Celestino Ruiz Gómez

Expediente 907/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
907/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
20/06/2023

Partes del expediente

  • Celestino Ruiz Gómez

Actuaciones

  1. Principal

    En la misma data, se da cuenta a la Jueza de Distrito, con la certificación que antecede y el estado de autos. Conste. Conste. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veinte de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término establecido por el artículo 98 en relación con el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el auto de seis de junio de este año, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por Celestino Ruíz Gómez. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, que el mismo ha quedado FIRME para todos los efectos legales correspondientes. A. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en los Libros Electrónicos del Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes. B. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 20, fracción IV, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda; además, a juicio del que suscribe no tiene relevancia documental para su conservación. C. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que, en el presente juicio no se formó incidente de suspensión por tratarse de un desechamiento, se deja de proveer lo conducente. D. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo dispone el artículo 20 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. E. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER Ahora bien, devuélvase a Celestino Ruiz Gómez, la documental privada consistente en original del contrato de arrendamiento de quince de diciembre de dos mil veintidós, protocolizado ante la fe pública del licenciado Fernando Rodríguez Narváez, Notario número cuarenta y siete del Estado de Chiapas; los originales de dos recibos de pago de dos de abril y siete de mayo del año actual; así como el primer testimonio de la escritura pública número cinco mil ochocientos tres, volumen ciento ochenta y dos pasada ante la fe pública del licenciado Luis Raquel Cal y Mayor Gutiérrez, Notario público número cuarenta y tres del Estado. En mérito a lo anterior, se requiere a la parte quejosa para que, a partir de que quede legalmente notificado de este proveído, acuda a este juzgado a recogerlos; apercibido que de no hacerlo dentro de un plazo de noventa días, los mismos podrán ser destruidos conjuntamente con el presente asunto. NOTIFÍQUESE ELECTRÓNICAMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma Ana Luisa Mendoza Álvarez, Jueza Segunda de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de Maritza Rosado Abadía, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, seis de junio de dos mil veintitrés. Vista; la demanda de amparo promovida por ***, contra los actos que reclama al: 1. Juez Segundo del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla, con sede en esta ciudad y otra autoridad. I. Registro. Fórmese expediente, anótese su ingreso en los Libros Electrónicos de Registro de este Órgano Jurisdiccional del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, como juicio de amparo número 907/2023-IV. II. Integración del Expediente Físico y Electrónico. La formación del expediente físico relativo al juicio de amparo, y en su caso, del incidente de suspensión que derive del mismo, únicamente será con las constancias conducentes presentadas de manera impresa (constancias de notificación, acuses, oficios, escritos o solicitudes). Toda documentación recibida por vía electrónica (demanda, recursos, promociones, etc.) o generada electrónicamente (acuerdos, notificaciones electrónicas) constarán únicamente en el expediente electrónico, en términos de los artículos 3, fracción III, y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, reformado y adicionado mediante sesión extraordinaria de trece de octubre de dos mil veintidós, no así en el expediente impreso. En términos del artículo 3, fracción XII, del citado Acuerdo General ".los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, en el entendido de que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes como para efectos de todos los procesos de estadística, visitas, vigilancia y demás trámites y procesos ante el CJF. Al respecto, las constancias integradas en los expedientes físicos tendrán validez respecto de las constancias recibidas por esa vía, a pesar de que no se integren la totalidad de las constancias del expediente electrónico." ??????????????? INSTRUCCIÓN A LA SECRETARÍA ENCARGADA DEL EXPEDIENTE, OFICIAL JUDICIAL "A", ACTUARIOS JUDICIALES Y OFICIAL DE PARTES. Se instruye a la Secretaria de Juzgado adscrita, que lleva el trámite de este expediente que, de acuerdo al nuevo esquema de trabajo en los órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal, supervise el registro diario de movimientos de los expedientes, a su cargo, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de manera que se asegure la permanente actualización y veracidad de la información, en términos del artículo 185 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Al efecto, se puntualiza que el Oficial Judicial "A" encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), adscrito a este órgano jurisdiccional deberá registrar los datos e información del seguimiento procesal de cada asunto, de manera inmediata, como lo establece el numeral 181 de la normatividad invocada. Atento a lo anterior, se instruye al Oficial de Partes y a los Actuarios adscritos, para que en el ámbito de sus respectivas funciones, realicen la digitalización de constancias y escaneo de las documentales que integran el presente sumario incluyendo las notificaciones respectivas, a fin de que el expediente electrónico coincida con el expediente físico. III. Causa de improcedencia. Ahora bien, de acuerdo con el artículo 113, de la Ley de Amparo1 , que dispone que el escrito de demanda se examinará y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano la demanda intentada. Ilustra a lo anterior, la jurisprudencia cuyo rubro y texto es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS." 2 Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y; finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En este sentido, de la lectura integral de la demanda 1 Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. 2 Sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, lo que a la letra dice: De la lectura del artículo 145 de la Ley de Amparo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; que este motivo sea manifiesto; que también sea indudable. Lo relativo al motivo o causa de improcedencia del juicio constitucional no requiere mayor explicación; lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación -cuando los haya- y de los documentos que se anexan a tales promociones, y lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. ??????????????? se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados y autoridades responsables: a) Juez Segundo del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla, con sede en esta ciudad: ? El lanzamiento ordenado en el auto de dieciocho de abril de dos mil veintitrés, en el expediente 1149/2010 del índice de la responsable. b) Actuario adscrito al Juzgado Segundo del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla: ? Su ejecución Con fundamento en el artículo 623 , de la Ley de Amparo, es deber de los Juzgadores analizar las causas de improcedencia de los asuntos sometidos a su conocimiento, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa, de orden público y de estudio preferente.4 En ese contexto, de manera oficiosa, esta juzgadora, advierte que respecto del acto reclamado, se actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción IV, todos de la Ley de Amparo; y por tanto, se procede a su estudio. Antes de proceder al estudio de la causa de improcedencia descrita, es pertinente señalar que si bien es cierto la parte promovente ocurrió al amparo en calidad de tercero extraño a juicio dentro del juicio 1149/2010, 3 Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. 4 Sirve de apoyo la jurisprudencia con número de registro 394770, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia" del índice del Juzgado Segundo en materia Civil del Distrito Judicial de Tuxtla, residente en esta ciudad, bajo el argumento que se le priva de su derecho de posesión del bien inmueble ubicado en: Avenida Obsidiana número 137, manzana 11, lote 14, de la Colonia Jardines del Pedregal, en esta ciudad, por ser arrendatario del citado bien inmueble, apoyando la afectación a su esfera jurídica con el contrato de arrendamiento celebrado con Genaro Abenamar Constantino Solórzano, en su calidad de arrendador, el quince de diciembre de dos mil veintidós, documental suficiente para acreditar su interés jurídico para acudir al juicio de amparo. Lo anterior, atendiendo a lo que dispuso la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 62/2019,5 en donde refirió que contra la orden de desposesión de un bien inmueble, para demostrarlo, es suficiente el contrato de arrendamiento de fecha cierta,6 que se presente ante un fedatario público y que éste certifique las firmas plasmadas en él, es 5 Jurisprudencia, con registro digital 2020978, décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 72, Noviembre de 2019, Tomo I, página 329, del rubro y contenido: INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO COMO TERCERO EXTRAÑO A JUICIO CONTRA LA ORDEN DE DESPOSESIÓN DE UN BIEN INMUEBLE. PARA DEMOSTRARLO ES SUFICIENTE EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE FECHA CIERTA ANTERIOR A DICHA ORDEN. La posesión protegida por el artículo 14 constitucional no es otra que la definida por el derecho común, conforme al cual es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, sin embargo, para efectos del juicio de amparo, ese derecho debe tener origen en alguna de las figuras establecidas en la ley. Así, el contrato de arrendamiento, al ser un título que se sustenta en una figura jurídica que genera el derecho a poseer, constituye una base objetiva, que fundada y razonablemente produce la convicción de que el arrendatario tiene derecho a poseer el bien de que se trate. En consecuencia, para demostrar el interés jurídico e instar el juicio de amparo indirecto contra una orden de desposesión de un bien inmueble, resulta suficiente el contrato de arrendamiento de fecha cierta anterior a la misma, esto debido a que tal característica hace que produzca efectos frente a terceros ajenos a su suscripción, y dota al quejoso del interés jurídico aludido. En el entendido de que las decisiones que el órgano de control de constitucionalidad tome en relación con la eficacia del título, tienen consecuencias exclusivas en el juicio de amparo, pues no deciden sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, lo que deberá dilucidarse ante la potestad común. 6 Resulta aplicable al caso que nos ocupa, el criterio 1a./J. 44/2005, con número de registro 178201, dictado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se transcribe: "DOCUMENTO PRIVADO DE FECHA CIERTA. PARA CONSIDERARLO COMO TAL ES SUFICIENTE QUE SE PRESENTE ANTE NOTARIO PÚBLICO Y QUE ÉSTE CERTIFIQUE LAS FIRMAS PLASMADAS EN ÉL. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la fecha cierta de un documento privado es aquella que se tiene a partir del día en que tal instrumento se inscriba en un Registro Público de la Propiedad, desde la fecha en que se presente ante un fedatario público, y a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. De no darse estos supuestos, no puede otorgársele valor probatorio al instrumento privado con relación a terceros, pues tales acontecimientos tienen como finalidad dar eficacia probatoria a la fecha que consta en él y con ello certeza jurídica. Esto es, las hipótesis citadas tienen en común la misma consecuencia que es dar certeza a la materialidad del acto contenido en el instrumento privado a través de su fecha, para tener una precisión o un conocimiento indudable de que existió, con lo que se evita la realización de actos fraudulentos o dolosos, como sería que se asentara una fecha falsa. Por tanto, el solo hecho de que se presente un instrumento privado ante un fedatario público y que éste certifique las firmas plasmadas en él, es suficiente para que produzca certeza sobre la fecha en la que se realizó su cotejo, ya que tal evento atiende a la materialidad del acto jurídico a través de su fecha y no de sus formalidades." ??????????????? suficiente para que produzca certeza sobre la fecha en la que se realizó su cotejo, ya que tal evento atiende a la materialidad del acto jurídico a través de su fecha y no de sus formalidades. Circunstancia que ocurrió con el contrato de arrendamiento en estudio ya que éste fue ratificado ante el Notario Público número 47 de la entidad, el veintiuno de diciembre de dos mil veintidós. Con base en el derecho de posesión que emana de ese contrato de arrendamiento, el quejoso de referencia Celestino Ruiz Gómez, si bien justificó su interés jurídico; sin embargo, este órgano de control constitucional estima que en su calidad de arrendatario, es causahabiente procesal de su arrendador Genaro Abenamar Constantino Solórzano; y por ende, está sujeto a las cargas procesales de su causante en el juicio de origen. Se explica. En principio, para demostrar lo anterior y por ende, tener por acreditada la causa de improcedencia invocada, es pertinente reseñar algunos antecedentes del juicio natural. En la especie, es necesario traer a colación, que de la búsqueda realizada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de la red intranet del Poder Judicial de la Federación, lo que se invoca como hecho notorio en términos del ordinal 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2º, así como de la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE), se advierte la radicación de los juicios de amparo 910/2017 y 44/2023, del índice de este propio órgano jurisdiccional, ambos, promovidos por Genaro Abenamar Constantino Solórzano; resultando pertinente reseñar algunos antecedentes de los mismos: Juicio de amparo 910/2017. 1) Mediante escrito presentado ante la oficina de correspondencia común el diecisiete de agosto de dos mil diecisiete, Genaro Abenamar Constantino Solórzano, promovió juicio de amparo ante este órgano jurisdiccional bajo el número 910/2017, contra el Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla, en esta ciudad, en el que reclamó el ilegal emplazamiento a juicio y todo lo actuado en el sumario 1149/2010, del índice del Juzgado Segundo del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla; relativo al juicio especial hipotecario promovido en su contra por Sólida Administradora de Portafolio Sociedad Anónima de Capital Variable, así´ como las consecuencias que se traducen en la ejecución de hecho y de derecho derivadas del mismo, las cuales en esencia se tradujeron en la ejecución de la sentencia. Circunstancia que el propio quejoso manifestó bajo protesta de decir verdad, al momento de indicar los antecedentes del acto reclamado de dicha demanda que tuvo conocimiento de los actos reclamados el ??????????????? diecisiete de julio de dos mil diecisiete, derivado de la diligencia de lanzamiento llevada a cabo en el bien inmueble ubicado en Avenida Obsidiana número 137, manzana 11, lote 14, de la Colonia Jardines del Pedregal, en esta ciudad Así también, en lo que interesa y como antecedentes del reclamado, se precisa que en el referido juicio de amparo el doce de marzo de dos mil dieciocho, se concedió el amparo y protección de la justicia federal para los siguientes efectos: "1. Restituya al quejoso en el goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, para lo cual deberá dejar insubsistente todo lo actuado en el proceso especial hipotecario 1149/2010 de su índice, a partir de las razones actuariales de veintinueve de octubre de dos mil diez, así como todo lo actuado con posterioridad; es decir, el emplazamiento a juicio del demandado y sentencia definitiva de dos de diciembre de dos mil once. 2. En consecuencia, también deje sin efectos los actos realizados en ejecución de sentencia, incluyendo la diligencia de remate en primera almoneda, celebrada el dieciséis de agosto de dos mil dieciséis; el auto de dieciocho de agosto de dos mil dieciséis en el que se aprobó el remate y se declaró fincado a favor de Alba Chacón López; y, el auto de doce de mayo de la presente anualidad, en el que se facultó al actuario judicial para que procediera a la desocupación del inmueble objeto del remate, así como su cumplimentación mediante diligencia de lanzamiento de siete de julio del presente año; en la inteligencia que deberá ordenar la cancelación de la escritura firmada en rebeldía el demandado. 3. Mediante formal diligencia restituya al demandado Genaro Abenamar Constantino Solórzano, en el goce y disfrute de la propiedad de la cual fue lanzada mediante diversa diligencia de siete de julio de dos mil diecisiete. ? Finalmente, deberá emplazar al demandado al juicio especial hipotecario número 1149/2010 de su índice, con las formalidades legales correspondientes". Sentencia constitucional que fue confirmada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, en la ejecutoria dictada el veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, en el amparo en revisión 170/2018. Seguida la secuela de ejecución correspondiente, mediante acuerdo de veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, se declaró´cumplida la ejecutoria de amparo. Hasta aquí los antecedentes del juicio de amparo 910/2017. Juicio de amparo 44/2023. 2) Posteriormente, mediante escrito presentado en buzón judicial el seis de enero de dos mil veintitrés, Genaro Abenamar Constantino Solórzano, promovió nuevamente demanda de amparo por conducto de su apoderado legal, en contra del ilegal emplazamiento y todo lo actuado en el sumario 1149/2010, del índice del Juzgado Segundo del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla; relativo al juicio especial hipotecario promovido en su contra por Sólida Administradora de Portafolio Sociedad Anónima de Capital Variable, así´ como las consecuencias que se traducen en la ejecución de hecho y de derecho derivadas del mismo, las cuales en esencia se tradujeron en la ejecución de la sentencia, misma que se radicó bajo el número de expediente ??????????????? 44/2023 del índice d este órgano jurisdiccional. Así, en proveído de diez de enero de dos mil veintitrés, se desechó la demanda de amparo, al advertirse actualizada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción VI, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, puesto que no le revestía el carácter de tercero extraño por equiparación en el juicio especial hipotecario número 1149/2010, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil, en esta ciudad, derivado que el solicitante de amparo sabía del juicio de origen y con ello estuvo en posibilidad de integrarse debidamente a la relación jurídico procesal, lo que le otorgaba, por ende, la calidad de parte formal en ese procedimiento, dado que tuvo conocimiento pleno de la existencia del controvertido natural, al haber promovido previamente otro juicio de amparo indirecto, contra actos del juicio especial hipotecario número 1149/2010, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil, en esta ciudad, en el que se le concedió´ el amparo y protección de la Justicia de la Unión al aquí quejoso, para efecto de que se le diera intervención. Hasta aquí los antecedentes de dicho juicio. Derivado de lo anterior, resulta incuestionable que Genaro Abenamar Constantino Solórzano (causante del quejoso Celestino Ruiz Gómez), perdió´ el carácter de persona extraña a aquél, al haber promovido previamente un juicio de amparo del índice de este órgano jurisdiccional a saber 910/2017, pues estaba sabedor del mismo e inclusive a raíz de éste se le dio el carácter de parte en el mismo, lo que le permitió conocer la existencia del juicio de referencia y las prestaciones que se reclamaban en el procedimiento de origen; con lo que estaba obligado a velar por el seguimiento del juicio, en tanto que una vez establecida la posibilidad de apersonarse, por haberse ordenado y saber ya la existencia del juicio, le corría la carga procesal de acudir al mismo y, no obstante ello, promovió´ otro juicio de amparo indirecto por la misma violación a sus derechos fundamentales, alegadas en el primer juicio promivido. 3) De las documentales anexas al escrito demanda presentado por Celestino Ruiz Gómez, se advierte que el quince de diciembre de dos mil veintidós, fue celebrado contrato de arrendamiento entre el aquí quejoso, con el carácter de arrendatario y Genaro Abenamar Constantino Solórzano, como arrendador, respecto del bien inmueble ubicado en Avenida Obsidiana número 137, manzana 11, lote 14, de la Colonia Jardines del Pedregal, en esta ciudad. De los antecedentes del caso, se advierte que el quejoso, reclama que no se le respetan sus derechos de uso y disfrute del bien inmueble objeto de la controversia en el expediente de origen, lo cuales ya han sido dilucidados y defendidos por su arrendador en la contienda natural. Como se dijo -recuérdese-, con base en el derecho de uso y disfrute que reclama el quejoso Celestino Ruiz Gómez, se llega a la conclusión que se actualiza la causa de improcedencia invocada toda vez que Celestino Ruiz Gómez, en su calidad de arrendatario, es causahabiente procesal de su arrendador ***????????? ; por ende, está sujeto a las cargas procesales de su causante en el juicio de origen. Es así, ya que el juicio de origen, inició en el año dos mil diez; en el que, seguido en sus trámites y previo emplazamiento derivado de la concesión de amparo emitida en sentencia constitucional de doce de marzo de dos mil dieciocho, en los autos del juicio de amparo 910/2017 de este índice, -incluso confirmada por la superioridad-, se dictó resolución definitiva, y en auto de dieciocho de abril de dos mil veintitrés, se ordenó el lanzamiento del bien inmueble materia de controversia a favor de la moral oficial y actora en el citado juicio de origen. Ahora bien, el contrato de arrendamiento celebrado entre el quejoso Celestino Ruiz Gómez, en su calidad de arrendatario, con su arrendador Genaro Abenamar Constantino Solórzano, fue celebrado entre dichas partes el quince de diciembre de dos mil veintidós; es decir, después de iniciado, tramitado y ejecutado el juicio de origen; además que su arrendador ya compareció a juicio a defender sus derechos. Inclusive, fue con posterioridad a la promoción del mencionado juicio de amparo 910/2017, del índice de este órgano jurisdiccional. Es así, ya que, iterándose, de la revisión al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), lo que se invoca con el carácter de hecho notorio con base en el criterio XXII. J/127 , de rubro "HECHO NOTORIO. LO 7 Sustentado por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Enero de 1997, página 295, cuyo texto dispone: "[...] La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION UNA CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN.", se advierte que en los diversos juicios de amparo números 910/2017 y 44/2023, de este órgano jurisdiccional, Genaro Abenamar Constantino Solórzano, ha comparecido a solicitar el amparo y protección de la justicia federal. En efecto, de la relatoría de los antecedentes y de los diversos juicios de amparo descritos, se observa que su arrendador Genaro Abenamar Constantino Solórzano, fue sometido al juicio especial hipotecario 1149/2010, del índice del Juzgado Segundo de instancia; por lo que el accionante de los derechos fundamentales quedó constreñido a soportar las obligaciones procesales correspondientes a ese sumario; incluso, las referentes a la inacción en la defensa de sus intereses. Lo anterior, toda vez que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 83/2006-PS8 , estableció en lo que interesa, que la figura de la causahabiencia procesal excluye tanto a la del tercero extraño a juicio como a la del tercerista, porque en esos casos se considera que, por las circunstancias en las cuales se adquiere el bien o el derecho, el causahabiente tiene audiencia a través de su causante, de tal forma que no puede comparecer a juicio alegando que se le priva de sus bienes sin que se le haya oído y vencido previamente, porque al adquirir el bien tenía EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.", sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento." 8 De la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 63/2007, de rubro: "TERCERO EXTRAÑO. EN UN JUICIO ORDINARIO MERCANTIL SEGUIDO EN CONTRA DEL DEUDOR QUE GARANTIZÓ EL ADEUDO CON UNA HIPOTECA. TIENE ESE CARÁCTER EL ADQUIRENTE DEL BIEN HIPOTECADO QUE SE LE TRANSMITIÓ CON ANTERIORIDAD AL INICIO DEL MISMO". ?????????????? conocimiento de la existencia del gravamen o carga. Atendiendo a dicha línea argumentativa y bajo este contexto, el promovente del amparo Celestino Ruiz Gómez, es causahabiente procesal de su arrendador Genaro Abenamar Constantino Solórzano, puesto que éste le transmitió los derechos de posesión que ahora pretende hacer valer en la presente instancia constitucional con posterioridad a iniciado, tramitado y ejecutado el juicio de origen; por lo que, el quejoso se encuentra obligado a soportar las cargas inherentes al derecho de posesión que le fue transmitido, de lo que resulta patente que es causahabiente de su arrendador. Es así, ya que los derechos fundamentales sobre los que sostiene su pretensión (defensa de uso y disfrute), respecto del bien inmueble objeto de la controversia en el expediente de origen, han sido dilucidados en la contienda natural, por parte de su causante. Lo anterior, toda vez que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al efectuar el estudio de la causahabiencia en la contradicción de tesis 76/2022-SS, sostuvo que cuando el promovente se ostenta como tercero extraño a un procedimiento y en el amparo se demuestra que es causahabiente de una de las partes a quien afecta el acto reclamado, entonces, su situación en el amparo es idéntica a la de aquél, pues solamente se ha subrogado en el ejercicio de los derechos correspondientes, pues éste está sujeto a la misma situación jurídica de su causante. Sostiene lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 34/2003,9 de rubro y contenido siguientes: "CAUSAHABIENCIA. NO ES POR SÍ MISMA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO. El artículo 73 de la Ley de Amparo no establece como causal de improcedencia el fenómeno de la causahabiencia, motivo por el cual no se debe sobreseer en el juicio por esa razón, en sí misma considerada; sin embargo, cuando el promovente se ostenta como tercero extraño a un procedimiento y en el amparo se demuestra que es causahabiente de aquella de las partes a quien afecta el acto reclamado, entonces, su situación en el amparo es idéntica a la de esa parte, puesto que solamente se ha subrogado en el ejercicio de los derechos correspondientes, motivo por el cual las causales de improcedencia que afectarían al causante son válidas también para el causahabiente porque éste está sujeto a la misma situación jurídica de aquél, por tanto, si el amparo que llegara a promover el causante ostentándose como persona extraña al juicio y aduciendo violación a la garantía de audiencia no debe ser sobreseído sino resuelto en cuanto al fondo, esto mismo debe hacerse cuando es el causahabiente quien lo promueve con iguales argumentos. La presente tesis no afecta el criterio sustentado en la diversa jurisprudencia de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuyo rubro es: "CAUSAHABIENTE SUBARRENDATARIO, FALTA DE INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO.", toda vez que esta última contempla exclusivamente la especie del subarrendamiento no autorizado por el arrendador, situación jurídica de contenido y consecuencias específicas y diversas a lo aquí sustentado. Po tanto, partiendo de dicha línea argumentativa, se estima que respecto del acto reclamado en la demanda de amparo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, 10 en relación con el 107, 9 De la Novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII; Abril de 2003, página 189, con registro digital 184528. 10 Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. ??????????????? fracción IV, párrafo segundo,11 de la Ley de Amparo. Es así, pues de la lectura de los preceptos legales en cita, revelan que el juicio de amparo que se tramita ante el Juez de Distrito, sólo procederá contra los actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, ejecutados fuera de juicio o después de concluido; y que en el supuesto que se trate de actos emitido en los procedimientos de remate, la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior. En ese orden de ideas, debe afirmarse que si el acto reclamado lo constituye la orden de lanzamiento dictada dentro del expediente especia hipotecario 1149/2010, del índice del Juzgado Segundo del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla, con sede en esta ciudad12, mediante el cual se ordena el lanzamiento y desocupación del inmueble ubicado en Avenida Obsidiana número 137, manzana 11, lote 14, de la Colonia Jardines del Pedregal, en esta ciudad, con el apercibimiento que de no hacerlo se procederá a su lanzamiento; ello no constituye la última resolución del procedimiento de ejecución en ese juicio, como lo sería aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad 11 Artículo 107. El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. 12 Promovido por Sólida Administradora de Portafolio Sociedad Anónima de Capital Variable material o jurídica para darle cumplimiento; de tal manera que lo anterior torna improcedente la acción constitucional intentada. Sin que sea óbice a lo anterior, el hecho de que el quejoso Celestino Ruiz Gómez, aduzca que desconoce los antecedentes del juicio de donde deriva el acto reclamado; inclusive el origen de dicho mandamiento; pues como se expuso en párrafos que preceden, su causante Genaro Abenamar Constantino Solórzano, fue oído y vencido en el juicio natural; por tanto, al haber suscrito el contrato de arrendamiento con posterioridad a la situación anterior, tiene que soportar las cargas procesales de su causante, inherentes al derecho de posesión que le fue transmitido; por tanto, lo que hoy reclama es una consecuencia directa e inmediata de la sentencia emitida en ese juicio13 . 13 Tiene sustento a lo anterior, la tesis de Jurisprudencia I.3º.C.J/21, visible en la página 511, XI, Junio de 2000, Novena Época, que dispone: "ORDEN DE LANZAMIENTO CONTRA DEMANDADO QUE FUE OÍDO EN JUICIO. NO ES LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN. La orden de lanzamiento constituye una consecuencia directa e inmediata de la sentencia que es cosa juzgada y que emana de un juicio donde el quejoso ya fue oído y vencido, en respeto a la garantía de audiencia previa al acto de privación definitiva y que se identifica con la sentencia que tiene esa calidad. Conforme a lo dispuesto en la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, por última resolución se entiende en forma genérica la que declara cumplida la sentencia o convenio que tienen la calidad de cosa juzgada como culminación de un juicio en que ya se cumplió la garantía de audiencia previa, con las formalidades esenciales del procedimiento; o en su caso, que establece la imposibilidad para cumplirla, y acorde con la naturaleza propia de las sentencias dictadas en los procedimientos judiciales del orden civil, pueden distinguirse en forma específica, resoluciones o autos que sólo son consecuencia directa e inmediata de la condena realizada en la sentencia que es cosa juzgada; resoluciones interlocutorias que liquidan la sentencia y preparan la ejecución; interlocutorias que resuelven una nulidad de actuaciones o que resuelven una cuestión que guarda autonomía de la ejecución, y otros actos que se traducen en medidas de apremio que tienden a lograr la ejecución de lo resuelto, o una determinación judicial tendiente a preparar o a lograr el cumplimiento estricto de la sentencia o convenio que es cosa juzgada. De ahí que por la naturaleza propia de cada una de esas resoluciones o autos que pueden dictarse en el periodo de ejecución, distintos al de remate, y también por la afectación a la libertad que pueda darse en el caso del arresto, o a un derecho sustantivo, porque la resolución o auto modifique, extinga un derecho o constituya una obligación sustantiva que sea distinta a la que fue objeto de controversia y tenga la calidad de cosa juzgada, como son las medidas de apremio, entre otras, es posible diferenciar cuándo se está ante una resolución que es la última dictada en el procedimiento de ejecución o bien que por su naturaleza autónoma a lo que ya es cosa juzgada, que crea, o modifica o extingue un derecho en ese procedimiento, deba ser analizada en el juicio de garantías." Asimismo, es aplicable al caso concreto la tesis jurisprudencia II.2o.C.389 C, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Enero de 2003, de epígrafe y texto siguiente: AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DICTADOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. RESULTA IMPROCEDENTE CUANDO EL ACTO RECLAMADO NO ES LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DE DICHA FASE PROCESAL Y CARECE DE AFECTACIÓN A DERECHOS SUSTANTIVOS DIVERSOS DE LOS QUE FUERON MATERIA DE LA SENTENCIA QUE SE CUMPLIMENTA. Si el acto combatido en el amparo indirecto consiste en la orden de lanzamiento decretada, incluso con la autorización para utilizar la fuerza pública, y recae exclusivamente sobre el bien inmueble que ya fue objeto de la controversia judicial resuelta en definitiva, pues no excede los límites de la ejecutoria que se manda cumplimentar, el juicio de garantías que promueva quien fue plenamente oído y vencido es improcedente, puesto que tal acto no constituye la última resolución dictada en ejecución de sentencia ni con él se afectan derechos de la inconforme que no se hubiesen discutido y decidido en el juicio. Caso distinto es aquel en el que con la orden de desalojo reclamada se pretendiera afectar un bien que no haya sido objeto de la litis ni de condena, pues, entonces, aunque no se trate de la última resolución dictada en el periodo de ejecución de sentencia, el amparo sí resulta procedente porque en ese supuesto puede agraviarse un derecho sustantivo de la quejosa a través de la ejecución de una sentencia que pretendiere alterar un legítimo interés no comprendido en la última. ?????????? Resulta aplicable al caso que nos ocupa, el criterio 1a./J. 52/2020 (10a.), que se inserta al afecto: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDENCIA CONFORME LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO. LA ORDEN DE ESCRITURACIÓN EN REBELDÍA O DESALOJO ANTE EL DESACATO DEL EJECUTADO CONSTITUYE UN ACTO DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN. Hechos: Los Tribunales Colegiados emitieron sentencias contradictorias en torno a la fundamentación legal para sustentar la improcedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la orden de escrituración en rebeldía o desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado, porque mientras un órgano jurisdiccional fundamentó la improcedencia del juicio de amparo en el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, considerando dicho acto como uno de ejecución de sentencia, el otro fundó la improcedencia del amparo en el párrafo primero de la fracción IV de ese mismo precepto, relativo a los actos fuera de juicio o después de concluido el juicio. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia resolvió que la orden de escrituración en rebeldía o desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado refiere a un acto de ejecución de sentencia porque está encaminado en lograr precisamente la ejecución de lo fallado en juicio, de ahí que la regla de procedencia corresponde a la del párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo y no así al párrafo primero. Justificación: Lo que se explica así porque los actos judiciales dictados fuera o después de concluido el juicio, son aquellos que tienen autonomía propia en tanto no tienen relación alguna con el juicio ni como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; por ende, esos actos se sujetan a la regla de procedencia del primer párrafo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo. En cambio los actos que tienen vinculación directa con la ejecución de lo fallado en juicio corresponden a la etapa de ejecución conforme el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, al estar relacionados directamente con el objeto de la ejecución de sentencia, además 20/09/23 10:02:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.74.1d MARITZA ROSADO ABADIA PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Juicio de Amparo Indirecto 907/2023-IV JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO DE AMPARO Y JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE CHIAPAS - 20 - de ser actos en consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar, cuya regla de procedencia indica que el amparo indirecto procederá sólo en contra del último acto judicial de ejecución, el cual puede ser cualquiera de los tres siguientes: el que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o bien el archivo del expediente. Así, bajo la anterior distinción se tiene que la orden de escrituración en rebeldía o de desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado, constituye un acto de ejecución; primeramente, porque es consecuencia directa y necesaria de la sentencia judicial y porque al estar dirigido a lograr el cumplimiento de lo obtenido en la sentencia principal que constituye cosa juzgada, no goza de autonomía y no puede ser impugnado de forma autónoma sino como violación procesal de la fase de ejecución una vez que ésta concluya, además porque los derechos y bienes que afecta ya fueron materia del juicio y constituyen cosa juzgada por lo que una vez concluida la etapa de remate sólo resta la materialización mediante la ejecución misma, por lo que el juez tiene que forzar al cumplimiento ya sea mediante la orden de escrituración en rebeldía o la orden de desalojo para lograr la entrega del bien; y considerar que el acto de escrituración en rebeldía y/o acto de desalojo ante la contumacia del ejecutado posee autonomía, trastocaría los objetivos del legislador democrático de resguardar en todo momento el acceso a la tutela judicial efectiva." En ese tenor, se reitera que en la especie se surte plenamente la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107 fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, ya que respecto al acto reclamado, el juicio de amparo es notoriamente improcedente, toda vez que el acto reclamado, no constituye el último acto de ejecución en el juicio natural; en consecuencia, el quejoso se encuentra en aptitud de impugnar todas las determinaciones que a su estimación se tilden como violaciones de derechos humanos en su perjuicio, en el momento en que se dicte la ??????????????? última resolución del citado procedimiento.14 Aunado a lo anterior, en el caso, no se actualiza la excepción relativa a que se trate de un acto que goce de autonomía en el periodo de ejecución de sentencia o sea de imposible reparación, ajeno a la cosa juzgada que haga procedente el juicio de amparo. V. Desechamiento de la demanda Por lo antes expuesto, y con fundamento en lo establecido por el artículo 61 fracción XXIII, en relación con la fracción IV, del diverso 107, de la Ley de Amparo, se estima procedente DESECHAR DE PLANO la demanda promovida por Celestino Ruiz Gómez, por resultar notoriamente improcedente. VI. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial pueda realizar las diligencias. VII. Domicilio y autorizados. De conformidad con el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se autoriza hacer las notificaciones 14 Tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia P./J. 32/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XIII, Abril de 2001, Novena Época, Página: 31, que a continuación se cita: AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente. electrónicas a través del usuario "josecg"; por lo que se instruye a los actuarios de la adscripción para que tomen nota de dicha circunstancia. No pasa desapercibido para este órgano jurisdiccional el hecho de haber señalado como domicilio convencional para oír y recibir notificaciones el que refiere en este ciudad, pues del correo proporcionado está asignado el referido usuario, por tanto, lo procedente es notificarle en vía electrónica; en el entendido que, de ser necesario, se ordenará la notificación en el domicilio señalado, siempre y cuando, existiera algún obstáculo en el sistema electrónico para realizarlo en esa vía. Por otra parte, se tiene como autorizado de la parte quejosa, en términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Jordy Alejandro Flores Zepeda, en virtud que su cédula profesional se encuentra inscrita en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública. Asimismo, téngase como autorizado de la parte quejosa, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, párrafo segundo, parte in fine, relacionado con el diverso 24, párrafo segundo, del citado ordenamiento legal, únicamente para oír y recibir notificaciones, documentos, imponerse de autos a José Luis Córdova Gutiérrez, por así haberlo solicitado expresamente. En atención al correo electrónico que proporciona y números telefónicos, los cuales no puede n considerarse como medios de comunicación oficiales; por tal motivo ??????????????? únicamente se toma conocimiento de dichos datos, como medios para entablar comunicaciones no procesales . VIII. Autorización para la consulta de expediente Electrónico Tomando en cuenta que el promovente cuenta el nombre de usuario "josecg". En consecuencia, dése de alta en el Módulo de Autorizados del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a fin de que pueda tener acceso al expediente electrónico en comento. IX. Uso de Medios Electrónicos Con fundamento en la circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza el uso de reproducción electrónica en el presente expediente; en el entendido que de efectuar alguna modificación o circunstancia diversa en relación a la documentación que se le proporcione se le fincará responsabilidad, en términos de la Legislación Penal Federal. Tiene aplicación el criterio contenido en la tesis de rubro y texto siguiente:15 REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. 15 Tesis I.3o.C.725 C, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia Civil, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, página 2847, con número de registro 167640. X. Transparencia y acceso a la información. Además, comuníquese a la parte quejosa, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE DE MANERA ELECTRÓNICA A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma Ana Luisa Mendoza Álvarez, Jueza Segunda de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de Maritza Rosado Abadía, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

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