Celia Flores Téllez y Otros.

Expediente 1107/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1107/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
11/10/2022

Partes del expediente

  • Celia Flores Téllez y Otros.
  • Celia Flores Téllez

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, once de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto por el cual se desechó la demanda; consecuentemente, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es destruible en el plazo de tres años, ya que se desechó la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 21, inciso d) de esa normatividad. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese el oficio signado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México con residencia en Naucalpan de Juárez, por medio del cual remite copia certificada del el escrito signado por Celia Flores Téllez, por el cual pretendió ampliar su demanda de amparo en el juicio de amparo 990/2022-I de la estadística de este órgano jurisdiccional; al estimar que los actos aquí reclamados están desvinculados de los ahí reprochados. ANOTACIÓN Vista la demanda de cuenta promovida por Celia Flores Téllez, por propio derecho, se ordena registrar bajo el número 1107/2022-V. ACTO RECLAMADO Del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama: - La negativa de permitir a la quejosa Celia Flores Téllez, el acceso a la carpeta de investigación --. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo dispone que el juzgador de amparo debe pronunciarse sobre el contenido de la demanda y considerar si se presenta o no una causa de improcedencia manifiesta y notoria, con el propósito de no entorpecer la administración de justicia, admitiendo demandas que, a la postre, resultan improcedentes. De acuerdo con la jurisprudencia I.13o.A. J/61, sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, septiembre de 2004, página 1631, por manifiesto se entiende dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de amparo; y por indudable se entiende lo que no se puede poner en duda, al ser evidente. En el presente asunto el suscrito considera que, el acto reclamado consistente en la negativa de permitir a la quejosa tener acceso a la carpeta de investigación ---, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5°, fracción I, y 6°, todos de la Ley de Amparo, que disponen que el juicio de amparo será improcedente contra actos que no afecten el interés jurídico o legítimo de la quejosa; dichos numerales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.". "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley.". Para demostrar ese aserto, es necesario tener en cuenta el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 21.- La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial." En relación con el tema que nos ocupa, el precepto transcrito impone al Ministerio Público la investigación y persecución de los delitos, auxiliándose de una policía que estará bajo su autoridad y mando inmediato. Resulta importante tener presente que la carpeta de investigación constituye medularmente una indagación a través de la cual la fiscalía trata de hacerse del material probatorio necesario para sustentar un caso, que presentará ante el juez con el fin de que éste tenga buenas posibilidades de éxito. Es decir, dicho procedimiento administrativo-penal constituye el instrumento con el que cuenta en exclusiva el órgano acusador para construir casos penales. Se insiste, el precepto constitucional transcrito hace referencia a las facultades de investigación que se otorgan al Ministerio Público en la fase de investigación desformalizada; en esencia, aquel dispositivo fundamental delimita las obligaciones y prerrogativas que durante esta etapa del proceso penal le confiere la Constitución a esta institución pública. Así, en cualquier caso, dentro del proceso penal y en la etapa de investigación desformalizada, el representante social debe acreditar que ha acontecido un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. De ahí que, como ya quedó expuesto, al Ministerio Público, por mandato constitucional del artículo 21 de la Ley Fundamental, se le impone la obligación de aportar los elementos demostrativos que acrediten que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, en contraposición a ello, el inculpado goza del derecho de defensa que se le otorga, desvirtuando datos de prueba aportados por el representante social. Ahora bien, en estricta vinculación con lo antes señalado, los artículos 218 y 219 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen, respectivamente: "Artículo 218. Reserva de los actos de investigación Los registros de la investigación, así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes, podrán tener acceso a los mismos, con las limitaciones establecidas en este Código y demás disposiciones aplicables. La víctima u ofendido y su Asesor Jurídico podrán tener acceso a los registros de la investigación en cualquier momento. El imputado y su defensor podrán tener acceso a ellos cuando se encuentre detenido, sea citado para comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista, a partir de este momento ya no podrán mantenerse en reserva los registros para el imputado o su Defensor a fin de no afectar su derecho de defensa. Para los efectos de este párrafo, se entenderá como acto de molestia lo dispuesto en el artículo 266 de este Código. En ningún caso la reserva de los registros podrá hacerse valer en perjuicio del imputado y su Defensor, una vez dictado el auto de vinculación a proceso, salvo lo previsto en este Código o en las leyes especiales. Para efectos de acceso a la información pública gubernamental, el Ministerio Público únicamente deberá proporcionar una versión pública de las determinaciones de no ejercicio de la acción penal, archivo temporal o de aplicación de un criterio de oportunidad, siempre que haya transcurrido un plazo igual al de prescripción de los delitos de que se trate, de conformidad con lo dispuesto en el Código Penal Federal o estatal correspondiente, sin que pueda ser menor de tres años, ni mayor de doce años, contado a partir de que dicha determinación haya quedado firme". "Artículo 219. Acceso a los registros y la audiencia inicial Una vez convocados a la audiencia inicial, el imputado y su Defensor tienen derecho a consultar los registros de la investigación y a obtener copia, con la oportunidad debida para preparar la defensa. En caso que el Ministerio Público se niegue a permitir el acceso a los registros o a la obtención de las copias, podrán acudir ante el Juez de control para que resuelva lo conducente". De los preceptos legales transcritos se advierte el derecho del imputado a lo siguiente: 1. A tener acceso a los registros de la investigación. Este derecho puede ejercerse: a) Cuando el imputado se encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo. b) Antes de su primera comparecencia ante juez, está facultado para consultar dichos registros, con la oportunidad debida para preparar la defensa. A partir de ese momento no podrán mantenerse en reserva las actuaciones de la investigación, salvo los casos excepcionales expresamente señalados en la ley cuando ello sea imprescindible para salvaguardar el éxito de la investigación y siempre que sean oportunamente revelados para no afectar el derecho de defensa. 2. A obtener copia gratuita de los registros de la investigación. Este derecho sólo puede ejercerse una vez que el imputado haya sido convocado a la audiencia inicial. Ahora bien, de la interpretación armónica de los preceptos legales antes indicados se advierte que tanto el imputado como su defensor tendrán derecho a tener acceso y obtener copia gratuita de los registros de investigación y que ese derecho solamente puede ejercerse una vez que el imputado haya sido convocado a la audiencia inicial. Así, ciertamente aquellos actos que de manera irreparable e inmediata trascienden a la esfera jurídica del inculpado son susceptibles de ser combatidos mediante el juicio constitucional. Ahora, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa pretende controvertir mediante el presente juicio constitucional la omisión por parte del Agente del Ministerio Público adscrito al Tercer Turno, del Centro de Justicia para las Mujeres con sede en Ecatepec de Morelos, Estado de México, de permitirle el acceso a la carpeta de investigación ---; sin embargo, la quejosa no expone datos reales, precisos y concretos en el sentido de que efectivamente la autoridad ministerial responsable haya emitido un acto de molestia en su contra y, que por lo tanto, la autoridad responsable tenga la obligación de permitirle el acceso a dicha carpeta. Bajo esa óptica, se considera que dicho acto reclamado no le irroga ningún perjuicio de imposible reparación en su esfera de derechos, sino que aquello se materializará, en su caso, hasta que la autoridad judicial conozca de la causa penal y determine si resulta procedente o no alguna medida restrictiva de libertad en contra de la parte quejosa. Al respecto la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió, mediante jurisprudencia que, en la etapa de investigación en el proceso penal acusatorio, el derecho de acceder a los registros contenidos en la carpeta de investigación corresponde únicamente a las partes involucradas; de manera que, para que la persona interesada pueda reclamar mediante juicio de amparo la omisión o negativa del Ministerio Público para permitirle el acceso a ésta, es necesario que se encuentre detenida, sea citada para comparecer o sea sujeta de un acto de molestia como imputada dentro de la etapa de la investigación inicial. Asimismo, el Alto Tribunal consideró que la simple sospecha de ser investigado no deriva en ningún derecho subjetivo para acceder a la carpeta de investigación, de manera que es indispensable que la autoridad ministerial lleve a cabo alguna diligencia de investigación en perjuicio del investigado, que lo legitime acceder a la carpeta de investigación, a efecto de preparar su derecho de defensa adecuada. Lo que en el presente caso acontece, pues no se tiene certeza de que la quejosa haya sido citada por el Agente del Ministerio Público investigador, en la citada carpeta de investigación, por lo que el acto negativo reclamado en abstracto, no le representa per se un acto que afecte de manera actual y real algún derecho sustantivo en perjuicio de la promovente. Al respecto, se cita la jurisprudencia 1a./J. 95/2022 (11a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Undécima Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, de registro digital 2025272, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE PARA DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA NEGATIVA Y/U OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE PERMITIR EL ACCESO A LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN A LA PARTE QUEJOSA, CUANDO ÉSTA NO HA SIDO DETENIDA, CITADA A COMPARECER O AFECTADA POR OTRO ACTO DE MOLESTIA REALIZADO EN SU CONTRA CON EL CARÁCTER DE PERSONA IMPUTADA DENTRO DE LA ETAPA DE LA INVESTIGACIÓN INICIAL Y SÓLO ADUCE QUE SOSPECHA TENER ESA CALIDAD. Hechos: Los Plenos de Circuito contendientes llegaron a posturas contrarias al sostener distintas líneas argumentativas para determinar si fue correcto o no el desechamiento de plano de una demanda de amparo promovida por una persona que sospechaba tener el carácter de persona imputada en una investigación, ello sin que previamente se le haya detenido o citado a comparecer. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo indirecto para desechar de plano la demanda relativa, cuando se promueve contra la negativa y/u omisión del Ministerio Público de permitir el acceso a la carpeta de investigación a una persona que no ha sido detenida ni citada a comparecer, ni ha sido objeto de un acto de molestia con el carácter de imputada y sólo aduce sospechar que tiene esa calidad. Justificación: Esta Primera Sala ha reconocido a los imputados el derecho de acceder a la carpeta de investigación para una mejor planificación de su defensa. Asimismo, este Alto Tribunal ha destacado la importancia que tiene el sigilo dentro de la etapa de la investigación inicial, el cual consiste en que los datos que recabe la Representación Social se deben mantener reservados al público en general, para que no se ponga en peligro el éxito de la investigación. En dichas circunstancias, para darle funcionalidad al sistema, se ha determinado que los registros de la carpeta de investigación se tendrán reservados hasta tanto no exista un acto de molestia concreto que evidencie que la persona tiene el carácter de persona imputada, esto es, que haya sido detenida, citada a comparecer o bien, sujeta a un acto de molestia encaminado a recabar su entrevista. Así, en los supuestos en los que una persona promueve una demanda de amparo indirecto contra la negativa y/u omisión del Ministerio Público de permitirle el acceso a la carpeta de investigación, pero del escrito de demanda y sus anexos sólo se advierte la mención de tener una sospecha o temor de ser investigado y, además, no se observa la existencia de un acto de molestia concreto (detención u orden de comparecencia), entonces, lo procedente será desechar de plano la demanda de amparo, ello de conformidad con los artículos 5o., fracción I, 61, fracción XII y 113 de la Ley de Amparo. La simple sospecha de ser persona investigada no deriva en ningún derecho subjetivo frente a la posibilidad de acceder a la carpeta de investigación, en ese sentido, se considera que la parte quejosa tiene sólo un interés simple, el cual deriva en una causal de improcedencia indudable y manifiesta. Finalmente, se insiste en que es de toral importancia que no se pierda el sigilo dentro de la investigación, por lo que el Juez de amparo deberá ser cuidadoso de revisar las constancias para advertir la existencia, o no, de un derecho subjetivo en favor de la parte quejosa." Aunado a lo anterior, aún de encontrarse en el supuesto de que ya se le haya citado a comparecer, lo que en el caso, se insiste, no se advierte, de los hechos relatados en la demanda, no se aprecia una actitud reiterativa por parte del Agente del Ministerio Público al que se atribuye la omisión reclamada, pues la quejosa refiere haber acudido en una sola ocasión a solicitar la carpeta investigación que pretende consultar y que en ese momento se le negó dicha carpeta bajo la explicación que refiere; lo que aún en ese supuesto no podría considerarse una denegación a los registros respectivos y como consecuencia una obstaculización a su defensa. En las relatadas condiciones, lo procedente es desechar de plano la demanda promovida por Celia Flores Téllez, con arreglo en el numeral 113 de la normatividad de la materia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Tomando en cuenta que en la demanda de amparo (990/2022-I), solicitó que las notificaciones se realicen de manera electrónica; en tales condiciones en términos de lo dispuesto en los artículos 26 fracción IV, 30 fracción II, 31 fracciones II y III de la ley de la materia, con relación en el artículo 9 del acuerdo general 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ésta y las subsecuentes notificaciones consideradas de carácter personal se le practicarán vía electrónica por conducto del usuario que refiere. En el entendido que el promovente queda obligado a ingresar al Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia que refiere la fracción III del artículo 31 de la Ley de Amparo, en un plazo máximo de dos días a partir de que este juzgado la envíe, de no hacerlo así se tendrá por hecha la notificación. Ello tomando en cuenta que el domicilio proporcionado en la demanda de amparo para oír y recibir notificaciones se encuentra fuera de la jurisdicción de este Juzgado de Distrito y que designó a diversa persona cuyo usuario electrónico está registrado. Por autorizados a las personas que se mencionan en términos del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos y a las restantes para los efectos que solicita. Asimismo, en atención a su petición de consulta vía electrónica, se autoriza al usuario que refiere en su escrito para lo cual, se encuentra disponible el expediente electrónico, en la página http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea. MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para reproducir de manera digital las constancias que integran este expediente, de acuerdo a lo resuelto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión ordinaria de veinte de marzo de dos mil nueve y en la circular 12/2009 de esa misma fecha. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al personal operativo la oportuna digitalización de manera legible de las constancias que integren el presente asunto; y a los Secretarios y Actuarios, supervisar y dar fe que el expediente electrónico coincida fielmente con el impreso, así como, en la versión pública y listas de publicación, respectivamente, supervisar que se cumpla con la protección de datos personales conforme lo anotado en el párrafo precedente. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS EN LÍNEA En términos del artículo 22 fracción I del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea". Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa; personalmente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y por oficio a la autoridad responsable.

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