Celia Cuenca Bolaños

Expediente 289/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 21 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
289/2023
Año
2023
Actuaciones
21
Última actuación
04/10/2023

Partes del expediente

  • Celia Cuenca Bolaños
  • CELIA CUENCA BOLAÑOS y Otros.
  • Luis Javier Muñoz Alvarez (Asesor Y Promovente)
  • LUIS JAVIER MUÑOZ ALVAREZ (ASESOR Y PROMOVENTE) y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de octubre de dos mil veintitrés. I. Declara firme auto. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la resolución dictada el cinco de septiembre de dos mil veintitrés, mediante la cual se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo, ha sido notificada a todas las partes y que el término genérico de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de inconformidad ha fenecido para todas ellas. Lo anterior, en virtud de que la última notificación se efectuó por oficio a la autoridad responsable 4. Secretario de Gobernación del Ayuntamiento de Atlixco, Puebla, el ocho de septiembre de dos mil veintitrés; la cual, surtió efectos el mismo día y, por ende, el aludido plazo transcurrió del once de septiembre al tres de octubre de la presente anualidad, previo descuento de los días: i) nueve, diez, dieciséis, diecisiete, veintitrés, veinticuatro y treinta de septiembre, así como uno de octubre, por ser sábados y domingos, inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo; ii) catorce de septiembre por disposición expresa de dicho numeral; y, iii) quince de septiembre al declarase inhábil por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, según lo informado en la circular 12/2023, signada por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha determinación ha quedado firme. II. Archivo. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), archívense las presentes actuaciones e insértese este acuerdo en el cuaderno único del incidente de suspensión. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido, con fundamento en los artículos 14, fracción II, y 17 fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo), se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo, no es de relevancia documental, pero sí conservable y susceptible de ser transferido cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, a los depósitos documentales dependientes del área coordinadora de archivos de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del artículo 9 del Acuerdo. En cuanto al cuaderno único del incidente de suspensión, en virtud que se negó la medida cautelar provisional y definitiva, con fundamento en el artículo 20, fracción III, del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. III. Devolución de documentos a las partes. Por otro lado, ya que resulta innecesario conservar las pruebas documentales que se remitieron en complemento al informe justificado, se ordena devolver a la autoridad responsable 2. Axel Manuel Cázares Guevara, Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos de Alta Incidencia de la Fiscalía General del Estado de Puebla, con sede en Atlixco, la documental siguiente: ( Copia certificada de diversos registros escritos que obran dentro de la carpeta de investigación FGEP/CDI/FEIDAI/FLAGRANCIA-I/002286/2022, con las cuales formó el cuaderno auxiliar I de este juicio. Ahora bien, toda vez que la referida autoridad responsable se encuentra fuera de la circunscripción de este órgano constitucional, requiérasele para que, dentro del plazo de veinticuatro horas, computado legalmente, acuse recibo del oficio por el cual se le notifique el presente acuerdo junto con las constancias que se anexan. Apercibida que de no hacerlo, se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculado al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. IV. Integración al expediente físico. Finalmente, en términos de lo que dispone el párrafo séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se ordena integrar la presente determinación al expediente impreso, dada la importancia de su contenido. Notifíquese por lista a la parte quejosa; y, por oficio a las responsables (a las foráneas con excepción del fiscal requerido, vía correo electrónico, por lo que se comisiona al actuario de la adscripción confirmar su llegada vía telefónica y asentar razón en autos de su recepción) y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, cinco de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, sin que desahogara la aludida vista. En consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento del fallo protector con los elementos que obran en autos. I. Antecedentes. El veintisiete de junio de dos mil veintitrés, este juzgado de distrito dictó sentencia en el presente juicio, en la que, por una parte, sobreseyó y, por otra, concedió el amparo a la quejosa , respecto al cobro de derechos por conceptos de grúa, arrastre y encierro de vehículo, derivado del aseguramiento del automotor marca , color , modelo , número de identificación vehicular , placas de circulación del Estado de Puebla, dentro de la carpeta de investigación ; por las razones expuestas en el considerando octavo y para los efectos precisados en el considerando noveno del propio fallo. Mediante acuerdo emitido el treinta y uno de julio del año en curso, dicha sentencia causó ejecutoria; ello, en atención a que no fue recurrida por parte legitimada para hacerlo, a través del recurso de revisión; por lo que, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requirió a 2. , Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos de Alta Incidencia de la Fiscalía General del Estado de Puebla, con sede en Atlixco, y a la moral equiparada a autoridad 3. , Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su encargado o representante legal, dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. De igual forma, se requirió al Fiscal General del Estado de Puebla para que, en su carácter de superior jerárquico, girara las instrucciones necesarias para que dicho fiscal acatara lo ordenado. En proveído de nueve de agosto del actual, por primera vez se dio vista a la parte quejosa con el cumplimiento dado a la ejecutoria, para que manifestara lo que estimara conducente, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. En resolución de diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, este juzgado estimó que la ejecutoria de amparo no se encontraba completamente cumplida, por lo que se requirió al fiscal responsable que remitiera copia certificada de las constancias de las que se advirtiera que había sido devuelto el vehículo a la quejosa en las condiciones establecidas en el fallo protector. Finalmente, en auto de veintiocho de agosto del actual, por segunda vez se dio vista a la parte quejosa con el cumplimiento dado a la ejecutoria, para que manifestara lo que estimara conducente, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. II. Análisis de la ejecutoria de amparo. Mediante sentencia dictada el veintisiete de junio de dos mil veintitrés, se declaró inconstitucional el cobro de derechos por conceptos de grúa, arrastre y encierro de vehículo, derivado del aseguramiento del automotor marca , color , modelo , número de identificación vehicular , placas de circulación del Estado de Puebla, dentro de la carpeta de investigación ; por ende, se le concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal respecto de dicho acto. Lo anterior, porque el referido acto era adverso a los derechos humanos de la víctima de delito, previstos en los artículos 16 y 20, apartado C, fracción, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello se justificó, en lo que interesa, con base en los siguientes razonamientos: A. Se señaló que la negociación , Sociedad Anónima de Capital Variable, tenía el carácter de autoridad para efectos del presente juicio de amparo, toda vez que llevó a cabo un acto reservado a la autoridad ministerial, en virtud que de forma unilateral y obligatoria ejecutó un acto (retención del vehículo que defiende la parte quejosa), creó una situación jurídica para la quejosa (obligación de realizar el pago por conceptos de grúa, arrastre y depósito del vehículo en mención), ejerciendo funciones reservadas a las autoridades en términos de los artículos 245, 246, 247 y 248 del Código Nacional de Procedimientos Penales (norma general). B. Se dijo que en términos de los citados preceptos legales, correspondía a la autoridad ministerial asegurar y resguardar los bienes sujetos a investigación de un hecho con apariencia de delito. Asimismo, se apreció que el legislador no estableció como carga para los propietarios de los bienes asegurados el pago de los gastos originados con motivo de dicho aseguramiento. Mucho menos cuando el bien a devolver era el objeto delito y el solicitante era la víctima del delito, pues ello supondría imponer una carga a una persona que padeció un injusto penal, lo que implicaría su revictimización. C. En ese sentido, se consideró que si la autoridad ordenó la devolución del vehículo a su propietaria, resultaba inconcuso que la moral responsable actuó en auxilio de la fiscalía, por lo que el hecho de que se condicionara la entrega ocasionaría un perjuicio a la legítima propietaria, en razón de que se le impondría la carga de cumplir con una obligación carente de fundamento, en virtud que el resguardo del vehículo obedeció a las exigencias de la investigación. D. De este modo, se señaló que si el servicio otorgado por parte de la empresa privada , Sociedad Anónima de Capital Variable, se debió a la solicitud realizada por la autoridad ministerial para que estuviera en condiciones de realizar la investigación correspondiente, no existía un vínculo jurídico con el que pudiera exigirse el cobro del servicio a la propietaria del bien asegurado. E. En esas condiciones, se indicó que era que indudable que la condicionante para devolver el vehículo, consistente en el pago por los conceptos de grúa, arrastre y depósito de vehículo, no encontraba la fundamentación y motivación que debía satisfacer todo acto de autoridad, trasgrediendo en perjuicio de la quejosa lo dispuesto en el artículo 16 Constitucional, dado que el aseguramiento no se debió a una causa atribuible a la demandante constitucional que diera lugar a la aplicación de una sanción pecuniaria, ya que el traslado del automotor únicamente obedeció a las exigencias de resguardo e investigación de hechos presuntamente delictivos, de conformidad con los numerales 229 y 230 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En otras palabras, si el servicio otorgado por parte la negociación , Sociedad Anónima de Capital Variable, se debió a lo ordenado por la autoridad policial y ministerial, es decir, por diligencias inherentes a su encargo público como investigador de delitos en términos del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y ella misma ordenó devolver el automotor, luego, era inconcebible que se impusiera a la quejosa el cobro de los servicios efectuados, ya que eso se traduciría en cobrar emolumentos por el desempeño de la función pública que realiza el Ministerio Público. F. No se desatendió el hecho toral de que la quejosa en ningún momento solicitó los servicios de grúa, traslado y depósito, sino que dicha prestación ocurrió en términos de lo informado por los elementos de la policía, quienes aseguraron materialmente el vehículo, para ponerlo a disposición de la representación social, bajo depósito, en las instalaciones del resguardo vehicular mencionado. G. En consecuencia, se reiteró que no existía un vínculo jurídico con el que podía exigirse a la quejosa el cobro del servicio base del presente análisis constitucional, ni siquiera por concepto de cualquier tipo de contribución, pues bastaba indicar que no se materializó ningún hecho imponible o supuesto de retención que permitiera dicha exigencia, o propiamente la actualización de la obligación tributaria correspondiente; además, tampoco se advirtió consenso contractual que le permitiera exigir el pago de una contraprestación. H. Se precisó que la sentencia de amparo no tenía el efecto de vedar el derecho de la empresa a recibir un pago por los servicios prestados, ya que únicamente se consideró que si existía un cobro que se debía exigir, éste no sería a cargo de la quejosa, propietaria del vehículo, sino a cargo del ministerio público, que ordenó el aseguramiento del bien mueble. Dicho de otra forma, si bien el servicio de arrastre y depósito no debía ser cubierto por la legítima propietaria del vehículo; ello no implicaba que no se pagara el servicio proporcionado, de modo que a la fiscalía le correspondería realizar las gestiones necesarias para cubrir los servicios prestados por la moral responsable; lo cual, estaba en facultad de hacerlo valer por la vía correspondiente. En ese sentido, el amparo solicitado se concedió para el efecto de que se realizara lo siguiente: A. 2. , Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos de Alta Incidencia de la Fiscalía General del Estado de Puebla, con sede en Atlixco, señalara hora y fecha dentro de los cinco días hábiles siguientes a que se le requiera el cumplimiento, a efecto de que se constituyera asociado de la quejosa , en las instalaciones de la moral , Sociedad Anónima de Capital Variable. B. En la hora y fecha señalada por el ministerio público, el representante o encargado de la moral , Sociedad Anónima de Capital Variable, sin mayor trámite y sin exigir el pago de concepto alguno, entregara a la referida quejosa (quien debía quedar debidamente identificada) el vehículo marca , color , modelo , número de identificación vehicular , placas de circulación del Estado de Puebla; esto es, la devolución debía realizarse sin condicionarla a pago alguno por los servicios de grúa, arrastre y depósito vehicular o algún otro concepto, de lo que debía elaborarse el acta circunstanciada correspondiente. Asimismo, se precisó que el referido fiscal debía notificar oportunamente a la quejosa sobre la fecha que señalara para tal actuación, en términos de la legislación procesal aplicable; asimismo, debía hacer uso de todas las facultades e incluso medidas de apremio o coercitivas que tuviera a su alcance para lograr la devolución aludida. III. Estudio de los actos emitidos en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En lo que interesa, la autoridad responsable 2. , Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos de Alta Incidencia de la Fiscalía General del Estado de Puebla, con sede en Atlixco, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, realizó y demostró lo que a continuación se describe dentro de la carpeta de investigación : 1. Mediante oficio FEIDAI/ATLIXCO/015/2023 de siete de julio de dos mil veintitrés, ordenó al encargado de grúas , Sociedad Anónima de Capital Variable, que procediera a la devolución a la quejosa del vehículo marca , color , modelo , número de identificación vehicular , placas de circulación del Estado de Puebla, sin cobro alguno. 2. Mediante diligencia llevada a cabo el cinco de julio de dos mil veintitrés, se hizo constar la entrega a la quejosa del oficio dirigido al encargado de grúas , donde se ordenó la devolución del vehículo asegurado en los términos de la ejecutoria de amparo. 3. Mediante escrito presentado el veintidós de agosto de dos mil veintitrés dentro de la carpeta de investigación de origen, , en su carácter de asesor jurídico victimal de la quejosa , manifestó que el referido vehículo fue entregado a su representada mediante diligencia de seis de julio de la citada anualidad, por conducto encargado de grúas , sin condicionar dicha entrega a cobro alguno, como se constriñó en la ejecutoria de amparo. IV. Opinión jurisdiccional. Ante lo expuesto, este órgano jurisdiccional considera que los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito se llevaron a cabo, por lo que, con fundamento en el antepenúltimo párrafo, del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo sin excesos ni defectos. Ciertamente, las responsables cumplieron con el núcleo esencial del fallo protector, habida cuenta que probaron que se devolvió a la quejosa el vehículo marca , color modelo , número de identificación vehicular , placas de circulación del Estado de Puebla, sin condicionarse al pago de emolumento alguno. No se inadvierte que la entrega se efectuó el seis de julio de dos mil veintitrés, es decir, antes de que causara ejecutoria la sentencia de amparo -lo que ocurrió el treinta y uno de julio del mismo año-; sin embargo, en el particular, el hecho de que se haya cumplido con la sentencia de amparo indirecto antes de que causara ejecutoria, no torna inválida la actuación, ya que dada su naturaleza (la entrega de un bien), debe privilegiarse el acceso efectivo a la justicia y la pronta resolución de los juicios, y sólo debe verificarse que se haya seguido debidamente el procedimiento que establecen los artículos 192 a 196 de la Ley de Amparo, como ocurrió en el caso en concreto. Lo anterior, porque en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 16/2021 (11a.), la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País sostuvo que con la entrada en vigor de la adición del párrafo tercero al artículo 17 constitucional, mediante el Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 16, 17 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de justicia cotidiana, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 15 de septiembre de 2017, todas las autoridades judiciales deben privilegiar la resolución de fondo de los conflictos sometidos a su potestad sobre los formalismos procedimentales, siempre y cuando no se afecte la igualdad entre las partes. Asimismo, que ello implica un cambio en la mentalidad de las autoridades para que en el despacho de los asuntos se opte por el estudio que clausure efectivamente la controversia y la aplicación del derecho sustancial, de modo que se privilegie una resolución de fondo sobre la forma, evitando así reenvíos de jurisdicción innecesarios y dilatorios de la impartición de justicia. En ese contexto, estimar que una actuación en cumplimiento a una sentencia de amparo debe dejarse insubsistente porque se emitió antes de que causara ejecutoria el fallo, a pesar de que no se interpuso recurso alguno en su contra y se siguió debidamente el trámite que establecen los artículos 192 a 196 de la Ley de Amparo, sólo provocaría un retraso injustificado en la resolución del cumplimiento de la ejecutoria, pues si se dejara insubsistente ese acto previo y obligara a la responsable a emitir otro idéntico con diversa fecha, no le reportaría beneficio a alguna de las partes y generaría un retraso y carga procesal innecesaria en los órganos de administración de justicia. Sustenta lo anterior, la tesis aislada III.1o.A.5 K (11a.), bajo el rubro y tenor siguientes: "SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. ES VÁLIDO EL ACUERDO QUE LAS DECLARA CUMPLIDAS A PARTIR DE ACTOS QUE EMITE LA AUTORIDAD RESPONSABLE ANTES DE QUE CAUSEN EJECUTORIA, SI SE SIGUE EL PROCEDIMIENTO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 192 A 196 DE LA LEY DE LA MATERIA. Hechos: En un juicio de amparo indirecto el Juez de Distrito tuvo por recibido el acuerdo de la autoridad responsable a través del cual trató de cumplir la sentencia de amparo antes de que ésta causara ejecutoria, mismo que ordenó reservar. Posteriormente, dictó el auto mediante el cual causó estado la resolución, por tanto, requirió su cumplimiento, por lo que la responsable remitió nuevamente el acuerdo referido, con el que se dio vista a las partes y declaró cumplida la ejecutoria. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el hecho de que la autoridad responsable pretenda cumplir la sentencia de amparo indirecto antes de que cause ejecutoria, no torna inválida su actuación, ya que para determinar el efecto de la misma para ser tomada en cuenta por el Juez de Distrito como un acto para declarar cumplida la sentencia de amparo, deberá estudiarse caso por caso, en atención a la jurisprudencia 2a./J. 16/2021 (11a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de privilegiar el acceso efectivo a la justicia y la pronta resolución de los juicios, y sólo debe verificarse que se haya seguido debidamente el procedimiento que establecen los artículos 192 a 196 de la Ley de Amparo. Justificación: Lo anterior, porque en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 16/2021 (11a.), el Máximo Tribunal del País sostuvo que con la entrada en vigor de la adición del párrafo tercero al artículo 17 constitucional, mediante el Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 16, 17 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de justicia cotidiana, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 15 de septiembre de 2017, todas las autoridades judiciales deben privilegiar la resolución de fondo de los conflictos sometidos a su potestad sobre los formalismos procedimentales, siempre y cuando no se afecte la igualdad entre las partes. Asimismo, que ello implica un cambio en la mentalidad de las autoridades para que en el despacho de los asuntos se opte por el estudio que clausure efectivamente la controversia y la aplicación del derecho sustancial, de modo que se privilegie una resolución de fondo sobre la forma, evitando así reenvíos de jurisdicción innecesarios y dilatorios de la impartición de justicia. En ese contexto, estimar que una actuación en cumplimiento a una sentencia de amparo debe dejarse insubsistente porque se emitió antes de que causara ejecutoria el fallo, a pesar de que no se interpuso recurso alguno en su contra y se siguió debidamente el trámite que establecen los artículos 192 a 196 de la Ley de Amparo, sólo provocaría un retraso injustificado en la resolución del cumplimiento de la ejecutoria, pues si se dejara insubsistente ese acto previo y obligara a la responsable a emitir otro idéntico con diversa fecha, no le reportaría beneficio a alguna de las partes y generaría un retraso y carga procesal innecesaria en los órganos de administración de justicia." En virtud de lo expuesto, la ejecutoria de amparo se encuentra íntegramente cumplida. V. Integración al expediente físico. Finalmente, en términos de lo que dispone el párrafo séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se ordena integrar la presente determinación, dada su trascendencia. Notifíquese por lista a la parte quejosa , en cumplimiento a lo ordenado el veintisiete de marzo del año en curso; y, por oficio a las responsables (a las foráneas, vía correo electrónico, por lo que se comisiona al actuario de la adscripción confirmar su llegada vía telefónica y asentar razón en autos de su recepción) y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de nueve de agosto de dos mil veintitrés, se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, sin que desahogara la aludida vista. En consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento del fallo protector con los elementos que obran en autos. I. Antecedentes. El veintisiete de junio de dos mil veintitrés, este juzgado de distrito dictó sentencia en el presente juicio, en la que, por una parte, sobreseyó y, por otra, concedió el amparo a la quejosa ********************, respecto al cobro de derechos por conceptos de grúa, arrastre y encierro de vehículo, derivado del aseguramiento del automotor marca ********************, color ********************, modelo ********************, número de identificación vehicular ********************, placas de circulación ******************** del Estado de Puebla, dentro de la carpeta de investigación ********************; por las razones expuestas en el considerando octavo y para los efectos precisados en el considerando noveno del propio fallo. Mediante acuerdo emitido el treinta y uno de julio del año en curso, dicha sentencia causó ejecutoria; ello, en atención a que no fue recurrida por parte legitimada para hacerlo, a través del recurso de revisión; por lo que, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requirió a 2. ********************, Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos de Alta Incidencia de la Fiscalía General del Estado de Puebla, con sede en Atlixco, y a la moral equiparada a autoridad 3. ********************, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su encargado o representante legal, dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. De igual forma, se requirió al Fiscal General del Estado de Puebla para que, en su carácter de superior jerárquico, girara las instrucciones necesarias para que dicho fiscal acatara lo ordenado. En proveído de nueve de agosto del actual, se dio vista a la parte quejosa con el cumplimiento dado a la ejecutoria, para que manifestara lo que estimara conducente, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. II. Análisis de la ejecutoria de amparo. Mediante sentencia dictada el veintisiete de junio de dos mil veintitrés, se declaró inconstitucional el cobro de derechos por conceptos de grúa, arrastre y encierro de vehículo, derivado del aseguramiento del automotor marca ********************, color ********************, modelo ********************, número de identificación vehicular ********************, placas de circulación ******************** del Estado de Puebla, dentro de la carpeta de investigación ********************; por ende, se le concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal respecto de dicho acto. Lo anterior, porque el referido acto era adverso a los derechos humanos de la víctima de delito, previstos en los artículos 16 y 20, apartado C, fracción, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello se justificó, en lo que interesa, con base en los siguientes razonamientos: A. Se señaló que la negociación ********************, Sociedad Anónima de Capital Variable, tenía el carácter de autoridad para efectos del presente juicio de amparo, toda vez que llevó a cabo un acto reservado a la autoridad ministerial, en virtud que de forma unilateral y obligatoria ejecutó un acto (retención del vehículo que defiende la parte quejosa), creó una situación jurídica para la quejosa (obligación de realizar el pago por conceptos de grúa, arrastre y depósito del vehículo en mención), ejerciendo funciones reservadas a las autoridades en términos de los artículos 245, 246, 247 y 248 del Código Nacional de Procedimientos Penales (norma general). B. Se dijo que en términos de los citados preceptos legales, correspondía a la autoridad ministerial asegurar y resguardar los bienes sujetos a investigación de un hecho con apariencia de delito. Asimismo, se apreció que el legislador no estableció como carga para los propietarios de los bienes asegurados el pago de los gastos originados con motivo de dicho aseguramiento. Mucho menos cuando el bien a devolver era el objeto delito y el solicitante era la víctima del delito, pues ello supondría imponer una carga a una persona que padeció un injusto penal, lo que implicaría su revictimización. C. En ese sentido, se consideró que si la autoridad ordenó la devolución del vehículo a su propietaria, resultaba inconcuso que la moral responsable actuó en auxilio de la fiscalía, por lo que el hecho de que se condicionara la entrega ocasionaría un perjuicio a la legítima propietaria, en razón de que se le impondría la carga de cumplir con una obligación carente de fundamento, en virtud que el resguardo del vehículo obedeció a las exigencias de la investigación. D. De este modo, se señaló que si el servicio otorgado por parte de la empresa privada ********************, Sociedad Anónima de Capital Variable, se debió a la solicitud realizada por la autoridad ministerial para que estuviera en condiciones de realizar la investigación correspondiente, no existía un vínculo jurídico con el que pudiera exigirse el cobro del servicio a la propietaria del bien asegurado. E. En esas condiciones, se indicó que era que indudable que la condicionante para devolver el vehículo, consistente en el pago por los conceptos de grúa, arrastre y depósito de vehículo, no encontraba la fundamentación y motivación que debía satisfacer todo acto de autoridad, trasgrediendo en perjuicio de la quejosa lo dispuesto en el artículo 16 Constitucional, dado que el aseguramiento no se debió a una causa atribuible a la demandante constitucional que diera lugar a la aplicación de una sanción pecuniaria, ya que el traslado del automotor únicamente obedeció a las exigencias de resguardo e investigación de hechos presuntamente delictivos, de conformidad con los numerales 229 y 230 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En otras palabras, si el servicio otorgado por parte la negociación ********************, Sociedad Anónima de Capital Variable, se debió a lo ordenado por la autoridad policial y ministerial, es decir, por diligencias inherentes a su encargo público como investigador de delitos en términos del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y ella misma ordenó devolver el automotor, luego, era inconcebible que se impusiera a la quejosa el cobro de los servicios efectuados, ya que eso se traduciría en cobrar emolumentos por el desempeño de la función pública que realiza el Ministerio Público. F. No se desatendió el hecho toral de que la quejosa en ningún momento solicitó los servicios de grúa, traslado y depósito, sino que dicha prestación ocurrió en términos de lo informado por los elementos de la policía, quienes aseguraron materialmente el vehículo, para ponerlo a disposición de la representación social, bajo depósito, en las instalaciones del resguardo vehicular mencionado. G. En consecuencia, se reiteró que no existía un vínculo jurídico con el que podía exigirse a la quejosa el cobro del servicio base del presente análisis constitucional, ni siquiera por concepto de cualquier tipo de contribución, pues bastaba indicar que no se materializó ningún hecho imponible o supuesto de retención que permitiera dicha exigencia, o propiamente la actualización de la obligación tributaria correspondiente; además, tampoco se advirtió consenso contractual que le permitiera exigir el pago de una contraprestación. H. Se precisó que la sentencia de amparo no tenía el efecto de vedar el derecho de la empresa a recibir un pago por los servicios prestados, ya que únicamente se consideró que si existía un cobro que se debía exigir, éste no sería a cargo de la quejosa, propietaria del vehículo, sino a cargo del ministerio público, que ordenó el aseguramiento del bien mueble. Dicho de otra forma, si bien el servicio de arrastre y depósito no debía ser cubierto por la legítima propietaria del vehículo; ello no implicaba que no se pagara el servicio proporcionado, de modo que a la fiscalía le correspondería realizar las gestiones necesarias para cubrir los servicios prestados por la moral responsable; lo cual, estaba en facultad de hacerlo valer por la vía correspondiente. En ese sentido, el amparo solicitado se concedió para el efecto de que se realizara lo siguiente: A. 2. ********************, Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos de Alta Incidencia de la Fiscalía General del Estado de Puebla, con sede en Atlixco, señalara hora y fecha dentro de los cinco días hábiles siguientes a que se le requiera el cumplimiento, a efecto de que se constituyera asociado de la quejosa ********************, en las instalaciones de la moral ********************, Sociedad Anónima de Capital Variable. B. En la hora y fecha señalada por el ministerio público, el representante o encargado de la moral ********************, Sociedad Anónima de Capital Variable, sin mayor trámite y sin exigir el pago de concepto alguno, entregara a la referida quejosa (quien debía quedar debidamente identificada) el vehículo marca ********************, color ********************, modelo ********************, número de identificación vehicular ********************, placas de circulación ******************** del Estado de Puebla; esto es, la devolución debía realizarse sin condicionarla a pago alguno por los servicios de grúa, arrastre y depósito vehicular o algún otro concepto, de lo que debía elaborarse el acta circunstanciada correspondiente. Asimismo, se precisó que el referido fiscal debía notificar oportunamente a la quejosa sobre la fecha que señalara para tal actuación, en términos de la legislación procesal aplicable; asimismo, debía hacer uso de todas las facultades e incluso medidas de apremio o coercitivas que tuviera a su alcance para lograr la devolución aludida. III. Estudio de los actos emitidos en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En lo que interesa, la autoridad responsable 2. ********************, Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos de Alta Incidencia de la Fiscalía General del Estado de Puebla, con sede en Atlixco, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, realizó lo que a continuación se describe dentro de la carpeta de investigación ********************: 1. Mediante oficio FEIDAI/ATLIXCO/015/2023 de siete de julio de dos mil veintitrés, ordenó al encargado de grúas ********************, Sociedad Anónima de Capital Variable, que procediera a la devolución a la quejosa ******************** del vehículo marca ********************, color ********************, modelo ********************, número de identificación vehicular ********************, placas de circulación ******************** del Estado de Puebla, sin cobro alguno. 2. Mediante diligencia llevada a cabo el cinco de julio de dos mil veintitrés, se hizo constar lo siguiente -lo destacado es propio-: ".ESTA AUTORIDAD LE HACE ENTREGA DE OFICIO DE DEVOLUCIÓN DE VEHÍCULO DIRIGIDO AL ENCARGADO DE GRÚAS ******************** CON EL FIN DE QUE NO SE LE HAGA EL COBRO A LA VÍCTIMA DEL BIEN QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN Y SOBRE LOS CUALES SE HABÍA ACORDADO UN ASEGURAMIENTO.". IV. Opinión jurisdiccional. Ante lo expuesto, este órgano jurisdiccional considera que los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito no se llevaron a cabo. Se explica. Por acuerdo de nueve de agosto del año en curso, se tuvo por recibido el oficio 289-10/2023 signado por 2. ********************, Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos de Alta Incidencia de la Fiscalía General del Estado de Puebla, con sede en Atlixco, mediante el cual, informó las gestiones realizadas en cumplimiento a la ejecutoria de amparo y a lo ordenado en proveído de tres de agosto pasado, pues para tal efecto, remitió copia certificada de diversas constancias derivadas de la carpeta de investigación ********************, y aclaró que se trata de un error que en la constancia de fecha cinco de julio de dos mil veintitrés se haya asentado el nombre de ********************, en lugar del nombre de la quejosa (********************). No obstante lo anterior, al analizar el contenido del referido oficio y su anexo (foja 178), se advierte que dicha autoridad responsable asentó lo siguiente -lo destacado es propio-: ".hago la aclaración que en la copia cotejada con el rubro 1 en el que obra la constancia de entrega de oficio de devolución dirigido al encargado de grúas ******************** de fecha 05 de julio de 2023." Y, del contenido de la constancia de fecha cinco de julio de dos mil veintitrés (foja 179), se señala lo siguiente -lo destacado es propio-: ".ESTA AUTORIDAD LE HACE ENTREGA DE OFICIO DE DEVOLUCIÓN DE VEHÍCULO DIRIGIDO AL ENCARGADO DE GRÚAS ******************** CON EL FIN DE QUE NO SE LE HAGA EL COBRO A LA VÍCTIMA DEL BIEN QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN Y SOBRE LOS CUALES SE HABÍA ACORDADO UN ASEGURAMIENTO." De lo anterior, se obtiene que la indicada autoridad responsable únicamente exhibió la constancia de entrega del oficio donde ordenó la devolución del vehículo asegurado, dirigido al encargado de grúas ********************, sin que al efecto haya exhibido alguna documental que acredite la entrega física del referido automóvil a la quejosa ********************. De ahí que no se pueda tener por cumplida la ejecutoria de amparo. V. Requerimiento. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a la autoridad responsable 2. ********************, Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos de Alta Incidencia de la Fiscalía General del Estado de Puebla, con sede en Atlixco, para que dentro del plazo de tres días hábiles, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, realice lo siguiente: ( Exhiba debidamente certificada la documental con la cual acredite haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, derivada de la carpeta de investigación ********************; esto es, la entrega física y material del vehículo asegurado -materia del presente juicio de amparo- a la aquí quejosa ********************. Hágase saber a la citada autoridad que subsisten los apercibimientos decretados en autos, por lo que, de no cumplir cabalmente con los efectos de la sentencia protectora, esta autoridad continuará con el trámite de ejecución conducente, en términos de los artículos 193, 196 y demás relativos de la Ley de Amparo, esto es: (i) hará efectivo el apercibimiento de multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, decretado en auto de treinta y uno de julio de dos mil veintitrés. De igual forma, (ii) ordenará remitir los autos al Tribunal Colegiado en Materia Penal, en turno, del Sexto Circuito, a fin de que continúe con el procedimiento de inejecución de sentencia; y, (iii) formará un expedientillo con las copias certificadas necesarias para seguir procurando el cumplimiento de la ejecutoria, el cual, al ser de orden público, no puede suspenderse, lo anterior de conformidad con la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10ª) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. VI. Integración al expediente físico. Finalmente, en términos de lo que dispone el párrafo séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se ordena integrar la presente determinación, dada su trascendencia. Notifíquese por lista a la parte quejosa ********************, en cumplimiento a lo ordenado el veintisiete de marzo del año en curso; y, por oficio a las responsables (a las foráneas, vía correo electrónico, por lo que se comisiona al actuario de la adscripción confirmar su llegada vía telefónica y asentar razón en autos de su recepción) y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. AUTO DE VEINTISIETE DE MARZO DEL AÑO EN CURSO. San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de marzo de dos mil veintitrés. PONDERACIONES PREVIAS, FORMACIÓN Y RADICACIÓN. -Que la demanda, con la que se dará cuenta, fue presentada el veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, mediante buzón judicial, y remitida el mismo día por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal del Sexto Circuito, en archivo digital, a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), en el apartado "Oficialía de partes", sub índice "Recursos o Demandas OCC". FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE. Fórmese expediente y regístrese la demanda de amparo con el número 289/2023, que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este juzgado. EXPEDIENTE FÍSICO Y ELECTRÓNICO La formación del expediente físico únicamente será con las constancias conducentes presentadas de manera impresa (constancias de notificación, acuses, oficios, escritos o solicitudes). Toda aquella documentación recibida por vía electrónica (demandas, recursos, promociones etc.) o generada electrónicamente (acuerdos, notificaciones electrónicas) constarán únicamente en el expediente electrónico, en términos de los artículos 3, fracción III, y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, reformado y adicionado mediante sesión extraordinaria de trece de octubre de dos mil veintidós, vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, no así en el expediente impreso. Tomando en consideración que acorde a lo previsto en el numeral 3, fracción XII, del Acuerdo General 12/2020, los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, en virtud que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para la consulta de las partes, así como para efectos de todos los procesos de estadística, visitas, vigilancia y demás trámites y procesos ante el Consejo de la Judicatura Federal. En tal sentido, los únicos acuerdos o proveídos que se integrarán al expediente físico, serán aquéllos que resulten indispensables para el impulso del procedimiento. CONSULTA DE EXPEDIENTE. De conformidad con lo establecido en el artículo 263, fracción IV, del multicitado Acuerdo General, se hace saber a las partes, que para quienes no tengan habilitado el acceso al expediente electrónico, podrán consultar su expediente desde el Portal de Servicios en Línea, o bien, podrán acudir físicamente a este Juzgado, para consultar el expediente electrónico en los equipos de cómputo que se dispongan para tal fin. PREVENCIÓN Ahora bien, a efecto de acordar sobre su admisión, si en el caso procede o no, con fundamento en lo establecido por los artículos 108, fracción I, III, IV y V, así como 114, fracciones I y II de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente, para que dentro del plazo de cinco días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, de cumplimiento a lo siguiente: NOMBRE DE LA QUEJOSA. PRIMERO. Precise, bajo protesta de decir verdad, de forma clara y específica, cuál es el acto que reclama Luis Javier Muñoz Álvarez, por propio derecho, así como la autoridad o autoridades a quienes, en todo caso, les atribuye dicho acto. Lo anterior es así, pues del escrito de demanda y de los antecedentes narrados se advierte que los actos reclamados consisten en el aseguramiento del vehículo que aduce es propiedad de Celia Cuenca Bolaños; así como, el cobro de gastos relativos al corralón, arrastre, piso, y su ejecución. Sin que se desprendan cuáles son los actos que afecten a Luis Javier Muñoz Álvarez. Lo que implica que la demanda de amparo sea obscura y no se pueda plantear la litis de manera correcta en el presente juicio de derechos fundamentales. En tal sentido, la parte promovente deberá señalar con claridad y precisión cuál es el acto que reclama, por propio derecho, y a quién le atribuye el mismo; o bien, en caso de que únicamente comparezca ante esta vía constitucional como asesor jurídico de Celia Cuenca Bolaños, así lo deberá manifestar expresamente. Pues de conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades debe señalarse con claridad y precisión, ya que esta autoridad Federal no puede presumir cuál es el acto reclamado, dado que es un requisito de forma de la demanda que la norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame sea señalado con exactitud, en virtud de que a través de los mismos sólo puede juzgarse sobre la constitucionalidad o no de lo impugnado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de derechos fundamentales y, en la especie, resulta necesario para este órgano jurisdiccional a efecto de mejor proveer en relación a la medida cautelar solicitada. Esto es, de la interpretación sistemática del artículo 108, fracción IV (que establece que en la demanda de amparo debe señalarse la norma general, acto u omisión reclamado), en relación con el 74 (que dispone el principio de congruencia de las sentencias de amparo), ambos de la Ley Reglamentaria del juicio de garantías, se concluye que en la demanda de amparo debe precisarse el acto o actos reclamados, de manera tal que queden definidos y no ambiguos, porque ello va a permitir fijar la ?itis constitucional y la resolución sobre los actos reclamados. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. SEGUNDO. En caso de reclamar algún acto por su propio derecho, deberá narrar de manera clara y precisa los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes del mismo. Pues como se dijo, los antecedentes narrados únicamente se refieren al aseguramiento del vehículo que aduce es propiedad de Celia Cuenca Bolaños. Situación que conlleva una irregularidad relacionada con los elementos formales exigidos para integrar el escrito de demanda, en términos del artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo, pues no se establecen con claridad los antecedentes de los actos reclamados. En consecuencia, la parte promovente deberá narrar bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes de los actos reclamados o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108, fracción V de la Ley de Amparo. Esto es así, pues es obligación de la parte inconforme manifestar los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos reclamados, lo cual debe hacer con sujeción a la verdad sin afirmar hechos falsos u omitir los que le consten en relación con la demanda de amparo que se estudia. Hágase del conocimiento de los quejosos que la presente prevención es con el fin de que precise lo ya indicado, sin que ello signifique que cambie o modifique su demanda, ni que la amplíe. APERCIBIMIENTO. Se apercibe al quejoso que de no dar cumplimiento a la presente prevención en el plazo señalado, se tendrá por no presentada la demanda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Amparo. Signifíquese al promovente que, para el desahogo de la prevención formulada en este auto, deberá presentar su escrito aclaratorio signado por ellos mismos, y no por conducto de autorizado alguno. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro, texto y datos de localización son los siguientes: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." DOMICILIO. Se tiene como domicilio procesal para oír y recibir notificaciones el que indica la parte promovente en el escrito de demanda. AUTORIZADOS. Se tienen por autorizadas a las personas que indica la parte promovente únicamente en los términos restringidos previstos en el artículo 12 de la Ley de Amparo, por así haberlo solicitado expresamente la parte promovente. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atento a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, Estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del Estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. INTERCONEXIÓN ENTRE AUTORIDADES. Por otro lado, infórmese a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico. EXHORTACIÓN PARA CONTINUAR CON LA TRAMITACIÓN DEL PRESENTE JUICIO DE AMPARO "EN LÍNEA". De conformidad con lo dispuesto en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes para que: ( De estimarlo pertinente y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea" a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Para lo anterior, deberán solicitar el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones y autos que este Juzgado de Distrito emita. En el entendido de que la actuación por ese medio requiere de la utilización de un usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. ( Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se registrará y, de ser necesario, se incorporará al expediente previa la certificación correspondiente. INTEGRACIÓN DE EXPEDEINTE. En términos de lo que disponen los artículos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se establece que la presente resolución se integrará al expediente físico pues es indispensable para el impulso del presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente a la parte promovente.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, nueve de agosto de dos mil veintitrés. I. Primer oficio de cuenta. Agréguese a los autos el oficio FGE/CGAJ/DPC/5821/2023-REQ remitido -vía correo electrónico institucional- por el Coordinador General de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General del Estado de Puebla, en representación del Fiscal General, con el que informa las gestiones que realizó a efecto de que su subalterno, la autoridad responsable 2. Axel Manuel Cázares Guevara, Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos de Alta Incidencia de la Fiscalía General del Estado de Puebla, con sede en Atlixco, cumpliera con la ejecutoria de amparo; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. II. Segundo oficio de cuenta. Por otra parte, agréguese a los autos el oficio 289-10/2023 signado por 2. Axel Manuel Cázares Guevara, Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos de Alta Incidencia de la Fiscalía General del Estado de Puebla, con sede en Atlixco, mediante el cual, informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y a lo ordenado el tres de agosto pasado, pues para tal efecto, remite en copia certificada de diversas constancias derivadas de la carpeta de investigación FGEP/CDI/FEIDAI/ATLIXCO-I/002286/2022, y aclara que se trata de un error que en la constancia de fecha cinco de julio de dos mil veintitrés se haya asentado que se hizo entrega del vehículo asegurado -materia del presente juicio de amparo- a Andrea Mecatl López. En consecuencia, con el contenido del oficio 289-10/2023 de cuenta y su anexo; dese vista a la parte quejosa, por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga. Apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. III. Integración al expediente físico. Finalmente, en términos de lo que dispone el párrafo séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se ordena integrar la presente determinación y las promociones de cuenta al expediente impreso, dada la importancia de su contenido. Notifíquese por lista a la parte quejosa Celia Cuenca Bolaños, en cumplimiento a lo ordenado el veintisiete de marzo del año en curso, quedando a su disposición en el recinto que ocupa este órgano jurisdiccional copia autorizada del registro 12241 de 2023 y anexo.

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