Celia Flores Téllez

Expediente 990/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
990/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
30/09/2022

Partes del expediente

  • Celia Flores Téllez
  • Celia Flores Téllez y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el desechamiento de la demanda, en consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es destruible en el plazo de tres años, ya que se desechó la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 21, inciso d) de esa normatividad. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinte de septiembre de dos mil veintidós. AGREGA COMPARECENCIA Agréguese la comparecencia de la quejosa ***, por la cual, en cumplimiento a lo ordenado en auto de siete de septiembre de dos mil veintidós, ratifica el contenido y firma del escrito registrado con el folio interno 14447; en consecuencia se provee: ACTOS RECLAMADOS De la lectura íntegra de la demanda de amparo y escrito aclaratorio se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados: a) La omisión, abstención y negación de asentar que los menores involucrados se encontraban al momento de celebrar la entrevista de treinta y uno de octubre de dos mil veintiuno. b) La omisión, abstención y negación de ordenar que los menores fueran asistidos por un psicólogo adscrito al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familiar del Estado de México previo a desahogarse la entrevista de treinta y uno de octubre de dos mil veintiuno. c) La omisión, abstención y negación de informar a sus menores hijos, cuál era su papel, importancia y participación en la indagatoria y la forma en la que participarían en ella, previo a desahogarse la entrevista de treinta y uno de octubre de dos mil veintiuno. d) La omisión, abstención y negación de llevar a cabo todos los actos que resultaren necesarios a fin de que, al momento de recabar las entrevistas treinta y uno de octubre de dos mil veintiuno, los menores se encontraran asistidos de un especialista en psicología adscrito al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México. e) La omisión, abstención y negación de llevar a cabo los actos que resultaran necesarios a fin de indagar si los menores fueron aleccionados o manipulados para declarar en las citadas comparecencias. f) Inadvertir que los menores se encontraban en las oficinas del Ministerio Público. g) Someter a la menor de iniciales E.G.F., a un interrogatorio de cuarenta y dos preguntas y que no se encontrara asistida de un especialista en psicología del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México. h) La omisión, la abstención y negación de llevar a cabo todos los actos que resulten necesarios para canalizar a los menores quejosos al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familiar del Estado de México. i) La omisión, abstención y negación de solicitar audiencia ante el Juez de Control a efecto de que las medidas de protección impuestas por el Agente del Ministerio Público sean ratificadas. j) La omisión, abstención y negación de proveer las medidas que resulten necesarias para salvaguardar la integridad física y emocional de sus menores hijos. k) La omisión, abstención y negación de informar al Juez Tercero Familiar del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México, que a la fecha no se encuentra vigente la medida de protección consistente en la prohibición de convivir con los menores. l) El auto emitido el treinta y uno de octubre de dos mil veintiuno, por el cual se estableció como medida de protección dejar a los menores quejosos bajo los cuidados de *** y la prohibición de que la quejosa se acerque a ellos. m) La omisión, abstención y negación de valorar psicológicamente a David Gutiérrez Delgado, previo a otorgarle a éste los cuidados de los menores quejosos. n) La omisión, abstención y negación de ordenar que se llevara a cabo dictamen en psicología y trabajo social a ambos padres a fin de verificar si la progenitora ***, es la generadora de la violencia familiar. ñ) La omisión, abstención y negación de tomar en consideración que la quejosa cuenta con la guarda y custodia provisional, antes de fijar la medida de protección consistente en acercarse a sus menores hijos. o) La omisión, abstención y negación de verificar en qué institución educativa se encontraban estudiando los menores hasta el treinta y uno de octubre de dos mil veintiuno y si después de esa data continuaron acudiendo a la misma escuela o fueron a una diversa. p) El hecho de prejuzgar que los menores sufrieron violencia y que está era generada por la impetrante. q) Autorizar los cuidados de los menores a una persona diversa a sus progenitores omitiendo investigar previamente si David Gutierrez Delgado contaba o no con antecedentes penales. r) No tomar en consideración la opinión de los menores para dictar las medidas cautelares. s) Los autos de cuatro y once de julio de dos mil veintidós, mediante los cuales se prorrogaron las medidas de protección ordenadas el treinta y uno de octubre de dos mil veintiuno. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo dispone que el juzgador de amparo debe pronunciarse sobre el contenido de la demanda y considerar si se presenta o no una causa de improcedencia manifiesta y notoria, con el propósito de no entorpecer la administración de justicia, admitiendo demandas que, a la postre, resultan improcedentes. De acuerdo con la jurisprudencia I.13o.A. J/6, por manifiesto se entiende dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de amparo; y por indudable se entiende lo que no se puede poner en duda, al ser evidente. I. Actos consumados de un modo irreparable» En el presente asunto, por lo que hace a los actos resumidos en los incisos a), b), c), d), e), f) y g), el suscrito considera que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el precepto 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo. Por acto consumado de modo irreparable debe entenderse como aquél que, aun cuando se concediera la protección federal, no sería posible reparar el derecho fundamental violado, debido a la imposibilidad natural de retrotraerse las cosas al estado en que se encontraban antes de la transgresión perpetrada. Sin embargo, debe aclararse que tal consumación no es irreparable si con la concesión del amparo, en la hipótesis de que así sucediera, la misma tuviera como consecuencia la restitución de las cosas al estado anterior a la violación. Así, para efectos de la procedencia del juicio de amparo los actos consumados, en atención a su naturaleza y efectos, se clasifican en: a) Actos consumados de modo reparable; y, b) Actos consumados de modo irreparable. Los primeros se entienden como aquéllos que, no obstante haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias, pueden ser reparados por medio del juicio constitucional; esto es, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable (artículo 77, de la Ley de Amparo), de ahí el que proceda el juicio de amparo contra actos consumados de modo reparable. En cambio, la característica principal de los actos consumados de modo irreparable radica en que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas; de ahí que resulte improcedente el juicio de amparo. Sobre esa línea de pensamiento, para determinar si se está en presencia de un acto consumado de modo reparable o irreparable, debe atenderse a los efectos y consecuencias de su ejecución. Dicho en otras palabras, los efectos y consecuencias del acto reclamado ya ejecutado no pueden circunscribirse al tiempo o momento de su ejecución para determinar la procedencia del juicio de amparo, porque equivaldría a suponer que cualquier acto por el sólo hecho del transcurso del tiempo en su realización, por no retrotraerse éste, es un acto consumado de modo irreparable, cuando la restitución del acto ejecutado es factible aun cuando sea en otro tiempo y momento. Lo anterior es así, si se considera que los actos consumados de modo irreparable hacen improcedente el juicio de amparo porque ni física ni materialmente puede obtenerse la restitución de las prerrogativas que fueron afectadas a través de los actos reprochados. Ello significa que la naturaleza de los actos consumados para efectos del juicio de amparo debe atender a la reparabilidad física y material de los mismos; es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho tutelado que le fue transgredido, pero no por cuestiones de tiempo o del momento de su ejecución porque el tiempo no rige la materialización física y restituible de los actos ejecutados o consumados. Apoya lo anterior, el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la tesis I. 3o. A. 150 K, que dispone: "ACTOS CONSUMADOS. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los actos consumados se entienden por la doctrina y la jurisprudencia como aquéllos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquéllos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Para efectos de la procedencia del juicio de amparo los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos los podemos clasificar en: a) actos consumados de modo reparable y b) actos consumados de modo irreparable. Los primeros son aquéllos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable (artículo 80 de la Ley de Amparo), de ahí el que proceda el juicio de amparo en contra de actos consumados de modo reparable. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas, razón por la cual resulta improcedente el juicio de garantías en términos de la fracción IX del artículo 73 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. En esta tesitura, para determinar si se está en presencia de un acto consumado de modo reparable o irreparable, se debe de atender a los efectos y consecuencias de su ejecución. Así tenemos que los efectos y consecuencias del acto reclamado ya ejecutado no pueden circunscribirse al tiempo o momento de su ejecución para determinar la procedencia del juicio de amparo, porque llegaríamos al extremo de que cualquier acto por el solo hecho del transcurso del tiempo en su realización, por no retrotraerse éste, es un acto consumado de modo irreparable, cuando la restitución del acto ejecutado es factible aun cuando sea en otro tiempo y momento. Esto resulta así, si consideramos que los actos consumados de modo irreparable hacen improcedente el juicio de amparo porque ni física ni materialmente, puede obtenerse la restitución de los actos reclamados. Lo que significa que la naturaleza de los actos consumados para efectos del juicio de amparo debe atender a la reparabilidad física y material de los mismos, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene tutelado, y que le fue transgredido, igual que antes de las violaciones cometidas, pero no por cuestiones de tiempo o del momento de su ejecución porque el tiempo no rige la materialización física y restituible de los actos ejecutados (actos consumados)." En el caso concreto, como se dijo, la parte promovente esencialmente se duele de diversas omisiones e inconsistencias acaecidas durante las entrevistas ministeriales rendidas por los menores quejosos el treinta y uno de octubre de dos mil veintiuno, por ejemplo, que no fueron asistidos por un psicólogo adscrito al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familiar del Estado, o que no se les informó el motivo de su presencia ante el representante social ni tampoco se les explicó en qué consistían las diligencias en las que participaron. Sin embargo, los vicios destacados por la parte agraviada se han consumado irreparablemente, porque ni física ni materialmente puede obtenerse la restitución de la prerrogativa fundamental violada, puesto que al comparecer ante la representación social y desahogarse las entrevistas el treinta y uno de octubre de dos mil veintiuno, es evidente que los actos reprochados se consumaron y no es factible materialmente para el suscrito retrotraer las cosas al estado en que se encontraban. Dicho de otro modo, no es legal ni materialmente posible el otorgamiento de la concesión de la justicia federal a los inconformes para que desaparezcan los actos combatidos, pues sus efectos ya se materializaron con la comparecencia ante la responsable el treinta y uno de octubre de dos mil veintiuno. Es aplicable al caso el criterio sustentado por el Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, que reza: "ACTO RECLAMADO, CONSUMACIÓN IRREPARABLE DEL. Si el quejoso reclama un acuerdo de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje que fija fecha para el desahogo de pruebas, aduciendo que la fecha señalada es demasiado remota, atendiendo a que la Ley Federal del Trabajo no establece términos superiores a los diez días para la práctica de cualquier diligencia. Y si durante la tramitación del recurso de revisión interpuesto contra la sentencia del Juez de Distrito, transcurre la fecha señalada para la recepción de las aludidas probanzas, debe estimarse consumado irreparablemente el acto reclamado, por ser físicamente imposible volver las cosas al estado que tenían antes de la violación, ya que el tiempo no puede retrotraerse; y por ello sobreviene la causal de improcedencia del juicio constitucional establecida en la fracción IX del artículo 73 de la Ley de Amparo." II. Definitividad La acción constitucional también se torna improcedente por configurarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, en virtud que la parte quejosa no agotó el medio de defensa ordinario contra las omisiones descritas en los incisos h), i), j) y k). Los elementos con los que se integra el aludido motivo de improcedencia, son los siguientes: 1) Que el acto reclamado provenga de una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; 2) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; y, 3) Que por virtud de dicho medio, los actos puedan ser modificados, revocados o nulificados. Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causal de improcedencia en mención y sólo se contemplan como casos de excepción los previstos en el segundo párrafo del precepto legal citado, esto es: si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando únicamente se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. En este sentido, el principio de definitividad a que se refiere la fracción invocada consiste en un requisito de procedibilidad de la pretensión constitucional, según el cual, para impugnar un acto de una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, por la vía del juicio de amparo, deben agotarse necesariamente todos los medios de defensa que la ley que regula el acto reclamado prevé. Ahora, de lo expuesto por el recurrente, se obtiene que, medularmente, reclama la actitud renuente del representante social de realizar las actuaciones necesarias para la investigación de los hechos probablemente constitutivos de delito en la carpeta de origen. Consecuentemente, antes de acudir al presente juicio constitucional está obligado a agotar el medio de defensa procedente en la carpeta de investigación, la cual, al ser de naturaleza penal y al ser un agente del Ministerio Público del fuero militar quien la integra, se regirá conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales. Dicho ordenamiento legal contempla como medio de defensa el control judicial en el numeral siguiente: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." El anterior dispositivo legal revela que el legislador dispuso la procedencia de un medio de defensa legal en contra de la omisión del representante social de investigar hechos posiblemente constitutivos de un delito. Dicho medio de defensa consiste en que el inconforme puede acudir ante el juez de control a efecto de impugnar la omisión y/o abstención del agente del Ministerio Público; supuesto en el cual la autoridad judicial convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su defensor. De ahí que, contra los actos reprochado por los impetrantes, que han sido mencionados en los incisos h), i), j) y k), procede el medio de defensa a que se refiere el artículo 258 del Código Militar de Procedimientos Penales, porque su procedencia es contra las omisiones del representante social de investigar hechos posiblemente constitutivos de un delito, como en el caso en estudio sucede, en razón que al faltar en practicar las diligencias tendentes a investigar los hechos denunciados, se hacen patentes las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación. Sirven de sustento a lo anterior las jurisprudencias 1a./J. 27/2018 (10a.) y 1a./J. 28/2018 (10a.), emitidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el juez de control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos." "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad." En adición a lo expuesto, es importante tener en cuenta que la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, al resolver la contradicción de tesis 34/2021, sostuvo, en lo que interesa, que las determinaciones del Ministerio Público relativas a la abstención de investigar, al archivo temporal, a la aplicación de un criterio de oportunidad y al no ejercicio de la acción penal, no son las únicas que son impugnables a través del recurso regulado en el artículo 258 de la legislación adjetiva nacional de la materia, sino que también están incluidas las omisiones relacionadas con el deber de la representación social de investigar los delitos. Asimismo, señaló que el acto reclamado consistente en la omisión de investigar, si bien no está identificado de manera textual en el citado artículo, la acción de omisión sí está dentro del núcleo y objeto del recurso innominado; por ello, agregó, el aludido recurso sirve para impugnar actos u omisiones que paralicen, suspendan o terminen una investigación, protegiendo la posibilidad de que continúe la investigación, al permitir a las víctimas u ofendidos impugnar aquellos actos u omisiones del Ministerio Público que la impiden. Por lo tanto, se estima que si bien el acto reclamado precisado en el inciso h), se refiere a la omisión del Ministerio Público de canalizar a los menores al Sistema para el Desarrollo Integral de las Familias DIF, lo cierto es que esa abstención se engloba en la etapa de investigación, cuyas deficiencias atribuye a aquella autoridad y, por ende, no puede disgregarse del resto de las demás omisiones que se reclaman. Bajo esa óptica, es evidente que si la parte agraviada no agotó, previo a ejercer la acción constitucional, el medio ordinario de defensa previsto en el numeral 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, inobservó el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Cabe acotar que el caso que nos ocupa no encuadra en ninguna de las excepciones que marca el precepto 61, fracción XX de la normatividad de la materia, esto es, no puede advertirse una carencia de fundamentación, dado que no establecen los promoventes una determinación especifica de la autoridad como acto reclamado; aunado a ello, dicho recurso constituye un medio de defensa establecido en una ley formal y material (Código Nacional de Procedimientos Penales). III. Actos consentidos tácitamente Luego, por lo que hace a los actos combatidos l), m), n), ñ), o), p), q) y r), este juzgador también advierte que opera la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, párrafo primero, de la Ley de Amparo, por haber sido consentidos tácitamente. Conforme a los preceptos legales citados, por regla general, el plazo al que todo gobernado debe ajustarse para promover el juicio de amparo es de quince días, contados de la forma que estatuye el artículo 18 de la Ley de Amparo, que es de la siguiente forma: i) Desde el día siguiente al en que al quejoso hubiese surtido efectos la notificación del acto reclamado de acuerdo con la ley que rija el acto reclamado; ii) Desde el día siguiente al en que el quejoso hubiese tenido conocimiento del acto que pretenda reclamar; y, iii) Desde el día siguiente al en que el quejoso se hubiese ostentado sabedor de la existencia del acto reclamado. En este sentido, los supuestos mencionados se excluyen entre sí y no guardan prelación alguna; por ello, el término para la promoción del juicio constitucional se computa a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de los supuestos en ella contenidos y se presente en el plazo de quince días siguientes (salvo las excepciones que establece la misma ley que en el caso no se actualizan). De lo que se sigue, que la improcedencia de la acción constitucional tiene lugar cuando no es ejercida dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de la Ley de Amparo, pues se considera que si un gobernado afectado por la ley o por el acto de autoridad no se opone a ella a través de su demanda de amparo, significa que los consintió de forma tácita, lo que resulta explicable en razón de que la temporalidad para el ejercicio de la acción constitucional no podría quedar a la libre elección del agraviado, ya que aceptarlo implicaría desconocer la fuerza legal y eficacia de la cosa juzgada, así como de la garantía de certeza jurídica que todo acto, sea de autoridad o de un particular cobra con el transcurso del tiempo. En el caso concreto, la promovente manifestó bajo protesta de decir verdad haber tenido conocimiento de las medidas de protección decretadas por auto de treinta y uno de octubre de dos mil veintiuno, desde el nueve de diciembre de dos mil veintiuno (fecha en la que tuvo a la vista las constancias que integran la carpeta de investigación), lo que pone en evidencia que el término de quince días para promover la demanda de amparo en contra de los acuerdos antes señalados transcurrió en exceso, toda vez que el ocurso constitucional que dio origen a este expediente se presentó hasta el dieciocho de agosto de dos mil veintidós, esto es, fuera del plazo que la Ley de Amparo otorga para su promoción. Ante tal situación, es evidente que si la parte inconforme asumió una actitud pasiva y dejó pasar el tiempo sin ejercer la acción constitucional, con su actuar consintió tácitamente los actos reclamados; de ahí la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo. No pasa desapercibido que en los puntos resumidos con los incisos m), n), ñ), o), p), q) y r), la parte quejosa se duela de diversas omisiones y abstenciones atribuidas al agente del Ministerio Público responsable, pues es evidente que tales vicios los hace depender de la emisión de la orden de protección decretada el treinta y uno de octubre de dos mil veintiuno, el cual, como se dijo, fue consentido tácitamente al no haberse impugnado por la vía de amparo dentro del plazo legal concedido para ello. IV. «Actos derivados de consentidos» Finalmente, este juzgador estima que también es improcedente la acción de amparo intentada contra los actos mencionados en el inciso s), al tenor de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XIII de la Ley de Amparo, ya que los autos de cuatro y once de julio de dos mil veintidós, mediante los cuales se prorrogaron varias medidas de protección derivan de otro consentido, concretamente del auto de treinta y uno de octubre de dos mil veintiuno, en el que el representante social responsable estableció como medida de protección dejar a los menores quejosos bajo los cuidados de David Gutiérrez Delgado y la prohibición de que Celia Flores Téllez se acerque a ellos. La porción normativa invocada dispone que el juicio de amparo resulta improcedente cuando la parte quejosa ha consentido expresamente el acto reclamado, o bien, ha hecho manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento, el cual debe entenderse como la manifestación de voluntad de manera clara e indiscutible de estar de acuerdo con el acto emitido por la autoridad y someterse a sus efectos; así, la improcedencia del juicio de amparo, por seguridad jurídica, pretende evitar que los gobernados lo promuevan para desconocer los efectos de la conducta que ellos mismos desplegaron de manera libre y espontánea. En el caso concreto, según se aprecia de lo manifestado por la promovente del amparo, el treinta y uno de octubre de dos mil veintiuno se fijó una medida de protección consistente en dejar a los menores quejosos bajo los cuidados de *** y la prohibición de que la amparista se acerque a ellos. Posteriormente, el cuatro y once de julio de esta anualidad, la autoridad responsable ordenó que se prorrogara la medida de protección decretada el treinta y uno de octubre de dos mil veintiuno. De acuerdo con lo anterior, si la causa de reclamo de la parte quejosa se centra en que fue incorrecto que se emitiera una medida de protección en su contra, es evidente que existe una relación entre las determinaciones reclamadas de cuatro y once de julio del año en curso y la adoptada el treinta y uno de octubre de dos mil veintiuno, pues en esta último, el Ministerio Público determinó dejar a los menores quejosos bajo los cuidados de David Gutiérrez Delgado y prohibió a la quejosa se acercara a ellos. De esa manera es que la causa de improcedencia se hace patente, porque, se insiste, la determinación de treinta y uno de octubre de dos mil veintiuno (por la cual se estableció una medida de protección a favor de los menores agraviados) no fue combatida por la parte quejosa, a pesar de tener la oportunidad legal de hacerlo. De lo que se sigue, que si los promoventes del amparo no combatieron la determinación que originó la medida de protección decretada en la carpeta de investigación de origen, es evidente que los autos de cuatro y once de julio de esta anualidad reclamados no generan por sí solos el perjuicio que alegan, pues aquélla determinación quedó consentida, por lo que los actos subsecuentes derivados de ella tendrán la misma suerte. Dicho de otra forma, este juzgado federal está imposibilitado para estudiar la constitucionalidad de las determinaciones de cuatro y once de julio pasado, pues considerar lo contrario implicaría trastocar el principio de seguridad jurídica de las partes y de ser así cualquier decisión pudiera ser combatida en todo momento y en infinidad de ocasiones. Sirve de apoyo, por las consideraciones que la rigen, la tesis I.1o.P.104 P (10a.) del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, de contenido: "ACTO DERIVADO DE OTRO CONSENTIDO. SI SE RECLAMA LA DETERMINACIÓN DEL JUZGADO ESPECIALIZADO EN EJECUCIÓN DE PENAS POR LA QUE SE DECLARA COMPETENTE PARA CONOCER DEL INCIDENTE DE LIBERTAD PREPARATORIA, Y EXISTE PRONUNCIAMIENTO EN ESE SENTIDO, RESPECTO DEL EXPEDIENTE APERTURADO PARA CONOCER DE LOS ASPECTOS DE EJECUCIÓN DE LA PENA, SE ACTUALIZA DICHA CAUSA DE IMPROCEDENCIA, CONFORME AL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, EN RELACIÓN CON LAS DIVERSAS XIII Y XIV, DE LA LEY DE AMPARO. Si en la sentencia condenatoria se hizo pronunciamiento en cuanto a la competencia del juzgado especializado para que tramitara los aspectos de ejecución de la pena de prisión impuesta al quejoso, y dicho órgano jurisdiccional, una vez que le fueron turnadas las constancias correspondientes, aceptó ser el competente, aperturando el expediente respectivo, incluso realizando las actuaciones encaminadas para ello; en caso de que se reclame la determinación del mismo juzgado que emitió manifestando ser el competente para conocer del incidente de libertad preparatoria promovido en favor del quejoso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con las diversas XIII y XIV, de la Ley de Amparo, pues constituye un acto dictado como consecuencia directa y necesaria de los otros mencionados, por estar relacionado con la ejecución de la pena de prisión impuesta, principalmente del diverso auto emitido por la propia autoridad responsable que ya había aceptado la competencia, el cual, por no justificarse que haya sido impugnado legalmente, se reputa como consentido." Así como también la tesis III.1o.A.11 K del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que señala: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS, RAZON DE SU IMPROCEDENCIA. El artículo 73 de la Ley de Amparo, señala: "El juicio de amparo es improcedente: ... XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley." Ahora bien, las fracciones XI y XII del dispositivo en comento, previenen que el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos expresa o tácitamente; por ello, lógica y jurídicamente, debe estimarse improcedente la acción constitucional contra actos que sean consecuencia de otros consentidos, siendo indudable, por tanto, que la causa de mérito emerge de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales." CONCLUSIÓN En las relatadas condiciones, al actualizarse las causales de improcedencia analizadas, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda promovida. AMPLIACIÓN DE DEMANDA En el escrito de desahogo registrado con el folio 14447, la parte quejosa pretende ampliar su demanda de amparo respecto a los actos consistentes en: - La negativa de permitir el acceso a la carpeta de investigación ***. - El auto de veinticinco de agosto de dos mil veintidós dictado en la carpeta de investigación ***, en el cual se decretó una medida de protección. Ahora, a fin de estar en aptitud de proveer respecto a la ampliación de la demanda, debe decirse que el 111 de la Ley de Amparo establece lo siguiente "Artículo 111. Podrá ampliarse la demanda cuando: I. No hayan transcurrido los plazos para su presentación; II. Con independencia de lo previsto en la fracción anterior, el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. En este caso, la ampliación deberá presentarse dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de esta Ley. En el caso de la fracción II, la demanda podrá ampliarse dentro de los plazos referidos en este artículo, siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional o bien presentar una nueva demanda." Además, nuestro más Alto Tribunal de Justicia de la Nación, ha establecido que la ampliación de la demanda de amparo procede en los siguientes casos: 1. La demanda de amparo, se puede ampliar respecto de nuevos actos reclamados, nuevas autoridades responsables y nuevos conceptos de violación, siempre que esos actos de autoridad guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial, antes de que se fije la litis constitucional, es decir, cuando aún no se hayan rendido los informes justificados y se presente dentro del plazo que rige la presentación de la demanda. 2. También se puede ampliar la demanda cuando de los informes justificados se advierta la existencia de un nuevo acto, la intervención de autoridades distintas a las que emitieron y ejecutaron el acto reclamado o hasta ese momento se conozcan las consideraciones que sustentan el acto reclamado, siempre que ese acto de autoridad guarde estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial, esto dentro del plazo que establece la Ley de Amparo para la demanda principal. 3. Que en ninguno de los casos señalados se haya celebrado la audiencia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 15/2003, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 12, del Tomo XVIII, Julio de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE. La estructura procesal de dicha ampliación, que es indispensable en el juicio de garantías, se funda en el artículo 17 constitucional y debe adecuarse a los principios fundamentales que rigen dicho juicio, de los que se infiere la regla general de que la citada figura procede en el amparo indirecto cuando del informe justificado aparezcan datos no conocidos por el quejoso, en el mismo se fundamente o motive el acto reclamado, o cuando dicho quejoso, por cualquier medio, tenga conocimiento de actos de autoridad vinculados con los reclamados, pudiendo recaer la ampliación sobre los actos reclamados, las autoridades responsables o los conceptos de violación, siempre que el escrito relativo se presente dentro de los plazos que establecen los artículos 21, 22 y 218 de la Ley de Amparo a partir del conocimiento de tales datos, pero antes de la celebración de la audiencia constitucional." Sin embargo, en el presente caso los actos por los que se pretende ampliar la demanda fueron anunciados con posterioridad a la demanda de amparo, esto es, en el escrito por el cual la parte quejosa dio cumplimiento a la prevención de veintiséis de agosto de este año formulada por este juzgado, de modo que a la fecha de la presentación de la demanda que originó la formación de este expediente no existían, pues incluso, el segundo de los actos mencionados en la ampliación de la demanda, se emitió con posterioridad a la promoción original del juicio constitucional. No obstante, a fin de no dejar en estado de indefensión a los quejosos, con arreglo en la jurisprudencia P./J. 7/2020 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA FALTA DE VINCULACIÓN ESTRECHA CON LOS ACTOS RECLAMADOS INICIALMENTE, NO OCASIONA SU DESECHAMIENTO.", remítanse dos copias certificadas del escrito registrado con el folio 14447 a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Naucalpan de Juárez, Estado de México, para que los registre como nuevos asuntos y los turne a este Juzgado de Distrito; debiendo realizar la compensación correspondiente para que se logre una distribución equilibrada de las cargas de trabajo. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, siete de septiembre de dos mil veintidós. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.

  4. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiséis de agosto de dos mil veintidós. RADICACIÓN Visto el oficio signado por la Secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que contiene inserto el proveído de veintidós del mes y año en curso, emitido en el expediente 976/2022-VI de este índice, del que se advierte la separación de juicios por los motivos ahí vertidos, al respecto se acuerda: Tomando en consideración la separación de juicios, este órgano de control constitucional se avocará en relación a los actos reclamados al Agente del Ministerio Público adscrito al Centro de Justicia para las Mujeres con sede en Ecatepec de Morelos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. ANOTACIONES Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, se registra la demanda de amparo promovida por Celia Flores Téllez, por propio derecho y en representación de sus menores hijos de iniciales L.G.F. y E.G.F.; fórmese el expediente relativo con el número 990/2022-I, que le correspondió en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este Juzgado. PREVENCIÓN Del análisis integral de la demanda de amparo, se advierten inconsistencias en su forma, que impiden a este órgano federal resolver lo que en derecho corresponde. Por tanto, lo conducente es prevenir a la parte quejosa, a fin de que en términos del artículo 108, fracciones I, IV y V, en relación con el numeral 114, fracciones I, II, III y IV, ambos de la Ley de Amparo, dentro del término de cinco días legalmente computado, bajo protesta de decir verdad, realice lo siguiente: 1. Deberá señalar la fecha en que se le notificó o tuvo conocimiento de los actos consistentes en los acuerdos de treinta y uno de octubre de dos mil veintiuno, así como cuatro y once de julio del año en curso, que prorrogan las medidas de protección, con relación a dejar a los menores afectados bajo los cuidados de David Gutierrez Delgado, y la prohibición de que la aquí quejosa se acerque a ellos. 2. Como parte de los antecedentes manifieste si contra el acto reclamado o bien contra actos emitidos en la carpeta de investigación ECA/CGV/JME/034/304860/21/10 del índice del Agente del Ministerio Público adscrito al Centro de Justicia para las Mujeres con sede en Ecatepec de Morelos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, promovió algún medio de impugnación o algún otro juicio de amparo contra los mismos que son materia de este asunto o contra cualquier otro que haya derivado del mismo expediente o procedimiento. Para lo cual, en caso de ser afirmativa su respuesta, deberá proporcionar el número de expediente, el estado procesal que guarda y el órgano jurisdiccional ante quien se instauró, de conformidad con el precepto 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía y por no contravenir lo dispuesto en la Ley de Amparo vigente, la tesis I.7o.A.100 K sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, localizada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su página 990, tomo XXIII, de Abril de 2006, la cual señala en su rubro: "DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN." 3. Con fundamento en el artículo 110 de la Ley de Amparo, se le hace saber a la parte quejosa que del escrito en que dé cumplimiento a la presente determinación deberá exhibir sendos juegos de copias del mismo para cada una de las partes; lo que no será necesario si el escrito aclaratorio se remite vía electrónica. Al caso se cita la jurisprudencia número 21, publicada en la página 30, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-200, Actualización 2001, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO." APERCIBIMIENTO Apercibido que de no cumplir en sus términos las prevenciones formuladas, de conformidad con lo establecido en el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Asimismo, en términos de lo dispuesto en los artículos 26 fracción IV, 30 fracción II, 31 fracciones II y III de la ley de la materia, con relación en el artículo 9 del acuerdo general 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ésta y las subsecuentes notificaciones consideradas de carácter personal se le practicarán vía electrónica por conducto del usuario que refiere. En el entendido que el promovente queda obligado a ingresar al Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia que refiere la fracción III del artículo 31 de la Ley de Amparo, en un plazo máximo de dos días a partir de que este juzgado la envíe, de no hacerlo así se tendrá por hecha la notificación. Ello tomando en cuenta que el domicilio proporcionado en la demanda de amparo para oír y recibir notificaciones se encuentra fuera de la jurisdicción de este Juzgado de Distrito y que designó a diversa persona cuyo usuario electrónico está registrado. Por autorizados a las personas que se mencionan en términos del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos y a las restantes para los efectos que solicita. Asimismo, en atención a su petición de consulta vía electrónica, se autoriza al usuario que refiere en su escrito para lo cual, se encuentra disponible el expediente electrónico, en la página http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea. Además, se autoriza el uso de medios electrónicos; tomando en consideración lo resuelto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión ordinaria de veintidós de marzo de dos mil nueve y en la circular 12/2009 de esa misma fecha. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al personal operativo la oportuna digitalización de manera legible de las constancias que integren el presente asunto; y a los Secretarios y Actuarios, supervisar y dar fe que el expediente electrónico coincida fielmente con el impreso, así como, en la versión pública y listas de publicación, respectivamente, supervisar que se cumpla con la protección de datos personales conforme lo anotado en el párrafo precedente. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" En términos del artículo 22 fracción I del Acuerdo General 7/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.

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