Cecilia Rodriguez Carbajal

Expediente 482/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
482/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
02/06/2021

Partes del expediente

  • Cecilia Rodriguez Carbajal

Actuaciones

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 482/2021-II. Puebla, Puebla, dos de junio de dos mil veintiuno. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que la quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que EL REFERIDO ACUERDO HA CAUSADO ESTADO (QUEDÓ FIRME). el presente expediente constituye un asunto concluido. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, previo análisis de las constancias, se estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se desechó la solicitud de amparo Resguardo del expediente (Archivo físico). Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Lo anterior implica que en este acuerdo, se ordena el archivo del presente juicio como asunto concluido. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permitió visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver a la quejosa. Inexistencia de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Carátula del expediente. Se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. También, de conformidad con el artículo 25, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá certificar la coincidencia de la versión electrónica con la totalidad de la versión impresa. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo a la quejosa, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que ha quedado firme el proveído de desechamiento. Aunado a que si deseara conocer el estado del presente juicio, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. De ahí que este proveído se le habrá de notificar a la quejosa por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Revisión del expediente. Se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque la demanda de amparo fue desechada en el proveído inicial, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    JUICIO DE AMPARO 482/2021-II. Puebla, Puebla, diecisiete de mayo de dos mil veintiuno. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales que presentó *por derecho propio, contra actos del Agente del Ministerio Público Investigador de Atempan, Puebla. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo1, impone la obligación de revisar la demanda de protección, y si existiere una causa manifiesta de improcedencia podrá desecharse de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse el crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán indudablemente en sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. En el caso, se tiene una demanda de amparo presentada por *, en la cual señaló como actos reclamados, lo siguiente: ".1. Del Ciudadano Agente del Ministerio Publico Investigador de Atempan Puebla reclamo la omisión de practicar los actos de investigación referentes a la comisión del delito de abuso de autoridad e incumplimiento de un deber legal, cuyos hechos se denunciaron el día cinco de abril del año dos mil veintiuno en contra del secretario de seguridad pública del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Atempan Puebla, quien únicamente recepciono el escrito de denuncia, obstaculizándome la recepción bajo el argumento de que los hechos denunciados no son verdaderos y de que no se tiene pruebas.. 2. Del Ciudadano Encargado de la Policía Ministerial reclamo la omisión de practicar los actos de investigación referentes a la comisión del delito de abuso de autoridad e incumplimiento de un deber legal, cuyos hechos se denunciaron el día cinco de abril del año dos mil veintiuno en contra del secretario de seguridad pública del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Atempan Puebla, quien únicamente recepciono el escrito de denuncia, obstaculizándome la recepción bajo el argumento de que los hechos denunciados no son verdaderos y de que no se tiene pruebas.". La lectura de lo anterior, evidencia que la promovente reclama la omisión del representante social de realizar los actos de investigación conducentes para esclarecer ciertos hechos presumiblemente constitutivos de delito (ocurridos el treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno). Además, es importante mencionar que de los antecedentes del acto reclamado, se advierte que dicha indagatoria dio inicio por la denuncia presentada por ** ante el agente del ministerio público, por los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de un deber legal, cometidos en su agravio; por tanto, es concluyente que la misma tiene el carácter de víctima en esa investigación. Lo indicado en párrafos precedentes revela la actualización de la causa de improcedencia relativa al principio de definitividad, prevista por el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo, ello, con el carácter de indudable y manifiesta.....Es más, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia citada que los preceptos 109, fracción XXI, y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, derivan una ruta ordinaria para impugnar cualquier omisión u abstención del Ministerio Público en el desempeño de su labor de investigación. Esa ruta ordinaria corresponde a la impugnación que pueden hacer las víctimas u ofendidos ante el juez de control, para que sea este quien revise la legalidad de la actividad o inactividad en una carpeta de investigación a cargo del Ministerio Público. Sobre todo porque el juez de control, en términos de los preceptos citados, puede ordenar que cese el estado de inactividad y en consecuencia, instruir al Ministerio Público la reanudación de las investigaciones en forma efectiva, hasta determinar lo procedente al ejercicio de la acción penal. Bajo este contexto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que las víctimas u ofendidos deben agotar el medio de defensa ordinario, previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de cumplir el principio de definitividad que rige el acceso a la promoción del juicio de amparo en la vía indirecta. Por consiguiente, es válido afirmar en este juicio que los actos reclamados por** deben llevarse a la ruta ordinaria de impugnación prevista en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de cumplir el principio de definitividad, al tratarse de una omisión del Agente del Ministerio Público encargado de la investigación donde aquél tiene el carácter de víctima. De hecho, debe agotar primero la ruta ordinaria de impugnación, contra la determinación o decisión combatida en la demanda de protección, motivo por el cual tiene las condiciones necesarias para impugnar esas abstenciones en el procedimiento ordinario de impugnación. Además, si la resolución que pronunciara después el juez de control al examinar la ministerial, fuera adversa al propósito de investigar o darle continuidad a la indagatoria, o la promovente estimara que el análisis de la carpeta desatendió algún derecho fundamental tutelado por la constitución federal, podrá acudir a la vía extraordinaria de impugnación que es el juicio de amparo indirecto, en particular contra la resolución del juez de control sobre el estado de la mencionada indagatoria. Por tanto, se afirma en el presente acuerdo que el reclamo planteado por **, encuentra una causa indudable y manifiesta de improcedencia conforme al orden jurídico vigente que ha interpretado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en particular la relativa al principio de definitividad prevista en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo, pues la abstención combatida en la demanda de protección debe impugnarla primero, en la ruta ordinaria de impugnación que deriva del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Máxime que continuar la tramitación de este juicio, sólo implicaría un retardo para la situación que tiene la quejosa en su condición de víctima, pues el trámite de este juicio de amparo provocaría una desatención a la ruta ordinaria de impugnación y con ello un retraso al control judicial, el cual debe solicitar en la vía ordinaria si a su interés conviene, para conseguir que un juez de control examine la abstención del Ministerio Público frente a las actuaciones existentes en su denuncia. Por lo tanto, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, relacionado con la fracción XX del diverso 61, se desecha de plano la demanda de protección de derechos que originó este juicio, pues se actualizó una causa de improcedencia manifiesta e indudable (definitividad). Notifíquese; en forma personal a la quejosa; y cúmplase.

  3. Principal

    SE DEJO CITATORIO A LA PARTE QUEJOSA, POR LO TANTO, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL ACUERDO DE DIECISIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. JUICIO DE AMPARO 482/2021-II. Puebla, Puebla, diecisiete de mayo de dos mil veintiuno. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales que presentó *por derecho propio, contra actos del Agente del Ministerio Público Investigador de Atempan, Puebla. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo1, impone la obligación de revisar la demanda de protección, y si existiere una causa manifiesta de improcedencia podrá desecharse de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse el crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán indudablemente en sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. En el caso, se tiene una demanda de amparo presentada por *, en la cual señaló como actos reclamados, lo siguiente: ".1. Del Ciudadano Agente del Ministerio Publico Investigador de Atempan Puebla reclamo la omisión de practicar los actos de investigación referentes a la comisión del delito de abuso de autoridad e incumplimiento de un deber legal, cuyos hechos se denunciaron el día cinco de abril del año dos mil veintiuno en contra del secretario de seguridad pública del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Atempan Puebla, quien únicamente recepciono el escrito de denuncia, obstaculizándome la recepción bajo el argumento de que los hechos denunciados no son verdaderos y de que no se tiene pruebas.. 2. Del Ciudadano Encargado de la Policía Ministerial reclamo la omisión de practicar los actos de investigación referentes a la comisión del delito de abuso de autoridad e incumplimiento de un deber legal, cuyos hechos se denunciaron el día cinco de abril del año dos mil veintiuno en contra del secretario de seguridad pública del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Atempan Puebla, quien únicamente recepciono el escrito de denuncia, obstaculizándome la recepción bajo el argumento de que los hechos denunciados no son verdaderos y de que no se tiene pruebas.". La lectura de lo anterior, evidencia que la promovente reclama la omisión del representante social de realizar los actos de investigación conducentes para esclarecer ciertos hechos presumiblemente constitutivos de delito (ocurridos el treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno). Además, es importante mencionar que de los antecedentes del acto reclamado, se advierte que dicha indagatoria dio inicio por la denuncia presentada por ** ante el agente del ministerio público, por los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de un deber legal, cometidos en su agravio; por tanto, es concluyente que la misma tiene el carácter de víctima en esa investigación. Lo indicado en párrafos precedentes revela la actualización de la causa de improcedencia relativa al principio de definitividad, prevista por el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo, ello, con el carácter de indudable y manifiesta.....Es más, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia citada que los preceptos 109, fracción XXI, y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, derivan una ruta ordinaria para impugnar cualquier omisión u abstención del Ministerio Público en el desempeño de su labor de investigación. Esa ruta ordinaria corresponde a la impugnación que pueden hacer las víctimas u ofendidos ante el juez de control, para que sea este quien revise la legalidad de la actividad o inactividad en una carpeta de investigación a cargo del Ministerio Público. Sobre todo porque el juez de control, en términos de los preceptos citados, puede ordenar que cese el estado de inactividad y en consecuencia, instruir al Ministerio Público la reanudación de las investigaciones en forma efectiva, hasta determinar lo procedente al ejercicio de la acción penal. Bajo este contexto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que las víctimas u ofendidos deben agotar el medio de defensa ordinario, previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de cumplir el principio de definitividad que rige el acceso a la promoción del juicio de amparo en la vía indirecta. Por consiguiente, es válido afirmar en este juicio que los actos reclamados por** deben llevarse a la ruta ordinaria de impugnación prevista en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de cumplir el principio de definitividad, al tratarse de una omisión del Agente del Ministerio Público encargado de la investigación donde aquél tiene el carácter de víctima. De hecho, debe agotar primero la ruta ordinaria de impugnación, contra la determinación o decisión combatida en la demanda de protección, motivo por el cual tiene las condiciones necesarias para impugnar esas abstenciones en el procedimiento ordinario de impugnación. Además, si la resolución que pronunciara después el juez de control al examinar la ministerial, fuera adversa al propósito de investigar o darle continuidad a la indagatoria, o la promovente estimara que el análisis de la carpeta desatendió algún derecho fundamental tutelado por la constitución federal, podrá acudir a la vía extraordinaria de impugnación que es el juicio de amparo indirecto, en particular contra la resolución del juez de control sobre el estado de la mencionada indagatoria. Por tanto, se afirma en el presente acuerdo que el reclamo planteado por **, encuentra una causa indudable y manifiesta de improcedencia conforme al orden jurídico vigente que ha interpretado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en particular la relativa al principio de definitividad prevista en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo, pues la abstención combatida en la demanda de protección debe impugnarla primero, en la ruta ordinaria de impugnación que deriva del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Máxime que continuar la tramitación de este juicio, sólo implicaría un retardo para la situación que tiene la quejosa en su condición de víctima, pues el trámite de este juicio de amparo provocaría una desatención a la ruta ordinaria de impugnación y con ello un retraso al control judicial, el cual debe solicitar en la vía ordinaria si a su interés conviene, para conseguir que un juez de control examine la abstención del Ministerio Público frente a las actuaciones existentes en su denuncia. Por lo tanto, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, relacionado con la fracción XX del diverso 61, se desecha de plano la demanda de protección de derechos que originó este juicio, pues se actualizó una causa de improcedencia manifiesta e indudable (definitividad). Notifíquese; en forma personal a la quejosa; y cúmplase.

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