Catarino Buelna Castro

Expediente 36/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 18 actuaciones registradas, la última del 19 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
36/2019
Año
2019
Actuaciones
18
Última actuación
19/12/2019

Partes del expediente

  • Catarino Buelna Castro
  • Juez Primero de lo Penal del Partido Judicial de Tijuana

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 36/2019, promovido por Catarino Buelna Castro, contra actos del Juez Primero de lo Penal del Partido Judicial de Tijuana y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: Primero. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito presentado el veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, en esta ciudad, que por razón de turno correspondió conocer a este Juzgado, por propio derecho Catarino Buelna Castro, promovió la demanda de amparo por los actos y autoridades que señaló en su escrito inicial. Segundo. Admisión y trámite. Este órgano jurisdiccional en proveído de veintinueve de octubre de dos mil diecinueve (fojas 15 a 18), ordenó la formación del expediente impreso bajo el registro número 36/2019-E; admitió la demanda de amparo; solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados; dio la intervención que en derecho corresponde al agente del Ministerio Público adscrito a este órgano jurisdiccional; y, señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual se verificó al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, es legalmente competente para resolver el juicio de amparo en que se actúa, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; numerales 1, fracción I, 2, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; precepto 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Acuerdos Generales 3/2013 y 13/2019 emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Segundo. Fijación del acto reclamado. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Para lo cual, es preciso efectuar un análisis conjunto de la demanda, por ser un todo considerado, en términos de la tesis P.VI/2004, registro 181810, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIX, abril de 2004, Novena Época, página 255; cuyo rubro y texto, son del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". De igual forma se cita la jurisprudencia P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En ese sentido, del análisis de la demanda de amparo y de las constancias que obran en el expediente, se advierte que la parte quejosa señaló como autoridad responsable y acto reclamado lo siguiente: La orden de aprehensión, presentación o detención. Autoridades a las que les reclama: Juez Primero de lo Penal del Partido Judicial de Tijuana ; Juez Segundo de lo Penal del Partido Judicial de Tijuana; Juez Tercero de lo Penal del Partido Judicial de Tijuana; Juez Cuarto de lo Penal del Partido Judicial de Tijuana; Juez Quinto de lo Penal del Partido Judicial de Tijuana; Juez Sexto de lo Penal del Partido Judicial de Tijuana; Jueces de Control de Primera Instancia de lo Penal del Partido Judicial de Tijuana; Procurador General de Justicia para el Estado de Baja California, con sede en Mexicali; Comandante de la Policía Ministerial del Estado de Baja California, con sede en Tijuana; Jefe del Grupo de Aprehensiones de la Policía Ministerial, con sede en Tijuana; Agente del Ministerio Público del Fuero Común Titular de la Unidad Orgánica de Delitos Patrimoniales, con sede en Tijuana; Comandante Operativo de la Policía y Tránsito Municipal del Ayuntamiento de Tijuana. Tercero. Inexistencia del acto reclamado. Conforme a lo previsto en el artículo 75, de la Ley de la materia, y la técnica que rige en el juicio de amparo, lo procedente ahora es determinar la certeza o inexistencia de los actos reclamados. Por su aplicación, es de citarse la Jurisprudencia XVII.2º. J/10, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo 76, abril de mil novecientos noventa y cuatro, página 68, registró 212775, de rubro "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." En ese tenor de ideas, no es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables, toda vez, que así lo manifestaron al rendir los informes justificados que se les requirió; sin que en el caso, el quejoso haya aportado medio de prueba alguno, tendente a desvirtuar la negativa de dicho acto. Es aplicable a lo anterior, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV (febrero de 2002), visible en la página 903, que establece: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." Apoya lo anterior, la tesis número IX.1o.83 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable en la página 1714, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, septiembre de 2004, Materia Común, Novena Época, al tenor del rubro y contenido que se textualmente dice: "ACTO RECLAMADO. EL SOLO DICHO DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD NO DEMUESTRA SU EXISTENCIA. Ninguna eficacia probatoria tiene, para demostrar la existencia del acto reclamado, la circunstancia de que se promueva el juicio de amparo y que bajo protesta de decir verdad se exprese en la demanda que son ciertos los actos reclamados, pues ello no desvirtúa su negativa por parte de las autoridades responsables." En tales circunstancias, ante la inexistencia del acto reclamado, sin que la parte quejosa ofreciera prueba alguna que desvirtuara dichas negativas, DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO DE AMPARO, por actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo. Ello tiene sustento también, en la Jurisprudencia VI. 2o. J/20, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, julio a diciembre de 1989, foja 627, cuyo rubro y texto señalan: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." Cuarto. Considerando que las partes en el presente juicio constitucional no se opusieron de manera expresa a que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación de la sentencia respectiva sin supresión de datos, es que, en cumplimento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, con supresión de datos. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 63, 65, 73, 74, 75, 124 y 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: Primero. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Catarino Buelna Castro, contra el acto precisado en el considerando segundo; y, por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta sentencia. Segundo. Publíquese esta sentencia con supresión de datos, en términos de su último considerando. Notifíquese.

  2. Principal

    Visto el estado procesal de los autos, se advierte que en proveído de veintiséis de noviembre del presente año (foja 125), se dio vista a las partes con el informe rendido por el Fiscal Central de la Fiscalía General del Estado de Baja California, con sede en Mexicali, Baja California, y considerando que no ha transcurrido el término de ocho días que establece el párrafo segundo del artículo 117 de la Ley de Amparo; la audiencia constitucional que debería tener verificativo el día de hoy, se difiere, señalando como nueva fecha para su celebración las diez horas con cinco minutos del diecinueve de diciembre de dos mil veinte. Notifíquese.

  3. Incidental

    Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 144 y 146 de la Ley de Amparo, se resuelve: RESUELVE: ÚNICO. Se niega a Catarino Buelna Castro, la suspensión definitiva de los actos reclamados al Fiscal Central de la Fiscalía General del Estado de Baja California, con sede en Mexicali, (inicialmente llamado Procurador General de Justicia para el Estado de Baja California), por las razones precisadas en el considerando segundo de esta resolución. Notifíquese.

  4. Incidental

    Agréguese al presente expediente, el oficio signado por el Fiscal Central de la Fiscalía General del Estado de Baja California, con sede en Mexicali, Baja California; atento a ello, con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo se tiene por rendido el informe que le fue requerido; con el contenido del mismo dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho legal convenga. Notifíquese.

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