Cecilia Noemi Ramírez Castillejos

Expediente 980/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 33 actuaciones registradas, la última del 24 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
980/2021
Año
2021
Actuaciones
33
Última actuación
24/08/2022

Partes del expediente

  • Cecilia Noemi Ramírez Castillejos
  • Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Sola Vega, Oaxaca

Actuaciones

Las 4 más recientes de 33.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se advierte que en proveído de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, se giró el despacho con número de origen 215/2021 (número de orden 458/2021), al Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Sola de Vega, Oaxaca, para que, en auxilio de las labores de este Juzgado, emplazara a los terceros interesados ahí especificados; sin que obre constancia en autos de que dicha autoridad haya devuelto tal comunicación oficial. No obstante, se tiene que en sentencia dictada el treinta de marzo de esta anualidad, se sobreseyó en el juicio de amparo, ante la actualización de la causal de improcedencia ahí estudiada; la cual ya causó ejecutoria y se ordenó el archivo de este expediente como totalmente concluido. En ese sentido, es evidente que dado que en este asunto se sobreseyó en el juicio, es innecesario que obre el despacho con número de origen 215/2021 (número de orden 458/2021); por tanto, se ordena dar de baja la citada comunicación oficial en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE, teniéndola sin diligenciar. Al respecto, se cita la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 394487, de rubro: "TERCERO PERJUDICADO, FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCION LO BENEFICIARA. Asimismo, en lo conducente la tesis aislada P. V/98, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ". Notifíquese por lista electrónica.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término que concede el artículo 86, párrafo primero de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión, contra la sentencia que sobreseyó este juicio promovido por la parte quejosa (única parte a quien puede afectar dicha determinación), sin que se hubiere interpuesto algún medio de impugnación en ese plazo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria, se declara que ha causado ejecutoria la referida resolución; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales; no obstante, dése cumplimiento a lo establecido por los numerales 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, el siete de febrero de dos mil diecisiete. Archivo del expediente. Ahora, toda vez que no existe asunto pendiente de diligenciar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte, SE ORDENA EL ARCHIVO DE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General citado Destino. Transcurridos más de tres años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su DESTRUCCIÓN, conforme el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo; y, en su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Devolución de documentos. Toda vez que la parte quejosa, en este juicio exhibió diversas documentales; en tales condiciones, con fundamento en el punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, se requiere a la parte quejosa para que acuda a este órgano jurisdiccional a recoger esos documentos, para ello se le concede el plazo de noventa días (en horas hábiles), contado a partir de aquél en que surta efectos la notificación de este proveído, y dentro del cual, sino se presenta para tal fin en los tres primeros días, dichos documentos se remitirán con este expediente al archivo; así también, fenecido ese plazo de noventa días y para el caso de no comparecer, serán destruidos junto con éste último. Sin embargo, a fin de realizar la entrega respectiva, deberá agendar la cita respectiva en el sistema de Agenda de Citas del Poder Judicial de la Federación. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE o VÍA ELECTRÓNICA, A LA PARTE QUEJOSA y por oficio a las autoridades responsables.

  3. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de abril de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se advierte que en el juicio principal de donde deriva este incidente de suspensión, en esta fecha, causó ejecutoria la sentencia ahí dictada. Por tanto, toda vez que en el presente incidente de suspensión no existe asunto pendiente por diligenciar; con fundamento en los artículos 18, 20 y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte, SE ORDENA EL ARCHIVO DE ESTE INCIDENTE COMO DEFINITIVAMENTE CONCLUIDO. Se estima que este asunto CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General mencionado. Comuníquese a las partes que, en términos del artículo 18, fracción I, inciso a), del referido Acuerdo, por haberse concedido parcialmente la suspensión definitiva, el original de este expediente será DEPURABLE, el cual se conservará por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido, una vez fenecido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, será depurado; acontecido lo anterior, se transferirá a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. En tanto que, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), de ese Acuerdo General, transcurridos más de seis meses, contados a partir de la fecha en que se dicta esta interlocutoria, PROCÉDASE A LA DESTRUCCIÓN DEL DUPLICADO de este incidente de suspensión. Hágase la anotación en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese por lista electrónica.

  4. Principal

    °En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las NUEVE HORAS CON SEIS MINUTOS DEL treinta de marzo de dos mil veintidós, hora y día señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional del juicio de amparo 980/2021, el licenciado Víctor Manuel Jaimes Morelos, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, asistido del licenciado Teodosio Sánchez Méndez, secretario de Juzgado que autoriza y da fe, procede a celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, sin asistencia personal o virtual de alguna de las partes. Abierta la audiencia, el secretario dio lectura a la demanda y demás constancias de autos; además CERTIFICA: Que durante la tramitación de este juicio de amparo, ninguna de las partes hizo manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, contenido en los artículos 6, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Acto continuo el juez acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales procedentes y, respecto a la falta de oposición de las partes para la publicación de sus datos personales, resuélvase lo procedente al dictarse la sentencia respectiva. A continuación, abierto el período probatorio, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas en razón a su propia y especial naturaleza las pruebas documentales que obran en autos. Acto posterior, abierto el periodo de alegatos, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los vertidos por las partes en autos, con lo cual se ordena cerrar este período y, se procede a emitir la siguiente sentencia. VISTOS los autos, para resolver en sentencia el juicio de amparo indirecto 980/2021-VI-A; y, RESULTANDO: PRIMERO. Mediante escrito presentado el tres de septiembre de dos mil veintiuno, ante la oficina de correspondencia común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta ciudad, y turnado el seis siguiente, *** **** ****, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en contra de las siguientes autoridades: En su carácter de ordenadoras: 1).- Juez Mixto de Primera Instancia. 2).- Actuario Judicial, encargado de la Secretaría del Juzgado Mixto de Primera Instancia, por ministerio de ley. En su calidad de ejecutoras al: 3).- Director o encargado del Registro Público de la Propiedad. 4).- Gerente o propietario de la Caja de Ahorro denominada "Caja Popular Mexicana". Todas con residencia en Sola de Vega, Oaxaca. Reclamándoles: ".a).-De la Autoridad Ordenadora JUEZ MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA, DEL DISTRITO JUDICIAL DE VILLA SOLA DE VEGA OAX., LIC. *** *** ****" ASI COMO AL LIC. *** *** **** , ACTUARIO JUDICIAL ENCARGADO DE LA SECRETARIA DEL JUZGADO POR MINISTERIO DE LEY les reclamo que dentro del expediente familiar con número 031/2021, radicado en el juzgado a su cargo emitieron acuerdo de fecha 7 de Julio del 2021, en que ordenaron girar atento oficio al DIRECTOR O ENCARGADO DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD EN VILLA SOLA DE VEGA, PARA QUE NINGUN BIEN INMUEBLE a nombre ANGEL GREGORIO NUÑEZ JUAREZ, Y/0 ANGEL NUÑEZ JUAREZ, SEA INSCRITO A NOMBRE DE OTRA PERSONA DE IGUAL MANERA GIRARON ATENTO OFICIO AL GERENTE O PROPIETARIO DE "CAJA POPULAR MEXICANA" EN VILLA SOLA DE VEGA, PARA QUE SE ABSTENGAN DE ENTREGAR LOS AHORROS DEL DE CUJUS, ANGEL GREGORIO NUÑEZ O ANGEL NUÑEZ JUAREZ, b).- De la Autoridad ejecutora: DIRECTOR O ENCARGADO DEL REGISTRO PUBLICO DE LA VILLA SOLA DE VEGA, OAX" reclamo EL QUE EN CUMPLIMIENTO DE LAS ORDENES RECIBIDAS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS HAN IMPEDIDO QUE SE REALICEN EL CAMBIO DE NOMBRE A LAS PROPIEDADES QUE MEDIANTE CONTRATO ME DONO MI DIFUNTO ESPOSO EL C. ANGEL GREGORIO NUÑEZ que son actos y consecuencias de hecho y de derecho que se generan por las órdenes recibidas del Juzgado Mixto de primera instancia del Distrito Judicial de Villa Sola de Vega. c). De la autoridad ejecutora: CAJA POPULAR MEXICANA. LE RECLAMO EL QUE EN CUMPLIMIENTO DE LAS ORDENES RECIBIDAS POR EL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE VILLA SOLA DE VEGA, AL PRESENTARME A RECLAMAR EL DINERO, DE MI ESPOSO ANGEL GREGORIO NUÑEZ JUAREZ SE NIEGAN A DEVOLVERMELO, ARGUMENTANDO QUE CUMPLEN ORDENES DEL JUZGADO." Actos que estima violatorios de los artículos 1o, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Una vez que la parte quejosa cumplió con la prevención que se le formuló en autos; en proveído de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, se admitió la demanda, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se dio la intervención legal que le corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se citó a las partes a la audiencia constitucional. TERCERO.- En proveído de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, se tuvo por inexistente a la autoridad que se señaló como "Director o encargado del Registro Público de la Propiedad, en Villa Sola de Vega, Oaxaca" (foja 165). C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado es legalmente competente para conocer y resolver el juicio de amparo a que el expediente se refiere de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con el Acuerdo General número 23/2018, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en los que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, por tratarse de un juicio de amparo en materia CIVIL, que corresponde a la jurisdicción de este órgano judicial. SEGUNDO. OPORTUNIDAD DE LA INSTANCIA. La parte quejosa con fecha trece de agosto de dos mil veintiuno, se notificó del acto reclamado (foja 123); de ahí que, si su demanda de amparo la presentó el tres de septiembre de ese año, resulta inconcuso que la instó dentro del término de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, porque dicho plazo le transcurriría del diecisiete de agosto al seis de septiembre de esa anualidad, sin contar los días veintiuno, veintidós, veintiocho y veintinueve de agosto, cuatro y cinco de septiembre, por corresponder a sábados y domingos. TERCERO.- EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO.- El Juez Mixto de Primera Instancia. El actuario judicial, encargado de la Secretaría del Juzgado Mixto de Primera Instancia, por ministerio de Ley. Ambos con residencia en Sola de Vega, Oaxaca. Al rendir sus informes justificados convinieron en la existencia del acto reclamado. Por su parte, el Gerente o Propietario de la Caja de Ahorro denominada "CAJA POPULAR MEXICANA", con sede en Sola de Vega, Oaxaca, no rindió su informe que le fue solicitado, no obstante haber quedado notificado de su petición el treinta de septiembre de dos mil veintiuno, como así se advierte del acuse de recibo que obra en autos (foja 72); sin embargo, no es el caso proceder, en términos del artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo; esto es, a presumir cierto el acto de ejecución que se le atribuye, atendiendo a las consideraciones que enseguida, se emitirán. CUARTO.- IMPROCEDENCIA- No se abordará el estudio de los conceptos de violación, dado que, en la especie, se actualiza la improcedencia de este juicio, cuyo análisis resulta oficioso en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En efecto, este juicio resulta improcedente respecto de la Caja de Ahorro denominada "CAJA POPULAR MEXICANA", con sede en Sola de Vega, Oaxaca, en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: . II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. ." Lo anterior acontece, porque no existe una disposición legal que otorgue a dicha caja de ahorro facultades para realizar conductas unilaterales y coercitivas, pues el vínculo que en su caso, exista entre las personas a las cuales presta sus servicios deriva del contrato que celebre con sus clientes. Por tanto, no se le puede considerar como autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, ya que es una persona moral de derecho privado, cuyos actos no revisten carácter de imperium y, por ende, no puede vulnerar derechos fundamentales de los gobernados, ya que no tiene la facultad de dictar, promulgar, publicar, ordenar, ejecutar o tratar de ejecutar un acto, por encontrarse en un plano de igualdad con el particular. Apoya lo anterior, la Tesis: II.2o.C.15 C (10a.), con registrado electrónico 2009375, consultable en la página 1959, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 19, Junio de 2015, Tomo III, Materia(s), correspondiente a la Décima Época, con el rubro y texto siguientes: "BURÓ DE CRÉDITO. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, publicada en la página 1089 del Tomo XXXIV, septiembre de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.", estableció que la autoridad para efectos del amparo tiene las características siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Ahora bien, de acuerdo con los numerales 12, 13, 20, 25, 32 y 48 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, el buró de crédito está facultado para prestar sus servicios relativos a la calificación de créditos y riesgos, el de verificación o confirmación de identidad o datos generales, así como la integración de una base de datos integrada con la información sobre operaciones crediticias y otras de naturaleza análoga sobre los clientes y cuya información le es proporcionada por los usuarios (entidades financieras, empresas comerciales y Sofomes E.R.N.), todo ello conforme al contrato celebrado entre éstos y las sociedades. Luego, la relación que existe entre el buró de crédito y los clientes es de coordinación y no de supra a subordinación, ya que no existe disposición legal que otorgue a dichas sociedades facultades para realizar conductas unilaterales y coercitivas, pues el vínculo entre los clientes y el buró de crédito deriva del contrato que celebra éste con los usuarios, y a la ley sólo corresponde regular su funcionamiento. Además, la legislación en comento prevé la posibilidad de que los clientes acudan ante la Profeco o Condusef a denunciar alguna inconformidad sobre el servicio prestado por dichas sociedades, derivado de los contratos celebrados, lo cual corrobora que se trata de relaciones entre particulares. Por tanto, no se le puede considerar como autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, ya que es una persona moral de derecho privado, cuyos actos no revisten carácter de imperium y, por ende, no puede vulnerar derechos fundamentales de los gobernados, ya que no tiene la facultad de dictar, promulgar, publicar, ordenar, ejecutar o tratar de ejecutar un acto, por encontrarse en un plano de igualdad con el particular." Por otra parte, respecto del actuario judicial, encargado de la Secretaría del Juzgado Mixto de Primera Instancia, por ministerio de Ley, con residencia en Sola de Vega, Oaxaca, se actualiza la improcedencia invocada. Lo anterior, porque en el caso concreto a dicho actuario actuando en funciones de secretario, no le asiste el carácter de autoridad responsable para los efectos de este juicio de amparo, en virtud de que en términos de los artículos 57 y 58 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, en relación con el numeral 31, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, únicamente le corresponde autorizar toda clase de determinaciones dictadas por el juez responsable, como así aconteció con acto reclamado (foja 108); de ahí que, es ese juzgador el único facultado para pronunciar el acuerdo respectivo y al actuario-secretario, autorizarlo, en función de fedatario, sin imperio ni facultad decisoria; de ahí que se actualiza la improcedencia invocada. Apoya lo anterior, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, la jurisprudencia I.2o.P. J/20, con registro 223613, consultable en la Página 87, del Semanario Judicial de la FederaciónVII, Enero de 1991, materia Penal, Octava Época, con los datos de localización, rubro y texto siguiente: "SECRETARIO DE ACUERDOS. NO ES AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. Si bien es cierto que de acuerdo a los artículos 64, fracción III, 79 y 80 de la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común del Distrito Federal, entre las facultades del secretario de acuerdos se encuentra la de autorizar toda clase de resoluciones dictadas por el juez; empero, dicha función asignada no implica que resuelva conjuntamente con el juzgador, quien es el único responsable de su fallo, y solamente, el referido secretario autoriza, en función de fedatario, sin imperio ni facultad decisoria; consecuentemente, esa autoridad, en forma autónoma, no puede adquirir la jerarquía de responsable para los efectos del juicio de garantías, por lo que es improcedente dicho juicio por el acto que se le reclama." En otro aspecto, respecto del acto reclamado al Juez Mixto de Primera Instancia, de Sola de Vega, Oaxaca, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos del acto reclamado. Lo anterior acontece, porque si bien es cierto, dicha autoridad, en el juicio sucesorio intestamentario número 31/2021, promovido por los actores-aquí terceros interesados JANETH NUÑEZ CRUZ y JAIME CARMELO NUÑEZ CRUZ, ordenó en proveídos de fechas: 1).- Siete de julio de dos mil veintiuno, girar oficio al Director o Encargado del Registro Público de la Propiedad, con sede en Sola de Vega, Oaxaca, para que ningún bien inmueble a nombre del de cujus ANGEL GREGORIO NUÑEZ JUÁREZ o ANGEL NUÑEZ JUÁREZ, fuera inscrito a nombre de otra persona, lo anterior porque se estaba iniciando ese juicio sucesorio intestamentario (fojas 90 y 101). 2).- Dos de agosto de dos mil veintiuno, girar oficio a la "Caja Popular Mexicana", con domicilio en Sola de Vega, Oaxaca, para que se abstuviera de hacer entrega de los ahorros a nombre del de cujus ANGEL GREGORIO NUÑEZ O ANGEL NUÑEZ JUÁREZ, lo anterior porque se estaba iniciando ese juicio sucesorio intestamentario. También lo es, que en diligencia de fecha dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno (fojas 229-231), dichos actores, manifestaron su deseo de no continuar con ese juicio sucesorio, motivo por el cual, desde ese momento se les tuvo ".separándose en su perjuicio del juicio sucesorio intestamentario, para todos los efectos legales a que haya lugar."; ante el convenio que celebraron con la aquí quejosa. En atención a lo anterior, el juez responsable, ordenó girar oficios: a).- Al Director o Encargado del Registro Público de la Propiedad, con sede en Sola de Vega, Oaxaca. b).- A la Caja Popular Mexicana, con domicilio en Sola de Vega, Oaxaca. Para que dejaran inbsubsistentes los diversos oficios que les giró y que se han mencionado en líneas que anteceden. Siendo que, en auto de fecha nueve de marzo de dos mil veintidós, se tuvo al Apoderado Legal de la Caja Popular Mexicana S.C. de A.P. de R.L. de C.V., cumpliendo con el oficio en el cual se le ordenó dejar inbsubsistente el diverso oficio en el que se le encomendó que se abstuviera de hacer entrega de los ahorros a nombre del de cujus ANGEL GREGORIO NUÑEZ O ANGEL NUÑEZ JUÁREZ (foja 240). En el entendido que, no se analiza lo relativo al oficio girado al Director o Encargado del Registro Público de la Propiedad, con sede en Sola de Vega, Oaxaca, toda vez que, en auto de fecha veintinueve de octubre de dos mil veintiuno (foja 165), se tuvo por inexistente al no haber dado cumplimiento la parte quejosa, al diverso requerimiento que se le formuló en proveído de ocho de ese mes (foja 78). De lo anterior, se advierte que, han cesado los efectos del acto reclamado. En tales condiciones, procede sobreseer este juicio, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Dado el sobreseimiento decretado en este juicio constitucional, existe imposibilidad jurídica para estudiar el fondo del asunto, atento a la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 49, del Tomo 24, tercera parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto, son del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." QUINTO. LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Federal, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que se considera información confidencial sus datos personales, los cuales los hacen identificados o identificables, por lo que si desea que sean divulgados, se requiere su consentimiento. En mérito a lo expuesto y fundado, y con apoyo además, en los artículos 1°, fracción I, 76, 77 y 78 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO.- Se sobresee este juicio de amparo promovido por CECILIA NOEMIÍ RAMÍREZ CASTILLEJOS. SEGUNDO.- En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. NOTIFÍQUESE POR LISTA ELECTRÓNICA.En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las NUEVE HORAS CON SEIS MINUTOS DEL treinta de marzo de dos mil veintidós, hora y día señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional del juicio de amparo 980/2021, el licenciado Víctor Manuel Jaimes Morelos, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, asistido del licenciado Teodosio Sánchez Méndez, secretario de Juzgado que autoriza y da fe, procede a celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, sin asistencia personal o virtual de alguna de las partes. Abierta la audiencia, el secretario dio lectura a la demanda y demás constancias de autos; además CERTIFICA: Que durante la tramitación de este juicio de amparo, ninguna de las partes hizo manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, contenido en los artículos 6, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Acto continuo el juez acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales procedentes y, respecto a la falta de oposición de las partes para la publicación de sus datos personales, resuélvase lo procedente al dictarse la sentencia respectiva. A continuación, abierto el período probatorio, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas en razón a su propia y especial naturaleza las pruebas documentales que obran en autos. Acto posterior, abierto el periodo de alegatos, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los vertidos por las partes en autos, con lo cual se ordena cerrar este período y, se procede a emitir la siguiente sentencia. VISTOS los autos, para resolver en sentencia el juicio de amparo indirecto 980/2021-VI-A; y, RESULTANDO: PRIMERO. Mediante escrito presentado el tres de septiembre de dos mil veintiuno, ante la oficina de correspondencia común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta ciudad, y turnado el seis siguiente, CECILIA NOEMIÍ RAMÍREZ CASTILLEJOS, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en contra de las siguientes autoridades: En su carácter de ordenadoras: 1).- Juez Mixto de Primera Instancia. 2).- Actuario Judicial, encargado de la Secretaría del Juzgado Mixto de Primera Instancia, por ministerio de ley. En su calidad de ejecutoras al: 3).- Director o encargado del Registro Público de la Propiedad. 4).- Gerente o propietario de la Caja de Ahorro denominada "Caja Popular Mexicana". Todas con residencia en Sola de Vega, Oaxaca. Reclamándoles: ".a).-De la Autoridad Ordenadora JUEZ MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA, DEL DISTRITO JUDICIAL DE VILLA SOLA DE VEGA OAX., LIC. MANUEL CHAVEZ AGUILAR" ASI COMO AL LIC. JULIO HUMBERTO GARCIA ORTEGA, ACTUARIO JUDICIAL ENCARGADO DE LA SECRETARIA DEL JUZGADO POR MINISTERIO DE LEY les reclamo que dentro del expediente familiar con número 031/2021, radicado en el juzgado a su cargo emitieron acuerdo de fecha 7 de Julio del 2021, en que ordenaron girar atento oficio al DIRECTOR O ENCARGADO DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD EN VILLA SOLA DE VEGA, PARA QUE NINGUN BIEN INMUEBLE a nombre ANGEL GREGORIO NUÑEZ JUAREZ, Y/0 ANGEL NUÑEZ JUAREZ, SEA INSCRITO A NOMBRE DE OTRA PERSONA DE IGUAL MANERA GIRARON ATENTO OFICIO AL GERENTE O PROPIETARIO DE "CAJA POPULAR MEXICANA" EN VILLA SOLA DE VEGA, PARA QUE SE ABSTENGAN DE ENTREGAR LOS AHORROS DEL DE CUJUS, ANGEL GREGORIO NUÑEZ O ANGEL NUÑEZ JUAREZ, b).- De la Autoridad ejecutora: DIRECTOR O ENCARGADO DEL REGISTRO PUBLICO DE LA VILLA SOLA DE VEGA, OAX" reclamo EL QUE EN CUMPLIMIENTO DE LAS ORDENES RECIBIDAS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS HAN IMPEDIDO QUE SE REALICEN EL CAMBIO DE NOMBRE A LAS PROPIEDADES QUE MEDIANTE CONTRATO ME DONO MI DIFUNTO ESPOSO EL C. ANGEL GREGORIO NUÑEZ que son actos y consecuencias de hecho y de derecho que se generan por las órdenes recibidas del Juzgado Mixto de primera instancia del Distrito Judicial de Villa Sola de Vega. c). De la autoridad ejecutora: CAJA POPULAR MEXICANA. LE RECLAMO EL QUE EN CUMPLIMIENTO DE LAS ORDENES RECIBIDAS POR EL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE VILLA SOLA DE VEGA, AL PRESENTARME A RECLAMAR EL DINERO, DE MI ESPOSO ANGEL GREGORIO NUÑEZ JUAREZ SE NIEGAN A DEVOLVERMELO, ARGUMENTANDO QUE CUMPLEN ORDENES DEL JUZGADO." Actos que estima violatorios de los artículos 1o, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Una vez que la parte quejosa cumplió con la prevención que se le formuló en autos; en proveído de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, se admitió la demanda, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se dio la intervención legal que le corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se citó a las partes a la audiencia constitucional. TERCERO.- En proveído de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, se tuvo por inexistente a la autoridad que se señaló como "Director o encargado del Registro Público de la Propiedad, en Villa Sola de Vega, Oaxaca" (foja 165). C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado es legalmente competente para conocer y resolver el juicio de amparo a que el expediente se refiere de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con el Acuerdo General número 23/2018, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en los que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, por tratarse de un juicio de amparo en materia CIVIL, que corresponde a la jurisdicción de este órgano judicial. SEGUNDO. OPORTUNIDAD DE LA INSTANCIA. La parte quejosa con fecha trece de agosto de dos mil veintiuno, se notificó del acto reclamado (foja 123); de ahí que, si su demanda de amparo la presentó el tres de septiembre de ese año, resulta inconcuso que la instó dentro del término de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, porque dicho plazo le transcurriría del diecisiete de agosto al seis de septiembre de esa anualidad, sin contar los días veintiuno, veintidós, veintiocho y veintinueve de agosto, cuatro y cinco de septiembre, por corresponder a sábados y domingos. TERCERO.- EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO.- El Juez Mixto de Primera Instancia. El actuario judicial, encargado de la Secretaría del Juzgado Mixto de Primera Instancia, por ministerio de Ley. Ambos con residencia en Sola de Vega, Oaxaca. Al rendir sus informes justificados convinieron en la existencia del acto reclamado. Por su parte, el Gerente o Propietario de la Caja de Ahorro denominada "CAJA POPULAR MEXICANA", con sede en Sola de Vega, Oaxaca, no rindió su informe que le fue solicitado, no obstante haber quedado notificado de su petición el treinta de septiembre de dos mil veintiuno, como así se advierte del acuse de recibo que obra en autos (foja 72); sin embargo, no es el caso proceder, en términos del artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo; esto es, a presumir cierto el acto de ejecución que se le atribuye, atendiendo a las consideraciones que enseguida, se emitirán. CUARTO.- IMPROCEDENCIA- No se abordará el estudio de los conceptos de violación, dado que, en la especie, se actualiza la improcedencia de este juicio, cuyo análisis resulta oficioso en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En efecto, este juicio resulta improcedente respecto de la Caja de Ahorro denominada "CAJA POPULAR MEXICANA", con sede en Sola de Vega, Oaxaca, en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: . II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. ." Lo anterior acontece, porque no existe una disposición legal que otorgue a dicha caja de ahorro facultades para realizar conductas unilaterales y coercitivas, pues el vínculo que en su caso, exista entre las personas a las cuales presta sus servicios deriva del contrato que celebre con sus clientes. Por tanto, no se le puede considerar como autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, ya que es una persona moral de derecho privado, cuyos actos no revisten carácter de imperium y, por ende, no puede vulnerar derechos fundamentales de los gobernados, ya que no tiene la facultad de dictar, promulgar, publicar, ordenar, ejecutar o tratar de ejecutar un acto, por encontrarse en un plano de igualdad con el particular. Apoya lo anterior, la Tesis: II.2o.C.15 C (10a.), con registrado electrónico 2009375, consultable en la página 1959, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 19, Junio de 2015, Tomo III, Materia(s), correspondiente a la Décima Época, con el rubro y texto siguientes: "BURÓ DE CRÉDITO. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, publicada en la página 1089 del Tomo XXXIV, septiembre de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.", estableció que la autoridad para efectos del amparo tiene las características siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Ahora bien, de acuerdo con los numerales 12, 13, 20, 25, 32 y 48 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, el buró de crédito está facultado para prestar sus servicios relativos a la calificación de créditos y riesgos, el de verificación o confirmación de identidad o datos generales, así como la integración de una base de datos integrada con la información sobre operaciones crediticias y otras de naturaleza análoga sobre los clientes y cuya información le es proporcionada por los usuarios (entidades financieras, empresas comerciales y Sofomes E.R.N.), todo ello conforme al contrato celebrado entre éstos y las sociedades. Luego, la relación que existe entre el buró de crédito y los clientes es de coordinación y no de supra a subordinación, ya que no existe disposición legal que otorgue a dichas sociedades facultades para realizar conductas unilaterales y coercitivas, pues el vínculo entre los clientes y el buró de crédito deriva del contrato que celebra éste con los usuarios, y a la ley sólo corresponde regular su funcionamiento. Además, la legislación en comento prevé la posibilidad de que los clientes acudan ante la Profeco o Condusef a denunciar alguna inconformidad sobre el servicio prestado por dichas sociedades, derivado de los contratos celebrados, lo cual corrobora que se trata de relaciones entre particulares. Por tanto, no se le puede considerar como autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, ya que es una persona moral de derecho privado, cuyos actos no revisten carácter de imperium y, por ende, no puede vulnerar derechos fundamentales de los gobernados, ya que no tiene la facultad de dictar, promulgar, publicar, ordenar, ejecutar o tratar de ejecutar un acto, por encontrarse en un plano de igualdad con el particular." Por otra parte, respecto del actuario judicial, encargado de la Secretaría del Juzgado Mixto de Primera Instancia, por ministerio de Ley, con residencia en Sola de Vega, Oaxaca, se actualiza la improcedencia invocada. Lo anterior, porque en el caso concreto a dicho actuario actuando en funciones de secretario, no le asiste el carácter de autoridad responsable para los efectos de este juicio de amparo, en virtud de que en términos de los artículos 57 y 58 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, en relación con el numeral 31, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, únicamente le corresponde autorizar toda clase de determinaciones dictadas por el juez responsable, como así aconteció con acto reclamado (foja 108); de ahí que, es ese juzgador el único facultado para pronunciar el acuerdo respectivo y al actuario-secretario, autorizarlo, en función de fedatario, sin imperio ni facultad decisoria; de ahí que se actualiza la improcedencia invocada. Apoya lo anterior, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, la jurisprudencia I.2o.P. J/20, con registro 223613, consultable en la Página 87, del Semanario Judicial de la FederaciónVII, Enero de 1991, materia Penal, Octava Época, con los datos de localización, rubro y texto siguiente: "SECRETARIO DE ACUERDOS. NO ES AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. Si bien es cierto que de acuerdo a los artículos 64, fracción III, 79 y 80 de la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común del Distrito Federal, entre las facultades del secretario de acuerdos se encuentra la de autorizar toda clase de resoluciones dictadas por el juez; empero, dicha función asignada no implica que resuelva conjuntamente con el juzgador, quien es el único responsable de su fallo, y solamente, el referido secretario autoriza, en función de fedatario, sin imperio ni facultad decisoria; consecuentemente, esa autoridad, en forma autónoma, no puede adquirir la jerarquía de responsable para los efectos del juicio de garantías, por lo que es improcedente dicho juicio por el acto que se le reclama." En otro aspecto, respecto del acto reclamado al Juez Mixto de Primera Instancia, de Sola de Vega, Oaxaca, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos del acto reclamado. Lo anterior acontece, porque si bien es cierto, dicha autoridad, en el juicio sucesorio intestamentario número 31/2021, promovido por los actores-aquí terceros interesados JANETH NUÑEZ CRUZ y JAIME CARMELO NUÑEZ CRUZ, ordenó en proveídos de fechas: 1).- Siete de julio de dos mil veintiuno, girar oficio al Director o Encargado del Registro Público de la Propiedad, con sede en Sola de Vega, Oaxaca, para que ningún bien inmueble a nombre del de cujus ANGEL GREGORIO NUÑEZ JUÁREZ o ANGEL NUÑEZ JUÁREZ, fuera inscrito a nombre de otra persona, lo anterior porque se estaba iniciando ese juicio sucesorio intestamentario (fojas 90 y 101). 2).- Dos de agosto de dos mil veintiuno, girar oficio a la "Caja Popular Mexicana", con domicilio en Sola de Vega, Oaxaca, para que se abstuviera de hacer entrega de los ahorros a nombre del de cujus ANGEL GREGORIO NUÑEZ O ANGEL NUÑEZ JUÁREZ, lo anterior porque se estaba iniciando ese juicio sucesorio intestamentario. También lo es, que en diligencia de fecha dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno (fojas 229-231), dichos actores, manifestaron su deseo de no continuar con ese juicio sucesorio, motivo por el cual, desde ese momento se les tuvo ".separándose en su perjuicio del juicio sucesorio intestamentario, para todos los efectos legales a que haya lugar."; ante el convenio que celebraron con la aquí quejosa. En atención a lo anterior, el juez responsable, ordenó girar oficios: a).- Al Director o Encargado del Registro Público de la Propiedad, con sede en Sola de Vega, Oaxaca. b).- A la Caja Popular Mexicana, con domicilio en Sola de Vega, Oaxaca. Para que dejaran inbsubsistentes los diversos oficios que les giró y que se han mencionado en líneas que anteceden. Siendo que, en auto de fecha nueve de marzo de dos mil veintidós, se tuvo al Apoderado Legal de la Caja Popular Mexicana S.C. de A.P. de R.L. de C.V., cumpliendo con el oficio en el cual se le ordenó dejar inbsubsistente el diverso oficio en el que se le encomendó que se abstuviera de hacer entrega de los ahorros a nombre del de cujus ANGEL GREGORIO NUÑEZ O ANGEL NUÑEZ JUÁREZ (foja 240). En el entendido que, no se analiza lo relativo al oficio girado al Director o Encargado del Registro Público de la Propiedad, con sede en Sola de Vega, Oaxaca, toda vez que, en auto de fecha veintinueve de octubre de dos mil veintiuno (foja 165), se tuvo por inexistente al no haber dado cumplimiento la parte quejosa, al diverso requerimiento que se le formuló en proveído de ocho de ese mes (foja 78). De lo anterior, se advierte que, han cesado los efectos del acto reclamado. En tales condiciones, procede sobreseer este juicio, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Dado el sobreseimiento decretado en este juicio constitucional, existe imposibilidad jurídica para estudiar el fondo del asunto, atento a la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 49, del Tomo 24, tercera parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto, son del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." QUINTO. LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Federal, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que se considera información confidencial sus datos personales, los cuales los hacen identificados o identificables, por lo que si desea que sean divulgados, se requiere su consentimiento. En mérito a lo expuesto y fundado, y con apoyo además, en los artículos 1°, fracción I, 76, 77 y 78 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO.- Se sobresee este juicio de amparo promovido por CECILIA NOEMIÍ RAMÍREZ CASTILLEJOS. SEGUNDO.- En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. NOTIFÍQUESE POR LISTA ELECTRÓNICA.Así lo resolvió y firma el licenciado Víctor Manuel Jaimes Morelos, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante el licenciado Teodosio Sánchez Méndez, secretario que autoriza y da fe.

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