Cecilio Estrada Castillo
Expediente 838/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de julio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 838/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 05/07/2016
Partes del expediente
- Cecilio Estrada Castillo
Actuaciones
- Principal
II. UN ACUERDO (Notifíquese y personalmente al quejoso).
- Principal
VIII) Toluca, Estado de México; dieciséis de junio de dos mil dieciséis. Vista la guía de MEXPOST EE906809970MX de cuenta, mediante el cual se devuelve el oficio 26178, dirigido a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la acción; pues se advierte la leyenda "Ventanilla la razón social se desconoce en este domicilio 07/06/16". Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia en términos de su artículo 2°, agréguese a los autos la guía MEXPOST de cuenta para los efectos legales procedentes y se ordena reenviar nuevamente el oficio de mérito al domicilio actual, correcto y completo de la autoridad referida, que para tal efecto investigue el actuario adscrito. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con Víctor Manuel Rendón Sosa, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
II) (Citatorio parte quejosa) Toluca, Estado de México; dieciséis de junio de dos mil dieciséis. CONTENIDO ESCRITO. Visto el escrito de cuenta signado por el quejoso Cecilio Estrada Castillo, mediante el cual, da cumplimiento a los requerimientos formulados en proveído de ocho de los actuales (fojas 9 a la 12). SE AGREGA ESCRITO; SE TIENE POR CUMPLIDO REQUERIMIENTO Y SE DEJA SIN EFECTOS APERCIBIMIENTO. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2º, se agrega a los autos el escrito de cuenta para los efectos legales procedentes, se tiene por cumplido el requerimiento y sin efectos el apercibimiento respectivos, decretados en proveído de ocho de junio del año en curso. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DEL AMPARO. Ahora, con fundamento en el artículo 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el diverso artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, se desecha de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo en estudio. Se expone tal consideración, pues de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Lo indudable resulta de la certidumbre que se tenga y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al caso es aplicable, la jurisprudencia publicada en la página 1008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Mayo de 1998, Tomo VII, del contenido siguiente: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. SÓLO PROCEDE POR MOTIVOS MANIFIESTOS E INDUDABLES DE IMPROCEDENCIA. En términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación surjan a la vista; de no ser así, procede admitir y tramitar la demanda y dar oportunidad a las partes para que rindan los elementos de convicción relacionados con aquélla. Por otra parte, el Juez de Distrito, al recibir el escrito de demanda debe tomar en cuenta que, bajo protesta de decir verdad, el quejoso proporciona hechos y datos a través de los cuales especifica por qué estima que los actos reclamados resultan infractores de sus garantías individuales y atendiendo a que la función esencial del juzgador federal es vigilar el cumplimiento de éstas, debe otorgar credibilidad a las manifestaciones hechas valer en el escrito de demanda." PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La parte agraviada señaló como acto reclamado: - La orden de cateo ordenada y materializada en el inmueble propiedad del quejoso ubicado en domicilio conocido en Santa Juana Centro, sin número y sin calle, Almoloya de Juárez, México. ANÁLISIS DE CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Ahora, procede analizar las causales de improcedencia que propongan las partes o que este juzgador advierta de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sustenta esta determinación, la jurisprudencia número 158, de una anterior conformación del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página doscientos sesenta y dos, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1985, VIII Parte, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes las aleguen o no, deben examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, por esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". En el presente caso, este Juez federal advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61.- El Juicio de Amparo es improcedente: (...) XVI. Contra actos consumados de modo irreparable; (.)." Los actos consumados en general, se entienden como aquéllos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquéllos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Para efectos de la procedencia del juicio de amparo los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos los podemos clasificar en: a) Actos consumados de modo reparable, y b) Actos consumados de modo irreparable. Los primeros son aquéllos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia favorable; en cambio, los actos consumados de modo irreparable son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas, razón por la cual resulta improcedente el juicio de amparo en términos de la fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo, antes citado. En ese orden de ideas, para determinar si se está en presencia de un acto consumado de modo reparable o irreparable, se debe atender a los efectos y consecuencias de su ejecución. Así, tenemos que los efectos y consecuencias de los actos reclamados ya ejecutados no pueden circunscribirse al tiempo o momento de su ejecución para determinar la procedencia del juicio de amparo, porque llegaríamos al extremo de que cualquier acto por el sólo hecho del transcurso del tiempo en su realización, por no retrotraerse éste, es un acto consumado de modo irreparable, si la restitución del acto ejecutado es factible aún cuando sea en otro tiempo y momento. De esta forma, los actos consumados de modo irreparable hacen improcedente el juicio de amparo porque ni física ni materialmente, puede obtenerse la restitución de los actos reclamados; lo que significa que la naturaleza de los actos consumados para efectos del juicio de amparo, debe atender a la reparabilidad física y material de los mismos, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene tutelado, y que le fue transgredido, igual que antes de las violaciones cometidas, pero no por cuestiones de tiempo o del momento de su ejecución porque el tiempo no rige la materialización física y restituible de los actos ejecutados. En el caso, el quejoso se duele de la orden de cateo librada contra el inmueble de su propiedad en el domicilio conocido en Santa Juana Centro, con número y sin calle, Almoloya de Juárez, México; sin embargo, como se observa de las propias manifestaciones vertidas por él en su demanda en el capítulo relativo a los hechos que constituyen los antecedentes del acto reclamado, con fecha tres de junio de dos mil dieciséis, se llevó a cabo la diligencia de cateo e inspección del inmueble de su propiedad referido anteriormente, mismo que a partir de esa fecha se encuentra asegurado pues aduce que las autoridades que llevaron a cabo la orden en comento, colocaron cinta de seguridad en toda la superficie del inmueble. En ese sentido, este órgano de control constitucional considera, que la orden de cateo que reclama el quejoso, se ha consumado de modo irreparable, pues el tres de junio de dos mil dieciséis, se llevó a cabo en el inmueble ubicado en Santa Juana Centro, sin número y sin calle, Almoloya de Juárez, México. Luego, si la orden de cateo reclamada se llevó a cabo con todas sus consecuencias jurídicas, se colige que dicha circunstancia hace física y materialmente imposible volver las cosas al estado que tenían antes de la violación reclamada, por tal virtud, queda evidenciada la actualización de la causa de improcedencia en estudio. En efecto, los requisitos exigidos por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para la emisión de toda orden de cateo, consisten en que sólo podrá expedirla la autoridad judicial, por escrito, la cual debe limitarse a expresar el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que habrán de aprehenderse y los objetos que se buscan, levantándose al concluirla un acta circunstanciada; y tienen como objetivo tutelar la inviolabilidad del domicilio. Atento a ello, si el tres de junio de dos mil dieciséis, se llevó a cabo el cateo y verificación que se impugnan, la posible transgresión al citado derecho fundamental y las diligencias acontecidas en la ejecución del mismo, quedaron agotadas de manera irreparable, en virtud de que no es posible restituir a la parte quejosa en ese derecho, pues una eventual concesión no podría dar lugar a retrotraer los hechos al estado en que se encontraban antes de la introducción al inmueble, por lo que es materialmente imposible restablecer al inconforme en el goce del derecho que aduce fue infringido, como lo ordena el numeral 77 de la Ley de Amparo, por estar fuera del alcance de los instrumentos jurídicos volver la situación al estado que guardaba antes de la diligencia en comento. No obsta señalar que la emisión de una orden de cateo es un acto acaecido durante la investigación de delitos, cuya finalidad es la búsqueda de personas u objetos relacionados con algún ilícito. Al respecto, debe indicarse que la posibilidad de impugnación de los actos verificados por el Ministerio Público durante la indagatoria a través del juicio de amparo indirecto, debe ser determinada en aras de preservar la función de investigación de los hechos delictuosos, al menos en su expresión mínima, tomando en consideración si éstos constituyen o no actos cuyos efectos podrán o no ser desvirtuados o contrarrestados a través del proceso judicial, siendo en su caso los efectos de las irregularidades advertidas en la indagatoria, susceptibles de ser posteriormente contrarrestados o anulados por la autoridad judicial, o bien, no otorgando valor probatorio a las pruebas obtenidas de manera ilícita; estimar lo contrario sería tanto como entorpecer las facultades y obligaciones que constitucionalmente se le confieren al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al interés de la sociedad. Por lo que, al margen de la ejecución consumada de la invasión a la morada precisada en líneas que anteceden y las diligencias efectuadas en la misma, e incoarse proceso penal, sus efectos podrán desvirtuarse o contrarrestarse en el mismo. Apoya a lo anterior, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, localizada en la página 484 del Tomo XIV, Materia Común, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a Julio de 1994, con número de registro 211211, que establece: "CATEO EJECUTADO. AMPARO IMPROCEDENTE. Cuando el acto reclamado lo constituye la orden de cateo, misma que según consta en autos ya fue ejecutada sin que se hubiese constituido el depósito de los bienes embargados, es incuestionable que tal acto quedó consumado de un modo irreparable, por lo que se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73 fracción IX de la Ley de Amparo." También se invoca, la tesis 14, publicada en la página 12 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Quinta Época, Sección Precedentes Relevantes, sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número de registro 918177, que señala: "ACTOS CONSUMADOS DE UN MODO IRREPARABLE. La jurisprudencia de la Suprema Corte ha resuelto que las disposiciones legales que se refieren a actos consumados de un modo irreparable, aluden a aquellos en que sea físicamente imposible volver las cosas al estado que tenían antes de la violación, lo que no acontece tratándose de procedimientos judiciales que, por virtud del amparo, pueden quedar insubsistentes y sin efecto alguno." Se toma de apoyo la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 76 del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 103-108, Tercera Parte, con número de registro 238138, que indica: "IRREPARABILIDAD DE CONSUMACIÓN DEL ACTO RECLAMADO COMO CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DE AMPARO. NO BASTA GRAVE DIFICULTAD DE REPARACIÓN. La causal de improcedencia del juicio de amparo que se funda en la fracción IX del artículo 73 de la Ley de Amparo no se justifica con el argumento de que los actos reclamados se encuentran consumados porque resultan de difícil reparación, en virtud de que la disposición legal que se cita señala como causa de improcedencia del juicio de garantías que se entable en contra de "actos consumados de modo irreparable" y no contra actos difíciles de reparar." DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. Por ello, ante la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XVI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda promovida por Enrique Ortega Coronado, contra actos del Juez de Juicio Oral con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, en términos del artículo 112, todos de la Ley de Amparo. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma, Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con Irma Zoraida Campos Navarro, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Toluca, Estado de México; seis de mayo de dos mil dieciséis. Vista la pieza postal devuelta que contiene el oficio 5784/2016 con demanda, dirigido a la autoridad "Titular de la Unidad de Investigaciones Especializada en Delitos contra la Salud", pues se aprecia la leyenda "AUTORIDAD INTERCAMBIADA". En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de veintidós de febrero anterior (fojas 17 a la 19) y se deja de tener con el carácter de autoridad responsable a la referida anteriormente para los efectos del presente incidente de suspensión, sin perjuicio de que la parte quejosa corrija la denominación de dicha autoridad, hasta antes de la celebración de la audiencia incidental. Por otra parte, la certificación de cuenta evidencia que en proveído de veintidós de abril del año en curso (foja 175), se difirió la audiencia incidental para las nueve horas con diez minutos de hoy, debido a que las autoridades señaladas por el quejoso como "Subprocurador General de la República" y "Titular de la Unidad de Investigaciones Especializada en Delitos contra la Salud"; no habían rendido sus informes previos ni obraba constancia de notificación de los oficios mediante los cuales se les requirió para tal efecto; sin embargo, por acuerdo de tres de los actuales y en párrafos precedentes, se les dejó de tener con el carácter de autoridades responsables por las consideraciones que se expusieron. En consecuencia, toda vez que no existen autoridades por las cuales se encuentre pendiente de resolver la presente incidencia, se deja insubsistente la audiencia incidental prevista para celebrarse hoy a las nueve horas con diez minutos. Notifíquese y personalmente al quejoso en el lugar donde se encuentra recluido. Así lo acordó y firma, Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con Maria Isabel Lopez Mondragon, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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