Cecilia Rodríguez Salazar
Expediente 873/2023 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 5 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 873/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 24/11/2023
Partes del expediente
- Cecilia Rodríguez Salazar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Acta relativa a la audiencia constitucional ordenada dentro del juicio de amparo 873/2023-IV, y celebrada a las diez horas con quince minutos del veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés, con la participación de quienes en la propia acta se describen. Conste. El licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas: Se declara abierta la audiencia: Secretario dé cuenta por favor. El Secretario Jesús Florentino González González: Juicio de amparo 873/2023-IV, promovido por , contra actos de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad. Se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del juicio de amparo con el que se da cuenta, así también, que ninguna de las partes compareció al desahogo de la misma. El Juez: Secretario, dé cuenta con las constancias que obran en autos: El Secretario: Se da cuenta con lo siguiente: 1. Escrito inicial de demanda de garantías (fojas 1 a 3). 2. Auto admisorio de cuatro de agosto de dos mil veintitrés (fojas 4 y 5). 3. Se hace constar que la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el estado de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad, omitió rendir su informe justificado, no obstante de haber sido debidamente notificado para ello desde el siete de agosto de dos mil veintitrés, según el acuse de recibo que obra agregado en autos (foja 8). El Juez: Se tiene a la Secretaría relacionando las constancias de autos y por omisa a la autoridad que así se señaló. Enseguida, se declara abierto el período probatorio, Secretario, dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. El Secretario: Se hace constar que ninguna de las partes ofreció pruebas de su intención. El Juez: Se tiene al secretario haciendo constar que ninguna de las partes ofreció pruebas de su intención. Acto continuo, se declara cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos. El Secretario: Se hace constar que ninguna de las partes formuló alegatos dentro del presente juicio de amparo. El Juez: Se tiene al Secretario haciendo constar que las partes no emitieron alegatos de su intención. Enseguida, se declara cerrada esta etapa, y se concluye la presente audiencia, procediéndose a dictar la resolución correspondiente en los siguientes términos: S E N T E N C I A Heroica Matamoros, Tamaulipas, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 873/2023-IV, promovido por********************, contra actos de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. DEMANDA DE AMPARO. Por escrito recibido el tres de agosto de dos mil veintitrés, ante este Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad,********************, promovió juicio de amparo indirecto, en el que reclamó a la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, lo siguiente: Acto reclamado: 4.1.- De la autoridad señalada como responsable, se reclama la omisión de la substanciación del juicio en forma y términos previstos por los artículos 873 al 891 del ordenamiento legal en cita, y específicamente, la substanciación del juicio, en términos diversos a los establecidos por la Ley. 4.2.- La omisión del auto de calificación de pruebas, respecto de las probanzas ofertadas por ambas partes en la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, sin que hasta esta fecha, la autoridad responsable haya hecho pronunciamiento alguno al respecto, vulnerando con ello, lo establecido por los artículos 685 y 880 fracción IV de la Ley Federal del Trabajo y la substanciación del juicio laboral, desde su inicio hasta su conclusión en los términos establecidos por el Código Obrero." Asimismo, narró los antecedentes del caso, señaló como garantías violadas las contenidas en los artículos 14, 16 y 123 constitucionales y formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes. SEGUNDO. ADMISIÓN Y TRÁMITE DE LA DEMANDA. En auto emitido el cuatro de agosto de dos mil veintitrés, se ordenó formar expediente el cual fue registrado bajo el número 873/2023-IV, se admitió a trámite la misma; se requirió a la autoridad responsable su informe con justificación; se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación de esta adscripción la intervención legal que le compete; se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional y una vez integrado el expediente tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, con residencia en Heroica Matamoros, es competente para conocer del presente juicio de amparo en términos de los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como de los Puntos Segundo y Cuarto del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, vigente a partir del veintitrés de enero de dos mil trece. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Es de establecerse que conforme a lo dispuesto por el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se determina la obligación que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo contengan una fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como de la valoración de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. De lo anterior se deduce que para impartir una recta administración de justicia, si en el escrito de demanda no se aprecia en forma concreta el acto reclamado, el juez puede interpretarla en su integridad, precisando exactamente la intención del peticionario del amparo, cumpliendo así con lo dispuesto en el ordinal invocado. Así, del estudio integral de la demanda de amparo se desprende que el acto reclamado consiste en: La omisión de acordar lo que en derecho corresponda en relación con las pruebas ofrecidas por las partes dentro del juicio laboral ********************. No escapa para este Juzgado de Distrito que la quejosa señala también como acto destacado: ".la omisión de la substanciación del juicio en la forma y términos previsto por los artículos 873 al 891 del ordenamiento legal en cita, y específicamente, la substanciación del juicio, en términos diversos a los establecidos por la Ley." Por lo que solicita se le conceda el amparo de forma extensiva para todas las actuaciones subsecuentes, pretensión que sustenta en la jurisprudencia por contradicción 2a./J. 45/2007, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del rubro "SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO SE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, SUS EFECTOS DEBEN COMPRENDER NO SÓLO LAS OMISIONES Y DILACIONES DE TRAMITAR UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, SEÑALADAS EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS, SINO TAMBIÉN LAS SUBSECUENTES". Empero, se invoca como hecho notorio para quien ahora resuelve, que conforme a la resolución relativa al recurso de inconformidad ********************, de dieciocho de septiembre de dos mil trece, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el criterio sustentado en la jurisprudencia 2a./J. 45/2007, fue abandonado, al considerarse que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración de la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto de los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo. El criterio que ahora se invoca, se encuentra publicado en la página 732 del Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que en su rubro y texto señala: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Luego entonces, como se dijo el acto que aquí se analizará se delimitó en función del mismo, conforme a la etapa específica donde se incurrió en la dilación u omisión reclamada. TERCERO. PRESUNCIÓN DE CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. La autoridad responsable Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el estado de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad, omitió rendir su informe justificado, no obstante que fue debidamente notificada para ello desde el siete de agosto del año en curso, según se acredita con la constancia de acuse de recibo que obra agregado en autos (foja 8); por tanto, en términos de lo dispuesto en el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se tiene por presuntivamente cierto el acto que la quejosa le reclama. Tiene aplicación al respecto la tesis aislada sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, consultable en la página 1011, del Semanario Judicial de la Federación, III, segunda parte-2, enero a junio de 1989, Octava Época, materia común, que en su rubro y texto dice: "INFORME JUSTIFICADO. OMISIÓN DE RENDIRLO POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE SEÑALADA COMO ORDENADORA. PRESUNCIÓN LEGAL QUE SE ACTUALIZA. Cuando una autoridad responsable es señalada como ordenadora y omite rendir su informe justificado se actualiza la presunción contemplada por el artículo 149 de la Ley de Amparo aun cuando la ejecutora niegue los actos reclamados." CUARTO. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. Por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido, es de destacarse que las partes no hacen valer causas de improcedencia, sin que de oficio se advierta la actualización de alguna de esta naturaleza. QUINTO. ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Se procede al estudio de los conceptos de violación hechos valer por la quejosa, los cuales se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, al no ser necesaria su transcripción. Son fundados los conceptos de violación, suplidos en su deficiencia de conformidad con lo dispuesto por el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, en la medida necesaria para ello, por ser la impetrante del amparo la parte trabajadora en el juicio laboral de origen y, en consecuencia, resultan suficientes para conceder el Amparo y Protección de la Justicia Federal solicitada. Es aplicable al caso la jurisprudencia 105/2008, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 63 del tomo XXVIII, octubre de 2008, novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que en su rubro y texto dice: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA DE TRABAJO. OPERA EN FAVOR DEL TRABAJADOR CUANDO EL ACTO RECLAMADO AFECTE ALGÚN INTERÉS FUNDAMENTAL TUTELADO POR EL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. Al establecer el artículo 76 bis de la Ley de Amparo las hipótesis en que se aplica la suplencia de la queja deficiente en cada una de las materias en las que procede el juicio de amparo, precisa que en materia de trabajo dicha suplencia sólo opera a favor del trabajador. Así, para establecer cuándo en un juicio de amparo en esta materia debe suplirse la queja deficiente de los planteamientos formulados en los conceptos de violación de la demanda de amparo, o bien, de los agravios expresados en el recurso correspondiente, debe atenderse preferentemente a dos elementos, a saber: 1) a la calidad del sujeto que promueve el amparo o interpone el recurso, quien debe ser trabajador; y, 2) a la naturaleza jurídica del acto reclamado materia de la controversia en el juicio de garantías, que se determina por el bien jurídico o interés fundamental que se lesiona con dicho acto, es decir, debe afectar directa e inmediatamente alguno de los derechos fundamentales consagrados en el artículo 123 de la Constitución Federal que surgen de la relación obrero-patronal y sus conflictos. De esta manera, para que el órgano de control constitucional esté obligado a aplicar la institución de la suplencia de la deficiencia de la queja, sólo debe atenderse a los dos elementos anteriores, sin importar el origen del acto reclamado, es decir, si deriva de un conflicto obrero-patronal, de un acto administrativo, de una ley o de un reglamento, por lo que si en el caso, un trabajador impugna un acto que afecta un bien jurídico o interés fundamental consagrado en su favor por las normas constitucionales, como lo son las garantías mínimas de seguridad social previstas en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, debe concluirse que procede suplir la deficiencia de la queja." En efecto, debe destacarse que no obstante que la agraviada invoca como garantías violadas las contenidas en los artículos 14, 16 y 123 constitucionales, en sus conceptos de violación se duele de transgresión a la pronta impartición de justicia misma que se encuentra contenida en el artículo 17 de la Constitución y no en los preceptos que menciona. En ese orden de ideas, es pertinente transcribir lo establecido en el artículo 17 Constitucional en la parte que interesa: "ARTICULO 17.-...toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijan las leyes emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial...". Por otra parte, el diverso artículo 880 de la Ley Federal del Trabajo, dispone: "Artículo 880. La etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas se desarrollará conforme a las normas siguientes: I. El actor ofrecerá sus pruebas en relación con los hechos controvertidos. Inmediatamente después el demandado ofrecerá sus pruebas y podrá objetar las de su contraparte y aquel a su vez podrá objetar las del demandado; II. Las partes podrán ofrecer nuevas pruebas, siempre que se relacionen con las ofrecidas por la contraparte y que no se haya cerrado la etapa de ofrecimiento de pruebas. Asimismo, en caso de que el actor necesite ofrecer pruebas relacionadas con hechos desconocidos que se desprendan de la contestación de la demanda, podrá solicitar que la audiencia se suspenda para reanudarse a los 10 días siguientes a fin de preparar dentro de este plazo las pruebas correspondientes a tales hechos; III. Las partes deberán ofrecer sus pruebas, observando las disposiciones del Capítulo XII de este Título; y IV. Concluido el ofrecimiento, la Junta resolverá inmediatamente sobre las pruebas que admita y las que deseche." El precepto mencionado en primer término pertenece a la especie de las garantías de seguridad jurídica; en lo atinente, establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial y gratuita. Estos cuatro atributos de la garantía concerniente a la administración de justicia han sido explicados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV de mayo de dos mil dos, visible en la página doscientos noventa y nueve, que dice: "ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual o el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; 2. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y 4. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si dicha garantía está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales". De estos atributos, el que resulta útil y aplicable para resolver el asunto es el referido a la justicia pronta, el cual consiste en las obligaciones de las autoridades encargadas de impartirla, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes. Sentado lo anterior, en el caso que nos ocupa, se advierte claramente que la responsable incurrió en una violación a la garantía consagrada en el artículo 17 constitucional, al incumplir con lo dispuesto en el diverso precepto legal 880, fracción IV, de la Ley Federal del Trabajo, toda vez que ha sido omisa en dictar el acuerdo de pruebas dentro del expediente administrativo laboral ********************, no obstante que conforme al numeral invocado debió emitirse el auto de admisión o desechamiento de pruebas inmediatamente concluida esa etapa, sin que hasta la fecha lo haya realizado, en franca contravención con lo que dispone el referido arábigo, lo que, sin duda, se traduce en violación a la garantía de una justicia pronta y expedita consagrada en el artículo 17 de la Carta Magna, por no ajustarse la junta responsable a las formalidades establecidas para emitir dicho proveído. Tales circunstancias, hacen evidente que la responsable no ha acatado los términos legales para la prosecución del juicio de origen, lo que implica que no ha cumplido con las obligaciones jurídicas que le impone la Ley Federal del Trabajo. No se desatiende la excesiva carga de trabajo del Tribunal Laboral; sin embargo, ello no es justificable para fijar fecha para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones fuera del plazo previsto por la norma laboral. Tiene aplicación sobre el particular la la tesis de jurisprudencia número 8/99, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 26, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, del mes de marzo del mil novecientos noventa y nueve que dice: "INFORME JUSTIFICADO. CONSECUENCIAS DEL MOMENTO DE RENDICIÓN O DE SU OMISIÓN (HIPÓTESIS DIVERSAS DEL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO). Del contexto del artículo 149 de la Ley de Amparo, en relación con los efectos que se producen en el juicio de amparo con la rendición u omisión del informe justificado, se advierten las siguientes hipótesis: a) Por regla general, el Juez de Distrito, al solicitar los informes justificados de las autoridades responsables, concede un término de cinco días, contados a partir de la notificación del auto correspondiente; b) Si el Juez Federal lo estima conveniente, por la importancia y trascendencia del caso, a lo que procede agregar que puede haber situaciones de complejidad para la obtención de constancias, es posible discrecionalmente ampliar el término por cinco días más, para que la autoridad responsable rinda su informe con justificación; c) La circunstancia de que las autoridades responsables presenten sus informes justificados con posterioridad al término de cinco días o, en su caso, al de su ampliación discrecional, no trae como consecuencia que se deba tener por presuntivamente cierta la existencia de los actos que se les atribuyen, según se destacará en inciso subsecuente; d) Las autoridades responsables rendirán sus informes con justificación con la anticipación que permita su conocimiento por el quejoso, al menos ocho días antes de la audiencia constitucional; e) La consecuencia de que se rinda el informe justificado con insuficiente anticipación en relación con la fecha de la celebración de la audiencia constitucional, será que el Juez difiera o suspenda tal audiencia, según lo que proceda, a solicitud de las partes, que inclusive podrá hacerse en la misma fecha fijada para la celebración de la diligencia; f) Si el Juez de Distrito omite dar vista a la parte quejosa con el informe justificado rendido con insuficiente anticipación en relación con la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional, el tribunal revisor podrá ordenar la reposición del procedimiento, atento lo que establece el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo; y g) Cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad, cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto. Esta parte del precepto se refiere a casos de ausencia de rendición de informe justificado por parte de la autoridad responsable, o bien, para el evento en que dicho informe hubiera sido rendido con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, lo que hace precluir cualquier oportunidad de las partes para apersonarse, presentar promociones o aportar constancias en el juicio de garantías". Ahora bien, la responsable se encuentra constreñida a acordar sobre la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes inmediatamente después de concluida la etapa de su ofrecimiento en términos del referido numeral 880, fracción IV, de la ley reglamentaria del artículo 123 Constitucional y, al haberse reservado el dictado del acuerdo correspondiente, se traduce en una violación a la garantía constitucional de una justicia pronta y expedita consagrada en el artículo 17 de la Carta Magna, por no ajustarse a los plazos establecidos para acordar sobre la admisión o desechamiento de pruebas ofrecidas en el acto de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, lo que conlleva en términos del artículo 77 de la ley de la materia, a conceder el amparo y protección de la justicia federal solicitado por********************, para el efecto de que la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el estado de Tamaulipas, residente en esta ciudad, dentro del término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del auto que declare ejecutoriada esta sentencia, provea inmediatamente lo conducente en relación con las pruebas ofrecidas por las partes en la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas desahogada dentro del expediente administrativo laboral ********************. No pasa desapercibido el criterio sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que dado el retardo injustificado en la tramitación del juicio de origen, debía ordenarse a la responsable continuara con el juicio laboral dentro de los términos y plazos de la Ley Federal del Trabajo hasta su total conclusión; es decir, hasta la emisión del laudo, según lo establece la jurisprudencia por contradicción 2a./J. 45/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del rubro "SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO SE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, SUS EFECTOS DEBEN COMPRENDER NO SÓLO LAS OMISIONES Y DILACIONES DE TRAMITAR UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, SEÑALADAS EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS, SINO TAMBIÉN LAS SUBSECUENTES". Empero, se invoca como hecho notorio que conforme a la resolución relativa al recurso de inconformidad ********************, de dieciocho de septiembre de dos mil trece, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el criterio sustentado en la citada jurisprudencia 2a./J. 45/2007, fue abandonado, al considerarse que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración de la etapa procedimental en la que se sitúa el mismo dentro del procedimiento laboral, en respeto de los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo vigente. El criterio que ahora se invoca, se encuentra publicado en la página 732 del Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que en su rubro y texto señala: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 124 y 217 de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a********************, contra el acto que reclamó de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, para los efectos precisados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resuelve y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jesús Florentino González González, Secretario que actúa y da fe.
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Heroica Matamoros, Tamaulipas, veinticinco de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede de la que se advierte que con fundamento en los artículos 9, fracciones XIII y XIV, y 10 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, por causa de fuerza mayor, derivada de la organización de un paro a nivel nacional de labores por las y los trabajadores de los órganos jurisdiccionales de toda la República Mexicana, lo cual generó que litigantes y personas justiciables no puedieran ingresar a los inmuebles; este Juzgado de Distrito determinó suspender sus labores a partir de las 12:00 pm del día diecinueve y hasta el martes veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés, por lo que no corrieron términos durante esos días en los juicios que ante este Juzgado se tramitan, dado que ese periodo se considerará inhábil; en consecuencia, se determina la reanudación de plazos a partir de esta fecha. Ahora, del estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante proveído de cinco y veintiséis de septiembre del año en curso, se le requirió a la responsable Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, a fin de que remitiera las copias certificadas de las constancias correspondientes al juicio administrativo laboral 340/E06/2019, que acrediten el acto reclamado, sin que a la fecha obren las constancias correspondientes; por lo tanto, requiérasele a la responsable en mención, para que dentro del improrrogable término de tres días, informe el motivo o en su caso manifieste la imposibilidad legal que tenga para dar cumplimiento a lo solicitado por este órgano de control jurisdiccional en los citados proveídos. Apercibida que de no hacerlo en el plazo indicado, se les impondrá una multa de $$10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, moneda nacional), equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente en la Ciudad de México; ello conforme al Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del Salario Mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación, en relación a la determinación publicada respecto a esa unidad, en dicha publicación de veintiocho del indicado mes y año, con apoyo en el numeral 260, fracción II, de la legislación de la materia. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional programada para esta propia fecha, y se fijan las diez horas con quince minutos del veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jesús Florentino González González, Secretario que actúa y da fe.
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Heroica Matamoros, Tamaulipas, veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante proveído de cinco de septiembre del año en curso, se le requirió a la responsable Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, a fin de que remitiera las copias certificadas de las constancias correspondientes al juicio administrativo laboral ********************, que acrediten el acto reclamado, sin que a la fecha obren las constancias correspondientes; por lo tanto, requiérasele a la responsable en mención, para que dentro del improrrogable término de tres días, informe el motivo o en su caso manifieste la imposibilidad legal que tenga para dar cumplimiento a lo solicitado por este órgano de control jurisdiccional en proveído de cinco de septiembre de dos mil veintitrés. Apercibida que de no hacerlo en el plazo indicado, se les impondrá una multa de $$10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, moneda nacional), equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente en la Ciudad de México; ello conforme al Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del Salario Mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación, en relación a la determinación publicada respecto a esa unidad, en dicha publicación de veintiocho del indicado mes y año, con apoyo en el numeral 260, fracción II, de la legislación de la materia. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional programada para esta propia fecha, y se fijan las diez horas con veinte minutos del veinticinco de octubre de dos mil veintitrés. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jesús Florentino González González, Secretario que actúa y da fe.
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Heroica Matamoros, Tamaulipas, cinco de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que ha precluido el plazo otorgado a la autoridad responsable Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, para que rindiera su informe justificado; habida cuenta que quedó notificada del oficio 20639/2023, derivado del proveído de cuatro de agosto del año en curso, con el que se ordenó su emplazamiento a esta contienda constitucional y se le requirió su informativa correspondiente, tal y como se advierte del acuse de recibo visible a foja 8; en tales condiciones, se hace necesario recabar de oficio las pruebas que obren en poder de dicha autoridad, con el propósito de que este órgano de control constitucional se encuentre en condiciones de practicar el análisis adecuado del acto reclamado y estar en aptitud de resolver el fondo del presente asunto. Ahora bien, en atención a que este Juzgado de Distrito no puede obligar a la autoridad responsable omisa a rendir su informe justificado, en virtud de que expresamente hay una consecuencia y una sanción por esa omisión, conforme al cuarto párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo; por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 75 de la misma legislación, requiérase a la autoridad de referencia, para que en el improrrogable término de tres días, remita copias certificadas de las constancias que acrediten el acto reclamado. Con el apercibimiento que de no hacerlo en el indicado plazo o de no manifestar el impedimento legal que tenga para ello, con fundamento en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cincuenta veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $5,187.00 (cinco mil ciento ochenta y siete pesos 00/100) moneda nacional. Por tener consideraciones inherentes al caso, se cita la tesis jurisprudencial V.1º. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la página 712, tomo III, Junio de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente rubro y texto: "PRUEBAS. LA OMISIÓN DEL JUEZ DE AMPARO DE RECABARLAS OFICIOSAMENTE, OCASIONA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. El Juez de amparo en cumplimiento al último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, está obligado a requerir a la autoridad responsable para que remita las pruebas o constancias que sean necesarias a efecto de practicar el análisis adecuado del acto reclamado, de tal manera que la infracción a dicho precepto ocasiona la reposición del procedimiento del juicio de garantías, conforme a lo dispuesto por la fracción IV, del artículo 91 de la Ley de Amparo." Por lo anteriormente expuesto, se hace necesario diferir la audiencia constitucional programada para esta propia fecha, y se fijan de nueva cuenta para su desahogo las diez horas con cincuenta y tres minutos del veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, debiendo comunicar lo anterior a las partes para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jesús Florentino González González, Secretario que actúa y da fe.
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