Cecilio Monzón Aguilar
Expediente 1558/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1558/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 18/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Cecilio Monzón Aguilar
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos y desprendiéndose de la certificación secretarial que antecede, de la cual se advierte que no se recurrió el auto de seis de diciembre de dos mil veintiuno, dentro del término de cinco días que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo según lo refiere el artículo 2, se declara que, HA CAUSADO ESTADO la determinación por la cual se desechó de plano por improcedente la demanda de amparo promovida por ***, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como concluido. En cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 01/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgado de Distrito, se determina que el presente expediente carece de relevancia documental, por lo que el cuaderno principal es destruible. Notifíquese.
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo, a seis de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por Cecilio Monzon Aguilar, contra actos que reclama de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y otras autoridades. REGISTRO DEL EXPEDIENTE Fórmese expediente y regístrese con el número 1558/2021, del índice de este juzgado federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E-. De la demanda se advierte que la parte quejosa reclama: 1. La confiscación, desposesión, retención, privación ilegal, despojo, embargo, decomiso, cobro, traspaso o cargo ilegal de las cantidades contenidas en su cuenta bancaria, así como la futura e inminente confiscación o traspaso de los depósitos bancarios. 2. la aplicación inconstitucional del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito en relación con la 72° y 73° de las disposiciones de Carácter General a que se refiere el citado artículo, a través de la emisión del oficio 110/F/B/12396/2021, por el cual se incluyó al quejoso en la lista de personas bloqueadas. 3. En consecuencia la inclusión del quejoso en la lista de personas bloqueadas. 4. La falta de notificación del inicio y trámite del procedimiento administrativo en contra del quejoso, de lo cual derivó la emisión del oficio 110/F/B/12396/2021. 5. La omisión y negativa de notificarle al quejoso el oficio 110/F/B/12396/2021. DETERMINACIÓN JUDICIAL I. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, de oficio se analiza la procedencia del juicio que se intenta. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del artículo transcrito se advierte que la juzgadora de amparo tiene la obligación de analizar la demanda y si encontrare un motivo de improcedencia, debe desecharla de plano; pues las causales deben estudiarse de oficio por ser una cuestión de orden público de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 814, visible en la página 553; tomo VI, Parte Tribunales Colegiados de Circuito, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, cuyo rubro es: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO." II. De la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que quien ahora resuelve analizar el acto reclamado el cual consiste en: 1. La confiscación, desposesión, retención, privación ilegal, despojo, embargo, decomiso, cobro, traspaso o cargo ilegal de las cantidades contenidas en su cuenta bancaria, así como la futura e inminente confiscación o traspaso de los depósitos bancarios. 2. la aplicación inconstitucional del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito en relación con la 72° y 73° de las disposiciones de Carácter General a que se refiere el citado artículo, a través de la emisión del oficio 110/F/B/12396/2021, por el cual se incluyó al quejoso en la lista de personas bloqueadas. 3. En consecuencia la inclusión del quejoso en la lista de personas bloqueadas. 4. La falta de notificación del inicio y trámite del procedimiento administrativo en contra del quejoso, de lo cual derivó la emisión del oficio 110/F/B/12396/2021. 5. La omisión y negativa de notificarle al quejoso el oficio 110/F/B/12396/2021. III. El juicio de amparo es improcedente en contra de la resolución que da lugar al procedimiento a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito emitida por la Unidad de Inteligencia Financiera, para decidir si se elimina a un particular de la lista de personas bloqueada; en virtud de que no se agotó el principio de definitividad, lo cual actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.).". Del citado ordinal 61, fracción XX, de la Ley de Amparo se advierte que los elementos integradores de la causa de improcedencia en comento, son los siguientes: El acto reclamado debe emanar de autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Ese acto reclamado debe ser revisado de oficio o proceda en su contra algún recurso o medio de defensa legal. Mediante dicha revisión oficiosa, recurso o medio de defensa, el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o nulificado. Que conforme a las leyes que rijan el acto reclamado, se suspenda su ejecución mediante la interposición del recurso o medio de defensa en comento. Que para concederse dicha medida cautelar no se exijan mayores requisitos que los que impone la Ley de Amparo para la suspensión definitiva, independientemente de que el acto reclamado, considerado en sí mismo sea o no susceptible de ser suspendido acorde a la ley reglamentaria de la materia; y Que el acto reclamado no carezca de fundamentación. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la locución "leyes que los rijan", debe entenderse como todos aquellos ordenamientos legales, que guardan relación con los actos reclamados, ya sea por haber establecido su nacimiento o instauración, su regulación, efectos, o bien, sus formas de impugnación, en el entendido que no siempre tales actos serán normados por un solo cuerpo legal, sino que puede darse el caso de que lo sea por varios, e incluso sólo en uno se prevenga lo relativo al recurso, juicio o medio de impugnación que proceda contra ellos, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. Esta consideración encuentra sustento en la jurisprudencia 18, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 27 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "LEYES QUE RIGEN LOS ACTOS" A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE LA MATERIA. El artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo previene que el juicio de amparo es improcedente: "Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal ... que haga valer el agraviado, sin exigir mayores requisitos que los que la presente ley consigna para conceder la suspensión definitiva, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley. ...". Ahora bien, del contenido de este precepto, se advierte que no se indica qué debe entenderse por "leyes que rijan los actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo", a fin de establecer si es necesario o no agotar el recurso, juicio o medio de defensa legal procedente, siempre que proceda la suspensión definitiva, sin exigirse mayores requisitos que los que la propia Ley de Amparo establece para conceder dicha medida, independientemente que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido conforme a dicha ley. Sin embargo, la intención del legislador al referirse a "leyes que rigen los actos", no pudo ser otra, más que la de considerar, a aquellos ordenamientos legales (entendiendo por éstos a las leyes propiamente), que guardan relación con dichos actos, ya sea por haber establecido su nacimiento o instauración, su regulación, efectos, o bien, sus formas de impugnación, en la inteligencia que no siempre tales actos serán normados por un solo cuerpo legal, sino que puede darse el caso de que lo sea por varios, e incluso sólo en uno se prevenga lo relativo al recurso, juicio o medio de impugnación que proceda contra ellos, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. Es decir, para determinar cuáles son las leyes que rigen el acto y así tener pleno conocimiento sobre el recurso, juicio o medio de defensa legal que en contra del mismo se debe agotar previamente al amparo, debe atenderse a la relación que guardan esas leyes con dicho acto, sobre todo aquella que establece propiamente el medio de defensa en cuestión y, si además se cumplen los demás requisitos previstos en el citado artículo 73, fracción XV, para así estimar que es obligatorio agotarlo.". Lo que pone de manifiesto que la parte quejosa no agotó el juicio administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el cual las personas que hayan sido incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas podrán defenderse a fin de modificar, confirmar o revocar el acto reclamado. Luego, si en el caso el quejoso reclama: 1. La confiscación, desposesión, retención, privación ilegal, despojo, embargo, decomiso, cobro, traspaso o cargo ilegal de las cantidades contenidas en su cuenta bancaria, así como la futura e inminente confiscación o traspaso de los depósitos bancarios. 2. la aplicación inconstitucional del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito en relación con la 72° y 73° de las disposiciones de Carácter General a que se refiere el citado artículo, a través de la emisión del oficio 110/F/B/12396/2021, por el cual se incluyó al quejoso en la lista de personas bloqueadas. 3. En consecuencia la inclusión del quejoso en la lista de personas bloqueadas. 4. La falta de notificación del inicio y trámite del procedimiento administrativo en contra del quejoso, de lo cual derivó la emisión del oficio 110/F/B/12396/2021. 5. La omisión y negativa de notificarle al quejoso el oficio 110/F/B/12396/2021. Se estima que se actualiza la hipótesis estatuida en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues la resolución reclamada es susceptible de impugnación mediante el juicio de nulidad, por lo que previo al juicio de amparo, debió promover el juicio administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Lo anterior como se advierte del criterio siguiente: Aplicando al caso, el criterio citado, se concluye que contra la resolución dictada en el procedimiento por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, previo al juicio de amparo, procede el juicio administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ya que por una parte se trata de una resolución definitiva emitida por una autoridad Por lo tanto, se estima que el quejoso previamente a la presentación de la demanda debió agotar el principio de definitividad, esto es, debió promover el juicio administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y como en el caso, no se agotó, es evidente que no se cumplió con el principio de definitividad, el cual consiste en la obligación del gobernado o quejoso de intentar los medios de defensa que la ley le permite para combatir las resoluciones que considera le causan perjuicio. Es ilustrativa al caso la jurisprudencia 115/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 448 del Tomo X, Octubre de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro siguiente: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO)." En este punto, es importante precisa que no se soslaya la existencia del criterio jurisprudencial emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. NO ES NECESARIO AGOTAR EL JUICIO CORRESPONDIENTE, PREVIAMENTE AL AMPARO, AL PREVER EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY QUE RIGE EL JUICIO DE GARANTÍAS."; sin embargo, se estima que no resulta aplicable al caso en estudio, pues dicho criterio se refiere a la interpretación realizada al artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo derogado; disposición en la que se contemplaban mayores requisitos para la suspensión del acto, a los que actualmente contempla dicho artículo reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de diciembre de dos mil diez, y en ese sentido, como ya se ha visto, el referido artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo vigente, no contempla mayores requisitos para la suspensión del acto reclamado que los establecidos en la Ley de Amparo, por lo que debe concluirse que la citada jurisprudencia es inaplicable. Por otra parte, la parte quejosa pretende acreditar una transgresión directa a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente a sus artículos 14 y 16, porque así lo expresa en su escrito de demanda, pero no refiere la existencia de una norma general que implicara una contradicción con la norma fundamental, por lo que se estima que no existe un problema de constitucionalidad, sino de legalidad, pues basta leer con detenimiento lo plasmado en su único concepto de violación. Al caso tiene aplicación la Jurisprudencia XX. J/1, Novena Época, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Abril de 1995, página 94, que dice: "RECURSOS ORDINARIOS. DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE A LA INTERPOSICIÓN DEL AMPARO, CUANDO EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS SE RECLAMAN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN Y CUESTIONES DE LEGALIDAD. Si bien es cierto que el juicio de amparo puede interponerse sin necesidad de agotar recurso ordinario alguno cuando se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República; también lo es que tal excepción a la causal de improcedencia prevista en la fracción XV del artículo 73 de la ley de la materia presupone que en la demanda de garantías exclusivamente se hagan valer violaciones directas a nuestra Carta Magna supuesto que si además se incluyen cuestiones de legalidad, la parte quejosa debe previamente agotar el recurso ordinario procedente." (Énfasis añadido). Aun y cuando la tesis transcrita interpreta la Ley de Amparo anterior, se advierte que la misma no se opone a la Ley de Amparo vigente, por lo que se considera aplicable al caso en concreto. Asimismo, en el presente asunto, el quejoso no se encuentra dentro de las excepciones que establece el artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, ya que los actos que pretende impugnar en esta vía, no importan peligro de privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, no se trata de orden de aprehensión, reaprehensión, vinculación a proceso o resolución que niegue la libertad del quejoso. Se dice lo anterior, pues de admitir a trámite la demanda de amparo, a nada práctico conduciría, si de cualquier manera al dictarse sentencia se sobreseería en el juicio, por ello, resulta conveniente desechar de plano, desde este momento la demanda de cuenta, con objeto de que el quejoso tenga conocimiento desde ahora el resultado de la promoción de la demanda de derechos y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, lo que incluso le permite, si es el caso, acudir oportunamente a los medios ordinarios de defensa a deducir sus derechos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.13o.A. J/6, sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tomo XX, de septiembre de dos mil cuatro, Novena Época, página mil seiscientos treinta y uno, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO MANIFIESTO DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Por tanto, como no se advierte que en contra de los actos reclamados, previo al juicio de amparo, haya promovido el juicio administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, surtiéndose por tanto la causa de improcedencia prevista en el primer párrafo, artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. En tales condiciones, con base en los razonamientos expuestos, preceptos legales, y además con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de derechos. HÁBILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República y tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio de derechos deban realizarse notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas, así como para el caso de que una vez que se haya cerciorado el funcionario judicial, que el domicilio en el que se actúa es el señalado en autos como de la persona a notificar, proceda en los términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, debiendo levantar acta circunstanciada con las razones conducentes. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de cuenta, y por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la ley de Amparo, al licenciado Juan Pablo Noriega Canales, al acreditar contar con el registro de cédula correspondiente en el sistema que se lleva para tal efecto en los Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito. DERECHO A OPONERSE A PUBLICACIÓN DE DATOS De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en concordancia con lo preceptuado en los artículos 1, 3, 9, 68, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, vigente a partir del veintisiete de enero de dos mil diecisiete, y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivo, indíquese a las partes que el Poder Judicial de la Federación debe hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria; también deberán hacerse públicas las resoluciones intermedias que pongan fin a una instancia o algún incidente de previo y especial pronunciamiento y las que recaigan a un recurso intraprocesal; asimismo, que conforme a lo dispuesto en los numerales 1, 3, 5, 6 y 7 del citado reglamento, toda la información que tienen en resguardo los órganos jurisdiccionales es pública y, por ende, los expedientes en que obren, podrán ser consultados por cualquier persona, tanto aquéllos de asuntos concluidos, como los relativos a las demás resoluciones una vez que se emitan, no obstante no haber causado ejecutoria, con las salvedades a que se refiere tal disposición; es así que las determinaciones que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información; además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma. MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento queda autorizado el uso de medios electrónicos para digitalizar las constancias que obren en el sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas, por persona previamente autorizada para ello; en el entendido de que el uso de dichos medios será responsabilidad de quien los obtenga, así como de la persona que otorgue la autorización; por lo que queda expedito el derecho de las partes para oponerse o limitar esta permisión. EXHORTACIÓN A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA" En atención a sus contenido y en relación a la consulta del expediente electrónico en el que se actúa con los usuarios; se autoriza consulta vía electrónica del expediente en que se actúa, por lo que, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, comunicaciones oficiales y procesos de oralidad. En consecuencia, se comisiona al Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE), dé el trámite correspondiente a efecto de que se pueda consultar vía internet el expediente en que se actúa. En otro orden, con fundamento en el artículo 1°, fracción I, último párrafo, del referido Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que, de ser posible, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de juicio en línea, es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. SOLICITUD DE USUARIO ELECTRÓNICO, CORREO Y TELÉFONO Por otra parte, se tienen por señalados los correos electrónicos y números de teléfono, para los efectos legales conducentes. En otro orden, en aras de lograr una impartición de justicia pronta y expedita en términos del numeral 17 Constitucional, y eficientizar el uso de los medios electrónicos, se solicita atentamente a la(s) autoridad(es) responsable(s) que proporcionen nombre de usuario a fin de entablar las notificaciones vía electrónica, en términos del numeral 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, o bien, proporcionen su correo electrónico y número telefónico con la finalidad de agilizar al trámite del presente asunto. Haciendo del conocimiento de las autoridades responsables que el correo oficial de este órgano de control constitucional es 3jdo29cto@correo.cjf.gob.mx, a fin de que en lo subsecuente informe sus determinaciones mediante esta vía. REQUERIMIENTO AL ACTUARIO DE LA ADSCRIPCIÓN PARA ENVIÓ DE CORREO A efecto de dar celeridad al presente juicio, se comisiona al actuario de la adscripción para que envíe el oficio correspondiente que deriva del presente acuerdo a la autoridad responsable Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores vía correo electrónico a la dirección contencioso@cnbv.gob.mx, debiendo asentar la razón respectiva Notifíquese y personalmente al quejoso.
- Principal
TODA VEZ QUE DE LA RAZÓN ACTUARIAL QUE ANTECEDE SE ADVIERTE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO COMPARECIÓ A LAS INSTALACIONES DE ESTE JUZGADO FEDERAL A NOTIFICARSE DEL PROVEIDO DE SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, DICTADO EN EL JUICIO EN EL QUE SE ACTÚA; EN CONSECUENCIA, SE PROCEDE A NOTIFICARLE EL REFERIDO PROVEÍDO A DICHA PARTE POR MEDIO DE LISTA, EL CUAL ENUNCIA: "Pachuca de Soto, Hidalgo, a seis de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por Cecilio Monzon Aguilar, contra actos que reclama de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y otras autoridades. REGISTRO DEL EXPEDIENTE Fórmese expediente y regístrese con el número 1558/2021, del índice de este juzgado federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E-. De la demanda se advierte que la parte quejosa reclama: 1. La confiscación, desposesión, retención, privación ilegal, despojo, embargo, decomiso, cobro, traspaso o cargo ilegal de las cantidades contenidas en su cuenta bancaria, así como la futura e inminente confiscación o traspaso de los depósitos bancarios. 2. la aplicación inconstitucional del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito en relación con la 72° y 73° de las disposiciones de Carácter General a que se refiere el citado artículo, a través de la emisión del oficio 110/F/B/12396/2021, por el cual se incluyó al quejoso en la lista de personas bloqueadas. 3. En consecuencia la inclusión del quejoso en la lista de personas bloqueadas. 4. La falta de notificación del inicio y trámite del procedimiento administrativo en contra del quejoso, de lo cual derivó la emisión del oficio 110/F/B/12396/2021. 5. La omisión y negativa de notificarle al quejoso el oficio 110/F/B/12396/2021. DETERMINACIÓN JUDICIAL I. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, de oficio se analiza la procedencia del juicio que se intenta. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del artículo transcrito se advierte que la juzgadora de amparo tiene la obligación de analizar la demanda y si encontrare un motivo de improcedencia, debe desecharla de plano; pues las causales deben estudiarse de oficio por ser una cuestión de orden público de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 814, visible en la página 553; tomo VI, Parte Tribunales Colegiados de Circuito, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, cuyo rubro es: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO." II. De la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que quien ahora resuelve analizar el acto reclamado el cual consiste en: 1. La confiscación, desposesión, retención, privación ilegal, despojo, embargo, decomiso, cobro, traspaso o cargo ilegal de las cantidades contenidas en su cuenta bancaria, así como la futura e inminente confiscación o traspaso de los depósitos bancarios. 2. la aplicación inconstitucional del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito en relación con la 72° y 73° de las disposiciones de Carácter General a que se refiere el citado artículo, a través de la emisión del oficio 110/F/B/12396/2021, por el cual se incluyó al quejoso en la lista de personas bloqueadas. 3. En consecuencia la inclusión del quejoso en la lista de personas bloqueadas. 4. La falta de notificación del inicio y trámite del procedimiento administrativo en contra del quejoso, de lo cual derivó la emisión del oficio 110/F/B/12396/2021. 5. La omisión y negativa de notificarle al quejoso el oficio 110/F/B/12396/2021. III. El juicio de amparo es improcedente en contra de la resolución que da lugar al procedimiento a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito emitida por la Unidad de Inteligencia Financiera, para decidir si se elimina a un particular de la lista de personas bloqueada; en virtud de que no se agotó el principio de definitividad, lo cual actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.).". Del citado ordinal 61, fracción XX, de la Ley de Amparo se advierte que los elementos integradores de la causa de improcedencia en comento, son los siguientes: El acto reclamado debe emanar de autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Ese acto reclamado debe ser revisado de oficio o proceda en su contra algún recurso o medio de defensa legal. Mediante dicha revisión oficiosa, recurso o medio de defensa, el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o nulificado. Que conforme a las leyes que rijan el acto reclamado, se suspenda su ejecución mediante la interposición del recurso o medio de defensa en comento. Que para concederse dicha medida cautelar no se exijan mayores requisitos que los que impone la Ley de Amparo para la suspensión definitiva, independientemente de que el acto reclamado, considerado en sí mismo sea o no susceptible de ser suspendido acorde a la ley reglamentaria de la materia; y Que el acto reclamado no carezca de fundamentación. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la locución "leyes que los rijan", debe entenderse como todos aquellos ordenamientos legales, que guardan relación con los actos reclamados, ya sea por haber establecido su nacimiento o instauración, su regulación, efectos, o bien, sus formas de impugnación, en el entendido que no siempre tales actos serán normados por un solo cuerpo legal, sino que puede darse el caso de que lo sea por varios, e incluso sólo en uno se prevenga lo relativo al recurso, juicio o medio de impugnación que proceda contra ellos, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. Esta consideración encuentra sustento en la jurisprudencia 18, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 27 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "LEYES QUE RIGEN LOS ACTOS" A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE LA MATERIA. El artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo previene que el juicio de amparo es improcedente: "Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal ... que haga valer el agraviado, sin exigir mayores requisitos que los que la presente ley consigna para conceder la suspensión definitiva, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley. ...". Ahora bien, del contenido de este precepto, se advierte que no se indica qué debe entenderse por "leyes que rijan los actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo", a fin de establecer si es necesario o no agotar el recurso, juicio o medio de defensa legal procedente, siempre que proceda la suspensión definitiva, sin exigirse mayores requisitos que los que la propia Ley de Amparo establece para conceder dicha medida, independientemente que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido conforme a dicha ley. Sin embargo, la intención del legislador al referirse a "leyes que rigen los actos", no pudo ser otra, más que la de considerar, a aquellos ordenamientos legales (entendiendo por éstos a las leyes propiamente), que guardan relación con dichos actos, ya sea por haber establecido su nacimiento o instauración, su regulación, efectos, o bien, sus formas de impugnación, en la inteligencia que no siempre tales actos serán normados por un solo cuerpo legal, sino que puede darse el caso de que lo sea por varios, e incluso sólo en uno se prevenga lo relativo al recurso, juicio o medio de impugnación que proceda contra ellos, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. Es decir, para determinar cuáles son las leyes que rigen el acto y así tener pleno conocimiento sobre el recurso, juicio o medio de defensa legal que en contra del mismo se debe agotar previamente al amparo, debe atenderse a la relación que guardan esas leyes con dicho acto, sobre todo aquella que establece propiamente el medio de defensa en cuestión y, si además se cumplen los demás requisitos previstos en el citado artículo 73, fracción XV, para así estimar que es obligatorio agotarlo.". Lo que pone de manifiesto que la parte quejosa no agotó el juicio administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el cual las personas que hayan sido incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas podrán defenderse a fin de modificar, confirmar o revocar el acto reclamado. Luego, si en el caso el quejoso reclama: 1. La confiscación, desposesión, retención, privación ilegal, despojo, embargo, decomiso, cobro, traspaso o cargo ilegal de las cantidades contenidas en su cuenta bancaria, así como la futura e inminente confiscación o traspaso de los depósitos bancarios. 2. la aplicación inconstitucional del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito en relación con la 72° y 73° de las disposiciones de Carácter General a que se refiere el citado artículo, a través de la emisión del oficio 110/F/B/12396/2021, por el cual se incluyó al quejoso en la lista de personas bloqueadas. 3. En consecuencia la inclusión del quejoso en la lista de personas bloqueadas. 4. La falta de notificación del inicio y trámite del procedimiento administrativo en contra del quejoso, de lo cual derivó la emisión del oficio 110/F/B/12396/2021. 5. La omisión y negativa de notificarle al quejoso el oficio 110/F/B/12396/2021. Se estima que se actualiza la hipótesis estatuida en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues la resolución reclamada es susceptible de impugnación mediante el juicio de nulidad, por lo que previo al juicio de amparo, debió promover el juicio administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Lo anterior como se advierte del criterio siguiente: Aplicando al caso, el criterio citado, se concluye que contra la resolución dictada en el procedimiento por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, previo al juicio de amparo, procede el juicio administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ya que por una parte se trata de una resolución definitiva emitida por una autoridad Por lo tanto, se estima que el quejoso previamente a la presentación de la demanda debió agotar el principio de definitividad, esto es, debió promover el juicio administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y como en el caso, no se agotó, es evidente que no se cumplió con el principio de definitividad, el cual consiste en la obligación del gobernado o quejoso de intentar los medios de defensa que la ley le permite para combatir las resoluciones que considera le causan perjuicio. Es ilustrativa al caso la jurisprudencia 115/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 448 del Tomo X, Octubre de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro siguiente: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO)." En este punto, es importante precisa que no se soslaya la existencia del criterio jurisprudencial emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. NO ES NECESARIO AGOTAR EL JUICIO CORRESPONDIENTE, PREVIAMENTE AL AMPARO, AL PREVER EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY QUE RIGE EL JUICIO DE GARANTÍAS."; sin embargo, se estima que no resulta aplicable al caso en estudio, pues dicho criterio se refiere a la interpretación realizada al artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo derogado; disposición en la que se contemplaban mayores requisitos para la suspensión del acto, a los que actualmente contempla dicho artículo reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de diciembre de dos mil diez, y en ese sentido, como ya se ha visto, el referido artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo vigente, no contempla mayores requisitos para la suspensión del acto reclamado que los establecidos en la Ley de Amparo, por lo que debe concluirse que la citada jurisprudencia es inaplicable. Por otra parte, la parte quejosa pretende acreditar una transgresión directa a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente a sus artículos 14 y 16, porque así lo expresa en su escrito de demanda, pero no refiere la existencia de una norma general que implicara una contradicción con la norma fundamental, por lo que se estima que no existe un problema de constitucionalidad, sino de legalidad, pues basta leer con detenimiento lo plasmado en su único concepto de violación. Al caso tiene aplicación la Jurisprudencia XX. J/1, Novena Época, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Abril de 1995, página 94, que dice: "RECURSOS ORDINARIOS. DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE A LA INTERPOSICIÓN DEL AMPARO, CUANDO EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS SE RECLAMAN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN Y CUESTIONES DE LEGALIDAD. Si bien es cierto que el juicio de amparo puede interponerse sin necesidad de agotar recurso ordinario alguno cuando se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República; también lo es que tal excepción a la causal de improcedencia prevista en la fracción XV del artículo 73 de la ley de la materia presupone que en la demanda de garantías exclusivamente se hagan valer violaciones directas a nuestra Carta Magna supuesto que si además se incluyen cuestiones de legalidad, la parte quejosa debe previamente agotar el recurso ordinario procedente." (Énfasis añadido). Aun y cuando la tesis transcrita interpreta la Ley de Amparo anterior, se advierte que la misma no se opone a la Ley de Amparo vigente, por lo que se considera aplicable al caso en concreto. Asimismo, en el presente asunto, el quejoso no se encuentra dentro de las excepciones que establece el artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, ya que los actos que pretende impugnar en esta vía, no importan peligro de privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, no se trata de orden de aprehensión, reaprehensión, vinculación a proceso o resolución que niegue la libertad del quejoso. Se dice lo anterior, pues de admitir a trámite la demanda de amparo, a nada práctico conduciría, si de cualquier manera al dictarse sentencia se sobreseería en el juicio, por ello, resulta conveniente desechar de plano, desde este momento la demanda de cuenta, con objeto de que el quejoso tenga conocimiento desde ahora el resultado de la promoción de la demanda de derechos y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, lo que incluso le permite, si es el caso, acudir oportunamente a los medios ordinarios de defensa a deducir sus derechos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.13o.A. J/6, sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tomo XX, de septiembre de dos mil cuatro, Novena Época, página mil seiscientos treinta y uno, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO MANIFIESTO DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Por tanto, como no se advierte que en contra de los actos reclamados, previo al juicio de amparo, haya promovido el juicio administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, surtiéndose por tanto la causa de improcedencia prevista en el primer párrafo, artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. En tales condiciones, con base en los razonamientos expuestos, preceptos legales, y además con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de derechos. HÁBILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República y tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio de derechos deban realizarse notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas, así como para el caso de que una vez que se haya cerciorado el funcionario judicial, que el domicilio en el que se actúa es el señalado en autos como de la persona a notificar, proceda en los términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, debiendo levantar acta circunstanciada con las razones conducentes. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de cuenta, y por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la ley de Amparo, al licenciado Juan Pablo Noriega Canales, al acreditar contar con el registro de cédula correspondiente en el sistema que se lleva para tal efecto en los Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito. DERECHO A OPONERSE A PUBLICACIÓN DE DATOS De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en concordancia con lo preceptuado en los artículos 1, 3, 9, 68, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, vigente a partir del veintisiete de enero de dos mil diecisiete, y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivo, indíquese a las partes que el Poder Judicial de la Federación debe hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria; también deberán hacerse públicas las resoluciones intermedias que pongan fin a una instancia o algún incidente de previo y especial pronunciamiento y las que recaigan a un recurso intraprocesal; asimismo, que conforme a lo dispuesto en los numerales 1, 3, 5, 6 y 7 del citado reglamento, toda la información que tienen en resguardo los órganos jurisdiccionales es pública y, por ende, los expedientes en que obren, podrán ser consultados por cualquier persona, tanto aquéllos de asuntos concluidos, como los relativos a las demás resoluciones una vez que se emitan, no obstante no haber causado ejecutoria, con las salvedades a que se refiere tal disposición; es así que las determinaciones que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información; además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma. MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento queda autorizado el uso de medios electrónicos para digitalizar las constancias que obren en el sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas, por persona previamente autorizada para ello; en el entendido de que el uso de dichos medios será responsabilidad de quien los obtenga, así como de la persona que otorgue la autorización; por lo que queda expedito el derecho de las partes para oponerse o limitar esta permisión. EXHORTACIÓN A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA" En atención a sus contenido y en relación a la consulta del expediente electrónico en el que se actúa con los usuarios; se autoriza consulta vía electrónica del expediente en que se actúa, por lo que, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, comunicaciones oficiales y procesos de oralidad. En consecuencia, se comisiona al Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE), dé el trámite correspondiente a efecto de que se pueda consultar vía internet el expediente en que se actúa. En otro orden, con fundamento en el artículo 1°, fracción I, último párrafo, del referido Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que, de ser posible, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de juicio en línea, es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. SOLICITUD DE USUARIO ELECTRÓNICO, CORREO Y TELÉFONO Por otra parte, se tienen por señalados los correos electrónicos y números de teléfono, para los efectos legales conducentes. En otro orden, en aras de lograr una impartición de justicia pronta y expedita en términos del numeral 17 Constitucional, y eficientizar el uso de los medios electrónicos, se solicita atentamente a la(s) autoridad(es) responsable(s) que proporcionen nombre de usuario a fin de entablar las notificaciones vía electrónica, en términos del numeral 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, o bien, proporcionen su correo electrónico y número telefónico con la finalidad de agilizar al trámite del presente asunto. Haciendo del conocimiento de las autoridades responsables que el correo oficial de este órgano de control constitucional es 3jdo29cto@correo.cjf.gob.mx, a fin de que en lo subsecuente informe sus determinaciones mediante esta vía. REQUERIMIENTO AL ACTUARIO DE LA ADSCRIPCIÓN PARA ENVIÓ DE CORREO A efecto de dar celeridad al presente juicio, se comisiona al actuario de la adscripción para que envíe el oficio correspondiente que deriva del presente acuerdo a la autoridad responsable Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores vía correo electrónico a la dirección contencioso@cnbv.gob.mx, debiendo asentar la razón respectiva Notifíquese y personalmente al quejoso. ". NOTIFÍQUESE
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