Cecilio González Marquez

Expediente 1064/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 36 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1064/2020
Año
2020
Actuaciones
36
Última actuación
20/07/2022

Partes del expediente

  • Cecilio González Marquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 36.

  1. Principal

    Ciudad de México, a veinte de julio de dos mil veintidós. Visto el escrito remitido vía electrónica por el autorizado de la parte quejosa, en términos del artículo 48 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, por medio del cual, autoriza para oír y recibir notificaciones y documentos a Julieta Torres Hernández; y, solicita se ordene la devolución de los documentos que en original o copia certificada hubiese exhibido la parte quejosa en el presente juicio. Con apoyo en el artículo 221 del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito de cuenta para que obre como corresponda, tomando conocimiento de su contenido. Con fundamento en la última parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene por autorizada a la persona que indica, para el sólo efecto de oír y recibir notificaciones y documentos e imponerse en autos, por así solicitarlo expresamente la parte promovente. Sin que haya lugar a ordenar la devolución de documento alguno, toda vez que la parte quejosa no exhibió en el presente juicio ningún documento original o en copia certificada que le deba ser devuelto. Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma, el licenciado Alonso Antonio Hernández Flores, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos de lo dispuesto en el artículo 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de conformidad con el oficio CCJ/ST/2743/2022, signado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, asistido por el Secretario Juan de Dios García Munguía, quien autoriza y da fe de lo actuado. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad de México, a veintiuno de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado en que se encuentran los presentes autos, de los cuales se advierte que ha transcurrido el término a efecto de impugnar el pronunciamiento de nueve de mayo de dos mil veintidós, y toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, en consecuencia, con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicable en términos del séptimo transitorio del mencionado Acuerdo, se determina que este expediente es susceptible de depuración en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 7.1.1 ordinal 1, del Manual referido, pues se trata de un asunto en el que la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional concedió el amparo y protección de la justicia federal. Por lo tanto, deberá conservarse el presente juicio de amparo, por el término de tres años, contados a partir de la fecha en que se actúa, y una vez concluido este plazo, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el expediente, conservando la demanda, sentencia, en su caso las resoluciones recurridas, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y el presente proveído. Por lo que hace al original del cuaderno relativo al incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General en cita, en relación con el numeral 8.1.2 ordinal 3, del Manual referido; toda vez que la medida cautelar se negó, en consecuencia, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que se actúa, dentro de los treinta días siguientes, procédase a su destrucción. En cuanto al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el artículo 20 fracción II, inciso a) del multicitado Acuerdo en relación con el numeral 8.1.1 ordinal 2 inciso a), del Manual aludido, será destruible en el término de seis meses contados a partir del presente archivo, por lo que una vez concluido este plazo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción. Finalmente, glósese copia autorizada del presente proveído a los autos del original y del duplicado del incidente de suspensión, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Juan de Dios García Munguía, quien autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad de México, a nueve de mayo de dos mil veintidós. Visto el escrito remitido vía electrónica por el autorizado de la parte quejosa, en términos del artículo 48 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, por medio del cual, en atención a la vista concedida en auto de veinticinco de abril del año en curso, manifiesta que deja a criterio de este juzgador el dictado de la resolución correspondiente; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito de cuenta, para los efectos legales conducentes. En primer término, conviene precisar que mediante resolución de veinticinco de febrero de dos mil veintidós, dictada en el amparo en revisión R.A. 200/2021, el Vigésimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, resolvió confirmar la sentencia dictada por este Juzgado el quince de junio de dos mil veintiuno, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa para los siguientes efectos: "Consecuentemente, al haber resultado fundado el concepto de violación analizado, debe concederse la protección constitucional solicitada para el efecto de que el Pleno Jurisdiccional del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, dentro del plazo de diez días siguientes contados a partir de que sea legalmente notificado del auto por el que cause ejecutoria la presente sentencia, dejen sin efectos la sentencia de diecisiete de septiembre de dos mil veinte, dictada en el recurso de apelación número R.AJ. 132203/2019, derivado del juicio de nulidad radicado bajo el número de expediente TJ/I-1716/2019, del índice de la Primera Sala Ordinaria Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas y Derecho a la Buena Administración del citado Tribunal, y emita una nueva con libertad de jurisdicción, pero atendiendo a las consideraciones expuestas en este fallo, debiendo remitir a este juzgado las constancias con que así lo acrediten, con lo cual quedará cumplida la presente sentencia." En ese sentido, para dar cumplimiento al fallo protector, el Pleno Jurisdiccional responsable debía: 1.- Dejar sin efectos la sentencia de diecisiete de septiembre de dos mil veinte, dictada en el recurso de apelación R.AJ. 132203/2019, derivado del juicio de nulidad radicado bajo el número de expediente TJ/I 1716/2019, del índice de la Primera Sala Ordinaria Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas y Derecho a la Buena Administración del citado Tribunal. 2.- Emita una nueva con libertad de jurisdicción pero atendiendo a las consideraciones expuestas en este fallo. En ese orden de ideas, es preciso destacar que en la sentencia dictada por este juzgado se precisó lo siguiente: "Del análisis comparativo entre los agravios de apelación y lo resuelto por el Pleno Jurisdiccional responsable a través de la resolución reclamada, se advierte que éste realizó un estudio indebido en torno a las pretensiones planteadas por la autoridad apelante en el juicio de origen, pues si bien, a criterio del suscrito, realiza una síntesis correcta de las mismas, el estudio de fondo del asunto que realiza e incorrecto. Lo anterior se afirma, pues en relación al primero de los agravios de apelación, consistente en que la resolución interlocutoria reclamada carece de congruencia, pues la Sala Ordinaria omitió examinar todas las manifestaciones planteadas por la demandada en dicho recurso; la ahora autoridad responsable fue omisa en analizar si dicha afirmación resultaba fundada o no, aun cuando se trata de un planteamiento ambiguo y genérico. Es decir, el Pleno Jurisdiccional responsable debió constatar, en su caso, si la Sala Ordinaria al resolver el recurso de reclamación, atendió o no en su totalidad lo hecho valer por la reclamante, y de resultar cierta dicha afirmación, instruir al A quo a través de su sentencia, a subsanar la irregularidades detectadas, sin que de la resolución que constituye la materia de litis en el presente juicio, se advierta pronunciamiento alguno al respecto. Por otro lado, en torno al segundo de los agravios de apelación, consistente en que Sala de origen debió estudiar los requisitos de procedencia consignados en el artículo 73 de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, para poder conceder una suspensión con efectos restitutorios; se advierte que la autoridad aquí responsable, determinó que a través del fallo interlocutorio apelado, la A quo fue omisa en realizar un debido de los artículos 72 y 73 de dicho ordenamiento legal para poder deducir de forma correcta los requisitos que el demandante se encuentra obligado a cumplir en relación con la naturaleza del acto respecto del cual solicitó la medida cautelar. Hecho lo anterior, procedió a realizar un análisis oficioso de tales artículos, así como de las constancias aportadas por la actora en el juicio de origen a fin de acreditar su interés suspensional, llegando a la conclusión de que eran insuficientes para obtener la medida cautelar solicitada, razón por la que revocó la sentencia apelada, y ordenó modificar el acuerdo recurrido de catorce de junio de dos mil diecinueve, en donde se niegue la medida cautelar con efectos restitutorios. Lo anterior pone de relieve que el Pleno Jurisdiccional responsable, sin fundamento ni argumento alguno, realizó por cuenta propia un nuevo análisis respecto de los artículos 72 y 73 de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, así como de las pruebas que obran en el juicio de origen, a fin de determinar si el actor en el juicio acreditaba o no su interés suspensional, no obstante, a manera de antecedentes, ella misma destacó que el Magistrado Instructor estimó que se cumplían con los requisitos de los artículos 71, 72 y 73 de la Ley de la materia, lo cual reiteró la Sala Ordinaria a través de la interlocutoria apelada, por lo que ante tal premisa, debió analizar, en su caso, si la interpretación y aplicación realizada por el A quo fue correcta o no, pero ello a la luz de los agravios expresados en la apelación, pero no analizar de oficio de manera integral los alcances de dichos preceptos en relación con las pruebas aportadas en el juicio, puesto que ello implica actuar de forma supletoria en favor de la autoridad demandada, rompiendo el equilibrio procesal entre las partes, sin existir justificación legal. En ese tenor, las consideraciones que sustentan la resolución reclamada resultan incongruentes, ya que por un lado, el Pleno Jurisdiccional responsable asume que a través de la resolución apelada se reiteraron los fundamentos y motivos en que se sustentó la suspensión otorgada al actor en el juicio, y por otro, de motu proprio realiza una nuevo estudio respecto de los artículos 72 y 73 de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, así como de las pruebas que obran en el juicio de origen, a fin de determinar si el actor en el juicio acreditaba o no su interés suspensional. Aunado a que del tercer concepto de agravio, en el que la recurrente alega que la Sala Ordinaria, al confirmar la suspensión otorgada al actor en el juicio natural, contraviene disposiciones de orden público, pues pasa por alto que durante la visita de verificación realizada en el inmueble que defiende el quejoso, éste no exhibió el Dictamen de Estudio de Impacto Urbano de conformidad con el Certificado Único de Zonificación de Uso de Suelo folio 30927-15GOCE16, de fecha veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis, no obstante lo haya presentado al interponer el juicio de nulidad, pues debió exhibirlo en la diligencia respectiva, de tal forma que al no cumplir con lo solicitado en la visita de verificación, resultó procedente la sanción impuesta; se desprende que el único documento que refiere la apelante se valoró indebidamente, fue el citado Dictamen, en tanto que la hoy responsable analizó diversa documentación que obra en autos, perfeccionado con ello el planteamiento de apelación. Máxime que, la inconsistencia en torno a la superficie total del predio, así como a la superficie bajo nivel de banqueta que se indica en el Certificado Único de Zonificación de Uso de Suelo de veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis, con base en el que se concedió al inmueble visitado el Dictamen positivo de Estudio de Impacto Urbano de veintinueve de enero de dos mil dieciséis, a criterio del suscrito, no implica que el quejoso carezca de interés suspensional, pues su legalidad, en su caso, es materia de estudio del fondo del juicio natural. En ese contexto, es dable afirmar que el Pleno Jurisdiccional responsable, no obstante sintetizó adecuadamente los agravios de apelación, al momento de resolver el fondo de la litis, por un lado fue omiso en pronunciarse respecto del primer agravio planteado y de manera puntual por los dos restantes; y por otro, lo hizo sobre argumentos ajenos a lo efectivamente planteado, lo cual implica una suplencia de la queja en detrimento del actor en el juicio de origen, aunado a que no refiere a precepto legal alguno que le faculte a reasumir jurisdicción en el estudio del asunto en la forma en que lo hizo, rompiendo con ello el equilibrio procesal entre las partes. (.)" En ese contexto, y seguido el procedimiento de ejecución de sentencia, mediante oficio recibido en este juzgado el veintidós de abril de dos mil veintidós, registrado con el número de promoción 9251, la Secretaria General de Acuerdos II del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, remitió copia certificada de la resolución dictada por el Pleno Jurisdiccional del citado Tribunal el seis de abril de dos mil veintidós, en el recurso de apelación R.A.J. 132203/2019 de su índice, derivado del juicio de nulidad TJ/I-1716/2019, mediante el cual dicho Pleno dejó insubsistente la resolución pronunciada el diecisiete de septiembre de dos mil veinte, al resolver el recurso de apelación R.A.J. 132203/2019, y procedió a dictar una nueva en atención a los señalamientos realizados en la sentencia de amparo dictada por este juzgador. Lo anterior se estima así, toda vez que el Pleno responsable, emitió una nueva resolución en la que analizó la interpretación y aplicación realizada por el A quo respecto de los artículos 72 y 73 de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, a la luz de los agravios expresados en la apelación, llegando a la conclusión de que fue correcto que la primera instancia hubiere confirmado en el fallo interlocutorio apelado el otorgamiento de la suspensión con efectos restitutorios, pues contrario a lo aseverado por el recurrente, sí señaló los fundamentos y motivos en los que se apoyó tal decisión. Asimismo, precisó que el agravio de apelación consistente en que la resolución interlocutoria reclamada carece de congruencia, pues la Sala Ordinaria omitió examinar todas las manifestaciones planteadas por la demandada en dicho recurso es inoperante, dado que se trata de manifestaciones genéricas que no atacan los motivos y fundamentos legales en que se apoyó la determinación recurrida, ni las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que tomó en consideración la A quo al momento de la emisión de dicho fallo, pues no precisa que argumentos se dejaron de analizar o en base a que pruebas . Documental a la que se le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y con la cual se dio vista a la parte quejosa mediante auto de veinticinco de abril de dos mil veintidós, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera, lo cual realizó mediante el escrito de cuenta. En consecuencia, tomando en consideración lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado considera CUMPLIDA LA SENTENCIA dictada en el presente juicio constitucional, toda vez que se cumplió con los efectos para los cuales se concedió la protección constitucional, en razón de que el Pleno Jurisdiccional responsable dejó sin efectos la sentencia de diecisiete de septiembre de dos mil veinte, dictada en el recurso de apelación R.AJ. 132203/2019 y, con libertad de jurisdicción, dictó una nueva atendiendo a las consideraciones expuestas en la sentencia de amparo dictada por este juzgado el quince de junio de dos mil veintiuno; por tanto, este órgano jurisdiccional considera que no existe defecto ni exceso en el cumplimiento de la sentencia de amparo. En ese sentido, con fundamento en los artículos 192, 196 y 214 de la Ley de Amparo, SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA. Notifíquese y vía electrónica a la parte quejosa.

  4. Principal

    Ciudad de México, a veinticinco de abril de dos mil veintidós. Se tiene por recibido el oficio signado por la Secretaria General de Acuerdos II del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, por medio del cual, remite copia certificada de las constancias con las que aduce haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a sus autos para los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con copia del oficio de cuenta y anexo, se da vista a la parte quejosa en el presente juicio, para que dentro del plazo de TRES DÍAS, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste por escrito lo que a su derecho convenga, en relación con las manifestaciones que vierte la autoridad oficiante de haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de garantías, apercibida que en caso de no hacerlo así, este Juzgado de Distrito en el momento procesal oportuno, procederá a hacer el pronunciamiento respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, tomando en cuenta los elementos que obren en el expediente. Al respecto es aplicable la jurisprudencia número 2ª./J.26/2000, cuyo rubro es el siguiente: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). (No. Registro: 192,174, Novena Época, Instancia: Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XI, Marzo de 2000, Página: 243.) Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Juan de Dios García Munguía, quien autoriza. Doy fe.

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