Celerino Gónzalez García

Expediente 621/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 1 actuación registrada, la última del 26 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
621/2021
Año
2021
Actuaciones
1
Última actuación
26/07/2021

Partes del expediente

  • Celerino Gónzalez García

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintiséis de julio de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por Celerino Gónzalez García, contra actos del Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal en su carácter de Presidente de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia de la Policía Municipal del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, residente en esta ciudad y otras autoridades. I.- Radicación. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 621/2021-VI, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). De la lectura integra de la demanda se desprende que la parte quejosa se duele de lo siguiente: El contenido del acta de audiencia de ley celebrada el diecinueve de julio de dos mil veintiuno, por la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia, de la Secretaria de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en el procedimiento administrativo SSPyTM/CSPCHJ/PA/095/2019, dado que no da a conocer al quejoso el resultado detallado de las evaluaciones que le practicaron, así como tampoco el parámetro en que se hayan basado para tener por no acreditados los exámenes de control y confianza. El cumplimiento que pretende darle a todo lo actuado por la ordenadora, así como el cumplimiento de la resolución que se pretende dictar. II.- Improcedencia de la demanda. Para efecto de la admisión de la demanda de amparo, es preciso destacar lo previsto por el artículo 113, de la Ley de Amparo, que dispone que el escrito de demanda se examinará y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Ilustra a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, cuyo rubro y texto es: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. De la lectura del artículo 145 de la Ley de Amparo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; que este motivo sea manifiesto; que también sea indudable. Lo relativo al motivo o causa de improcedencia del juicio constitucional no requiere mayor explicación; lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación -cuando los haya- y de los documentos que se anexan a tales promociones, y lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y; finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En vinculación, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, es obligación del juzgador, realizar la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, por lo que de la lectura integral de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa combate: El contenido del acta de audiencia de ley celebrada el diecinueve de julio de dos mil veintiuno, por la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia, de la Secretaria de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en el procedimiento administrativo SSPyTM/CSPCHJ/PA/095/2019, dado que no da a conocer al quejoso el resultado detallado de las evaluaciones que le practicaron, así como tampoco el parámetro en que se hayan basado para tener por no acreditados los exámenes de control y confianza. El cumplimiento que pretende darle a todo lo actuado por la ordenadora, así como el cumplimiento de la resolución que se pretende dictar. III.- Causal de improcedencia. El artículo 61, fracción IX de la Ley de Amparo señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas;." Dicho numeral señala que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones dictadas en juicios de amparo o en ejecución de las mismas. Ello implica que todas las resoluciones dictadas en un juicio de amparo, así como las que se emitan en cumplimiento a aquellas, no son impugnables mediante otro juicio de amparo. Esto es, tanto las sentencias principales o interlocutorias, como las de trámite, autos, decretos o proveídos dictados en los juicios de amparo o los actos que se realicen en cumplimiento éstas, no pueden ser reclamados mediante otro juicio de la misma naturaleza. Se considera que esa causa de improcedencia no sólo alude al fallo definitivo que en el juicio respectivo se pronuncie, como inatacable en la vía constitucional, sino también a toda resolución dictada en el juicio de amparo, inmersa en él u omisión acaecida dentro del mismo. Por la misma razón, en lo referente a su ejecución, ya que el legislador no se refirió únicamente a resoluciones que se emiten en cumplimiento a las sentencias de amparo, sino a todos los actos u omisiones llevados a cabo por las autoridades o particulares, vinculados con la cumplimentación de toda resolución de amparo, ya sea haya sido emitida en el juico principal, recurso o incidente derivado de éste. Ahora bien, a efecto de corroborar la actualización de dicho motivo de improcedencia, conviene precisar algunas actuaciones, dictadas en el juicio de amparo 200/2020, de nuestro índice -que constituye un hecho notorio para este juzgador- ello en términos del artículo 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con lo establecido por su artículo 2º. Apoya la anterior consideración por su contenido jurídico sustancial, la jurisprudencia que reza: HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista. I. Mediante escrito presentado el veinte de febrero de dos mil veinte, Celerino Gónzalez García, presentó demanda de amparo en el que señaló como acto reclamado el Inicio del Procedimiento Administrativo de quince de enero de dos mil diecinueve, dictado en el expediente +++ II. Mediante resolución de veintitrés de octubre de dos mil veinte, se concedió el amparo al quejoso, para efecto de que el Secretario Técnico de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, con residencia en esta ciudad; en restitución de sus derechos humanos vulnerados realice lo siguiente: a) En uso de sus facultades ordene dejar sin efecto todo lo actuado en el procedimiento administrativo +++, instaurado contra Celerino González García, a partir del acuerdo de radicación. b) Se sirva emplazar al aludido quejoso, corriéndole traslado con las constancias de las evaluación practicadas por el Centro Estatal de Control de Confianza Certificado, en las que se advierta un resultado detallado de las mismas así como el parámetro en que se haya basado para tener por no acreditados los exámenes respectivos, a efecto que se encuentre en condiciones de contestar en el procedimiento y oponer las excepciones y defensas que estime pertinentes. III.- En auto de trece de julio del presente año, se declaró cumplida la sentencia dictada en el presente juicio, toda vez que por oficio número SSPyTM/CSPCHJ/539/2020, recibido en este juzgado el diez de diciembre de dos mil veinte, la autoridad responsable Secretario Técnico de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, residente en esta ciudad, hizo del conocimiento que mediante acuerdo de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia, dejó insubsistente todo lo actuado en el procedimiento administrativo SSPyTM/CSPCHJ/PA/095/2020, instaurado en contra de Celerino González García a partir del acuerdo de radicación (del cual adjuntó copia certificada), asimismo, Mediante oficio SSPyTM/CSPCHJ/382/2021, de veinticinco de junio de dos mil veintiuno, recibido en este juzgado el veintinueve siguiente, la autoridad responsable informó que esa Comisión del Servicio Profesional de Carrea Honor y Justicia emplazó mediante oficio SSPyTM/CSPCHJ/381/2021, de veintitrés de junio de dos mil veintiuno, al quejoso Celerino González García, corriéndole traslado con las constancias de las evaluación practicadas por el Centro Estatal de Control de Confianza Certificado, en las que se advierte el resultado detallado de las mismas así como el parámetro en que se basó dicho Centro para tener por NO acreditados los exámenes respectivo. Es por ello que la improcedencia referida deriva del hecho de que el acto que hoy se reclama, es producto del análisis jurídico realizado en el juicio de amparo que se cumplimenta, por lo que, admitir uno nuevo, afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica, pues, con independencia de las incorreciones que alega el hoy quejoso sobre dichos actos, tales manifestaciones, por sí mismas, no hacen procedente una nueva acción constitucional, pues, en todo caso, las posibles violaciones que estime pudieran suscitarse en cumplimiento de dicha ejecutoria. Es aplicable a lo anterior, la tesis cuyo rubro y texto dicen: IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO DE UN FALLO PROTECTOR. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE AMPARO, NO TRANSGREDE EL DERECHO DEL GOBERNADO A CONTAR CON UN RECURSO EFICAZ. Al establecer el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, que el juicio de garantías es improcedente en contra de resoluciones dictadas en ejecución de sentencias de amparo, se refiere a aquellas resoluciones que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el juzgador de amparo les constriñe a realizar determinadas y precisas acciones, esto es, les fija lineamientos para cumplir con el fallo protector y, por ende, la responsable no tiene libertad de jurisdicción, sino que debe emitir la nueva resolución conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal. La improcedencia deriva del hecho de que la resolución dictada por la responsable es producto del análisis jurídico llevado a cabo en el juicio de amparo que se cumplimenta, por lo que admitir un nuevo amparo afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica. En ese orden de ideas, el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, no es inconstitucional por inconvencional, ya que no contradice los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en particular, el derecho a contar con un recurso eficaz, pues la norma en cuestión no tiene como propósito limitar o cerrar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino establecer un caso de inadmisibilidad del juicio de amparo atendiendo a razones de seguridad jurídica y de cosa juzgada. Por las mismas razones, la medida legislativa que se impugna también cumple con un postulado previsto en el artículo 17 constitucional, consistente en procurar una justicia expedita y pronta, que asegure la correcta y funcional administración de justicia. IV. Desechamiento de demanda. En esas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 113, de la ley de la materia. Apoya la conclusión de mérito, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dice: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. V.- Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial pueda realizar las diligencias correspondientes. -MEDIDAS DE PROTECCIÓN QUE DEBERÁN IMPLEMENTAR LOS ACTUARIOS JUDICIALES- Se encomienda y exhorta a los actuarios adscritos la adopción de las medidas estrictas emitidas por el Consejo de la Judicatura Federal para la realización de la notificación aquí ordenada, debiendo utilizar en todo momento cubre bocas plisado, guantes de nitrilo nuevos en cada notificación, realizar el proceso de higiene de manos constantemente, permanecer tan lejos como sea posible de otras personas, como referencia mínimo un metro de distancia, limpiar bolsa, folder, carpeta o cualquier otro que utilice al transportar las constancias de notificación, no intercambiar objetos, de ser así desecharlos de inmediato, evitar tocarse ojos, boca y nariz, así como utilizar el traje protector y su careta. VI.- Domicilio y autorizados. Con apoyo en el artículo 108, fracción I, se tiene como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos, el ubicado en Avenida San Pedro, número 237, Colonia Adonaí, de esta Ciudad. Téngase como autorizado en términos amplios del artículo 12, de la ley de la materia, a Miguel Ángel Camas Ruiz y Juan de Jesús González Sánchez, debido a que tienen registradas sus cédulas profesionales en la Dirección General de Profesiones, dependiente de la Secretaría de Educación. VII. Uso de medios electrónicos Con fundamento en la circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza su aplicación en el presente expediente, en el entendido que de efectuar alguna modificación o circunstancia diversa en relación a la documentación que se le proporciona se le fincara responsabilidad en términos de la legislación Penal Federal. Tiene aplicación el criterio contenido en la tesis de rubro y texto siguiente: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. VIII. Transparencia y Acceso a la Información. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

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