Celerina Moreno Basilio
Expediente 1257/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1257/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 21/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Celerina Moreno Basilio
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, de la que se aprecia que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el proveído de siete de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 11 a 15); en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo promovida por Celerina Moreno Basilio por propio derecho ha causado estado. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina: De acuerdo, con el supuesto que prevé el punto vigésimo primero, fracción I del citado acuerdo, el cuaderno de antecedentes transcurridos cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, será DESTRUIDO, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal concluyó el presente asunto. En términos de los puntos 11, párrafo segundo, 20 y 21 del señalado Acuerdo General Conjunto, este expediente no es de relevancia documental, jurídica ni histórica, por lo cual así deberá asentarse en la carátula del presente juicio, tampoco obran documentos originales que devolver a las partes, de acuerdo con la certificación que antecede. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Vista la demanda presentada por Celerina Moreno Basilio por propio derecho contra actos del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tlapa de Comonfort Guerrero. Ahora bien, analizada la demanda de mérito en su integridad, resulta que la misma es improcedente respecto del acto reclamado al Ayuntamiento de Tlapa de Comonfort Guerrero, de conformidad con los artículos 1, 5, fracción II, primer párrafo y 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, que en su orden disponen: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. [.] "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." En efecto de la demanda de amparo se aprecia que el acto reclamado a dicha autoridad consiste en la omisión de cumplir con la condena impuesta mediante el laudo dictado el catorce de noviembre de dos mil doce, en el juicio laboral 69/2009, por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad capital. De esta manera, la definición de que se trata ha quedado a cargo de los Tribunales Federales, especialmente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de máximo intérprete de la Constitución General de la República y que al respecto existe publicado en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación criterio en el sentido de que el concepto de autoridad sólo comprende a quienes disponen de la fuerza pública, en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejercen actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen. En efecto, se encuentra aplicación la jurisprudencia 2a./J.164/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 161133, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 1089, materia común, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." La jurisprudencia resulta aplicable, no obstante de referirse a la Ley de Amparo anterior, porque no se contrapone al sentido de la Ley de Amparo actual, en términos del artículo Sexto transitorio, del decreto por el que se expide la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. Sentado lo anterior, cabe decir que el término "autoridades" para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública, en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar, no como simples particulares, sino como individuos que ejercen actos públicos, por el hecho mismo de ser pública la fuerza de que disponen; y bajo ese concepto, debe entenderse que el amparo procede, no solamente contra autoridades legítimamente constituidas, sino también contra meras autoridades de facto, por más que se les suponga usurpadoras de atribuciones que legalmente no les correspondan. De esta manera, los Tribunales del Poder Judicial de la Federación han venido sosteniendo que la autoridad para efectos del juicio de amparo debe ser un órgano del Estado, sea persona o funcionario, o bien, entidad o cuerpo colegiado, que por circunstancias de derecho o de hecho dispongan de la fuerza pública y estén en posibilidad, por ello, de ejercer actos públicos, esto es, en ejercicio del poder de imperio; pues este criterio actualmente ha cambiado y debe ajustarse al momento que actualmente se vive, en el que la organización y las funciones del estado han resentido cambios sustanciales que permiten conceptuar a la autoridad con independencia de que pueda o no hacer uso directo de la fuerza pública, sin embargo para determinar si a quien se atribuye el acto reclamado es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atenderse a la norma legal que lo rige y examinar la naturaleza del acto reclamado. De lo anteriormente narrado, se advierte que el acto que se le reclama al Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tlapa de Comonfort Guerrero no tiene la naturaleza de acto de autoridad; toda vez que los integrantes de la municipalidad en comento no puede considerarse como autoridad para los efectos del juicio de amparo, ya que su emisión o no de actos, en el sentido de no atender requerimientos del tribunal laboral, no obliga o vincula de manera directa a la autoridad administrativa contra la cual se dirige la aquí quejosa . Esto es así, dado que del acto que reclama la quejosa, por sí mismo, no puede crear, modificar o extinguir una situación jurídica concreta que beneficie o perjudique a los particulares aquí quejosos en su esfera de legalidad, porque la omisión de pagar el importe de la condena a que se refiere al laudo, en todo caso, no se encuentra dirigida de manera directa a la quejosa para que pueda estimarse que le causa un agravio personal y directo en su esfera jurídica de derechos; circunstancias necesarias para estimar que ese acto u omisión, es de aquellos considerado como "actos de autoridad"; sino que el mismo está dirigido al tribunal laboral que dictó precisamente el laudo. Por consiguiente, el Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tlapa de Comonfort Guerrero, no tienen el carácter de autoridad para los efectos del juicio de amparo, ya que en el caso concreto, su acto carece de la imperatividad y coercitividad que caracteriza a todo acto de autoridad, pues en el caso específico solamente ejercen facultades propias de la administración del organismo para el desempeño de sus funciones, pero ninguna de esas facultades permiten en el caso a dichas autoridades, incurrir con carácter imperativo y coercitivo en la esfera jurídica particular de la impetrante del amparo, porque dichos actos de contumacia son relativos aún procedimiento donde dicha autoridad forma parte demandada, y en todo caso, el propio tribunal laboral tiene a su alcance los mecanismos legales para hacer valer sus determinaciones al igual que la propia actora aquí quejosa tienen la vía expedita para instar al tribunal laboral para que por los medios legales en el caso venzan dicha contumacia en que ha incurrido la autoridad que señala como responsable para cumplir cabalmente con el laudo dictado en el juicio laboral de origen. Aunado a lo anterior, se cita como hechos notorios los criterios sustentados por el Primero, Segundo y Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, en las ejecutorias dictadas en los recursos de queja laboral 71/2017, 11/2018, 51/2017 y 100/2018, derivadas de los diversos juicios de amparo 330/2017, 1172/2017, 200/2017 y 349/2018del índice de este juzgado federal, siendo el ultimo testimonio de once de abril de dos mil dieciocho respectivamente, en los que se declararon infundados los recursos interpuestos contra el desechamiento de la demanda de amparo por cuanto hace a los Ayuntamientos,dado que se estimó no tienen la calidad de autoridad responsable para el juicio de amparo. En las narradas circunstancias, al establecerse que el acto impugnado al Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tlapa de Comonfort Guerrero, no es un acto de autoridad; por tanto, se surte en la especie la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 1°, fracción I, 5, fracción II, primer párrafo de la Ley de Amparo, lo que obliga a desechar la demanda propuesta contra dicho acto y la autoridad responsable señalada en párrafos precedentes, por su notoria improcedencia, con fundamento en el precitado artículo 113 de la Ley de Amparo No constituye obstáculo a lo anterior, ni se desconoce el criterio jurisprudencial de la Décima Época; 2ª Sala, S. J. F. y su Gaceta, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 2, Pagina 894, de rubro: "DEPENDENCIAS PÚBLICAS Y SUS AUXILIARES, DEMANDADAS ANTE UN TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SON AUTORIDADES RESPONSABLES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE CONTRAVIERTE EL CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA DE NULIDAD". Dado que, tomando en consideración que las notas distintivas del acto de autoridad es la existencia del plano de supra a subordinación, ya que en este tipo de relación, el gobernado como titular de derechos, tiene la facultad de controvertir los actos unilaterales de aquella; de ahí para que se pueda imputar una violación al ente municipal a esos derechos, es necesario que exista ese plano (supra a subordinación) y no uno de coordinación, caso en el que el Municipio actúa como particular en un plano de igualdad frente al gobernado. Consecuentemente, como el ayuntamiento demandado no actúa en un esquema de supra a subordinación (como condición para la categorización de un acto de autoridad) si no en todo momento dentro de una relación laboral con la particular actora aquí quejosa, el incumplimiento por parte del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tlapa de Comonfort Guerrero a un laudo dictado en su contra, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, en términos del artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo; pues su participación se encuentra supeditada a los requerimientos realizados por el tribunal laboral como ya se precisó anteriormente. Por igualdad de razón, es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 79/2014, localizable en la página 699 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo II, Agosto de 2014, que es del tenor siguiente: "AYUNTAMIENTOS DE QUINTANA ROO Y YUCATÁN. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA, NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO." DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica el quejoso en su escrito de demanda; y, dado que se trata de un juicio de amparo en materia laboral, donde el peticionario no es la parte patronal, se tienen como sus autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que indica.
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