Cecilia Velasco Hernández

Expediente 1058/2023 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 15 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1058/2023
Año
2023
Actuaciones
15
Última actuación
14/11/2023

Partes del expediente

  • Cecilia Velasco Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio ********************, signado por el Procurador de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Matamoros, con sede en esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento a lo requerido en auto de ocho de noviembre del año en curso, remite copias certificadas del convenio y el acta de egreso de los menores ********************, del Centro de Asistencia Social perteneciente al DIF Matamoros, donde se encontraban resguardados; en tal razón, con fundamento en lo establecido en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguense a sus autos para que obren como corresponda. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, se advierte que la quejosa ********************, se duele en esta vía constitucional de la orden escrita de seis de septiembre de dos mil veintitrés, donde el Procurador de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Matamoros, le informó que por instrucciones de dicha dependencia con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas, se elaboró un plan de restitución de derechos para que los menores ********************, sean trasladados a esa localidad; asimismo, la orden que se le hizo de su conocimiento por llamada telefónica para que los citados menores una vez que estén en las instalaciones del DIF en Ciudad Victoria, Tamaulipas, sean llevados al Estado de Chiapas; así como el resguardo de dichos infantes en la Casa Hogar del Niño Matamorense. Sin embargo, de las constancias que el Procurador de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Matamoros, con sede en esta ciudad, remite en copia certificada junto al oficio de cuenta, se desprende que el uno de noviembre del año en curso, egresaron del Centro de Asistencia Social perteneciente al DIF Matamoros, los menores ********************, para ser reintegrados con ********************, quien es hermana, prima y tía, respectivamente, de los infantes, por haber acreditado legalmente el parentesco y cumplir con los requisitos establecidos por la responsable, conforme al convenio de egreso de la propia fecha. Cuestión que la parte quejosa hizo del conocimiento de este tribunal el siete de los actuales, solicitando se sobresea el presente juicio de amparo, al haber cesado los efectos del acto reclamado. Por lo antes expuesto, este Juzgado de Distrito estima que en el presente asunto, se actualiza de manera notoria e indudable la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, el que en la parte que interesa, señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; .". Ello en virtud que, si originalmente la parte quejosa se dolía de la orden escrita de seis de septiembre de dos mil veintitrés, donde el Procurador de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Matamoros, le informó que por instrucciones de dicha dependencia con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas, se elaboró un plan de restitución de derechos para que los menores ********************, sean trasladados a esa localidad, así como su resguardo en el Centro de Asistencia Social perteneciente al DIF Matamoros; al existir el acta de egreso de fecha de uno de noviembre del presente año, donde se advierte que fueron reintegrados con ********************, quien es hermana, prima y tía, respectivamente, de los infantes, por haber acreditado legalmente el parentesco y cumplir con los requisitos establecidos, conforme al convenio de la propia fecha, resulta por demás obvio que han cesado los efectos del acto reclamado, actualizándose de esa manera, como ya se dijo, la causa de improcedencia contemplada en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por lo que, con fundamento en lo establecido por el artículo 63, fracción V, del invocado cuerpo normativo, debe sobreseerse en el presente juicio constitucional. Justifica lo anterior, la tesis visible en la página 71, Tomo VI, Noviembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación, en su Novena Época, la cual es del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." El criterio anterior establece que para que concurra la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, es necesario que el acto reclamado por la parte quejosa quede insubsistente y que las cosas vuelvan al estado actual que tenían antes de la violación constitucional reclamada, tal como si se hubiera otorgado el amparo y protección de la Justicia Federal; de tal manera, que ese acto ya no le perjudique a la agraviada y pueda disfrutar del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad, que acontece en el presente asunto, según lo plasmado en párrafos anteriores. No es obstáculo para arribar a la conclusión que antecede, el hecho de que se haya decretado el sobreseimiento de este juicio de garantías sin que preceda audiencia constitucional, pues la causa de improcedencia de que se habla es notoria y el resultado del fallo sería en el mismo sentido. Tiene aplicación al respecto, la tesis de jurisprudencia, 2a./J. 10/2003, emitida por la Segundad Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, tomo XVII, del mes de marzo de 2003, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Novena Época, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Finalmente, se deja sin efectos la audiencia constitucional que estaba programada para las diez horas con veinticinco minutos del treinta de noviembre de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Josué Juárez Hernández, Secretario con quien actúa y da fe.

  2. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, ocho de noviembre de dos mil veintitrés.********************Téngase por recibido el escrito signado por el licenciado ********************, autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo de la parte quejosa ********************, mediante el cual informa que el uno de noviembre del año en curso, el Procurador del Sistema DIF Matamoros entregó a los menores ********************, a la hermana de la mencionada agraviada para su custodia, por lo que solicita se sobresea el presente juicio de garantías; en consecuencia, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a sus autos para que obre como corresponda.********************En ese contexto, al advertirse una posible causal de improcedencia del presente juicio de amparo, este órgano de control constitucional, se percata que es necesario allegarse de las pruebas necesarias para resolver en el momento oportuno si se actualiza o no; por tanto, requiérase al Procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Matamoros, para que dentro del término de tres días, contados a partir de la notificación del presente auto, remita las constancias relativas a la entrega de los referidos menores realizada el uno de noviembre del año en curso.********************Tiene apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia número 1a./J. 163/2005 sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 319 del Tomo XXIII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Enero de 2006, Materia Común, Novena Época, que en su rubro y texto dice:********************"IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL. Conforme al último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, el examen de las causales de improcedencia del juicio de garantías es oficioso, esto es, deben estudiarse por el juzgador aunque no las hagan valer las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto. Asimismo, esta regla de estudio oficioso debe hacerse extensiva a la probable actualización de dichas causales cuando éstas se adviertan mediante un indicio, sea que una de las partes las haya invocado u ofrecido o que el juzgador las hubiese advertido de oficio, pues con independencia de cuál sea la vía por la que se conocieron esos indicios, el juzgador de amparo los tiene frente a sí, y la problemática que se presenta no se refiere a la carga de la prueba, sino a una cuestión de orden público; por consiguiente, si de las constancias de autos el juzgador de amparo advierte un indicio sobre la posible existencia de una causal que haría improcedente el juicio constitucional, oficiosamente debe indagar y en todo caso allegarse de las pruebas necesarias para resolver si aquélla se actualiza o no y así, probada fehacientemente, sobresea en el juicio o bien en caso contrario, aborde el fondo del asunto."********************Con el apercibimiento que en caso de no acatar lo aquí ordenado, se le impondrá una multa por la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, moneda nacional), equivalente a cien veces el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y consignación.********************Notifíquese.********************Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Josué Juárez Hernández, Secretario con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    De conformidad con el artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la Ley de Amparo, notifico a la parte quejosa, el auto de treinta de octubre de dos mil veintitrés, por medio de lista, al no haber acudido a este Juzgado de Distrito a recibir la notificación respectiva de manera personal.

  4. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que la quejosa Cecilia Velasco Hernández, no se ha manifestado con respecto a que si es su deseo contar con un asesor que conozca su cultura y lengua (Tzotzil o Tsotsil), o bien, si comprende el idioma español, de modo que, no necesite un intérprete durante la tramitación del presente juicio de amparo, como se le solicitó en proveído de veintiocho de septiembre del año en curso. Ahora bien, toda vez que este órgano de control constitucional debe garantizar que durante la sustanciación del juicio de amparo la persona indígena cuente con un defensor y un intérprete que conozcan su cultura y lengua, lo cual se podrá realizar verificando que las personas señaladas como autorizadas cumplan con esas características, o bien, designar directamente a alguien para salvaguardar el referido derecho de acceso pleno a la jurisdicción, requiérase al licenciado Gualberto Santiago Hernández, para que dentro del término de tres días legalmente computado, informe a este Juzgado de Distrito si en su carácter de autorizado de la referida parte agraviada, en términos del artículo 12 de la ley de la materia, conoce la lengua y cultura da la quejosa directa, de modo que ella no necesite un intérprete durante la tramitación de este asunto. Apercibido que de no hacer manifestación alguna, este órgano de control constitucional acordará lo que en derecho corresponda. Tiene apoyo a lo anterior, la tesis II. 3o. P. 55 P (11a), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Materia Penal, con registro digital número 2026990, que en su rubro y texto dice: "PERSONAS INDÍGENAS. SI EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EL JUEZ DE DISTRITO OMITE CERCIORARSE DE QUE DURANTE SU SUSTANCIACIÓN ESTUVIERON ASISTIDOS DE UN INTÉRPRETE Y DE UN DEFENSOR CON CONOCIMIENTO EN SU LENGUA Y CULTURA, VIOLA LAS NORMAS FUNDAMENTALES DEL PROCEDIMIENTO, LO QUE AMERITA SU REPOSICIÓN. Hechos: El quejoso promovió juicio de amparo indirecto en el que reclamó que durante el procedimiento penal de origen no se le garantizaron sus derechos como persona indígena, específicamente el relativo a que desde el inicio estuviera asistido de un intérprete que tuviera conocimiento de su lengua y cultura; sin embargo, el Juez de Distrito sobreseyó sin tomar las medidas necesarias para verificar si los autorizados que designó cumplían con esas características. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que cuando en el juicio de amparo indirecto el quejoso se autoadscriba como persona indígena, es necesario que el Juez de Distrito se cerciore de que durante el juicio constitucional se encuentre asistido de un intérprete y de un defensor que conozcan su lengua y cultura y, en caso de no haberlos propuesto, designarlos a efecto de que se garantice su derecho a la jurisdicción, previsto en el artículo 2o., apartado A, fracción VIII, de la Constitución General, ya que si omite hacerlo, viola las normas fundamentales del procedimiento, lo que amerita su reposición. Justificación: El artículo 2o., apartado A, fracción VIII, constitucional establece que para garantizar el derecho de acceso a la plena jurisdicción del Estado de las personas indígenas, en todos los juicios y procedimientos en que, individual o colectivamente sean parte: 1) se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales; y, 2) en todo tiempo tienen derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura. Por tanto, la autoridad de amparo debe garantizar que durante la sustanciación del juicio constitucional la persona indígena cuente con un defensor y un intérprete que conozcan su cultura y lengua, lo cual podrá realizar verificando que las personas señaladas como autorizadas cumplan con esas características, o bien, designar directamente a alguien para salvaguardar el referido derecho de acceso pleno a la jurisdicción." Finalmente, para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fijan de nueva cuenta para su desahogo las diez horas con veinticinco minutos del treinta de noviembre de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente al autorizado de la parte quejosa. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Josué Juárez Hernández, Secretario con quien actúa y da fe.

Quedan 11 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas · 11,954 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano