Celerino Gonzalez Morato
Expediente 992/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 8 actuaciones registradas, la última del 13 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 992/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 13/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Celerino Gonzalez Morato
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Ciudad de México, trece de marzo de dos mil veintitrés. Se tiene por recibido el oficio de la Delegada de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, por medio del cual exhibe constancias con el que pretende acreditar el cumplimiento de la ejecutoria de amparo; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos sin mayor proveído, toda vez que en el presente juicio se sobreseyó y por auto de fecha de dieciocho de octubre de dos mil veintidós, se ordenó el archivo como asunto totalmente concluido. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, dieciocho de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa, que es a quien pudiera causarle perjuicio la sentencia dictada el veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, en la que se determinó sobreseer en el presente juicio de garantías, no la recurrió dentro del plazo que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo; con fundamento en la fracción II, del artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que la citada sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, por lo que, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por El Consejo de la Judicatura Federal; se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 8.1.2 ordinal 1, del Manual referido, pues se trata de un asunto sobreseído y además no se considera relevancia documental, toda vez que no se encuentra dentro de los supuestos que establece el artículo 15 del Acuerdo aludido así como el numeral 5.1 del referido Manual, esto es: 1) No es promovido por delitos contra la seguridad de la Nación, derecho internacional, humanidad, administración de justicia, ambiente y gestión ambiental; 2) No se trata de resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; 3) No es un asunto relativo a un conflicto laboral colectivo trascendente, ni versa sobre temas relativos al patrimonio histórico, arqueológico, artístico, y no es un asunto en materia agraria; 4) No es un asunto generado por los Plenos de Circuito 5) No se integró jurisprudencia o tesis aislada derivada del presente asunto, por parte de los Tribunales de Circuito. Por lo tanto, una vez que haya transcurrido el término de tres años a que se refiere el párrafo primero del artículo 21, del multicitado Acuerdo, contados a partir del presente archivo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción. Notifíquese
- Principal
Ciudad de México, a veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. Se agrega en autos el escrito electrónico con evidencia criptográfica de Antonio Meneses Cano, autorizado de la parte quejosa, por medio del cual, solicita la devolución de la escritura con la que se acreditó la propiedad del inmueble materia del presente asunto; tomando conocimiento de su contenido. Ahora bien, en atención a su solicitud, dígasele que no ha lugar a acordar favorablemente su solicitud, toda vez que de la comparecencia de cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, se advierte que en cumplimiento a lo ordenado el veinticinco de noviembre del mismo año, fue devuelto el documento solicitado, y entregado a Martín Jair Quiroz Arredondo, autorizado de la parte quejosa. Notifíquese
- Principal
Ciudad de México, a once de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que el Director General de Recursos Humanos de la Guardia Nacional, ha sido omisa en dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo y dado que el cumplimiento de una sentencia de amparo constituye una cuestión de orden público respecto del que las autoridades responsables están constreñidas indefectiblemente a cumplir sin dilaciones ni pretextos y en los términos perentorios de los que disponen, a fin de evitar que se les apliquen las sanciones que prevé el artículo 107, fracción XVI, Constitucional, sin que pueda discutir en forma alguna los alcances del fallo constitucional, y tomando en consideración que a efecto de lograr el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Por ello, cabe precisar que los efectos por los cuales se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión son los siguientes: " (.)lo procedente es, en la materia de la revisión, modificar los efectos del amparo para que cuando los quejosos sean incorporados a la Guardia Nacional: 1) Porten las insignias de la Guardia Nacional equivalentes al grado que ostenten en su institución de origen; y 2) Conserven su grado, rango y todas sus prestaciones (.)" (Énfasis añadido). Atento a lo anterior y toda vez que por oficio registrado bajo el número de correspondencia 64668 de índice de este juzgado de distrito por medio del cual informó la imposibilidad que le asistía para no dar cumplimiento a la sentencia dictada en autos, en razón de que los quejosos Edgar Reyes Ávila, Miguel Cruz Rodríguez y Abel Cruz González, no transitaron a la Guardia Nacional; sin embargo, no exhibieron las constancias que acreditaran su dicho, por tanto, con fundamento en artículo 75 de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, REQUIÉRASE, al titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Director General de Recursos Humanos de la Policía Federal para que, dentro del término de diez días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, remitan las constancias con las cuales acrediten sus manifestaciones, es decir, remitan las constancias de las que se advierta que los quejosos Edgar Reyes Ávila, Miguel Cruz Rodríguez y Abel Cruz González, no transitaron a la Guardia Nacional. Apercibidas las autoridades requeridas, que en caso de no cumplir con lo anterior, dentro del plazo otorgado sin causa justificada, se les impondrá una multa por cien días la unidad de cuenta vigente en la Ciudad de México, de conformidad con lo previsto en los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Óscar Horacio Escobedo Návar, quien autoriza. Doy fe.
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