Cecilia Sandra Velazquez Hernandez

Expediente 157/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
157/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
12/03/2018

Partes del expediente

  • Cecilia Sandra Velazquez Hernandez

Actuaciones

  1. Principal

    Agregué únicamente a los autos el informe justificado rendido por el Director de la Comisión del Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales, sin necesidad de pronunciarse al respecto en razón de que en proveído de quince de febrero del presente año, se desechó de plano la demanda de amparo promovida por Cecilia Sandra Velázquez, auto que causo estado el veintisiete siguiente, ordenado el archivó del presente juicio de derecho. Situación de la cual se hace del conocimiento de la cita autoridad para los efectos legales a que haya lugar. Cúmplase.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que no se recurrió la determinación dictada el quince de febrero actual, dentro del término de cinco días que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO, la resolución por la que se desechó de plano la demanda de amparo promovida por ********************; para todos los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como concluido. En cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 01/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgado de Distrito, se determina que el presente expediente carece de relevancia documental, por lo que es destruible. Notifíquese.

  3. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo, quince de febrero de dos mil dieciocho. Visto el escrito de demanda signado por Cecilia Sandra Velázquez Hernández, por propio derecho, por medio del cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Director General de la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales (CAASIM). REGISTRO DEL EXPEDIENTE Fórmese expediente y regístrese con el número 157/2018-2, del índice de este juzgado federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E- DETERMINACIÓN JUDICIAL Ahora bien, del análisis integral de dicha demanda, este Juzgado advierte que la misma es NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, lo que conduce a desecharla de plano, sin suspensión del acto reclamado, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 113 de la Ley de Amparo, que dice: El artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del anterior precepto normativo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de derechos sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: 1.- Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional. 2.- Que este motivo sea manifiesto e indudable. Con relación a lo anterior, se impone precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación cuando los haya y de los documentos que se anexen a tales promociones y lo indudable de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Analizada la demanda de amparo, se advierte que la peticionaria de derechos en el capítulo de acto reclamado, y hechos, de conformidad con lo establecido en el artículo 74 fracción I de la Ley de Amparo es el siguiente: La omisión y falta de cumplimiento a la petición presentada mediante escrito de fecha once de enero del presente año, consistente en la solicitud de determinación de crédito fiscal del servicio de agua potable a nombre de Velázquez Hernández Cecilia Sandra con número de cuenta 217710. Asimismo, por las consecuencias que cita en los hechos del acto que reclama, se advierte que son motivo de la contestación que se le dé a su escrito el cual reclama no se le ha dado contestación. En los hechos narrados por el quejoso manifestó lo siguiente: "(.) con fecha 11 de enero del año corriente, solicite a la responsable por escrito mediante un documento el cual fue sellado con acuse de recibo con número de folio 000132 y con fecha 11 de enero de 2018, consistente en mi petición formulada por escrito de manera pacífica y respetuosa referida con anterioridad relativo a la solicitud de determinación de crédito fiscal del servicio de agua potable a nombre de VELÁZQUEZ HERNÁNDEZ CECILIA SANDRA con número de cuanta 217710, sin embargo, al presente día no ha recaído ningún acuerdo escrito de la autoridad responsable (.)." De lo anterior se colige, que del análisis integral de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa reclama del Director General de la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales (CAASIM), la omisión y falta de cumplimiento a la petición presentada mediante escrito de fecha once de enero del presente año, consistente en la solicitud de determinación de crédito fiscal del servicio de agua potable a nombre de Velázquez Hernández Cecilia Sandra con número de cuenta 217710, considerando con ello que se transgredió el derecho humano consagrado en el ordinal 8 Constitucional. Luego, las manifestaciones del citado promovente destacadas en el párrafo precedente, constituyen una confesión expresa, que tiene valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 95, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, apta para acreditar plenamente ese extremo, al igual que la documental que exhibió como prueba, misma que contiene sello de recibido original por parte de la responsable, la cual tiene valor probatorio, de conformidad con los preceptos 133, 203, 207 y 208 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Precisado lo anterior, se estima que en la especie se actualiza de modo manifiesto, la causa de improcedencia contenida en el arábigo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 217 de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: ... XXIII.- En los demás casos en que por la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "ARTÍCULO 217.- La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. En efecto, conforme a las disposiciones legales de previo anuncio, el juicio de garantías no sólo resulta improcedente en los veintidós casos que prevé el numeral 61 de la Ley de Amparo, sino también por las demás causas que deriven de algunos de los preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. En tanto que lo establecido en el numeral 217 de la Ley de Amparo, determina la obligación que tienen todos y cada uno de los Tribunales y Juzgados de todos el país, integrantes de los Poderes Judicial Federal (incluyendo Juzgados de Distrito) como del Fuero Común, de aplicar la Jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como en el caso acontece. Ilustra a lo anterior, la tesis sustentada por la antigua Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 23 del tomo 43, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que establece: Ello es así, toda vez que del sello de recepción de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en esta ciudad, se aprecia que la demanda de derechos fue presentada el catorce de febrero de dos mil dieciocho, es decir, dentro del plazo de cuarenta y cinco días hábiles con que cuenta la autoridad responsable, a efecto de que la misma esté en condiciones de dar una respuesta a ella, tal y como a continuación se observará. Precisado lo anterior, los ordinales 1, 3, 15, 16 y 45, todos de la Ley Estatal de Procedimiento Administrativo del Estado de Hidalgo, disponen textualmente lo siguiente: "Artículo 3.-Las peticiones que se presenten ante Autoridades Administrativas, deberán: --- I.-Constar por escrito con la firma autógrafa del peticionario y ser presentadas en forma personal o por conducto de representante legal; II.-Señalar nombre y domicilio para oír y recibir notificaciones y III.-Cumplir con los requisitos establecidos por las Leyes aplicables a la materia de la petición." "Artículo 15.-Las Autoridades Administrativas, deberán atender las peticiones que les sean formuladas dentro de los términos establecidos en la presente Ley. --- La respuesta o resolución al escrito inicial y a las promociones subsecuentes, que en su caso, se presenten, relativas al fondo de la petición, deberá dictarse dentro de los cuarenta y cinco días hábiles siguientes a la fecha de su recepción, obligándose la Autoridad a resolver positiva o negativamente, transcurrido el plazo aplicable, se entenderán las resoluciones en sentido negativo al promovente. A petición del interesado, se deberá expedir constancia de tal circunstancia dentro de los cinco días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud respectiva. ---- Los escritos que no se refieran al fondo, deberán contestarse ó resolverse dentro del término de quince días hábiles." "Artículo 16.-En el supuesto de que el escrito inicial no contenga los requisitos previstos en el Artículo 3 de esta Ley, la Autoridad Administrativa prevendrá por una sola vez al peticionario o a su representante legal, para que dentro del término de cinco días hábiles siguientes subsane la omisión, cuando no se atienda la prevención, se tendrá por no presentado." "Artículo 45.-Los términos empezarán a correr a partir del día hábil siguiente, al en que surta efectos la notificación del acto administrativo que se trate. El desahogo de las actuaciones en que intervengan las partes, se harán en días y horas hábiles. --- Las diligencias o actuaciones del Procedimiento Administrativo, se efectuarán en días y horas hábiles. Serán horas hábiles las comprendidas entre 8:30 a las 16:30. Una diligencia iniciada en horas hábiles podrá concluirse en hora inhábil sin afectar su validez. ---- La Autoridad habilitará días y horas cuando haya urgencia para la práctica de diligencias. En este caso, se hará del conocimiento a las partes de tal habilitación, vía notificación." De los artículos transcritos, en lo que al caso concierne, se advierte: Que la Ley Estatal de Procedimientos Administrativos del Estado de Hidalgo, regula la justicia administrativa en dicho Estado, así como el procedimiento administrativo que deben seguir las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, Municipios y organismos descentralizados de carácter estatal y municipal; Que las peticiones de los particulares deberán hacerse por escrito de manera pacífica y respetuosa; Cuáles son los datos y documentos que deben contener los escritos de petición de los particulares; Que en el supuesto de que los escritos de petición de los particulares no contengan los datos o documentos necesarios, se requerirá al promovente para que, en un plazo de cinco días, los proporcione y; Que no podrá exceder de cuarenta y cinco días hábiles posteriores a la fecha de su presentación o recepción el tiempo para que las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los Municipios o de los organismos descentralizados de carácter estatal o municipal resuelvan las peticiones de los particulares. En ese tenor, se tiene que el Director General de la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales (CAASIM), cuenta con un tiempo máximo de cuarenta y cinco días hábiles para resolver las peticiones de los particulares, contados a partir del día siguiente al de la presentación del escrito respectivo; término que se consideró prudente para que las autoridades administrativas de referencia, resolvieran las peticiones formuladas por los particulares. Por tanto, el plazo máximo de respuesta de cuarenta y cinco días hábiles aludido, integra válidamente el concepto de "breve término", previsto por el legislador en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al establecerse el número de días en que debe darse contestación a toda petición escrita, en tratándose del caso concreto. De ahí que, si la solicitud de mérito fue presentada por el quejoso el día once de enero actual. ante la autoridad responsable y la demanda de derechos, en la que se reclama la falta de dar respuesta a su petición, fue presentada el catorce de febrero del año en curso, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en esta ciudad de Pachuca; se tiene que a la fecha de la presentación de la demanda de derechos, es evidente que no ha transcurrido el mencionado plazo de cuarenta y cinco días hábiles de que disponen las autoridades responsables, para dar respuesta a la petición del aquí quejoso. Así las cosas, dada la existencia de la causal de improcedencia invocada en el cuerpo de este proveído, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede DESECHAR de PLANO la demanda de derechos, promovida por Cecilia Sandra Velázquez Hernández, por su manifiesta e indudable improcedencia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de demanda, ello con fundamento en el artículo 108, fracción I, de la ley de la materia. Asimismo, téngase como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de la materia a Jorge Eduardo Viejo Pérez, Marco Antonio Ponce Anaya y Misael Cua Medrano Arciniega. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Por otro lado, con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el juicio de amparo en que se actúa. Notifíquese personalmente.

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