Cecilia Mendoza Castellanos
Expediente 605/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 11 actuaciones registradas, la última del 1 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 605/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 01/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Cecilia Mendoza Castellanos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Incidental
° San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, uno de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que en proveído de diecisiete de agosto del año en curso, causó ejecutoria la sentencia de veintinueve de julio de dos mil veintidós. Por tanto, toda vez que no existe asunto pendiente por diligenciar, con fundamento en los artículos 18, 20 y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte, se ordena el archivo de este incidente como definitivamente concluido. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General mencionado. Comuníquese a las partes que, en términos del artículo 18, fracción I, inciso a), del referido Acuerdo, por haberse concedido la suspensión definitiva, el original de este expediente será DEPURABLE, el cual se conservará por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido, una vez fenecido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, será depurado; acontecido lo anterior, se transferirá a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. En tanto que, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), de ese Acuerdo General, transcurridos más de seis meses, contados a partir de la fecha en que se dicta esta determinación, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente de suspensión. Hágase la anotación en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese por lista electrónica.
- Principal
° San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de agosto de dos mil veintidós. Vistos los autos y la certificación de la secretaría, de la que se desprende que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, haya interpuesto recurso de revisión, en contra de la resolución dictada el veintinueve de julio de esta anualidad, en la que se sobreseyó en el juicio; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO EJECUTORIA LA REFERIDA RESOLUCIÓN; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos a que haya lugar. Por otra parte, tomando en consideración que, conforme a la certificación de cuenta, la parte quejosa se opuso a la publicación de sus datos personales; por tanto, suprímanse sus datos personales, de acuerdo a lo ordenado en proveído de veintisiete de mayo de dos mil veintidós (foja 12 vuelta). II. Archivo, relevancia documental y destino del expediente. Por tanto, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte, se ordena el archivo de este expediente como definitivamente concluido. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General citado en último término. Transcurridos más de tres años, a partir de la fecha en que se ordenó el archivo de este expediente, procédase a su DESTRUCCIÓN, conforme el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo; y, en su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. III. Anotaciones. Hágase la anotación en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. IV. Notificación y envío de oficios. Dada la contingencia por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19 y a fin de resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, el presente acuerdo se ordena notificar por lista electrónica a las diversas partes no ordenadas mediante oficio; máxime que el mismo no contiene alguna determinación que se califique como urgente. Se comisiona al actuario adscrito a efecto de que firme los oficios que deriven de este acuerdo; asimismo, los remita por correo electrónico, fax, interconexión o estafeta. Notifíquese por lista electrónica; y, por oficios a las autoridades responsables.
- Principal
En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las once horas con un minuto del veintinueve de julio de dos mil veintidós, hora y día señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional del juicio de amparo 605/2022, ... VISTOS los autos, para resolver en sentencia el juicio de amparo indirecto 605/2022, que promovió ***por propio derecho; y, RESULTANDO: PRIMERO. Datos de la demanda Mediante escrito presentado en el veintiséis de mayo de esta anualidad en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en este municipio y recibido el mismo día en este órgano jurisdiccional, Cecilia Mendoza Castellanos, por propio derecho y en representación de la menor C.G.A.M., solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del contra actos del Juez Primero Mixto de lo Civil del Distrito Judicial de Etla, Oaxaca, que hizo consistir en: "1.- La dilación procesal por parte de la responsable de proveer mi escrito fechado el veintiséis de enero del año en curso y presentado el diecisiete de febrero pasado, bajo el folio 520/2022; esto en el juicio familiar 730/2011 del índice de la responsable. 2.- La omisión de la responsable de adoptar las medidas necesarias para que el deudor alimentario cumpla con su obligación de cubrir la pensión alimenticia a que se obligó oportunamente." La parte quejosa narró los antecedentes del acto reclamado, invocó los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales transgredidos los contenidos en los artículos 4, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión de la demanda. En proveído de quince de junio, se admitió la demanda de amparo, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se dio la intervención que legalmente le corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; demanda que quedó registrada con el número 605/2022; seguido el trámite del juicio, se citó a las partes a la audiencia constitucional, la que se verificó al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, es legalmente competente para resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 94, 103, fracción I, y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 37 de la Ley de Amparo y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ya que los actos reclamados tienen ejecución dentro del territorio donde este Juzgado ejerce jurisdicción, en términos del Acuerdo General 23/2018 y 45/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 3/2013. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Antes de establecer lo relativo a la certeza del acto de autoridad reclamado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consiste, atendiendo a la integridad de la demanda, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente. En el caso, de la lectura integral efectuada a la demanda de amparo, así como de las constancias que integran este asunto, se advierte que la parte quejosa reclama: La omisión de dar respuesta al escrito de veintiséis de enero y presentado ante la autoridad responsable el diecisiete de febrero del año en curso en el juicio familiar 730/2011 de índice de la responsable Juez Primero Mixto de lo Civil del Distrito Judicial de Etla, Oaxaca. La omisión de la responsable de adoptar las medidas necesarias para que el deudor alimentario cumpla con su obligación de cubrir la pensión alimenticia a que se obligó oportunamente. Sirve de apoyo, la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno del Máximo Tribunal del País, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". Y por las razones que contiene, la jurisprudencia 1347, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". TERCERO. Existencia del acto reclamado. La autoridad señalada como responsable, Juez Primero Mixto de lo Civil del Distrito Judicial de Etla, Oaxaca, al rendir su informe justificado (fojas 37 y 37 reverso), aceptó parcialmente en la existencia del acto que se le reclama consistente en la falta de respuesta al escrito de la quejosa y niega respecto del segundo acto omisivo; sin embargo de la lectura integral de su informe se advierte la existencia de ambos actos reclamados. Certeza que se corrobora además con la documental que al efecto allegó a su informe de ley, consistente en copia certificada de las constancias del expediente familiar 730/2011 (fojas 38 a 52). Tal documental, al ser un documento público se le confiere eficacia probatoria plena, en mérito de lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo conforme lo establece el artículo 2. En ese tenor, al haberse acreditado la existencia de los actos reclamados, este Juzgado de Distrito procede al estudio de las causas de improcedencia en relación con éste y, en su caso, al análisis de su constitucionalidad o no, de conformidad con la técnica rectora en el juicio de amparo. CUARTO. Causales de improcedencia. No obstante la existencia del acto reclamado, no se abordará el estudio de los conceptos de violación, que hace valer la parte quejosa, toda vez que, en el caso, se actualiza una causa de improcedencia; cuyo análisis debe examinarse de oficio y preferentemente conforme a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "ART. 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; ." Dicha causa de improcedencia se actualiza cuando la autoridad responsable emite un acto que destruye al reclamado, de forma total e incondicional, de tal manera que las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá. En el caso, de la copia certificada de las constancias del expediente familiar 730/2011, se advierte que el veintiuno de junio de esta anualidad, la autoridad responsable dio contestación al escrito recibido el diecisiete de febrero del año en curso (fojas 39 reverso a 43), mismo que fue notificado a la quejosa a través de su autorizado el veintitrés de junio último (foja 44). De igual forma, se advierte que el juez responsable el referido auto de veintiuno de junio del año en curso, dictó las medidas correspondientes para lograr que el acreedor alimentario cumpla con la pensión que se le fijó a la parte actora en el juicio natural, aquí quejosa, como fue el girar los oficios respectivos, a fin de investigar donde labora el demandado, para que el Comisariado Ejidal de San Sebastián Etla, San Pablo Etla, Oaxaca, no autorice ninguna sesión de derechos inmueble del demandado, ubicado en el paraje denominado "La Vía" de ese ejido. También ordenó inscribir al demandado moroso en el Registro de Deudores Alimentarios. De donde se concluye, los actos reclamados señalados en párrafos que anteceden, han cesado en sus efectos. De ahí que, al haber cesado los efectos de los actos reclamados, las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos no hubieren invadido la esfera jurídica del particular. Sirve de apoyo la tesis número II 1º C T 217 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, publicada en la página 313, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Octubre de 1994, Octava Época, citada en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "INEXISTENCIA Y CESACIÓN DE EFECTOS CUANDO LO RECLAMADO ES LA FALTA DE CONTESTACIÓN A UN ESCRITO. Cuando lo que se reclama es la falta de contestación a un escrito formulado por el gobernado, entonces la inexistencia del acto reclamado provendrá o de que no existe la solicitud, o bien, que antes de interponerse la demanda ya se haya dado la respuesta por escrito a dicha solicitud; en cambio, si a la fecha de presentación de la demanda no se ha dado contestación a la solicitud del gobernado pero tal respuesta se produce con posterioridad, entonces no es dable concluir con la inexistencia del acto reclamado, sino con la improcedencia del juicio porque han cesado los efectos del acto negativo reclamado, en términos del artículo 73, fracción XVI de la Ley de Amparo". Y la jurisprudencia número 2ª /J 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página treinta y ocho, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, bajo la voz: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". De ahí que, al haber cesado los efectos de la omisión reclamada, procede SOBRESEER en este juicio, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Dado el sobreseimiento decretado en este juicio constitucional, existe imposibilidad jurídica para estudiar el fondo del asunto, atento al 6° transitorio de la ley de la materia, la jurisprudencia cuyo rubro y texto, son del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." QUINTO. Ley de Transparencia. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, de conformidad con el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dese cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. SEXTO. Anotaciones. Hágase la anotación en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75 y 76 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ***, por propio derecho y en representación de la menor ***.. SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando quinto de este fallo en los términos ahí precisados. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a la autoridad responsable.
- Principal
° San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de julio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos de los que se advierte que en auto de ocho del mes en curso, se agregó el informe justificado rendido por la autoridad responsable Juez Primero Civil del Distrito Judicial de la Villa de Etla, Oaxaca; a efecto de respetar el término de ocho días, a que se refiere el numeral 117 de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día, y se fijan las ONCE HORAS CON UN MINUTO DEL VEINTINUEVE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J.504/2000, con el rubro siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO". Notifíquese por lista electrónica.
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