Cecilio Ramon Razo Acosta
Expediente 772/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 772/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 09/10/2023
Partes del expediente
- Cecilio Ramon Razo Acosta
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Tijuana, Baja California, a nueve de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, se obtiene que a la fecha transcurrió el plazo de tres días hábiles concedido a la parte quejosa en auto de veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, para que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación con lo informado por parte de la autoridad responsable; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede resolver sobre el cumplimiento al fallo protector con base en los elementos que obran en el expediente. Mediante sentencia dictada el seis de septiembre de dos mil veintitrés, se concedió el amparo y la protección de la justicia federal a la parte quejosa, en los siguientes términos: "Séptimo. Precisión de los efectos de la concesión del amparo. Como se anticipó, con fundamento en el párrafo cuarto del artículo 77 de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para el efecto de que la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje de la Local de Conciliación y Arbitraje de Tijuana: 1. De inmediato, el fedatario responsable nuevamente se traslade al domicilio proporcionado para llevar a cabo el emplazamiento de la parte demandada y practique la diligencia encomendada, con la anticipación que establece el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo. 2. En el entendido de que, en el caso de que, una vez que se encuentre en dicho lugar, no le sea posible llevar a cabo la notificación respectiva, con la misma prontitud, deberá levantar la constancia en la que exponga de manera pormenorizada las circunstancias que le impidieron practicar la diligencia. En el entendido de que se deberán realizar todas las gestiones necesarias para lograr la localización de la parte demandada ********************, así como quien resulte responsable o propietario de la fuente de trabajo, haciendo uso de los medios de apremio previstos en la legislación laboral para lograr que se cumplan sus determinaciones en los términos y plazos previstos en la ley. (.)." Al no haber sido recurrida dicha sentencia, por auto de veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, causó ejecutoria. Asimismo, en esa misma fecha, se recibió oficio por parte de la autoridad responsable Junta Especial Número 3 de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, por el cual informó que la parte quejosa se desistió de su acción y demanda en los autos del expediente ********************/********************-********************, de su índice, respecto de lo cual, la indicada responsable acordó: "Téngase a la parte actora por desistiéndose lisa y llanamente de la acción demandada intentada en contra de todos y cada uno de los demandados en el presente juicio de manera verbal y directa, en forma y términos que han quedado asentados en la presente comparecencia y para los efectos legales a los que haya lugar, por lo que previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.". Constancias con las que se ordenó darle vista al quejoso para que dentro del plazo de tres días, legalmente computado, manifestara lo que a su interés convenga, sin que haya realizado manifestación alguna. Por lo anterior, se considera de imposible cumplimiento el fallo protector en el asunto que nos ocupa, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo; sin perjuicio de que las partes intenten el medio de impugnación correspondiente. Háganse las anotaciones correspondientes. Con fundamento en el artículo 202 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por el plazo de quince días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, para que manifiesten lo que a su interés convenga, en el entendido que, de no realizar manifestación alguna, se tendrá por precluido el derecho y se acordará lo que en derecho corresponda. Notifíquese personalmente.
- Principal
Tijuana, Baja California, a veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación secretarial de cuenta que no se interpuso por parte legitimada recurso de revisión, dentro del plazo legal, en contra de la sentencia dictada; con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la aludida sentencia ha causado ejecutoria; dese aviso a las autoridades responsables y háganse las anotaciones correspondientes. Por otra parte, glósese a los autos el oficio de cuenta y anexo que acompaña, remitido por la autoridad señalada como responsable Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad, mediante el cual informa que la parte quejosa se desistió de su acción y demanda en los autos del expediente 806/2022-3D, de su índice. Con el contenido de dichas constancias, dese vista a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días, legalmente computado, manifieste lo que a su interés convenga. Por tanto, se estima innecesario requerir a la autoridad responsable dé cumplimiento a la sentencia dictada en este asunto. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
VISTOS los autos del expediente 772/2023-E, a fin de resolver en sentencia lo relativo al juicio de amparo promovido por ********************, por conducto de su apoderada ********************, contra actos de la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en esta ciudad y de otra autoridad. R E S U L T A N D O: Primero. Demanda de amparo. El seis de julio de dos mil veintitrés, fue recibida en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad y turnada el mismo día a este Juzgado de Distrito, la demanda de amparo promovida por ********************, por conducto de su apoderada ********************, en la cual solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades que a continuación se mencionan: Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en esta ciudad. Actuario de la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en esta ciudad. De igual forma, mencionó como actos reclamados los siguientes: ¨[.] IV.- ACTO RECLAMADO.- De la autoridad señalada como ordenadora se reclama la omisión de continuar con la secuela procesal, en la etapa de ordenar el emplazamiento a la parte demandada por conducto del actuario [.]". Segundo. Admisión de demanda y trámite del juicio. En proveído de diez de julio de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda y se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete; además, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, sin que exista tercero interesado, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede, turnándose los autos para dictar la sentencia que conforme a derecho proceda. C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 103 fracción I, Constitucional, 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y los artículos 1º, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, así como Conforme al Acuerdo General número 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; y al Acuerdo General 13/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de octubre de dos mil diecinueve; en razón que del estudio integral de la demanda, se advierte que el acto reclamado puede traer ejecución en territorio donde este órgano jurisdiccional ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación del acto reclamado. Previo a verificar la certeza de los actos reclamados, conforme a lo previsto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, a fin de estar en posibilidad de resolver la litis efectivamente planteada y determinar lo que la parte quejosa dijo o quiso decir, es preciso señalar que de una lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que se reclama lo siguiente: La falta de emplazamiento de la parte demandada en el juicio laboral ********************. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia del tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como la tesis del propio tribunal con título: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA LA FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". Tercero. Certeza del acto reclamado. Las autoridades responsables Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en esta ciudad y Actuario adscrito, al rendir su informe justificado, reconocieron la existencia del acto reclamado. Lo que además se corrobora con las constancias que le fueron requeridas a la Junta responsable, relativas al juicio laboral ********************, de las cuales se advierte su existencia. Medio de convicción, al cual se le otorga valor probatorio pleno, al tener naturaleza jurídica de prueba documental pública, la cual se tiene por desahogada sin necesidad de celebración de audiencia especial, en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2°. Cuarto. Procedencia del juicio de amparo. De conformidad con el numeral 62 de la Ley de Amparo, al no advertirse la actualización de alguna de ellas, ni las partes lo hacen valer, procede analizar el fondo del presente asunto. Quinto. Examen de los conceptos de violación. Por otra parte, en el concepto de violación planteado por la solicitante del amparo, sostiene en lo medular, que la autoridad responsable vulnera en su perjuicio el derecho inmerso en el artículo 17 de la Constitución Federal, a que se le administre justicia en forma pronta y expedita, dentro de los plazos y términos que las leyes establecen, en el caso concreto, la Ley Federal del Trabajo. Pues en esencia, la inconforme reclama que la Junta responsable vulnera en su perjuicio el derecho de impartición de justicia pronta y expedita, debido a que hasta el día de la presentación de la demanda de amparo, ha omitido emplazar a la parte demandada. Lo anterior genera el evidente retraso en la impartición de justicia, y vulnera los derechos fundamentales de la parte quejosa, previstos en el artículo 17 Constitucional, en específico, el acceso efectivo a la justicia en su vertiente de justicia pronta y expedita, el cual dispone lo siguiente: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. [.]". El precepto en análisis tutela el derecho a la seguridad jurídica, en lo atinente, establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial y gratuita. Estos cuatro atributos del derecho concerniente a la administración de justicia, han sido interpretados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la jurisprudencia L/2002, de rubro: "ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES." De estos atributos, resulta útil para resolver el asunto que nos ocupa, es el referido a la justicia pronta, el cual consiste en la obligación de las autoridades encargadas de impartirla, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes. La prontitud comprende tanto el desarrollo del trámite o procedimiento, como el pronunciamiento de la resolución respectiva a través de la cual se dirima la controversia. Estos principios generales, aplicados a la materia específica, deben entenderse referidos al juicio administrativo y a la sentencia. También se destaca que tratándose de términos y plazos existe una remisión de la Norma Fundamental a las leyes, las cuales deben regular los procedimientos conforme a mecanismos expeditos y eficaces, como lo establece la jurisprudencia 113/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL." Ahora, dado que la parte quejosa se duele de la omisión de practicar el emplazamiento de la parte demandada en el juicio laboral ********************, es pertinente citar el artículo 750 de la Ley Federal del Trabajo que establece el plazo en el que debe llevarse a cabo dicha notificación y que es del tenor siguiente "Artículo 750. Las notificaciones, citaciones o emplazamientos deberán realizarse dentro de los cinco días siguientes a su fecha, salvo cuando expresamente en la resolución o en la Ley exista disposición en contrario." Como se ve, el numeral reproducido establece, en lo que al caso atañe, que los emplazamientos deben realizarse dentro de los cinco días siguientes a la fecha en que se ordenen, salvo que exista una disposiciones legal o jurisdiccional expresa que determine lo contrario. Luego, de las constancias que obran en autos se desprende lo siguiente: - El veintidós de febrero de dos mil veintidós se ordenó llevar a cabo el emplazamiento de los demandados ******************** y quien resulte responsable de la fuente de trabajo. - Posteriormente, el dieciséis de agosto de dos mil veintidós, se ordenó de nuevo el emplazamiento de la parte demandada. - Después, el tres de octubre de dos mil veintidós, el actuario responsable hizo constar la imposibilidad para realizar la diligencia de emplazamiento mencionada. - El nueve de noviembre de dos mil veintidós, ante la inasistencia de la parte demandada, se difirió nuevamente la audiencia laboral, y se ordenó realizar el emplazamiento respectivo. - El Actuario responsable, en diligencia de tres de febrero de dos mil veintitrés, hizo constar de nueva cuenta la imposibilidad para emplazar a los aludidos demandados. - En las actas de audiencia levantadas el veintidós de febrero, ocho de mayo y cinco de julio, todos de dos mil veintitrés, se hizo constar la incomparecencia de la parte demandada, al no haber sido emplazada a juicio, sin que obre constancias de las que se obtenga que, en cumplimiento a lo ordenado en dichos acuerdos, el Actuario responsable se trasladara al domicilio proporcionado para practicar el emplazamiento ordenado en autos del juicio laboral ni que la junta responsable proveyera alguna actuación al respecto. Precisado lo anterior, en factible establecer que existe dilación en el emplazamiento de la parte demandada, no obstante que, al menos, desde el veintidós de febrero y ocho de mayo, ambos de dos mil veintitrés, se ordenara nuevamente que se practicara el emplazamiento de la parte demandada en el juicio de origen, con las formalidades de ley; sin embargo, no se advierte que a la data de la presentación de la demanda de derechos fundamentales (seis de julio de dos mil veintitrés) obre constancia de que tales notificaciones hayan sido realizadas; máxime que obra diversa acta de audiencia de cinco de julio de este año, donde nuevamente se ordenó realizar el emplazamiento de que se trata. Por ende, es inconcuso que ha transcurrido en exceso el plazo de cinco días previsto en el artículo 750 de la Ley Federal del Trabajo para que se realice el emplazamiento ordenado desde el veintidós de febrero de dos mil veintidós, circunstancia que se traduce en una evidente violación al derecho de impartición de justicia pronta, previsto en el artículo 17 constitucional, pues ello ha ocasionado que por más de un año no se desahogue la audiencia de conciliación, demanda y excepciones; de ahí, lo fundado del argumento relativo. Por lo que procede es conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados. Sexto. Precisión de los efectos de la concesión del amparo. Como se anticipó, con fundamento en el párrafo cuarto del artículo 77 de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para el efecto de que la autoridad responsable, Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje de la Local de Conciliación y Arbitraje de Tijuana, vigile que: 1. De inmediato, el fedatario responsable nuevamente se traslade al domicilio proporcionado para llevar a cabo el emplazamiento de la parte demandada y practique la diligencia encomendada, con la anticipación que establece el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo. 2. En el entendido de que, en el caso de que, una vez que se encuentre en dicho lugar, no le sea posible llevar a cabo la notificación respectiva, con la misma prontitud, deberá levantar la constancia en la que exponga de manera pormenorizada las circunstancias que le impidieron practicar la diligencia. 3. En el entendido que de no lograrse la localización de las demandadas, la junta laboral deberá realizar todas las gestiones legales necesarias para lograr el emplazamiento de la parte demandada, ********************, así como de quien resulte responsable o propietario de la fuente de trabajo, haciendo uso de los medios de apremio previstos en la legislación laboral para lograr que se cumplan sus determinaciones en los términos y plazos previstos en la ley. Séptimo. Transparencia. Considerando que las partes en el presente juicio constitucional no se opusieron de manera expresa a que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación de la sentencia respectiva sin supresión de datos, es que, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, con supresión de datos. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 75 y 76 de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se R E S U E L V E: Primero. La Justicia Federal ampara y protege a ********************, contra los actos reclamados a la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en esta ciudad y Actuario de su adscripción, por las razones expresadas en el considerando quinto, y para los efectos que se establecen en el sexto considerando del presente fallo. Segundo. Publíquese esta sentencia con supresión de datos, en términos de su último considerando. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, a ocho de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales, el informe justificado rendido por las autoridades responsables; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, déjese a la vista de las partes por un término de ocho días, para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés legal convenga. Por otra parte, con fundamento en los numerales 119 y 123, ambos de la ley de la materia, se tiene por anunciada la prueba documental remitida por las responsables, sin perjuicio de relacionarla nuevamente al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Asimismo, se les tiene proporcionando una cuenta de correo electrónico institucional y número de teléfono, a fin de que se establezca el contacto respectivo en los casos que este órgano jurisdiccional estime necesarios. En consecuencia, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy y se fija como nueva fecha para su celebración las diez horas del seis de septiembre de dos mil veintitrés. Notifíquese.
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