparta del criterio contenido en la última tesis relacionada con dicha jurisprudencia, que establece, esencialmente, que es inexacto que cuando la audiencia se difiere de oficio, se puedan ofrecer dichas pruebas para la audiencia diferida, agregando que cuando no se anuncian oportunamente para la primera audiencia, no pueden ofrecerse para la segunda, porque ya se perdió el derecho. Partiendo de la hipótesis de que las pruebas pericial, testimonial y de inspección judicial no fueron ofrecidas antes de la audiencia inicial, que ésta se difirió y que en el nuevo periodo sí se ofrecieron con la anticipación requerida por el artículo 151 de la Ley de Amparo, en relación con la fecha de la segunda audiencia, el nuevo criterio sostenido por este Pleno se apoya en dos principios básicos: En primer lugar, el de la expeditez del procedimiento de amparo que deriva de su naturaleza sumaria, de acuerdo con el cual, si las mencionadas pruebas no se ofrecen con la anticipación exigida por el citado precepto, ya no pueden ofrecerse con posterioridad por haber precluido ese derecho procesal; y en segundo, el cimentado en el respeto a la garantía de defensa de la parte oferente, lo que significa que ésta, para gozar de la oportunidad de ofrecer las pruebas aludidas, no sólo debe contar con el plazo de cinco días hábiles antes del señalado para la audiencia constitucional, sin incluir el del ofrecimiento ni el señalado para la celebración de la audiencia, sino además, que tal plazo se dé a partir de la fecha en que tenga conocimiento del hecho que trate de probar o desvirtuar con dichas probanzas, conocimiento que puede inferirse de los datos y elementos objetivos de los autos. Así, por ejemplo, cuando la parte oferente ya tenga conocimiento del hecho o situación cuya certeza trata de probar o desvirtuar con tiempo anterior al término señalado en el citado artículo 151, tomando como referencia la audiencia inicial, ya no podrá válidamente ofrecerlas en el período posterior, porque ha precluido su derecho por su abandono; en cambio, si el oferente no conocía el hecho con la oportunidad legal suficiente, como cuando el quejoso se entera de él con motivo del informe justificado rendido poco antes de la audiencia, o como cuando el tercero perjudicado es llamado a juicio sin tiempo suficiente para ofrecer esos elementos probatorios, entonces sí pueden proponerse legalmente con posterioridad a la primera fecha de la audiencia, respetando siempre los términos del artículo 151, sólo que tomando como indicador la segunda fecha, ejemplos que pueden multiplicarse teniendo en común, todos ellos, que desde el punto de vista jurídico el oferente no debe quedar indefenso en la materia probatoria examinada, por causas ajenas a su descuido o negligencia dentro del procedimiento. Conforme a este criterio, por tanto, carece de importancia el hecho de que la audiencia se haya diferido de oficio o a petición de parte, debiendo atenderse a los principios expuestos, cuya aplicación permite dar a cada parte el trato que amerita su propia situación procesal." Notifíquese. IIA-A

  4. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, diecisiete de octubre de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos el escrito presentado por Celestino Ramírez Fuentes, del que se advierte que la firma que lo calza diverge notoriamente de la estampada en su escrito inicial de demanda que dio origen a este juicio; en consecuencia, requiérase al ocursante para que dentro del término legal que se le otorgó por auto inicial, el cual se encuentra transcurriendo, ratifique el contenido y firma que calza el escrito de cuenta; en la inteligencia que de no hacerlo así en el término establecido, se tendrá por no planteada la solicitud ahí contenida. Se invoca en apoyo la jurisprudencia emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento setenta y cinco, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo tenor literal es: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS. DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA". Notifíquese; a la parte quejosa por lista. IIA-A

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