Cecilia Gonzalez Martinez

Expediente 593/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 15 actuaciones registradas, la última del 19 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
593/2022
Año
2022
Actuaciones
15
Última actuación
19/08/2022

Partes del expediente

  • Cecilia Gonzalez Martinez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    --LISTAS---San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de agosto de dos mil veintidós. Devolución de documentos. Visto el estado procesal, se observa que mediante proveído que antecede se ordenó el archivo del presente asunto; sin embargo, obran documentos originales exhibidos por la parte quejosa con su demanda de amparo. En ese sentido, de conformidad con el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dese vista a la parte actora, a fin de que acuda al local de este tribunal dentro de un plazo de noventa días, a recoger los documentos originales que acompañó a su escrito inicial de demanda, apercibida que, en caso de no hacerlo, dicho documento será glosado al expediente en que se actúa y en su momento podrá ser destruido junto con las constancias judiciales. Se hace de su conocimiento que, en atención al Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura, publicado el treinta y uno de julio de dos mil veinte, en donde en su artículo 2° se determinó que, si bien subsistía la situación de emergencia sanitaria, se levanta la suspensión de plazos y términos en cuestión a partir del tres de agosto de esta anualidad, deberá atender a los lineamientos referidos en el acuerdo de mérito para poder acudir a las instalaciones del juzgado federal por los documentos exhibidos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, diecisiete de agosto de dos mil veintidós. Causa estado auto de sobreseimiento fuera de audiencia. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que no se interpuso recurso de revisión en contra del auto de veintisiete de julio de dos mil veintidós, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA QUEDADO FIRME. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido...". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Por otra parte, tomando en consideración que en el incidente de suspensión, se concedió la suspensión provisional, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), del mismo Acuerdo, por tanto, el cuaderno original es susceptible de depuración, una vez que transcurra el citado plazo de tres años que prevé el numeral en cita, por lo tanto deberán conservarse las resoluciones relativas a su otorgamiento y del presente proveído. En diverso aspecto, como lo dispone el diverso numeral 20, fracción II, inciso a) de dicho Acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruido una vez que transcurra el plazo de seis meses. Háganse las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes; asimismo, insértese este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión, para constancia. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, el auto que determinó sobreseer fuera de audiencia el juicio de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Finalmente, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos. Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintisiete de julio de dos mil veintidós. Tribunal declara infundado recurso de queja. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Secretaria del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, mediante el cual remite testimonio de la resolución de catorce de julio de dos mil veintidós, pronunciada en el recurso de queja 206/2022, en la que se resolvió lo siguiente: "ÚNICO. Es INFUNDADO el recurso de queja interpuesto por ***, contra el auto de veintidós de abril de dos mil veintidós, dictado por la Jueza Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, en el juicio de amparo indirecto 593/2022." Acuse de recibo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 61, 62, 63 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los presentes autos a fin de que obre como legalmente corresponda y acúsese el recibo de estilo al Tribunal de Alzada. Reanudación de procedimiento. Visto el estado que guardan los autos, se desprende que mediante acuerdo de catorce de junio de dos mil veintidós se ordenó la suspensión del procedimiento derivado de la interposición del recurso de queja con el que se da cuenta, dejándose sin efectos la hora y fecha de la audiencia constitucional hasta en tanto se resolviera el medio de impugnación en comento, lo que ya aconteció. En consecuencia, con fundamento en el precepto 102 de la Ley de Amparo, se ordena la reanudación del procedimiento. Sobreseimiento fuera de audiencia constitucional. En diverso sentido, debe tenerse presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. Al respecto, este juzgado federal encuentra que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al diverso numeral 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, los cuales prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios;" Del precepto legal trascrito en primer término, se desprende que el juicio de amparo será improcedente cuando dicha particularidad resulte de alguna disposición de la ley o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto que del segundo se desprende que es obligación del quejoso señalar en la demanda de amparo a la autoridad o autoridades responsables, lo anterior, en virtud de que al no cumplir con tal señalamiento, no podrá analizarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado por no haberse llamado a juicio a la autoridad que lo emitió y, por tanto, el juicio de amparo resultaría improcedente. Ahora bien, mediante acuerdo de veintidós de abril de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo promovida por Cecilia González Martínez respecto del acto reclamado que atribuyó a la autoridad responsable que señaló como "Titular de la Secretaría de Administración Pública". Luego, en proveído de diez de mayo siguiente, se dio vista a la parte quejosa para que precisara, corrigiera o aclarara el nombre de la autoridad responsable antes indicada, apercibida que de no hacerlo, con fundamento en el artículo 108, fracción II, en relación con el numeral 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, se tendría por inexistente, apercibimiento que se hizo efectivo el veinte de mayo de dos mil veintidós, en virtud de que la parte quejosa fue omisa en manifestarse al respecto. Así, dado que la parte quejosa fue omisa en señalar autoridad responsable en este juicio de amparo, este órgano jurisdiccional se encuentra impedido jurídicamente para examinar la constitucionalidad del acto reclamado a virtud de su falta de llamamiento a dicho procedimiento. Lo anterior, encuentra fundamento en las siguientes jurisprudencias emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dicen: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente, no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se le llamó a juicio ni fue oída." "AUTORIDADES NO LLAMADAS A JUICIO. Si se impugnan las facultades de una legislatura para hacer una declaración que el quejoso considera unilateral e infundada, eso no puede estudiarse a través del juicio de garantías, si no ha sido llamada a juicio la autoridad de quien emana ese hecho, o sea la legislatura, única capacitada para demostrar la legalidad del acto, siempre y cuando naturalmente hubiera sido materia de impugnación en los autos correspondientes." En el mismo tenor, resultan ilustrativas las tesis emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultables, la primera, en la página 1195, Tomo XLVII y, la segunda, en la página 206, Tomo XLVIII, ambas de la Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo contenido dice: "AUTORIDAD RESPONSABLE, OMISIÓN DE LA. Debe sobreseerse en el amparo cuando esté comprobado en autos que los actos que se reclaman proceden de una autoridad que no ha sido designada como responsable, ni llamada a juicio, ni oída en el procedimiento respectivo, pues es, jurídicamente, imposible examinar la constitucionalidad de esos actos, ya que ese examen tendría que hacerse necesariamente, en un procedimiento unilateral y a espaldas de la autoridad que verdaderamente tiene el carácter de responsable y, por tanto, el derecho de justificar la legalidad de sus procedimientos." "AUTORIDADES RESPONSABLES, FALTA DE SEÑALAMIENTO DE LAS, EN EL AMPARO. El juicio de amparo es una controversia que se suscita ente el quejoso y la autoridad responsable y, por lo mismo, tiene que ser ésta designada exactamente, para que sea oída y darle oportunidad a que justifique o intente justificar sus actos, para que el Juez federal decida sobre sí se ha violado alguna garantía constitucional, y como esto no puede resolverse fundadamente y con conocimiento de causa, si no se designa a la autoridad de quien realmente ha emanado el acto que se reclama, puede resolverse sobre la constitucionalidad de él, si se señalan como responsables a otras que tendrán que limitarse a decir que son ajenas a esa cuestión, o que no han ejecutado actos de la autoridad que ha intervenido en el hecho que se reclama de determinado funcionario, debiendo sobreseerse en el amparo cuando se incurra en tal omisión." Por lo anteriormente expuesto, al no existir autoridad responsable a quien atribuirle el acto reclamado por la parte quejosa, no obstante que ésta estuvo en posibilidad de subsanar la denominación de aquella por la cual se admitió a trámite la demanda de amparo, no es factible examinar el acto. Esto es así, en virtud de que el señalamiento de la autoridad responsable queda a cargo exclusivamente de la peticionaria de amparo, pues en atención al principio de instancia de parte agraviada contenido en el artículo 6º de la Ley de Amparo, la acción constitucional solo puede enderezarse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro aspecto que se reclame; por lo que el Juez de Distrito está imposibilitado para llamar oficiosamente a aquellas autoridades que no fueron señaladas como responsables por la parte quejosa. Cobra aplicación por su contenido jurídico, la tesis aislada 2a. CLXIV/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 113, tomo IX, Enero de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 194684, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE Y EL JUEZ PREVINO AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA Y ÉSTE NO LO HIZO, DEBE SOBRESEERSE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró la tesis de jurisprudencia 2a./J. 30/96 cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.", publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, junio de 1996, página 250, la cual establece que el órgano de revisión, en el supuesto indicado en la tesis, debe ordenar reponer el procedimiento para el efecto de que se requiera al quejoso la regularización de su demanda; sin embargo, ni de esa jurisprudencia ni de disposición legal alguna, se desprende que el quejoso tenga una segunda oportunidad para regularizar su demanda si en la primera ocasión no lo hizo, señalando a la autoridad responsable, por lo que en ese caso, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en las fracciones III, del artículo 74, XVIII del 73 y III del 116 de la Ley de Amparo, toda vez que ha precluido su derecho a enmendar la solicitud de amparo y, consecuentemente, no es el caso de volver a ordenar la reposición del procedimiento." En esas condiciones, se concluye que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo y, por tanto, procede sobreseer el juicio fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de la norma citada. Anotaciones. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, catorce de junio de dos mil veintidós. Se suspende procedimiento y se deja sin efectos audiencia constitucional. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos del cual se advierte que el uno de junio de dos mil veintidós, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, informó que admitió a trámite el recurso de queja interpuesto en el presente juico de amparo quedando registrado bajo el toca 206/2022. En consecuencia, con fundamento en el artículo 102 de la Ley de Amparo: A. Se suspende el procedimiento en el presente juicio de amparo; B. Se deja sin efectos la audiencia constitucional programada; y, C. Se reserva señalar nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional, hasta en tanto se tenga conocimiento de la resolución que se emita en el recurso de queja interpuesto por la tercera interesada. Sirve de fundamento, la jurisprudencia: "QUEJA PREVISTA EN LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 95 DE LA LEY DE AMPARO. LA SUSPENSIÓN DERIVADA DE SU ADMISIÓN IMPLICA LA PARALIZACIÓN TOTAL DEL JUICIO DE AMPARO. *** Notifíquese.

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