Cecilio Jaime Najera Duran

Expediente 1413/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 22 actuaciones registradas, la última del 11 de septiembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1413/2016
Año
2016
Actuaciones
22
Última actuación
11/09/2017

Partes del expediente

  • Cecilio Jaime Najera Duran

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; once de septiembre de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene por recibido el escrito de cuenta a través del cual el quejoso Cecilio Jaime Nájera Durán, solicita se le expida copia simple de todo lo actuado en el presente juicio. De conformidad con los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2, expídase la copia solicitada a costa del promovente, teniéndose como autorizado a la persona designada, en el entendido que quien se presente a recogerlas deberá exhibir una identificación oficial vigente y copia de ésta para debida constancia legal de su entrega. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Maria Isabel Lopez Mondragon que autoriza, firma y da fe.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; siete de septiembre de dos mil diecisiete. Por recibido el escrito de cuenta, a través del cual el quejoso Cecilio Jaime Nájera Duran, revoca autorizados, señala las listas que se publican en los estrados de este Juzgado de Distrito para oír y recibir notificaciones y autoriza a diversas personas para los mismos efectos. Atento a lo anterior, se tienen por revocados a los profesionistas señalados con anterioridad a la presentación del ocurso de cuenta y en atención a la certificación de cuenta, se tienen por autorizados en términos del artículo 12 párrafo segundo de la Ley de Amparo a las personas referidas en el escrito de mérito únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, así como para recoger documentos por así señalarlo el quejoso. Asimismo, acorde con lo previsto en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2° y 26, fracción III, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, practíquense las notificaciones aun las que deban ser en forma personal, por la lista que se fija en este órgano de control constitucional. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Maria Isabel Lopez Mondragon que autoriza, firma y da fe.

  3. Principal

    I.Toluca, Estado de México; cuatro de enero de dos mil diecisiete. La certificación de cuenta evidencia que dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la parte quejosa no recurrió la determinación dictada el quince de diciembre de dos mil dieciséis, por la cual se sobreseyó en este asunto; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales conducentes; háganse y las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Ahora, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Por tanto, en el Libro de Gobierno realícense las anotaciones correspondientes. En ese orden de ideas, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa: El presente asunto es susceptible de destrucción (punto vigésimo primero, inciso II, del Acuerdo de referencia), pues, se sobreseyó en el presente asunto. El original del incidente de suspensión es depurable al haberse concedido la medida cautelar definitiva, respecto del acto reclamado (punto vigésimo primero, inciso III). El duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, pues existe el original (punto vigésimo, inciso III). Por otra parte, toda vez que la parte quejosa ajunto documentos originales al escrito inicial de demanda, se hace de su conocimiento que se dejan a su disposición, para comparecer a recogerlos si así lo estima conveniente. De igual forma, para los efectos legales conducentes hágase de su conocimiento que en términos del punto décimo primero, último párrafo, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, tales documentos podrán ser destruidos junto con el expediente si no comparece a recogerlos dentro del plazo de noventa días. En el entendido de que deberá dejarse en su lugar copia certificada por el Secretario de este Juzgado; asimismo, quien comparezca para tal efecto, deberá exhibir copia simple de su identificación oficial vigente, a fin de ser certificada y glosada para debida constancia legal. - A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. Finalmente, se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Marco Antonio Maya Garcia, que autoriza, firma y da fe.

  4. Principal

    V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 1413/2016-I, promovido por Cecilio Jaime Najera Duran, contra actos del Juez Primero Mercantil de Primera Instancia de Toluca, México, y otras autoridades. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, turnado a este órgano jurisdiccional, Cecilio Jaime Najera Duran, promovió demanda de amparo contra la autoridad y acto consistentes en: "AUTORIDADES RESPONSABLES: Ordenadora: 1. Juez Primero Mercantil de Primera Instancia de Toluca, México. Ejecutoras: 1. Ejecutor adscrito a la Central de Ejecutores y Notificadores de Toluca, México. 2. Comisionado Estatal de Seguridad Ciudadana del Estado de México." "ACTO RECLAMADO: Las actuaciones ordenadas dentro del juicio número 46/2016 sus efectos y consecuencias, dictadas por el c. Juez Primero Mercantil de Primera Instancia de esta ciudad de Toluca, México, de las que se desprende la orden de detención de mi vehículo marca volkswagen, tipo jetta cl, estandar, cuatro puertas, modelo 1999, número de serie 3vwj2a1w7xm230078, número de motor add207968, color verde perlado placas de circulación lyy 8203, del Estado de México. 2.- La traba de embargo que se hiciera de mi vehículo de mi absoluta propiedad, dentro de los autos del expediente 46/2016 del Juzgado Primerio Mercantil de Primera Instancia de Toluca, México embargo en bienes de mi exclusiva propiedad consistente en un vehículo marca Volkswagen, tipo jetta, cl, estándar, cuatro puertas, modelo 1999, número de 3vwj2a1w7xm230078, número de motor add207968, color verde perlado placas de circulación lyy 8203, del Estado de México. El cumplimiento de la orden de detención de mi vehículo marca Volkswagen, tipo jetta, cl, estándar, cuatro puertas, modelo 1999, número de 3vwj2a1w7xm230078, número de motor add207968, color verde perlado placas de circulación lyy 8203, del Estado de México, remitida por el Juez Primerio Mercantil de Primera Instancia de Toluca, México." SEGUNDO. Derechos fundamentales invocados. El quejoso señaló como derechos fundamentales transgredidos los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Admisión de la demanda. Previo desahogo de prevención, por auto de tres de octubre de dos mil dieciséis, se admitió a trámite la demanda de amparo, se dio vista al representante social de la adscripción, se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados y, se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previos diferimientos se celebró en términos del acta que antecede y culmina con el dictado del presente fallo. C O N S I D E R A N D O Primero. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo; 48 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; el punto cuarto, fracción II, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues el amparo es solicitado por una persona que se ostenta como tercera extraña reclamando actos dentro de procedimiento cuya ejecución tendría efectos dentro de la circunscripción territorial de este juzgado federal. Segundo. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se hace la indicación que el acto reclamado en esta instancia es: Todo lo actuado en el expediente 46/2016 del índice del Juzgado Primero Mercantil de Primera Instancia de Toluca, México, relativo al juicio ejecutivo mercantil, y como consecuencia de ello, el embargo del vehículo marca Volkswagen, Tipo Jetta C1, estándar, cuatro puertas, modelo 1999, número de serie 3VWJ2A1W7XM230078, número de motor ADD207968, color verde perlado, placas de circulación LYY-8203, del Estado de México. Se hace la precisión anterior, en atención a la lectura íntegra de la demanda, pues este juzgado de amparo determina tomar en consideración los datos del escrito inicial de demanda, en un sentido congruente con todos sus elementos, así como la totalidad de la información del expediente del presente juicio, incluyendo la intencionalidad del quejoso, es decir, lo que quiso decir, porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de abril del año dos mil, Novena Época, con número de registro 192097, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." No representa un obstáculo a lo anterior, el hecho de que la jurisprudencia antes invocada interprete la legislación de amparo abrogada, de diez de enero de mil novecientos treinta y seis, pues aquélla no es contraria, ni se contrapone con las disposiciones de la actual Ley de Amparo -dos de abril de dos mil trece- así como tampoco lo son las demás tesis aislada y jurisprudencia que serán citadas en esta sentencia, que atiendan o hagan referencia a la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con lo establecido en el Sexto Transitorio de la legislación de amparo vigente. Tercero. certeza del acto reclamado. Previo al análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto que por esta vía se controvierte, resulta oportuno pronunciarse respecto a la certeza o inexistencia del acto reclamado en el presente asunto, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo indirecto dicha situación debe ocurrir previamente. Tiene aplicación, en lo conducente, la jurisprudencia 10, publicada en la página 68, de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, Tomo 76, abril de 1994, Octava Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con el registro 212775, cuyos rubro y texto son: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." El Juez Primero Mercantil de Primera Instancia de Toluca, Estado de México (foja 45), y Ejecutor adscrito a la Central de Ejecutores y Notificadores de Toluca, Estado de México (foja 42), al rendir sus informes justificados aceptaron la existencia de los actos reclamados; lo que se corrobora con las constancias remitidas por la primera de las responsables mencionadas, consistentes en copia certificada de lo actuado en el juicio ejecutivo mercantil 46/2016. Documentales a las cuales se les concede valor probatorio pleno por haberse expedido por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones y en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia. A lo anterior le es aplicable, la jurisprudencia publicada con el número 278, en la página 231, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, tomo VI, Materia Común, del registro 917812, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Y, la jurisprudencia doscientos veintiséis, publicada en la página ciento cincuenta y tres, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos diecisiete a mil novecientos noventa y cinco, Tomo VI, Materia Común, del registro 394182, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Por su parte, el Director de Seguridad Ciudadana del Municipio de Toluca, Estado de México (foja 155), negó la existencia del acto de ejecución que se le atribuye; sin embargo, tal negativa se encuentra desvirtuada, porque en su calidad de autoridad ejecutora puede recibir la orden de materializar la detención del vehículo marca Volkswagen, Tipo Jetta C1, estándar, cuatro puertas, modelo 1999, número de serie 3VWJ2A1W7XM230078, número de motor ADD207968, color verde perlado (negro), placas de circulación LYY-8203, del Estado de México. Sirve de apoyo la tesis emitida por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, en la Octava Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1989, Materia Común, página 56, registro 227890, cuyo texto y rubro son: "ACTO RECLAMADO NEGADO POR LAS AUTORIDADES EJECUTORAS Y ADMITIDO POR LA AUTORIDAD ORDENADORA. DEBE TENERSE POR CIERTO. Si las autoridades ejecutoras en su informe justificado, negaron la existencia del acto reclamado, pero aquellas a quienes se les atribuye haberlo ordenado lo aceptan, indudablemente que las autoridades ejecutoras por razón de jerarquía tienen obligación de darle cumplimiento a tal orden, por lo tanto, debe tenerse como cierto el acto a ellas reclamado." Cuarto. Causas de improcedencia actualizada. Previo el estudio del fondo de la cuestión planteada, se deben analizar las causas de improcedencia o sobreseimiento invocadas por las partes o advertidas de oficio por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo, cuyo contenido es: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Asimismo, de acuerdo a la jurisprudencia II.1o. J/5, publicada en la página 95 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, Mayo de 1991, Materia Común, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con el registro 222780, del contexto siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Y la tesis publicada con la clave I.7o.P.11 K, en la página 1200 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Agosto de 2008, Tomo XXVIII, Materia Común, Novena Época, emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, del registro 169036, cuyo contenido es: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ESTUDIO POR EL JUZGADOR DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 74 DE LA LEY DE LA MATERIA TIENE UN ORDEN PREFERENTE EN CASO DE CONCURRENCIA. Del artículo 74 de la Ley de Amparo se advierte la exigencia a los órganos jurisdiccionales de realizar el análisis de las causas de sobreseimiento previo a la sustanciación del juicio; sin embargo, éstas deben estudiarse en un orden preferente si fuesen concurrentes, en atención a la naturaleza de su fundamento, esto es, primero debe analizarse el supuesto previsto en la fracción II, relativo a la muerte del quejoso durante el juicio, si la garantía reclamada sólo afecta derechos estrictamente personales del agraviado, es decir, inseparables de su persona, como la libertad o la vida, pues sin duda la extinción del juicio de amparo se actualiza al quedar sin parte agraviada y sin garantía que tutelar y, por el contrario, no provocan el sobreseimiento en el juicio los actos que lesionan derechos o intereses jurídicos, generalmente de carácter patrimonial o económico, que no sean inseparables de la persona del agraviado. En segundo lugar debe verificarse la hipótesis prevista en la fracción IV que previene la inexistencia de los actos reclamados, ya que el amparo únicamente puede sustanciarse contra los existentes y concretos, no probables o eventuales, pues el análisis es jurídicamente imposible ante la ausencia de ellos. En tercer lugar resulta preferente el análisis de la fracción I, consistente en que el agraviado desista expresamente de la demanda, en atención al principio básico de que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada y atender a su intención de no preservar su propósito de concluir el procedimiento de garantías, esto es, la facultad irrestricta que tiene el agraviado para desistir de su demanda de garantías armoniza perfectamente con el principio de iniciativa o instancia de parte agraviada que rige el ejercicio de la acción de amparo. En cuarto lugar deben verificarse los supuestos previstos en la fracción V que regulan la caducidad de la instancia por inactividad procesal y, finalmente, atender a la fracción III, relativa a las causales de improcedencia previstas en el artículo 73 de la Ley de Amparo." Conviene establecer que para resolver el fondo de la cuestión planteada por el quejoso, es necesario previamente que la acción intentada sea procedente, es decir, que no exista un obstáculo que impida pronunciarse sobre el fondo del asunto. Estos obstáculos se denominan causas de improcedencia. Así, la improcedencia es una institución procesal en virtud de la cual, en un primer momento del juicio de amparo, que no involucra el conocimiento de fondo de la acción intentada, se debe indagar si están constituidos los presupuestos procesales que configuran la relación procesal y obligan al juzgador a proveer, y si no lo están, de una manera manifiesta y ostensible, debe sobreseer en el juicio, abstenerse de conocer de ella y concretarse a emitir una providencia en la que se expresen los motivos por los cuales estimó que no se puede entrar al conocimiento del asunto, por faltar los presupuestos del conocimiento de mérito. En suma, constituye un obstáculo que impide se resuelva sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado ante la falta de oportunidad, fundamento o derecho para acudir ante la potestad jurisdiccional. Lo que se traduce en un obstáculo insalvable que impide el pronunciamiento de fondo ante la falta de oportunidad o pertinencia de la acción intentada. Cabe aclarar que el quejoso acude al presente juicio en su carácter de tercero extraño, según lo establece el artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo que dispone que el juicio de constitucional procede contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas a él. Ahora, para efectos del amparo, por persona tercera extraña a juicio debe entenderse como aquel individuo que sin ser parte material en un procedimiento respectivo resiente una afectación en su esfera jurídica con la ejecución de las resoluciones dictadas dentro de aquél. En ese tenor, se dan dos supuestos de persona extraña a juicio: el propiamente dicho o stricto sensu y el equiparado, presentándose en cada uno de éstos, particularidades diversas que los distinguen, pues mientras en el primer supuesto su posición es la de ser una persona distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila, el segundo es aquella persona que es sujeto de la relación procesal, por ser demandado, pero no fue emplazado o fue emplazado incorrectamente. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 331, publicada en la página 280, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del registro 196932, que dice: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente." En la especie, la parte quejosa se ostenta como persona tercera extraña en stricto sensu, pues aduce que aun cuando no es parte en el juicio 46/2016, ni ha sido oído y vencido en el mismo, le causa agravio el auto de exequendo de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, en el que el Juez Primero Mercantil de Primera Instancia de Toluca, Estado de México, ordenó llevar a cabo la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, la cual se materializo el siete de junio del año en curso. Ahora, cuando el quejoso se ostenta como tercero extraño en virtud de la posesión de un bien, es necesario que pruebe su interés jurídico con la plena demostración de que tiene la posesión jurídica de dicho bien, pues de lo contrario, se le tendrá como simple detentador por falta de causa legal que la apoye, sin que dicha posesión sea susceptible de ser protegida a través del juicio de amparo. En ese orden, se considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." En esta tesitura, el artículo 5°, fracción, I, de la ley de la materia, dispone: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." Ahora, toda vez que el acto reclamado proviene de un órgano judicial, en el caso procede analizar si la parte quejosa es titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa (interés jurídico) En principio, cabe resaltar que el interés jurídico previsto en la disposición legal transcrita consiste en la existencia de un derecho legítimamente tutelado por el ordenamiento jurídico objetivo, que al ser transgredido por la actuación de una autoridad, faculta al agraviado para acudir ante el órgano jurisdiccional y demandar la reparación de dicha trasgresión. Asimismo, tal interés jurídico debe entenderse como aquel que las partes tienen en relación con los derechos o las cosas materia del juicio en que intervienen. Al caso sirve de apoyo la jurisprudencia VI. 2o. J/8, publicada en la página 364 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Segunda Parte-1, Julio-Diciembre de 1990, Octava Época, registro 224803, del contenido siguiente: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona." En este tenor, el interés jurídico para ejercitar la acción constitucional, se encuentra íntimamente relacionado con el artículo 6° de la propia Ley de Amparo, cuyo texto prevé: "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." El precepto transcrito acoge el principio rector de agravio personal y directo, el cual estatuye que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, como lo dispone el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De lo anterior, se sigue que para la procedencia de la acción constitucional se requiere como presupuesto indispensable, que se acredite la afectación por el o los actos reclamados, de los derechos que se invocan, sean patrimoniales o de cualquier otra especie. Ahora, un acto de autoridad que se reclama a través de la vía constitucional, causa perjuicio a una persona cuando lesiona directamente su interés jurídico o legítimo, sea en su persona, patrimonio o derechos y es entonces cuando nace la acción anulatoria de la violación reclamada en un juicio de amparo. Establecido lo anterior, debe decirse que el interés jurídico es un presupuesto indispensable para lograr la procedencia del juicio de amparo; de tal manera que si lo reclamado es todo lo actuado en el expediente 46/2016 del índice del Juzgado Primero Mercantil de Primera Instancia de Toluca, México, relativo al juicio ejecutivo mercantil, y como consecuencia de ello, el embargo del vehículo marca Volkswagen, Tipo Jetta C1, estándar, cuatro puertas, modelo 1999, número de serie 3VWJ2A1W7XM230078, número de motor ADD207968, color verde perlado (negro), placas de circulación LYY-8203, del Estado de México; para justificar esa afectación o perjuicio, es necesario que, quien pide amparo demuestre que el bien cuya posesión jurídica dice ostentar, tenga un título como causa generadora de ese derecho alegado, pero que tal título produzca la convicción sobre esa prerrogativa y que no debe ser perturbada, si no es mediante un juicio en el que se sigan las formalidades esenciales de todo procedimiento; así, de no acreditar ese derecho, no tendrá por qué ser escuchado en ese juicio. Al respecto se aplica la jurisprudencia 3a. 58 8/90, de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 236 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, Octava Época, del número de registro 207227, que establece: "POSESIÓN. CUANDO SE RECLAMA SU PRIVACIÓN Y NO SE DEMUESTRA AQUELLA, PROCEDE EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO POR FALTA DE INTERES JURIDICO Y NO NEGAR EL AMPARO (INTERRUPCION Y MODIFICACION DE LA TESIS JURISPRUDENCIAL NUMERO 217, PUBLICADA EN LA PAGINA 631, CUARTA PARTE DEL APENDICE AL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACION 1917-1985). De lo dispuesto por los artículos 107, fracción I, constitucional y 4o. de la Ley de Amparo, en relación con el 73, fracción V de este propio ordenamiento, se desprende que el juicio de garantías se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que por consiguiente implica que uno de los presupuestos que debe concurrir para la procedencia de la acción constitucional es la demostración plena del interés jurídico, que no es otra cosa que la titularidad que a la parte quejosa corresponde en relación a los derechos u obligaciones afectados por el acto de autoridad reclamado. Ahora bien, tratándose de los actos de desposeimiento es manifiesto que el supuesto básico en que descansa tal reclamación es la posesión; luego, si no llega a probarse ese hecho medular, lo correcto es estimar que falta el interés jurídico que obliga a sobreseer en el juicio, pues no sería lógico negar la protección constitucional a quien en modo alguno se ve afectado por el acto de desposeimiento impugnado si la posesión de la cosa sobre la cual se dirige no pertenece a su esfera jurídica." Así, cuando se reclama un acto desposesorio de un bien debe acreditarse el título respectivo, para demostrar que se tiene interés jurídico o legítimo y pedir amparo. Por tal razón, para que el poder de hecho que alguien ostente sobre un bien sea susceptible de tutela constitucional, requiere que se acredite la causa que le dio origen y que ésta, además, se encuentre amparada por la ley, pues la simple tenencia material u ocupación no están salvaguardadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esa tesitura, como se dijo, el solicitante del amparo no es parte en el juicio de donde emana el acto reclamado, por lo que el acto que reclama en la presente instancia constitucional no afecta su esfera jurídica, pues carece de interés jurídico para ejercitar la acción constitucional, en virtud de que el acto tildado de inconstitucional no le causa un agravio personal y directo. Lo anterior se afirma, en virtud de que el peticionario de la protección constitucional ofreció los medios de prueba siguientes: La copia certificada de la factura número 08711 (foja 7), cuya certificación es asentada por el Notario Público Número Uno del Estado de México, Rene Cutberto Santin Quiroz, en fecha nueve de septiembre de dos mil dieciséis (fojas 7 y 8). Original del contrato privado de compra venta celebrado por el quejoso Cecilio Jaime Najera Duran y Antonio Castro Fuentes, el diez de marzo de dos mil trece. Medios de convicción que se valoran de conformidad con los artículos 129 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, los cuales, una vez analizados, se concluye que no favorecen las pretensiones de los solicitantes del amparo. Lo anterior, porque los documentos descritos son insuficientes para acreditar la posesión o titularidad del bien multicitado, ya que con la primera documental, si bien al reverso obra un endoso a favor del quejoso de diez de marzo de dos mil trece, lo cierto es que, debe considerarse de fecha cierta a partir de la certificación asentada por el Notario Público Número Uno del Estado de México, Rene Cutberto Santin Quiroz, de fecha nueve de septiembre de dos mil dieciséis, la cual se realizó dos días después de haberse trabado el embargo sobre el vehículo marca Volkswagen, Tipo Jetta C1, estándar, cuatro puertas, modelo 1999, número de serie 3VWJ2A1W7XM230078, número de motor ADD207968, color verde perlado, placas de circulación LYY-8203, del Estado de México; por lo que tal documental en modo alguno acredita la propiedad jurídica del bien materia de la litis, previo a que se realizara el embargo del mismo, pues era indispensable que el quejoso acreditara ser propietario del bien mueble al momento en que se trabo el embargo a fin de demostrar su interés jurídico. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 7/2001, publicada en la página 9 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIII, enero 2001, Novena Época, formulada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto a la letra dicen: "FACTURAS "ENDOSADAS" A FAVOR DE QUIEN SE PRESENTA COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO NATURAL. ACREDITAN SU INTERÉS JURÍDICO SI NO SON OBJETADAS, IDENTIFICAN LOS BIENES Y EL "ENDOSO" ES DE FECHA CIERTA. El tercero extraño al juicio natural, cuando se le embargan bienes de su propiedad, sin que hubiese intervenido en alguna forma en el procedimiento, puede acreditar su interés jurídico en el juicio de garantías, presentando ante la autoridad jurisdiccional la factura donde se describan los bienes materia del embargo, siempre y cuando, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 2034, fracción III, del Código Civil para el Distrito Federal, aplicados supletoria y analógicamente, respectivamente, dicho documento no haya sido objetado, la factura detalle los bienes embargados, y el llamado "endoso", que no significa otra cosa más que el acto de enajenación del bien, sea de fecha cierta. Esto último se entenderá desde el día en que el acto traslativo de dominio haya sido inscrito en la oficina de Registro Público respectiva, a partir de la muerte de cualquiera de los contratantes, o bien, desde la fecha en que se entregue a un funcionario público, por razón de su oficio; pues la circunstancia de ser de fecha incierta imposibilita determinar si todo reclamo que sobre esos bienes realicen terceros, es derivado de actos anteriores o posteriores a la adquisición del bien litigioso, garantizándose, de esta manera, la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en este tipo de operaciones y, evitando así, que el juicio de amparo sea utilizado con fines desleales." Asimismo, si bien también ofrece como medio de convicción el original del contrato privado de compra venta celebrado por el quejoso Cecilio Jaime Najera Duran y Antonio Castro Fuentes, el diez de marzo de dos mil trece, lo cierto es que éste carece de las formalidades de ley para otorgarle validez jurídica, ya que sólo podrán considerarse de fecha cierta los documentos privados cuando éstos hayan sido presentados a un registro público o ante un funcionario en razón de su oficio para su validez y eficacia plena. Es aplicable la jurisprudencia VI.2o.C.J/329 (9a), publicada en la página 3520 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo 5, Diciembre 2011, Décima Época, formulada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 160606, que establece: "COMPRAVENTA. SI NO ESTÁ INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD EL DOCUMENTO DE FECHA CIERTA EN QUE CONSTE ESTE CONTRATO, ES INEFICAZ PARA OBTENER LA PROTECCIÓN FEDERAL CONTRA ACTOS DE AUTORIDAD CUYO ORIGEN SEA UN DERECHO REAL QUE SÍ LO ESTÉ (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Si bien el documento en que consta el contrato privado de compraventa adquiere fecha cierta cuando se inscribe en el Registro Público de la Propiedad; se celebra o ratifica ante un fedatario público; es presentado ante un funcionario en razón de su oficio o muere cualquiera de sus firmantes, esa certeza no significa que adquiera la publicidad que sólo otorga su inscripción en la oficina registral en cita; por tanto, quien adquiere en fecha cierta el dominio de un bien pero no inscribe su título ante el registro correspondiente, carece de un documento eficaz para obtener la protección federal contra actos de autoridad cuyo origen sea la existencia de un derecho real que sí lo esté, pues acceder a tal pretensión equivale a utilizar al juicio de control constitucional como procedimiento para dilucidar cuestiones sobre titularidad o prevalencia de derechos reales. Así, al analizar el Código Civil para el Estado de Puebla se advierte que en los artículos 984 y 2887 el legislador local definió como derechos reales, entre otros, a la propiedad y a la hipoteca; en el diverso 2988, vigente hasta el 30 de junio de 2009, dispuso que las escrituras en que conste la adquisición, transmisión, modificación, gravamen o extinción de la propiedad o de derechos reales deben inscribirse en el Registro Público de la Propiedad; en el numeral 2989, de la misma vigencia, sancionó el incumplimiento de esta obligación con la ausencia de efectos ante terceros; finalmente en el artículo 2990, vigente hasta la fecha señalada, otorgó el carácter de tercero al que adquiere a título particular y por acto entre vivos la propiedad o un derecho real de quien aparece como su titular en el citado registro. Por ello, si el adquirente del dominio de un inmueble omite inscribir su derecho, aun cuando su título pueda reputarse de fecha cierta, carece de un documento eficaz para obtener la protección federal contra los actos de autoridad que deriven de la existencia o cumplimiento de un diverso contrato de hipoteca, celebrado con quien registralmente aparecía como propietario del bien sobre el que se constituye ese derecho real, ya que al no estar inscrita la transmisión de su dominio, quien acepta la citada garantía y sí inscribe su título cuenta con un derecho real oponible a terceros a diferencia de aquél." En atención a lo anterior, este Juzgado de Distrito puede sostener que el quejoso omitió ofrecer prueba fehaciente durante la secuela procesal del presente juicio de amparo y hasta la celebración de la audiencia constitucional, para acreditar que el acto reclamado transgrede su esfera jurídica, pues a él correspondía demostrar tal circunstancia, dado que la carga de la prueba le corresponde. Es aplicable la tesis II.2o.C.396 C, publicada en la página 1253 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXII, septiembre 2010, Novena Época, formulada por el Segundo Tribual Colegiadp en Materia Civil del Segundo Circuito, registro 163821, que establece: "DOCUMENTOS PRIVADOS. ALCANCE DE LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA SER CONSIDERADOS VERDADERAMENTE DE FECHA CIERTA. En la jurisprudencia número 220, sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conforme a su anterior estructura orgánica, publicada en la página 180 del Tomo IV, Materia Civil, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo título dice: "DOCUMENTOS PRIVADOS, FECHA CIERTA DE LOS.", se estableció que sólo podrán considerarse de fecha cierta los documentos privados cuando éstos hayan sido presentados a un registro público o ante un funcionario en razón de su oficio, o a partir de la fecha de la muerte de cualquiera de sus firmantes. Ahora, en orden con dicho criterio, este órgano jurisdiccional constitucional considera pertinente esclarecer que tratándose de documentos privados llevados ante un notario público, que obra en razón de su oficio, tal certificación sólo otorga la certeza de que el documento se presentó ante la fe pública para, a partir de ese momento, tener fecha cierta, por cuanto es indiscutible que se contrae a un hecho del que da fe el notario, cuya cuestión es distinta de si los firmantes autentificaran ante el fedatario un contrato como si ratificaran en su presencia el acto jurídico que en él se contenga. Así, aunque aquel documento se refiere a una mera certificación de una copia con su original, basta esa anotación o constancia notarial en el sentido de que la copia respectiva "es fiel reproducción de su original" para que tenga fecha cierta, lo que es independiente de la autenticidad del acto contenido en él, en orden con su naturaleza jurídica. Consecuentemente, la referida certificación sí le otorga el carácter de un documento de fecha cierta, pero no trasciende a la veracidad del acto o contrato privado de compraventa que no haya sido ratificado por sus celebrantes, pues para ello habrá de realizarse esa ratificación ante un funcionario público autorizado, para su validez y eficacia plena. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 1/2002, publicada en la página 15 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, febrero de 2002, Novena Época, formulada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 187777, que establece: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción "1", de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en si mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto." Así, no es suficiente que la parte quejosa se ostente como poseedor jurídico del bien afectado, sino que debió acreditarlo de manera fehaciente con prueba idónea, pues el interés jurídico debe probarse de manera fehaciente y no con base en presunciones. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 16/94, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el tomo 82, página 17, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, octubre 1994, registro 198284, que dispone: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." En consecuencia, este órgano jurisdiccional, como se adelantó, considera actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en virtud de que el acto reclamado no afecta interés jurídico del quejoso; y, por tanto, con fundamento en el diverso 63, fracción V, de la citada ley, lo que procede es sobreseer en el juicio constitucional. Por todo lo anterior, este órgano jurisdiccional se encuentra jurídicamente impedido para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados por la parte inconforme. Las manifestaciones precedentes cobran aplicación en la jurisprudencia VI. 1o. J/23, publicada en la página 252 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 22-24, octubre-diciembre de 1989, Materia Común, Octava Época, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, con el número de registro 230809, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, fracción I, 73, 74, 75, 76, 123, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 1413/2016-I, promovido por Cecilio Jaime Nájera Durán, por lo motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Israel Díaz Reyna, Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y conforme a lo acordado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, según oficio CCJ/ST/7478/2016, asistido de la Secretaria María Isabel López Mondragón, que autoriza y da fe.

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