Celerina Moreno Basilio
Expediente 894/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de agosto de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 894/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 18/08/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Celerina Moreno Basilio
Actuaciones
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, dieciocho de agosto de dos mil dieciséis. Visto lo de cuenta, se aprecia que ha fenecido el término que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de tres de agosto de dos mil dieciséis (fojas 12 a 15), mediante el cual se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al juicio en que se actúa, se declara que dicho auto ha causado estado. Por ello, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se determina: De acuerdo con el punto vigésimo primero, fracción II, del citado acuerdo, el expediente principal transcurrido cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, se DESTRUIRÁ en su totalidad. En términos de los punto 11, párrafo segundo, 20 y 21 del citado Acuerdo General Conjunto, este expediente no es de relevancia documental histórica ni jurídica.
- Principal
Vista la demanda presentada por Celerina Moreno Basilio, por conducto de su apoderado legal Lauro Hernández Ríos, personalidad que se le reconoce en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo, con la documental que anexa. Regístrese en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este órgano jurisdiccional, bajo el número 894/2016 y fórmese expediente. Ahora bien, analizada la demanda de amparo en su integridad, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo en vigor, procede desechar la misma por ser notoriamente improcedente; precepto que establece: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza al suscrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Por tanto, a criterio de este Juzgado de Distrito, se aprecia que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el 5°, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, los cuales establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.) "Artículo 5o.- Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derecho en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En efecto, la demanda de amparo es improcedente toda vez que el promovente señala como autoridad responsable al Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tlapa de Comonfort, Guerrero, al que le atribuye la omisión en dictar las medidas de apremio para lograr la ejecución del laudo dictado en el juicio laboral 69/2009, en los plazos y términos fijados por la ley que rige el acto reclamado. Ante tal evento se estima necesario formular algunas reflexiones en torno al contenido del término de "autoridad", para los efectos del juicio de amparo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de máximo intérprete de la Constitución General de la República y que al respecto existe publicado en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación criterio en el sentido de que el concepto de autoridad sólo comprende a quienes disponen de la fuerza pública, en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejercen actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen. Encuentra aplicación la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, Página: 1089, Materia: Común, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Así también, es conveniente mencionar que en el procedimiento de ejecución en un juicio laboral, el ayuntamiento demandado no actúa con el carácter de autoridad, sino que se asemeja a un particular (patrón), cuando en su contra se dicta un laudo que deba de cumplir obligatoriamente a través de la vía ordinaria instituida por la ley, razón por la cual no puede asignarse el carácter de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo. En ese contexto, se advierte que el acto que se le reclama al Ayuntamiento Constitucional de Tlapa de Comonfort, Guerrero, no tiene la naturaleza de acto de autoridad; toda vez que no puede considerarse como autoridad para los efectos del juicio de amparo, ya que por una parte figura como demandado en el juicio laboral, por lo que en todo momento actúa en una relación jurídica de coordinación con el actor; y por otra parte, cuando en la etapa de ejecución, el Estado, en su calidad de patrón, se niega a acatar el laudo condenatorio dictado en el juicio correspondiente, las leyes del trabajo aplicables otorgan al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje una amplia gama de instrumentos legales para lograr el cumplimiento de los laudos que emite. En sustento a lo anterior se cita la jurisprudencia número I.4o.(I Región) J/1 (10a.) publicada en la página 1511, del Libro XXIII, Agosto de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "AUTORIDAD DEMANDADA EN EL JUICIO BUROCRÁTICO. LA OMISIÓN DE CUMPLIR UN LAUDO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DERIVADO DE UN JUICIO LABORAL EN EL QUE COMPARECIÓ COMO PATRÓN, NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. La autoridad que en el juicio laboral en el que figuró como parte, en todo momento actúa en una relación jurídica de coordinación con el actor, esto es, en un plano de igualdad y bilateralidad, incluso durante la etapa de ejecución, pues cuando el Estado, en su calidad de patrón, se niega a acatar el laudo condenatorio dictado en el juicio correspondiente, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado confiere al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje una amplia gama de instrumentos legales para lograr el cumplimiento de los laudos que emite, acorde con la jurisprudencia 2a./J. 133/2008, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVIII, septiembre de 2008, página 227, de rubro: "LAUDOS. ADEMÁS DE LA IMPOSICIÓN DE LA MULTA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 148 DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE CUENTA CON UNA AMPLIA GAMA DE INSTRUMENTOS LEGALES PARA LOGRAR SU EJECUCIÓN.", por lo que dicha omisión no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo."De igual manera encuentra sustento, en la tesis aislada con clave de control interna TCA142LA.10LA004.1 y clave de identificación XIV.T.A2.L. (10ª) que establece: "MUNICIPIOS DEL ESTADO DE YUCATÁN CUANDO SE LES ATRIBUYE QUE OMITIERON CUMPLIR UN LAUDO CONDENATORIO DICTADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE COMPARECIERON EN SU CALIDAD DE PATRONES, NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDADES RESPONSABLES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO (INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2ª/J. 85/2011)." Por tanto, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia antes analizada, lo que procede es desechar de plano la demanda en estudio, atento a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda; y como sus autorizados en términos precisados a las personas que refiere.
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