Cecilio García Aguilar
Expediente 785/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 15 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 785/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 16/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Cecilio García Aguilar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
El licenciado Javier Morales Guzmán, secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hago constar y certifico: Que concluyó el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada dentro del juicio de amparo 785/2022, pues transcurrió del veintiocho de octubre al quince de noviembre del año en curso, tomando en consideración únicamente los días hábiles correspondientes, de conformidad con los artículos 19 y 22 de la misma ley, sin que a la fecha se haya recibido recurso alguno. Morelia, Michoacán, dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta al encargado del despacho dentro del juicio de amparo 785/2022, con la certificación secretarial que antecede y el estado de autos. Conste. Morelia, Michoacán, dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se sobreseyó en el juicio, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. 26/09/23 15:29:33 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.78.1d JAVIER MORALES GUZMAN Igualmente, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depurarse, ya que se concedió la medida cautelar solicitada. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo; una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, que prevé el artículo 21 del aludido Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio y dentro de los noventa días siguientes, depúrese el original del incidente y transfiérase éste a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del mismo Acuerdo General. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Notifíquese por lista, y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el licenciado Oscar Hernández García, secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargado del despacho en términos del artículo 44, segundo párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por licencia del titular, en términos del artículo 183, fracción II, de la Declaratoria para el inicio de la observancia de las nuevas reglas de la Carrera Judicial y Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la Carrera Judicial, ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe. EDG Razón.- En esta fecha se giró (giraron) el (los) oficio (s) 22471, 22472 y 22473 a la (s) autoridad (es) correspondiente (s); notificándole (s) el auto que
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las diez horas con diez minutos del veinticinco de octubre de dos mil veintidós, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 785/2022, sin la comparecencia de las partes. Enseguida la secretaria da cuenta al Juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio la secretaria da cuenta al Juez con las documentales exhibidas por el quejoso así como por el Titular de la Unidad de Asuntos Internos y la Delegada Administrativa, ambos adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública. Al respecto el Juez acuerda: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por admitidas y desahogadas por razón de su propia y especial naturaleza las documentales referidas. Dado que no hay más medios de convicción pendientes por admitir ni por desahogar se cierra el periodo probatorio. En el periodo de alegatos la secretaria certifica que ninguna de las partes presentó alegatos. En relación con lo anterior el Juez acuerda: Vista la cuenta precedente con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por precluido el derecho de las partes para formular alegatos. Una vez cerrado el periodo de alegatos se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del Juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda. RESULTANDOS: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el catorce de julio de dos mil veintidós en el Buzón Judicial del Décimo Primer Circuito con sede en Morelia (fojas 2-9), Cecilio García Aguilar, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Titular de la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán de Ocampo y de otras autoridades. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 1°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite de la demanda de amparo. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda de amparo a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia; órgano jurisdiccional que la registró en el libro de gobierno con el número de expediente 785/2022; en auto de dieciocho de julio de dos mil veintidós (foja 56) la admitió a trámite; requirió a las autoridades responsables su informe justificado; se dio vista al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención legal que le compete; y, señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Quinto. Vista a quejoso respecto a inexistencia de autoridad responsable. En auto de veintisiete de julio de dos mil veintidós (foja 75), se ordenó dar vista al quejoso para que manifestara la denominación correcta de la autoridad que señaló como "Subdelegado de operación policial de la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad"; derivado de la razón efectuada por el actuario adscrito a esta juzgado, de la que se advierte que dicha autoridad no existe. Mediante escrito presentado el cinco de agosto del año en curso (foja 89), Cecilio García Aguilar, manifestó que el nombre correcto de la referida autoridad lo es "Subsecretario de operación policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán", por lo que en proveído de nueve siguiente (foja 90), este órgano de control constitucional ordenó remitir el oficio correspondiente a la misma, en su carácter de autoridad responsable, con el auto de admisión correspondiente para que diera cumplimiento a lo ahí ordenado. Seguido el juicio por todos sus trámites legales tuvo verificativo la audiencia constitucional con el resultado consignado en el acta que antecede; por lo que se procede a resolver el presente juicio de amparo; y, CONSIDERANDOS: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que el acto reclamado fue emitido por una autoridad con sede en el lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Con fundamento en el artículo 217 y sexto transitorio, ambos de la Ley de Amparo, en observancia obligatoria, sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J.40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, abril de 2000, Materia Común, Novena Época, registro 192097, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Asimismo, el criterio P. VI/2004, sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril de 2004, Materia Común, Novena Época, registro 181810, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el precepto citado y en atención además a los criterios señalados, los actos reclamados por el quejoso al Titular de la Unidad de Asuntos Internos, a la Delegación Administrativa y al Subsecretario de Operación Policial, adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, consisten en: La suspensión temporal de sus funciones policiales, sin goce de sueldo por noventa días, decretada el trece de abril de dos mil veintidós, dentro de la carpeta de investigación administrativa número CIA/UAI/249/2021, seguida en su contra, por la probable responsabilidad administrativa contemplada en los artículos 132 fracción X y 133 fracción XX, del Reglamento de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública; así como su ejecución. Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. Al rendir su informe justificado el Subsecretario de Operación Policial, adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán de Ocampo (foja 93), negó la existencia de los actos reclamados. Por tanto, la carga probatoria corresponde a la parte quejosa, atento al aforismo que reza el que afirma está obligado a probar, como en la especie, pues la emisión del acto reclamado, así como su ejecución, son de carácter positivo en tanto que implica una actividad desplegada por la autoridad responsable, la cual deja huella en el tiempo y en el espacio, lo que lo hacía susceptible de prueba, sin que aportara alguna para desvirtuar tal negativa. Es aplicable la jurisprudencia VI.2o. J/20, visible en la página seiscientos veintisiete del tomo IV, segunda parte-2 del Semanario Judicial de la Federación de julio a diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, materia común, octava época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del rubro: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados atribuidos al Subsecretario de Operación Policial, adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y, por tanto, con apoyo en dicho precepto, procede sobreseer en el juicio de amparo. CUARTO. Certeza de los actos reclamados al Titular de la Unidad de Asuntos Internos y a la Delegación Administrativa, ambos adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán de Ocampo. El Titular de la Unidad de Asuntos Internos y la Delegación Administrativa, ambos adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, al rendir sus respectivos informes justificados, aceptaron la existencia de los actos reclamados (fojas 78 y 83). Certeza que se corrobora con las documentales que adjuntó el quejoso, entre las que se advierte la suspensión temporal de sus funciones policiales, sin goce de sueldo por noventa días, decretada el trece de abril de dos mil veintidós. Probanzas que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Quinto. Análisis de las causas de improcedencia. Determinada la certeza de los actos reclamados que se atribuyen a la autoridad responsable, procede examinar la procedencia del juicio de amparo, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia deben estudiarse preferentemente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. En ese contexto, las autoridades responsables Titular de la Unidad de Asuntos Internos y la Delegación Administrativa, ambos adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, al rendir sus respectivos informes justificados, hicieron valer la causal de improcedencia contenida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, la cual es fundada. A efecto de explicar la razón de dicha actualización, se estima necesario traerla a glosa la referida porción normativa: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" En efecto, el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; es decir, derogado, revocado o nulificado y sus efectos destruidos de manera absoluta, completa e incondicional; de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y en consecuencia no le agravie a la parte quejosa; se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo; caso en el que el juicio constitucional carece de litis sobre la que deba hacerse pronunciamiento de fondo. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38 de Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Materia Común, Novena Época, registro 193758, de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Así como la diversa jurisprudencia 2a./J. 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 210 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, Materia Común, Novena Época, registro 196820, la cual es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Y, la tesis aislada P. CL/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 71 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Noviembre de 1997, Materia Común, Novena Época, registro 197367, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Ahora bien, de la lectura de la demanda de amparo así como del análisis de sus anexos, se advierte que el quejoso reclama la suspensión temporal de sus funciones policiales, sin goce de sueldo por noventa días, decretada el trece de abril de dos mil veintidós, dentro de la carpeta de investigación administrativa número CIA/UAI/249/2021, seguida en su contra, por la probable responsabilidad administrativa contemplada en los artículos 132 fracción X y 133 fracción XX, del Reglamento de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública; así como su ejecución. Asimismo, de las constancias que adjuntaron las responsables, al rendir sus informes justificados se advierte que el once de julio de dos mil veintidós, el Titular de la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública, emitió un "Acuerdo de reincorporación", a través del cual se levantó la suspensión temporal impuesta a Cecilio García Aguilar, a fin de que le fuera reactivado el pago de sueldos y prestaciones así como para que le proporcionaran los implementos del trabajo así como para que fuera reincorporado al servicio que le correspondía, ya que había concluido el plazo de la suspensión impuesta; el cual es del tenor siguiente: "ACUERDO DE REINCORPORACIÓN. Morelia, Michoacán, a 11 de julio de 2022 dos mil veintidós. VISTO el estado actual que guarda la carpeta de investigación administrativa citada al rubro, instruida en contra del C. Cecilio García Aguilar, por la presunta comisión de hechos contrarios al régimen disciplinario como integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, en la que se aprecia que el 13 trece de abril de 2022 dos mil veintidós, se acordó dentro del acuerdo de cierre de investigación administrativa la suspensión temporal de funciones policiales sin goce de sueldo al C. Cecilio García Aguilar, por lo que atento a lo anterior, SE ACUERDA: PRIMERO. De conformidad con los artículos 140 y 144 del Reglamento de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública; levantar la suspensión temporal impuesta a C. Cecilio García Aguilar, a fin de que le sea reactivado el pago de sueldos y prestaciones, se le proporcionen sus implementos de trabajo y sea reincorporado al servicio que les corresponda, toda vez que ha concluido el plazo de la suspensión impuesta. SEGUNDO. Atento a lo anterior, se ordena girara atento oficio a la Delegación Administrativa de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán y al jefe superior del C. Cecilio García Aguilar, a fin de que realice la reactivación de funciones, sueldos y prestaciones del citado integrante. Por lo anteriormente expuesto [.]". De igual manera, se constata que el Titular de la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública, a través del oficio SSP/UAI/DRE/1443/2022, de quince de junio del año en curso, hizo del conocimiento de la Delegación Administrativa el acuerdo de once del citado mes y año y le ordenó "levantar la suspensión temporal impuesta, reactivando el pago de sueldos y prestaciones del C. Cecilio García Aguilar, a partid del día (SIC) de la notificación del presente oficio", oficio que recibió la mencionada Delegación el veintiuno de julio del año en curso. También se advierte que, por requerimiento de este juzgado, la Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, remitió las constancias con las que se acredita que se realizó la entrega de todos y cada uno de los cheques que le fueron retenidos al quejoso con motivo del acuerdo de suspensión dictado en la carpeta de investigación CIA/UAI/249/2021 así como los pagos posteriores a su reincorporación. De modo que, al haberse dejado sin efectos la suspensión temporal de sus funciones policiales, sin goce de sueldo por noventa días, decretada el trece de abril de dos mil veintidós, dentro de la carpeta de investigación administrativa número CIA/UAI/249/2021; así como que se le entregaron cada uno de los cheques retenidos con motivo de la misma, es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado. En esa virtud, es inconcuso que los efectos del acto reclamado desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica de las inconformes, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó huella de dicha afectación. En consecuencia, con fundamento en el artículo 63 fracción V de la Ley de Amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el numeral 61 fracción XXI de la citada ley, procede sobreseer en el juicio constitucional, respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables, y materia de este considerando. Sexto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Cecilio García Aguilar, en contra de los actos y autoridades precisados en el considerando segundo de este fallo, por los motivos expuestos en los diversos tercero y quinto. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese por lista y por oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciocho de octubre de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, del estado procesal que guardan los autos se advierte que por licencia del titular contenida en oficio de la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del artículo 183, fracción II, de la Declaratoria para el inicio de la observancia de las nuevas reglas de la Carrera Judicial y Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la Carrera Judicial, el secretario Oscar Hernández García quedó encargado del despacho en términos del artículo 44, segundo párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por lo que en atención a lo previsto en dicho numeral únicamente puedo practicar las diligencias, dictar las providencias de mero trámite y resoluciones de carácter urgente. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día hoy y se fijan las diez horas con diez minutos del veinticinco de octubre de dos mil veintidós, para su verificativo. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el licenciado Oscar Hernández García, secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargado del despacho en términos del artículo 44, segundo párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por licencia del titular contenida en oficio de la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del artículo 183, fracción II, de la Declaratoria para el inicio de la observancia de las nuevas reglas de la Carrera Judicial y Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la Carrera Judicial, ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintidós de septiembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se advierte que al momento de rendir su informe de ley el Titular de la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, omitió informar si los salarios retenidos por causa de la suspensión del aquí quejoso le fueron entregados de forma retroactiva una vez que finalizó la suspensión de éste. Por tanto, con fundamento en los artículos 75 y 117 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a la citada autoridad para que dentro del improrrogable término de tres días, contado a partir de su notificación, informe si lo salarios retenidos por causa de la suspensión del aquí quejoso le fueron entregados de forma retroactiva una vez que finalizó la suspensión de éste, apercibida que de no cumplir con ello se harán efectivos los apercibimientos formulados en el auto admisorio de demanda de conformidad con el artículo 260, fracción II, del ordenamiento legal invocado. Sustenta lo expuesto la jurisprudencia 1a./J.163/2005, emitida por la Primera Sala de la Superna Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIII, enero de 2006, página 319, Novena Época, registro: 176291, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL. Conforme al último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, el examen de las causales de improcedencia del juicio de garantías es oficioso, esto es, deben estudiarse por el juzgador aunque no las hagan valer las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto. Asimismo, esta regla de estudio oficioso debe hacerse extensiva a la probable actualización de dichas causales cuando éstas se adviertan mediante un indicio, sea que una de las partes las haya invocado u ofrecido o que el juzgador las hubiese advertido de oficio, pues con independencia de cuál sea la vía por la que se conocieron esos indicios, el juzgador de amparo los tiene frente a sí, y la problemática que se presenta no se refiere a la carga de la prueba, sino a una cuestión de orden público; por consiguiente, si de las constancias de autos el juzgador de amparo advierte un indicio sobre la posible existencia de una causal que haría improcedente el juicio constitucional, oficiosamente debe indagar y en todo caso allegarse de las pruebas necesarias para resolver si aquélla se actualiza o no y así, probada fehacientemente, sobresea en el juicio o bien en caso contrario, aborde el fondo del asunto." Por tanto, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día hoy y se fijan para su verificativo las diez horas con treinta minutos del dieciocho de octubre de dos mil veintidós. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria que autoriza y da fe.
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