Cecilia Flores Perez
Expediente 292/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 292/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 08/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Cecilia Flores Perez
Actuaciones
- Principal
JUICIO DE AMPARO 292/2022-II. Puebla, Puebla, ocho de abril de dos mil veintidós. Declaración de firmeza procesal. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que la quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído de veintidós de marzo de dos mil veintidós, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el referido acuerdo ha causado estado Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la oficial judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Valoración documental. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente expediente constituye un asunto concluido. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, previo análisis de las constancias, se estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se desechó la solicitud de amparo -lo cual implica una resolución que sin decidir el juicio lo dio por concluido-. Resguardo del expediente (Archivo físico). Con fundamento en el artículo 9, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Lo anterior implica que en este acuerdo, se ordena el archivo del presente juicio como asunto concluido. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permitió visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver al quejoso. Inexistencia de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Carátula del expediente. Se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. Revisión del expediente. Se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo la quejosa, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que ha quedado firme el proveído de desechamiento. Aunado a que si deseara conocer el estado del presente juicio, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. De ahí que este proveído se le habrá de notificar por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque la demanda de amparo fue desechada en el proveído inicial, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 292/2022-II. Puebla, Puebla, veintidós de marzo de dos mil veintidós. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales que presentó por propio derecho, contra un acto del Fiscal General del Estado de Puebla. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo1, establece que el juez de distrito examinará la demanda y si encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En el presente caso, la promovente reclama del Fiscal General del Estado de Puebla, la omisión de contestar el escrito que presentó el uno de marzo de dos mil veintidós, dentro de la carpeta de investigación Al respecto, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia, prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción V, de la misma legislación, interpretado en sentido contrario, que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de Amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." Por su parte, el artículo 107, fracción V, del mismo ordenamiento legal preceptúa: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;.". De los anteriores preceptos, debemos entender que para efectos del juicio de amparo, que un acto de imposible reparación es aquél que afecta de modo directo e inmediato los derechos fundamentales reconocidos en la constitución federal y los tratados internacionales. Las referidas disposiciones recogen las bases previstas para el juicio de amparo, contenidas en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece como regla general que tratándose de amparo indirecto, este sólo procede contra actos cuya ejecución sea de imposible reparación, entendidos como aquéllos que afectan directamente alguno de los derechos sustantivos fundamentales de la persona.3 3 Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: En el caso, de la exposición realizada en el capítulo de acto reclamado de la demanda y de los hechos narrados bajo protesta de decir verdad, así como de los conceptos de violación, no se advierte que la omisión atribuida al fiscal responsable constituya un acto de imposible reparación que afecte de manera directa los derechos fundamentales de la quejosa. Al respecto, no debe perderse de vista que la falta de respuesta a una petición o escrito no viola de forma inmediata y autónoma el derecho de petición del recurrente -consagrado en el referido artículo 8o. constitucional-, pues éste impone a la autoridad la obligación de dar respuesta, en breve término, a la solicitud formulada por un particular. En el caso, recién el uno de marzo de este año, se presentó el escrito del cual el promovente se duele por su falta de respuesta, por lo que a la presente data, apenas han trascurrido trece días hábiles desde que lo presentó hasta el momento en que pretendió accionar en sede constitucional. De lo anterior se colige que no resulta correcto referir que alguna autoridad judicial o administrativa, encargadas de algún procedimiento, violen el derecho de petición de la parte quejosa, cuando no responden a un escrito o promoción presentada en el propio procedimiento, dado que no puede reclamarse de forma autónoma; en cuyo caso, en los procedimientos judiciales o administrativos, existen otras violaciones, como son, el debido proceso y el de acción, lo cual está regulado por diversas disposiciones y no necesariamente constitucionales, por lo que, en estos casos, no existe una violación directa a la constitución. Así es, la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, al resolver la contradicción de tesis 130/2014, señaló que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contiene derechos públicos subjetivos que tiene el gobernado, los cuales son oponibles al poder público; así, dentro de los artículos 8o., 14, 16 y 17 constitucionales, se concibió una relación en la que interviene tanto el Estado como el gobernado aplicables en determinados contextos. Respecto del primero de esos numerales, explicó la sala, contiene la obligación de los funcionarios y empleados públicos de respetar el ejercicio del derecho de petición, siempre que se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; de ahí que a toda petición, deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene la obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. En relación con dicho precepto, es vasta la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que se ha señalado que el derecho de petición implica la obligación correlativa a cargo de la autoridad de dictar el acuerdo correspondiente a la solicitud elevada y de darla a conocer en breve término al peticionario, siendo que éste debe señalar el domicilio en que se deba notificar tal solicitud; asimismo, el referido derecho está reconocido exclusivamente frente a las autoridades, esto es, en las relaciones entre gobernantes y gobernados. De igual forma, explicó la sala, dentro de la relación entre el particular y el gobernado se destacan preceptos constitucionales, como los artículos 14 y 16. En específico, el primero, regula el debido proceso, el cual se cumple de acuerdo con las formalidades esenciales del procedimiento. El segundo, en su parte inicial, consagra la garantía de legalidad. De dicho criterio se extrajo que el respeto a la garantía de audiencia por parte de las autoridades se integra, de manera genérica, cuando: i) se notifica el inicio del procedimiento; ii) se da oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; iii) se da oportunidad de alegar; y iv) se emite una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Aunado a lo anterior, explicaron que el diverso 17 constitucional tutela el derecho de acceso a la justicia, conforme al cual, quien ha visto violado un derecho o incumplida una obligación, puede dirigirse a los tribunales para que atiendan a su pretensión, órganos que estarán expeditos para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, teniendo el deber de dictar sus resoluciones de manera pronta, es decir, tal precepto normativo establece la obligación de las autoridades jurisdiccionales a emitir las sentencias correspondientes sin dilaciones. De esa forma, se concede a las personas el derecho público subjetivo de acción, conforme al cual, el gobernado tiene el derecho de activar la función jurisdiccional, mientras que el gobernante la obligación para resolver lo sometido a su potestad, en relación con la controversia que se plantea. Continuaron explicando que la misma corte ha considerado el derecho de acceso a la justicia como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Por ello, la tutela judicial efectiva genera dos deberes, uno negativo para que los órganos del Estado se abstengan de obstaculizar a los gobernados la posibilidad de dilucidar sus pretensiones jurídicas y uno positivo, consistente en facilitarles el acceso a la justicia. Bajo tales premisas, cada derecho está construido con una finalidad determinada, pues si bien los derechos previstos en los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, gozan de ciertas similitudes por regular las relaciones entre el Estado y el individuo; también lo es que los derechos y obligaciones que se derivan de ellos son diversos, por lo que también generan consecuencias distintas. Entonces, no es posible reclamar de forma autónoma una violación al derecho de petición dentro de un procedimiento jurisdiccional o un procedimiento administrativo, seguido en forma de juicio, pues aun cuando la Constitución regula diversos supuestos mediante los cuales el particular puede entrar en contacto con el Estado, debe atenderse al que regula de manera integral su situación. En esas condiciones, el derecho de petición regula de forma genérica las obligaciones de la autoridad frente a las solicitudes del particular, con la finalidad de obtener una respuesta; pero de forma específica los artículos 14 y 17 constitucionales, dependiendo de si se trata de procedimientos jurisdiccionales o administrativos, seguidos en forma de juicio, regulan el actuar de la autoridad ante peticiones de los particulares, por lo que son estos preceptos los aplicables para dar respuesta a dichas solicitudes, ya que fue el particular el que se sometió a este régimen para entrar en contacto con la autoridad. Así, el derecho como género previsto en el artículo 8o. constitucional pretende que a la petición hecha ante una autoridad le recaiga una respuesta en breve término; en cambio, el artículo 14, así como el 17 constitucionales, prevén el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento y el derecho de acción como especie del derecho de petición, mediante los cuales se busca obtener una decisión en la que se resuelvan las pretensiones deducidas, de manera completa y congruente con lo solicitado. Por tanto, en los procedimientos ventilados ante tribunales, así como de todos aquellos seguidos ante autoridades administrativas que -al pronunciarse sobre la determinación de derechos y obligaciones- realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo las garantías previstas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues la construcción de los derechos y obligaciones inmersos en ese derecho, están encaminadas a cumplir con dicha finalidad; tal como también lo dispone el artículo 8o. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (derecho de acceso efectivo a la justicia). Lo anterior, habida cuenta de que el debido proceso y el derecho de acción como facultad de provocar la actividad estatal, abren la posibilidad legal de que la autoridad que conozca del asunto resuelva sobre la pretensión que le es sometida a su conocimiento de forma congruente y completa, la que constituye el objeto del proceso. Explicado de otra manera, si dentro de un procedimiento material o formalmente jurisdiccional se ejerce el derecho de acción, el desarrollo de dicho proceso se sujeta a los plazos y términos que rigen el mismo, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones. Ello, porque si el gobernado dentro de un procedimiento material o formalmente jurisdiccional promueve o insta al órgano del conocimiento para que resuelva una petición sometida a su consideración, su proceder debe regirse por los derechos al debido proceso y el derecho de acción de los artículos 14 y 17 de la constitución, pues atendiendo a dichos derechos es que el particular puede obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas de forma íntegra, generando a su vez los deberes positivos y negativos desarrollados en párrafos anteriores; es decir, el que la conducta se rija por dichos artículos, permite al particular obtener una mejor respuesta a sus pretensiones y, por ende, una mayor protección, puesto que el derecho de petición sólo obliga a la obtención de una respuesta básica. Abundó la primera sala, al explicar que no podría considerarse que lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto de la respuesta completa a las solicitudes de los particulares, sólo es aplicable para los procedimientos formalmente jurisdiccionales, sino también a todos aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, al pronunciarse sobre la determinación de derechos y obligaciones, debiéndose atender a la naturaleza del asunto que se resuelva. Las anteriores premisas interpretativas quedaron resumidas en la siguiente jurisprudencia: "DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA. ...En ese contexto, como ya se adelantó, se advierte que el acto reclamado no le produce una afectación directa e inminente a los derechos fundamentales del quejoso. De ahí que, en este caso el amparo indirecto sea improcedente, pues no estamos ante la excepción de procedencia consistente en que la omisión de emitir los pronunciamientos correspondientes afecta el ejercicio de algún derecho sustantivo de la parte quejosa, pues de la lectura de la demanda se observa que al parecer el derecho involucrado es el de propiedad, ya que en el escrito donde se reclama una falta de respuesta, se observa que se solicita la devolución de un vehículo. Además, a juicio de esta operadora jurídica, el tiempo que ha transcurrido desde la fecha de presentación del escrito que nos ocupa cuya respuesta aún no se emite (trece días hábiles), a la data de la interposición de la demanda de amparo, no constituye una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, dada la complejidad de la petición efectuada (devolución de un vehículo involucrado en un hecho de tránsito). Ello, sumado al hecho de que la parte quejosa, tampoco ha vuelto a instar a la autoridad responsable para que dé respuesta a su petición. Por lo tanto, se estima actualizada en forma indudable y manifiesta, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, por lo que se desecha de plano la demanda de amparo presentada por , por propio derecho. Anotaciones Internas. Domicilio procesal y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la quejosa en la demanda, ubicado en *** , en la ciudad de Puebla, Estado de Puebla. Asimismo, quedan autorizadas en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, Alma Lilia Rincón Ramírez y Marisol Reyes Hernández, porque la quejosa les otorgó esas facultades y se encontró registro de sus cédulas profesionales en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación. Por lo que hace al resto de las personas señaladas por la quejosa en la demanda, quedan autorizadas en términos restringidos del numeral 24 de la Ley de Amparo, porque carecen del referido registro. Notifíquese de manera personal a la quejosa y cúmplase.
- Principal
SE DEJO CITATORIO A LA PARTE QUEJOSA, POR LO TANTO, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA JUICIO DE AMPARO 292/2022-II. Puebla, Puebla, veintidós de marzo de dos mil veintidós. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales que presentó por propio derecho, contra un acto del Fiscal General del Estado de Puebla. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo1, establece que el juez de distrito examinará la demanda y si encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En el presente caso, la promovente reclama del Fiscal General del Estado de Puebla, la omisión de contestar el escrito que presentó el uno de marzo de dos mil veintidós, dentro de la carpeta de investigación Al respecto, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia, prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción V, de la misma legislación, interpretado en sentido contrario, que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de Amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." Por su parte, el artículo 107, fracción V, del mismo ordenamiento legal preceptúa: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;.". De los anteriores preceptos, debemos entender que para efectos del juicio de amparo, que un acto de imposible reparación es aquél que afecta de modo directo e inmediato los derechos fundamentales reconocidos en la constitución federal y los tratados internacionales. Las referidas disposiciones recogen las bases previstas para el juicio de amparo, contenidas en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece como regla general que tratándose de amparo indirecto, este sólo procede contra actos cuya ejecución sea de imposible reparación, entendidos como aquéllos que afectan directamente alguno de los derechos sustantivos fundamentales de la persona.3 3 Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: En el caso, de la exposición realizada en el capítulo de acto reclamado de la demanda y de los hechos narrados bajo protesta de decir verdad, así como de los conceptos de violación, no se advierte que la omisión atribuida al fiscal responsable constituya un acto de imposible reparación que afecte de manera directa los derechos fundamentales de la quejosa. Al respecto, no debe perderse de vista que la falta de respuesta a una petición o escrito no viola de forma inmediata y autónoma el derecho de petición del recurrente -consagrado en el referido artículo 8o. constitucional-, pues éste impone a la autoridad la obligación de dar respuesta, en breve término, a la solicitud formulada por un particular. En el caso, recién el uno de marzo de este año, se presentó el escrito del cual el promovente se duele por su falta de respuesta, por lo que a la presente data, apenas han trascurrido trece días hábiles desde que lo presentó hasta el momento en que pretendió accionar en sede constitucional. De lo anterior se colige que no resulta correcto referir que alguna autoridad judicial o administrativa, encargadas de algún procedimiento, violen el derecho de petición de la parte quejosa, cuando no responden a un escrito o promoción presentada en el propio procedimiento, dado que no puede reclamarse de forma autónoma; en cuyo caso, en los procedimientos judiciales o administrativos, existen otras violaciones, como son, el debido proceso y el de acción, lo cual está regulado por diversas disposiciones y no necesariamente constitucionales, por lo que, en estos casos, no existe una violación directa a la constitución. Así es, la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, al resolver la contradicción de tesis 130/2014, señaló que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contiene derechos públicos subjetivos que tiene el gobernado, los cuales son oponibles al poder público; así, dentro de los artículos 8o., 14, 16 y 17 constitucionales, se concibió una relación en la que interviene tanto el Estado como el gobernado aplicables en determinados contextos. Respecto del primero de esos numerales, explicó la sala, contiene la obligación de los funcionarios y empleados públicos de respetar el ejercicio del derecho de petición, siempre que se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; de ahí que a toda petición, deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene la obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. En relación con dicho precepto, es vasta la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que se ha señalado que el derecho de petición implica la obligación correlativa a cargo de la autoridad de dictar el acuerdo correspondiente a la solicitud elevada y de darla a conocer en breve término al peticionario, siendo que éste debe señalar el domicilio en que se deba notificar tal solicitud; asimismo, el referido derecho está reconocido exclusivamente frente a las autoridades, esto es, en las relaciones entre gobernantes y gobernados. De igual forma, explicó la sala, dentro de la relación entre el particular y el gobernado se destacan preceptos constitucionales, como los artículos 14 y 16. En específico, el primero, regula el debido proceso, el cual se cumple de acuerdo con las formalidades esenciales del procedimiento. El segundo, en su parte inicial, consagra la garantía de legalidad. De dicho criterio se extrajo que el respeto a la garantía de audiencia por parte de las autoridades se integra, de manera genérica, cuando: i) se notifica el inicio del procedimiento; ii) se da oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; iii) se da oportunidad de alegar; y iv) se emite una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Aunado a lo anterior, explicaron que el diverso 17 constitucional tutela el derecho de acceso a la justicia, conforme al cual, quien ha visto violado un derecho o incumplida una obligación, puede dirigirse a los tribunales para que atiendan a su pretensión, órganos que estarán expeditos para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, teniendo el deber de dictar sus resoluciones de manera pronta, es decir, tal precepto normativo establece la obligación de las autoridades jurisdiccionales a emitir las sentencias correspondientes sin dilaciones. De esa forma, se concede a las personas el derecho público subjetivo de acción, conforme al cual, el gobernado tiene el derecho de activar la función jurisdiccional, mientras que el gobernante la obligación para resolver lo sometido a su potestad, en relación con la controversia que se plantea. Continuaron explicando que la misma corte ha considerado el derecho de acceso a la justicia como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Por ello, la tutela judicial efectiva genera dos deberes, uno negativo para que los órganos del Estado se abstengan de obstaculizar a los gobernados la posibilidad de dilucidar sus pretensiones jurídicas y uno positivo, consistente en facilitarles el acceso a la justicia. Bajo tales premisas, cada derecho está construido con una finalidad determinada, pues si bien los derechos previstos en los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, gozan de ciertas similitudes por regular las relaciones entre el Estado y el individuo; también lo es que los derechos y obligaciones que se derivan de ellos son diversos, por lo que también generan consecuencias distintas. Entonces, no es posible reclamar de forma autónoma una violación al derecho de petición dentro de un procedimiento jurisdiccional o un procedimiento administrativo, seguido en forma de juicio, pues aun cuando la Constitución regula diversos supuestos mediante los cuales el particular puede entrar en contacto con el Estado, debe atenderse al que regula de manera integral su situación. En esas condiciones, el derecho de petición regula de forma genérica las obligaciones de la autoridad frente a las solicitudes del particular, con la finalidad de obtener una respuesta; pero de forma específica los artículos 14 y 17 constitucionales, dependiendo de si se trata de procedimientos jurisdiccionales o administrativos, seguidos en forma de juicio, regulan el actuar de la autoridad ante peticiones de los particulares, por lo que son estos preceptos los aplicables para dar respuesta a dichas solicitudes, ya que fue el particular el que se sometió a este régimen para entrar en contacto con la autoridad. Así, el derecho como género previsto en el artículo 8o. constitucional pretende que a la petición hecha ante una autoridad le recaiga una respuesta en breve término; en cambio, el artículo 14, así como el 17 constitucionales, prevén el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento y el derecho de acción como especie del derecho de petición, mediante los cuales se busca obtener una decisión en la que se resuelvan las pretensiones deducidas, de manera completa y congruente con lo solicitado. Por tanto, en los procedimientos ventilados ante tribunales, así como de todos aquellos seguidos ante autoridades administrativas que -al pronunciarse sobre la determinación de derechos y obligaciones- realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo las garantías previstas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues la construcción de los derechos y obligaciones inmersos en ese derecho, están encaminadas a cumplir con dicha finalidad; tal como también lo dispone el artículo 8o. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (derecho de acceso efectivo a la justicia). Lo anterior, habida cuenta de que el debido proceso y el derecho de acción como facultad de provocar la actividad estatal, abren la posibilidad legal de que la autoridad que conozca del asunto resuelva sobre la pretensión que le es sometida a su conocimiento de forma congruente y completa, la que constituye el objeto del proceso. Explicado de otra manera, si dentro de un procedimiento material o formalmente jurisdiccional se ejerce el derecho de acción, el desarrollo de dicho proceso se sujeta a los plazos y términos que rigen el mismo, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones. Ello, porque si el gobernado dentro de un procedimiento material o formalmente jurisdiccional promueve o insta al órgano del conocimiento para que resuelva una petición sometida a su consideración, su proceder debe regirse por los derechos al debido proceso y el derecho de acción de los artículos 14 y 17 de la constitución, pues atendiendo a dichos derechos es que el particular puede obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas de forma íntegra, generando a su vez los deberes positivos y negativos desarrollados en párrafos anteriores; es decir, el que la conducta se rija por dichos artículos, permite al particular obtener una mejor respuesta a sus pretensiones y, por ende, una mayor protección, puesto que el derecho de petición sólo obliga a la obtención de una respuesta básica. Abundó la primera sala, al explicar que no podría considerarse que lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto de la respuesta completa a las solicitudes de los particulares, sólo es aplicable para los procedimientos formalmente jurisdiccionales, sino también a todos aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, al pronunciarse sobre la determinación de derechos y obligaciones, debiéndose atender a la naturaleza del asunto que se resuelva. Las anteriores premisas interpretativas quedaron resumidas en la siguiente jurisprudencia: "DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA. ...En ese contexto, como ya se adelantó, se advierte que el acto reclamado no le produce una afectación directa e inminente a los derechos fundamentales del quejoso. De ahí que, en este caso el amparo indirecto sea improcedente, pues no estamos ante la excepción de procedencia consistente en que la omisión de emitir los pronunciamientos correspondientes afecta el ejercicio de algún derecho sustantivo de la parte quejosa, pues de la lectura de la demanda se observa que al parecer el derecho involucrado es el de propiedad, ya que en el escrito donde se reclama una falta de respuesta, se observa que se solicita la devolución de un vehículo. Además, a juicio de esta operadora jurídica, el tiempo que ha transcurrido desde la fecha de presentación del escrito que nos ocupa cuya respuesta aún no se emite (trece días hábiles), a la data de la interposición de la demanda de amparo, no constituye una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, dada la complejidad de la petición efectuada (devolución de un vehículo involucrado en un hecho de tránsito). Ello, sumado al hecho de que la parte quejosa, tampoco ha vuelto a instar a la autoridad responsable para que dé respuesta a su petición. Por lo tanto, se estima actualizada en forma indudable y manifiesta, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, por lo que se desecha de plano la demanda de amparo presentada por , por propio derecho. Anotaciones Internas. Domicilio procesal y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la quejosa en la demanda, ubicado en *** , en la ciudad de Puebla, Estado de Puebla. Asimismo, quedan autorizadas en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, Alma Lilia Rincón Ramírez y Marisol Reyes Hernández, porque la quejosa les otorgó esas facultades y se encontró registro de sus cédulas profesionales en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación. Por lo que hace al resto de las personas señaladas por la quejosa en la demanda, quedan autorizadas en términos restringidos del numeral 24 de la Ley de Amparo, porque carecen del referido registro. Notifíquese de manera personal a la quejosa y cúmplase.
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