CELIA ISABEL GUEVARA CAMACHO y Otros.
Expediente 162/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 162/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 18/04/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- CELIA ISABEL GUEVARA CAMACHO y Otros.
- Alfredo Ramirez Guevara
- Celia Isabel Guevara Camacho
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de abril de dos mil dieciocho. Visto, con conocimiento de las partes, agréguese a sus autos el escrito signado por María Guadalupe Palacios Fortiz, autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo por la parte quejosa; y, en atención a su contenido, expídanse a su costa las copias certificadas a que hace referencia en su ocurso de mérito, previa razón que de su recibo otorgue en autos, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; indicándole que con la finalidad de no distraer al personal de apoyo de sus labores sustantivas, el horario establecido para lo acordado es de diez de la mañana a doce del día.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de marzo de dos mil dieciocho. Agréguese a los presentes autos el INFORME JUSTIFICADO (por duplicado) rendido por la autoridad responsable 2. Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo vigente, dese vista a las partes, sin perjuicio de relacionarlo nuevamente en la audiencia constitucional. En ese orden, con fundamento en el párrafo quinto del artículo 117, en relación con el diverso 119, ambos de la Ley de Amparo, téngase a la citada autoridad ofreciendo como pruebas de su parte las documentales que acompaña al oficio de cuenta, las cuales se desahogan dada su propia y especial naturaleza. En virtud de lo acordado, y tomando en consideración que fueron señaladas las nueve horas con cincuenta minutos del veintidós de marzo próximo para la celebración de la audiencia constitucional, resulta evidente que no se encontrará debidamente integrado el presente juicio de amparo para esa data; en tal virtud, en aras de una pronta y expedita impartición de justicia, garantías consagradas en el artículo 17 Constitucional, procede diferir anticipadamente la audiencia constitucional fijada en el presente expediente; por lo que, se señalan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DIEZ DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO, para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio que se actúa.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, nueve de marzo de dos mil dieciocho. Agréguese a los presentes autos el INFORME JUSTIFICADO rendido por el 1. Procurador General de la República, a través de su representante; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo vigente, dese vista a las partes, sin perjuicio de relacionarlo nuevamente en la audiencia constitucional.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de febrero de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por Celia Isabel, María Isabel o Isabel Guevara Camacho y Alfredo Ramírez Guevara, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1, fracción I, 37, 107, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, SE ADMITE a trámite la misma, en contra de las autoridades responsables: 1. Procurador General de la República (denominación correcta) y 2. Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud. Fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el juicio de amparo 162/2018-D y, captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). No ha lugar a tramitar el incidente de suspensión de los actos reclamados, pues aunque la parte quejosa solicita que las autoridades responsables rindan sus informes previos, de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que no peticiona la incidencia; aunado a que, a criterio de la suscrita jueza no resulta procedente tramitar de oficio dicha medida cautelar, pues los actos reclamados en el presente juicio no se ubican en alguno de los supuestos previstos en el artículo 127, fracción II de la Ley de Amparo, en tanto que no se trata de actos que si llegaran a consumarse, harían físicamente imposible restituir a la parte quejosa en el goce del derecho reclamado. Pídase informe justificado a las autoridades señaladas como responsables, quienes deberán rendirlo dentro del término de quince días siguientes a la notificación del presente acuerdo, ante este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla sito en Avenida Osa Menor número ochenta y dos, Ciudad Judicial Siglo XXI, Reserva Territorial Atlixcáyotl, Código Postal 72810, en San Andrés Cholula, Puebla, para tal efecto remítaseles copia autorizada de la demanda de amparo. Apercíbase a dichas autoridades que de no hacerlo o no anexar copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional, con fundamento en los artículos 238 y 260, fracción II de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa equivalente de cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Esto es así, ya que la no rendición del informe justificado implica que se presuma cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo de la parte quejosa acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1 de la Ley de Amparo vigente; y, por lo que respecta a los informes rendidos fuera de los plazos establecidos, podrán ser tomados en cuenta si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos, con fundamento en la primera parte del tercer párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo en vigor. En otro sentido, se solicita a las autoridades señaladas como responsables informen a este juzgado de Distrito si este juicio de amparo tiene relación con otro resuelto o en trámite, por la intervención en ambos asuntos de las mismas partes en el procedimiento natural o constitucional o por tratarse de actos derivados del propio procedimiento, o bien, porque se refiera a los mismos hechos. Con fundamento en el tercer párrafo del artículo 75 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se solicita a las autoridades responsables para que, en caso de convenir en la existencia del acto reclamado, en el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente acuerdo, proporcionen el nombre y domicilio de las personas que en su caso pudieran tener el carácter de terceros interesados, así como remita las constancias necesarias relativas de donde se advierta tal información. Apercíbase a dichas autoridades que de no cumplir con los requerimientos anteriores, con fundamento en los artículos 238 y 260, fracción II de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa equivalente de cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Hágase del conocimiento de las autoridades responsables que podrán remitir sus informes a través del correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional 3jdo6ctoap@correo.cjf.gob.mx, y a efecto de confirmar su envío se proporciona el número de teléfono de este Juzgado (222) 303 7276, al cual también, en su caso, pueden mandar sus informes vía fax. Por otra parte, se solicita a las autoridades responsables para que en caso de convenir en la existencia del acto reclamado, precisen si las constancias que remitan como justificación a su informe, contienen información clasificada como reservada o confidencial; ello, a efecto de evitar que se use de manera incorrecta y este Juzgado adopte las medidas de seguridad pertinentes. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA. Conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para revisar la clasificación de la información realizada por un sujeto obligado y, en su caso, acceder a ésta, debe seguirse el procedimiento correspondiente ante los organismos garantes establecidos constitucionalmente con ese propósito; sin embargo, para no dejar en estado de indefensión a las partes en un juicio de amparo, el Juez constitucional, previo análisis de la información clasificada como reservada o confidencial exhibida con el informe justificado rendido por la autoridad responsable en términos de los artículos 117 de la Ley de Amparo vigente y 149 de la abrogada, bajo su más estricta responsabilidad puede permitir el acceso a las partes de la que considere esencial para su defensa. Al respecto, deberá adoptar todas las medidas de seguridad a efecto de evitar que se use de manera incorrecta, así como ponderar los derechos implicados y las especificidades del caso concreto para decidir si es indispensable o relevante el acceso a una parte o a toda la información con miras a resolver el problema de constitucionalidad planteado; además, si permite el acceso total o parcial a aquélla, podrá imponer las modalidades que considere necesarias para ello, sin que en caso alguno dicha información pueda ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. Lo anterior, en el entendido de que no podrá otorgar el acceso a la información acompañada al informe justificado cuando el acto reclamado consista precisamente en la clasificación de esa información, supuesto en el cual el acceso a ésta depende de que en una sentencia que cause estado se consigne esa obligación, por lo que permitir previamente a las partes su conocimiento dejaría sin materia el juicio de amparo". (Jurisprudencia P./J. 26/2015 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época). Así mismo, con fundamento en el primer párrafo del artículo 64 de la Ley de Amparo en vigor, hágase saber a las autoridades responsables que si tienen conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, deberán comunicarlo inmediatamente a este órgano jurisdiccional, acompañando las constancias que así lo acrediten. Apercibidas que de no hacerlo en el término indicado, se les impondrá una multa equivalente a treinta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emita el presente proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, de conformidad con el artículo 251 del citado cuerpo de leyes. Se señalan las nueve horas con cincuenta minutos del veintidós de marzo de dos mil dieciocho para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente, dese a la agente del Ministerio Público Federal adscrita la intervención que le corresponde. Resérvese de proveer lo conducente respecto los terceros interesados hasta en tanto obren en autos los informes justificados. En otro sentido, según lo dispuesto por los artículos 119 y 123 de la Ley que rige al juicio de amparo, se tiene como prueba de la parte quejosa la documental que anexa al escrito de demanda, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional. Téngase como domicilio de la parte quejosa, el señalado en el proemio del escrito de demanda Por otro lado, se tienen como autorizados, en los términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a María Guadalupe Palacios Fortiz, por haber acreditado tener cédula profesional de licenciada en derecho, tal como se advierte de la certificación secretarial que precede. En otro aspecto, con base en lo establecido por el numeral 13 de la Ley de la Materia, se tiene como representante común de la parte quejosa a Alfredo Ramírez Guevara. De conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Se hace saber a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, así como en el diverso numeral 3 de la Ley de Amparo, se ordena integrar el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para lo cual, se digitalizarán oportunamente y de manera legible las constancias de los juicios que se presenten de manera impresa, y se imprimirán las que se presenten de forma electrónica. Por otra parte, se hace del conocimiento de las autoridades responsables y a aquéllas que tengan el carácter de terceras interesadas, que en el presente juicio únicamente les serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, misma que podrá ser consultada directamente por dichas autoridades o por sus respectivos delegados. A lo anterior es aplicable la Jurisprudencia 176/2012 por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." También, hágase saber a las autoridades responsables que de negarse a recibir la notificación, sin demostrar con ordenamientos jurídicos o documentos oficiales la causa razonable que impida la recepción del oficio, procederá el actuario de este juzgado a levantar una razón donde establezca la negativa injustificada y tendrá por hecha la notificación, con fundamento en el artículo 28 fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Aunado a ello, se les impondrá de forma separada una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído, como lo ordena el artículo 245 de la citada legislación, en los términos siguientes: "(.) a la autoridad responsable que se niegue a recibir la notificación se le impondrá multa de cien a mil días. (.)". Con fundamento en los artículos 1, 3, 5, 6, 9, 15 y 16 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis,-que entró en vigor al día siguiente de su publicación- y reformado mediante decreto publicado en dicho órgano de difusión el veintisiete de enero de dos mil diecisiete; 1, 2, fracción V, 3, fracción X, 4, 7, 17, 18 y 24 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete,-que entró en vigor al día siguiente de su publicación-; así como los diversos numerales 1, fracción I, 14, 25 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos -este último aplicable al caso concreto de conformidad con los artículos Segundo Transitorio del decreto por el que se expidió la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Cuarto y Séptimo Transitorios del Decreto por el que se emitió la Ley General en comento-, este órgano jurisdiccional como parte del Poder Judicial de la Federación, debe de garantizar el derecho de acceso a la información, pero siendo responsable de los datos personales, contenidos en los acuerdos y resoluciones que se dicten y cumplir con las obligaciones establecidas en las leyes de la materia. De ahí que de conformidad con el artículo 6 de la Constitución, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares considerados como confidenciales, debiendo, en su caso, suprimir la información que tenga el carácter de reservada o confidencial.
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