Cecilia Luquin Molina

Expediente 293/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 16 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
293/2021
Año
2021
Actuaciones
16
Última actuación
06/10/2021

Partes del expediente

  • Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial de Morelia, Michoacán
  • Cecilia Luquin Molina

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, seis de octubre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se negó la protección constitucional en el presente juicio, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depurarse, ya que se concedió la medida cautelar solicitada. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio, así como el original del incidente y transfiéranse éstos a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. En otro orden de ideas, se ordena la devolución de un tomo de prueba, enviado por la autoridad responsable como complemento a su informe justificado. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo acordó y firma el licenciado Oscar Hernández García, secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargado del despacho por licencia de carácter personal del titular de este órgano jurisdiccional en términos del artículo 43 primer párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso artículo 107 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la carrera judicial y las condiciones de los funcionarios judiciales, con autorización emitida por el Presidente del Consejo de la Judicatura Federal, según oficio 3506/2021 de veintiuno de septiembre del presente año, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las once horas con treinta minutos tres de septiembre de dos mil veintiuno, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Karla Martínez Arenas, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 293/2021, sin la comparecencia de las partes. Enseguida la secretaria da cuenta al juez con el pedimento registrado bajo el número 11537, así´como con la totalidad de constancias que obran en el expediente, que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El Juez acuerda: Agréguese el escrito de la quejosa mediante el cual aporta como prueba de su parte la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana; de igual forma, realiza manifestaciones en forma de alegatos. En consecuencia, con fundamento en los numerales 119 y 124 de la Ley de Amparo, se tienen como prueba de su parte las probanzas que refiere en el escrito de cuenta y por formulados alegatos, lo anterior se ordena relacionar en la etapa correspondiente de esta audiencia. Asimismo, con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio la secretaria da cuenta al Juez con las probanzas ofrecidas por la parte quejosa en el escrito de cuenta, así como las que adjuntaron las autoridades responsables al momento de rendir su informe justificado Al respecto el Juez acuerda: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por admitidas y desahogadas por razón de su propia y especial naturaleza las documentales referidas. Dado que no hay más medios de convicción pendientes por admitir ni por desahogar se cierra el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria hace constar que solo los formuló la parte quejosa. El Juez acuerda: Se tiene a la parte promovente del amparo por formulándolos y al resto de las partes les precluye su derecho para hacerlo. Al no existir diligencia por desahogar se da por concluida la presente audiencia, con lo cual quedan los autos a la vista del juez para dictar sentencia. RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el diecinueve de abril de dos mil veintiuno, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, Cecilia Luquin Molina, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Juez Tercero Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán y de otra autoridad. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite del juicio de amparo. Por razón de turno, correspondió a este Juzgado de Distrito, por lo que se registró bajo el expediente 293/2021 y la admitió en proveído de treinta de abril de dos mil veintiuno; se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación; se otorgó la intervención legal que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se reconoció el carácter de tercero interesado a Sistema de Crédito Automotriz S.A. de C.V., por ser la parte actora en el juicio, por lo que se ordenó su emplazamiento. Asimismo, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo con el resultado consignado en el acta que antecede; y, quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda, en términos de los siguientes CONSIDERANDOS: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107 de la Ley de Amparo,51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que el acto reclamado fue emitido por una autoridad que reside en un lugar en donde este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se analizará la certeza o inexistencia del acto reclamado, previa fijación del mismo. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, tomo XIX, abril 2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, registro 181810, del rubro y texto siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal y atendiendo además al criterio mencionado, los actos reclamados por el quejoso al Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de esta ciudad, y Actuario adscrito al mismo, consiste en: La resolución interlocutoria dictada el seis de enero de dos mil veintiuno, en el juicio ejecutivo mercantil 638/2017, promovido por "Sistema de Crédito Automotriz", frente a Cecilia Luquin Molina, por la que resolvió el incidente de liquidación de intereses y su ejecución. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32, tomo XI, abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, registro 192097, la cual es del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercero. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados al Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de esta ciudad, y al Actuario adscrito al mismo; pues así lo manifestaron al rendir su informe justificado. Lo anterior se corrobora con las pruebas documentales que acompañó el primero de los nombrados, consistente en copias certificadas del juicio ejecutivo mercantil 638/2017 (un tomo). Pruebas con valor pleno en términos del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de ahí que se tengan debidamente probados los actos reclamados. Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Cuarto. Análisis de las causales de improcedencia. Determinada la certeza de los actos reclamados es necesario examinar la procedencia del juicio constitucional, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia son de estudio preferente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible a fojas 553, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, tomo VI, Parte TCC, Materia Común, Octava Época, registro 394770, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Sin embargo, en el presente caso, ninguna de las partes invocó alguna causal de improcedencia de la acción constitucional y tampoco este juzgador, de oficio, advierte su existencia; por tanto, procede entrar al estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados. Quinto. Estudio de los conceptos de violación. La promovente de amparo hizo valer los conceptos de violación expuestos en su demanda, mismos que se tienen aquí por reproducidos como si al efecto se transcribiesen, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo. Ello, acorde con lo dispuesto en la jurisprudencia 2a./J.58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 50/2010, publicada en la página 830 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia Común, Novena Época, registro 164618, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de l4egalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Ahora, contrario a lo aducido por la parte quejosa en el segundo concepto de violación, no puede afirmarse válida y legalmente que el acto que en esta vía se reclama, carece de fundamentación y motivación, pues basta imponerse de su contenido para apreciar que el Juez responsable, para fundar su fallo, refirió e invocó los numerales 364, segundo párrafo, 1082, 1084, 1090, 1092, 1094, 1321, 1323, 1324, 1325, 1327, 1329, 1330 1349, 1323, 1327 del Código de Comercio. Asimismo se apoyó en la tesis del rubro: "COSTAS EN JUICIO MERCANTIL. NO ES PROCEDENTE CONDENAR A SU PAGO, TRATÁNDOSE DE INCIDENTES". De igual forma, señaló las causas inmediatas, circunstancias especiales y razones particulares por las que determinó procedente el incidente de liquidación de intereses, basándose en lo condenado en la sentencia definitiva y realizando las operaciones aritméticas correspondientes que arrojaron la cantidad a pagar por concepto de interés moratorio, a la que descontó los abonos que realizó la demandada. Sirve como sustento a lo predecesor, la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su otrora integración, plasmada en la página 143, del Tomo 97-102, Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que dice: "FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es "decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." En otro orden, en una porción del primer concepto de violación, la quejosa esgrime esencialmente, que el Juez responsable omitió tomar en consideración las manifestaciones que vertió en el sentido de que la condena que se realizó en razón al 3.25% mensual sobre la suerte principal, porcentaje que se traduce en el 39% anual, resulta contrario a lo dispuesto por el artículo 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, así como a lo establecido en el precepto 2395 del Código Civil Federal, de aplicación supletoria; condena que dice, vulnera su esfera de derechos. Conceptos de violación que devienen infundados en una parte e inoperantes en otra más. Es así, toda vez que basta imponerse del contenido de la resolución que se revisa, para poder advertir que el Juez responsable sí dio respuesta a tales argumentos, pues señaló: "Por lo que ve a las manifestaciones realizadas por la parte demandada en su escrito de contestación de incidencia, respecto a que el interés moratorio a razón del 3.25% mensual es usurero e impagable, se le dice que en sentencia definitiva de diecisiete de marzo del dos mil veinte, dentro del presente juicio, dicha excepción ya fue analizada, tal es así que en el mencionado fallo en mención se redujo el interés moratorio que le reclamaba la parte actora a razón del 9.5% nueve punto cinco por ciento mensual, por considerarse usurero, quedando al 3.25% tres punto veinticinco por ciento mensual; así mismo y por lo que respecta a sus excepciones en relación a la parte actora no acreditó fehacientemente los extremos de su acción cambiaria directa, sobre pago de pesos, se hace innecesario el estudio de las mismas, virtud a que ya fueron analizadas en sentencia definitiva, aunado a que la incidentada promovió amparo directo en contra de la mencionada resolución, por lo que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, resolvió que la Justicia Federal no amparaba ni protegía a la incidentada". Esto es, se le dijo que lo relacionado con el interés moratorio del 3.25% mensual, fue analizado en la sentencia definitiva, tan era así que en el citado fallo se redujo el interés moratorio que le reclamaba la actora en razón al 9.5% nueve punto cinco mensual, por considerarse usurero, quedando al 3.25% tres punto veinticinco mensual. Ahora, lo inoperante de tales motivos de inconformidad estriba, en que aquéllas alegaciones tendentes a evidenciar la ilegalidad de la resolución a estudio, porque lo resuelto en torno al interés moratorio es contrario a lo dispuesto por el artículo 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, así como a lo establecido en el precepto 2395 del Código Civil Federal, de aplicación supletoria, no puede ser aquí analizado, toda vez que dicha condena fue materia de la sentencia definitiva dictada en el juicio que nos ocupa. Esto, porque los incidentes de liquidación sólo tienen como fin primordial determinar con precisión la cuantía de ciertas prestaciones a las que quedaron obligadas las partes en el juicio, con el propósito de perfeccionar la sentencia en detalles que no se pudieron dilucidar en el fallo y que son indispensables para exigir su cumplimiento y llevar a cabo su ejecución. Sin embargo, no pueden modificar, anular o rebasar lo decidido en la sentencia definitiva, pues ello sería antijurídico e ilegal, porque atentaría contra los principios fundamentales del proceso, como los de la invariabilidad de la litis, congruencia y cosa juzgada, ya que en la sentencia definitiva dictada en el juicio natural el juzgador decide sobre las prestaciones deducidas por las partes, ya sea en forma específica o general. Por ello, si en la sentencia definitiva dictada el diecisiete de marzo de dos mil veinte, se determinó que de una interpretación conforme del artículo 174, párrafo segundo, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, debía interpretarse en el sentido de que la permisión de acordar intereses tenía como límite que una parte no obtuviera en provecho propio y de modo abusivo sobre la propiedad de la otra, un interés excesivo derivado de un préstamo, y por ende estimó que el interés del 9.5% mensual pactado por las partes en el documento base de la acción resultaba usurero, concluyó en: ". reducir el porcentaje interés moratorio de 9.5% nueve punto por ciento mensual reclamado por la parte actora, a un porcentaje prudencialmente no excesivo del 3.25% tres punto veinticinco por ciento mensual; porcentaje este último que se condenó a los demandado a cubrir a la parte actora, por concepto de intereses moratorios, previa su regulación y aprobación legal." En consecuencia, resulta evidente que aquellos argumentos tendentes a evidenciar la ilegalidad del porcentaje del interés moratorio, a que resultó condenada a pagar la impetrante del amparo, no puede ser aquí atendido, dado que ello fue materia de la sentencia definitiva firme; de estimar lo contrario vulneraría la autoridad de cosa juzgada, como principio esencial de la seguridad jurídica, dado que como se observó el incidente de liquidación de sentencia no genera derechos diferentes a los efectivamente declarados en las consideraciones de dicho fallo. Igual suerte que lo anterior, corren los diversos argumentos vertidos en otra porción del primer concepto de violación, en donde menciona, que la resolución reclamada le causa agravio al señalar que los pagos que realizó deben ser aplicados a intereses por vencimiento, cuando quedó debidamente demostrado que los realizó con cargo a capital. Que el precepto 364 del Código de Comercio, al referir que cuando el deudor entrega al acreedor a cuenta del crédito determinada suma de dinero, "si no resulta expresa su aplicación" de debe aplicar en primer término, al pago de intereses vencidos y después al capital; no es suficiente en sí misma para resolver el problema, ya que no establece claramente si la manifestación de voluntad respecto de "aplicación expresa" de las cantidades entregadas a cuenta del adeudo, debe provenir unilateralmente del deudor, o bien del consenso de voluntades de ambas partes. Motivo por el que considera, que al resultar insuficiente la disposición relativa en materia mercantil para resolver dicha cuestión, debe acudirse de manera supletoria a las disposiciones del derecho común, particularmente a las reglas de la teoría general de las obligaciones contenidas en el Código Civil para el Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º., del Código de Comercio y cita las tesis de los rubros: "SUPLETORIEDAD EN MATERIA MERCANTIL"; "CÓDIGO DE COMERCIO. LEY COMÚN SUPLETORIA DEL", Y "LEGISLACIÓN MERCANTIL". Se dice de este modo, en razón que lo referente a la forma en cómo debían tomarse en cuenta los abonos efectuados por la demandada, también fue materia de la sentencia definitiva dictada el diecisiete de marzo de dos mil veinte, en la que se determinó que debía seguir el orden establecido en el artículo 364 segundo párrafo del Código de Comercio, según se advierte de la siguiente transcripción: "Congruente con lo anteriormente expuesto, se declara parcialmente procedente la acción cambiaria directa que en la vía Ejecutiva mercantil, promovieron los endosatarios en procuración de la persona moral denominada "SISTEMA DE CRÉDITO AUTOMOTRIZ", S.A. de C.V., frente a la señora CRISANTO LUQUIN OSORNIO, en cuanto deudor solidario, a quienes se les condena a pagar en favor de la parte actora la suma de $274, 584.00 (doscientos setenta y cuatro mil quinientos ochenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de suerte principal, importe al que se deberá tomar en cuenta los abonos efectuados por la parte demandada , hasta por la cantidad de $80,359.00 (ochenta mil trescientos cincuenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), en la etapa de ejecución de sentencia, siguiendo el orden establecido en el artículo 364, segundo párrafo, del Código de Comercio, según el cual, las entregas a cuenta, cuando no resulte su aplicación, se imputarán en primer término al pago de intereses por orden de vencimientos, y después al capital". De ahí, que si dicho tema fue materia de la sentencia definitiva; el juez responsable al momento de resolver el incidente de liquidación no puede ir más allá ni modificar lo establecido en esa parte considerativa, pues la materia del juicio ya fue resuelta. En apoyo a lo anterior, es de citar la tesis I.3o.C.20 K (10a.) consultable en el Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3, página 2167, Materias(s): Civil, Común, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro digital: 2003295, que dice: "INTERLOCUTORIA DE LIQUIDACIÓN DE SENTENCIA. NO GENERA DERECHOS DIFERENTES A LOS DECLARADOS EN LA SENTENCIA DEFINITIVA, PORQUE ELLO EQUIVALDRÍA A INOBSERVAR EL PRINCIPIO DE COSA JUZGADA. El respeto a las consecuencias de la cosa juzgada constituye uno de los principios esenciales en que se funda la seguridad jurídica, según lo determinó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 85/2008, de rubro: "COSA JUZGADA. EL SUSTENTO CONSTITUCIONAL DE ESA INSTITUCIÓN JURÍDICA PROCESAL SE ENCUENTRA EN LOS ARTÍCULOS 14, SEGUNDO PÁRRAFO Y 17, TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.". Ahora bien, el Máximo Tribunal desde la Sexta Época del Semanario Judicial de la Federación ha sostenido que existe un principio esencial en el estudio de toda sentencia, consistente en que los considerandos rigen a los resolutivos y sirven para interpretarlos. De lo anterior se desprende que la cosa juzgada en una sentencia es lo razonado en sus considerandos, los cuales deben servir para interpretar el sentido de sus resolutivos. Lo anterior encuentra sustento en la doctrina procesal moderna, la cual reconoce que la parte resolutiva del fallo es producto de un análisis cuya trayectoria queda expuesta en las consideraciones o motivaciones que la anteceden. Esto último cobra especial relevancia al resolver el incidente de liquidación, porque dicho procedimiento tiene como finalidad que el Juez cuantifique la condena decretada en sentencia firme. Luego, debe entenderse que la actividad del Juez no puede ir más allá de lo establecido en la parte considerativa del fallo definitivo, porque la materia del juicio (cosa juzgada) ya fue resuelta. Por tanto, la interlocutoria de liquidación de sentencia no genera derechos diferentes a los efectivamente declarados en las consideraciones de la sentencia firme, porque ello equivaldría a inobservar la autoridad de la cosa juzgada, como principio esencial de la seguridad jurídica. En las condiciones apuntadas, ante lo infundado e inoperante de los conceptos de violación propuestos, lo que se impone es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitados. Sexto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 33, 35, 37, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo; y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se: R E S U E L V E Primero. Por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta resolución, la Justicia de la Unión no ampara ni protege a Cecilia Luquin Molina, por su propio derecho, contra el acto reclamado a las autoridades y por el acto que quedaron señalados en el considerando segundo del propio fallo. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese por lista y por oficio a las responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Karla Martínez Arenas, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Se notifica a la parte tercera interesada Sistema de Crédito Automotriz, S. A.de C. V., por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, los acuerdos y/o resoluciones de 13 y 14 de julio de dos mil veintiuno, mediante los cuales se le emplaza a juicio de amparo promovido por la quejosa Héctor Sistos Rangel, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, catorce de julio de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, agréguese el escrito signado por la quejosa Cecilia Luquini Molina, por medio del cual en atención al requerimiento formulado en autos, señala nuevo domicilio para emplazar a la parte tercera interesada ubicado en Avenida Madero Poniente, número 3838, circuito interior 372, Fraccionamiento el Dorado de esta ciudad. Por tanto, se comisiona al actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, se constituya en el domicilio citado con anterioridad y realice el emplazamiento de la parte tercera interesada en términos de lo precisado en auto de uno de junio del año en curso. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

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