Cecilia Gallardo Martinez

Expediente 110/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 12 actuaciones registradas, la última del 13 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
110/2019
Año
2019
Actuaciones
12
Última actuación
13/06/2019

Partes del expediente

  • Cecilia Gallardo Martinez
  • Karina de Jesus Gallardo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Agréguese el escrito y anexo de ***, autorizado en términos amplios de la parte quejosa, mediante el cual designa a ***, para que de manera conjunta o indistintamente a su nombre reciban los documentos solicitados, así como las copias que le fueron autorizadas mediante proveído del catorce de mayo del año en curso; en atención a su contenido se autoriza la devolución a las citadas personas quienes deberán comparecer debidamente identificadas con credencial oficial vigente , y copia simple de la misma para glosarla a los autos como constancia.

  2. Principal

    Causa estado cumplimiento. Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa promoviera recurso de inconformidad en contra del auto de doce de abril de dos mil diecinueve, que declaró cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; por tanto, con apoyo en dicho precepto legal, se declara que ha causado estado el mencionado proveído para todos los efectos legales consiguientes. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Glósese copia del presente acuerdo al original y duplicado del incidente de suspensión.. Depúrese el presente expediente, una vez transcurridos cinco años de su archivo, ya que el juicio concluyó con una sentencia en la que se determinó conceder el amparo en el presente juicio; es decir, encuadra en las hipótesis previstas en el punto vigésimo primero, fracciones III y IV, del Acuerdo General Conjunto de referencia, por lo que deberá conservarse la demanda, las sentencia. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Una vez que transcurra el plazo que refiere el artículo décimo, fracción I, del Acuerdo General en cita, transfiérase al Centro de Documentación y Análisis. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Destrúyase el original del incidente de suspensión, una vez transcurridos cinco años, toda vez que se negó la suspensión provisional y definitiva solicitadas y no existe denuncia de violación a la suspensión, con fundamento en el punto vigésimo primero fracción III del citado Acuerdo General. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al punto décimo séptimo, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Devolución de documento(s). Toda vez que en autos obra dos documentos originales exhibidos por la parte quejosa, que se ubican en el punto segundo, inciso XVIII, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, en términos del punto vigésimo, último párrafo, del Acuerdo General citado, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de noventa días, comparezca a este órgano jurisdiccional a recogerlo, previa copia certificada que de éste se deje en autos, apercibida que de no hacerlo podrá ser destruido junto con el expediente; en el entendido que deberá comparecer debidamente identificada con credencial oficial vigente, y copia simple de la misma para glosarla a los autos como constancia. Notifíquese.

  3. Principal

    ? Devolución de documentos y copias. Agréguese el escrito de ***, autorizado en términos amplios de la parte quejosa mediante el que solicita le sean devueltos los documentos que anexó a su escrito inicial de demanda consistentes en el acta de nacimiento con número de folio A21 1260364, así como el acuse del escrito presentado a la Fiscalía General del Estado de Puebla el doce de junio de dos mil dieciocho; al respecto, se ordena la devolución de los mencionados documentos a las personas ha autorizado para tal efecto, previa razón de recibo que se deje en autos. Asimismo, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2°, expídanse a su costa las copias certificadas que solicita, previa razón que por su entrega se asiente en autos de las personas autorizadas para recibirlas; en el entendido que deberá comparecer debidamente identificado con credencial oficial vigente , y copia simple de la misma para glosarla a los autos como constancia. Notifíquese.

  4. Principal

    Análisis del cumplimiento a la ejecutoria. Agréguese el escrito del autorizado de la parte quejosa, por medio del cual realiza diversas manifestaciones en relación con el cumplimiento de la ejecutoria, atento a lo anterior y visto el estado actual que guardan los presentes autos, se procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a los lineamientos establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de derechos, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que el veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, se dictó la sentencia en el presente juicio de derechos en cuyos puntos resolutivos se estableció: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo respecto de la omisión de dar respuesta a su solicitud de indemnización, de conformidad con lo expuesto en el diverso punto VI del presente fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a la parte quejosa, respecto del oficio DGPVDSC/672/2018 del veinte de agosto de dos mil dieciocho, emitido como respuesta a su solicitud de indemnización, de acuerdo con las consideraciones vertidas en el punto VI, y para los efectos señalados en el punto VIII de esta sentencia. Mediante auto de veinte de marzo de dos mil diecinueve, causó ejecutoria la sentencia y se requirió al Fiscal General de Justicia del Estado de Puebla y Directora General de protección a víctimas del delito y servicios a la comunidad de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Puebla, el cumplimiento a la concesión del amparo. Luego, mediante autos del veintinueve de marzo y tres de abril, ambos de dos mil diecinueve, se ordenó dar vista a la parte quejosa con el cumplimiento dado por las responsables. Ahora, el amparo y la protección de la Justicia federal se concedió para los efectos siguientes: 1. Que las autoridades responsables dejen insubsistente el referido oficio DGPVDSC/672/2018 del veinte de agosto de dos mil dieciocho. 2. En su lugar, emitan otro en el que, de manera fundada y motivada, emitan una respuesta, con libertad, sobre la solicitud de indemnización por concepto de responsabilidad patrimonial del Estado que formuló la parte quejosa. 3. En la inteligencia que no se podrá negar tal pretensión por el sólo hecho de que en el Estado de Puebla no se cuente con una ley secundaria que regule el ejercicio de ese derecho, o que la Ley Orgánica de esa dependencia, o su Reglamento, no prevea la facultad legal para resolver sobre esa petición, pues al tratarse de un derecho fundamental reconocido en el artículo 109, párrafo último, de la Constitución Federal, y su correlativo 131 de la Constitución Estatal, la autoridad responsable debe atender y resolver sobre tal petición a fin de tutelar el derecho fundamental de la parte quejosa." Al respecto, la Directora General de Protección a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad de la Fiscalía General del Estado, mediante oficio DGPVOySC/278/2019, informó el cumplimiento dado al primer punto de la ejecutoria de amparo del que se advierte que dejó insubsistente el diverso DGPVDSC/672/2018 del veinte de agosto de dos mil dieciocho, que constituye el acto reclamado. Por otra parte, en el oficio 1007/2019/JA, el Director General Jurídico Consultivo y de Asuntos Legislativos, en representación del Fiscal de Investigación Metropolitana Encargado del Despacho de la Fiscalía General del Estado comunicó que instruyó a la Dirección General del Órgano Interno de Control y Visitaduría, para emitir la respuesta a la solicitud de la quejosa, misma que se le notificó autorizado de la quejosa. En ese sentido, el Encargado del Despacho de la Fiscalía de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, quien actúa en ausencia temporal del Fiscal de Investigación Metropolitana, Encargado del Despacho de la Fiscalía General del Estado de Puebla, mediante oficio FAJYDH/1139/2019 informó el nombre de los Agentes del Ministerio Público adscritos a la Dirección de Responsabilidades de dicho Órgano encargados de dar cumplimiento al fallo constitucional Atento a lo anteriormente expuesto, el Agente del Ministerio Público Adscrito a la Dirección de Responsabilidades Área de la Dirección General del Órgano Interno de Control y Visitaduría de la Fiscalía General del Estado mediante oficio FGE/OICYV/852/2019/DR, comunicó el cumplimento dado al segundo y tercer punto de la ejecutoria de amparo; esto es, que en respuesta a la solicitud de pago de indemnización formulada por la quejosa, se radicó el expediente ERPE 01/2019, en el que se emitió el auto de dos de abril de dos mil diecinueve, por el cual se declaró prescrito el derecho de la quejosa para reclamar el pago de la indemnización por actividad irregular del Estado. Anteriores documentales a las cuales se les concede pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en vigor, por disposición de su numeral 2°, y de las cuales se advierten el cumplimiento realizado por la Fiscalía general del Estado a la sentencia definitiva dictada en el presente juicio. Fallo cumplido. La protección constitucional en el presente juicio de amparo se concedió y se cumplió bajo los siguientes esquemas EFECTOS DE LA CONCESIÓN CUMPLIMIENTO DE LA AUTORIDAD 1. Que las autoridades responsables dejen insubsistente el referido ofic|io DGPVDSC/672/2018 del veinte de agosto de dos mil dieciocho. En el oficio DGPVOySC/278/2019, la Directora General de Protección a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad de la Fiscalía General del Estado dejó insubsistente el diverso DGPVDSC/672/2018 del veinte de agosto de dos mil dieciocho, que constituye el acto reclamado 2. En su lugar, emitan otro en el que, de manera fundada y motivada, emitan una respuesta, con libertad, sobre la solicitud de indemnización por concepto de responsabilidad patrimonial del Estado que formuló la parte quejosa. 3. En la inteligencia que no se podrá negar tal pretensión por el sólo hecho de que en el Estado de Puebla no se cuente con una ley secundaria que regule el ejercicio de ese derecho, o que la Ley Orgánica de esa dependencia, o su Reglamento, no prevea la facultad legal para resolver sobre esa petición, pues al tratarse de un derecho fundamental reconocido en el artículo 109, párrafo último, de la Constitución Federal, y su correlativo 131 de la Constitución Estatal, la autoridad responsable debe atender y resolver sobre tal petición a fin de tutelar el derecho fundamental de la parte quejosa. La Dirección de Responsabilidades Área de la Dirección General del Órgano Interno de Control y Visitaduría de la Fiscalía General del Estado, por conducto de su agentes del Ministerio Público adscritos a esta dependencia, con motivo de la solicitud de pago de indemnización formulada por la parte quejosa, formaron el expediente ERPE 01/2019, en el que se emitió el auto de dos de abril de dos mil diecinueve, por el cual desestimaron su pretensión por considerar que ha prescrito su derecho para reclamar el pago de la indemnización por actividad irregular del Estado. Por tanto, se estima que las autoridades responsables han dado cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, al dejar insubsistente el oficio reclamado y resolver sobre la solicitud de indemnización por concepto de responsabilidad patrimonial del Estado, que formuló la parte quejosa, tomando en cuenta las consideraciones planteadas en la ejecutoria de mérito, esto es, sin negar tal pretensión por el sólo hecho de que en el Estado de Puebla no se cuente con una ley secundaria que regule el ejercicio del derecho al pago de una indemnización derivada de la actividad irregular del Estado. Incluso, se advierte que la respuesta emitida por la responsable resulta congruente con la solicitud planteada, pues con independencia de la conclusión alcanzada -desechar la solicitud de la quejosa por considerar que ha prescrito su derecho-, lo cierto es que esa determinación aborda la solicitud de pago de una indemnización derivada de la actividad irregular del Estado, lo que satisface uno de los extremos del fallo protector. Resultan aplicables al caso, la jurisprudencia 2a. 9/2016 (10a.) y la tesis 1a. CCXLII/2017 (10a.), de la Segunda y Primera, Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dicen: "SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER TOTAL, ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y DE EXHAUSTIVIDAD. Acorde al nuevo sistema en materia de cumplimiento de sentencias de amparo, establecido por el legislador en la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, dicho cumplimiento debe ser total, sin excesos o defectos; por tanto, tratándose del pronunciamiento de sentencias o laudos, éstos deben contener la declaración de la autoridad en relación con la solución integral del conflicto conforme a los principios de congruencia y de exhaustividad, que obligan a dirimir todas las cuestiones litigiosas, entre las que se encuentran tanto las que son materia de ejecución de la sentencia de amparo, como las que quedaron definidas o intocadas por la propia ejecutoria; de ahí que la autoridad debe reiterarlas en la sentencia o laudo que cumplimente." "EJECUTORIAS DE AMPARO. PARA QUE SU CUMPLIMIENTO SEA TOTAL, SIN EXCESOS O DEFECTOS, DEBE VERIFICARSE LA CONGRUENCIA EN SU DICTADO. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, el cual comprende el dictado eficaz de las resoluciones; además, del precepto referido deriva el principio de congruencia, el cual consiste en que las resoluciones se dicten de conformidad con la litis planteada, es decir, atendiendo a lo formulado por las partes (congruencia externa), y que no contengan consideraciones ni afirmaciones que se contradigan entre sí o con los puntos resolutivos (congruencia interna). Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido consistente en sostener que en el dictado de toda sentencia debe prevalecer la congruencia, lo cual es acorde con el cumplimiento eficaz de las ejecutorias de amparo, establecido por el legislador en los artículos 196, 197 y 201, fracción I, de la Ley de Amparo, los cuales precisan que dicho cumplimiento debe ser total, sin excesos o defectos. Así, cuando por la ejecutoria de amparo la autoridad responsable deba dictar una nueva resolución, el órgano de control constitucional debe analizar si la autoridad referida atiende de forma circunscrita a la materia determinada por la acción constitucional y al límite señalado por la propia ejecutoria. En ese sentido, si en el nuevo fallo la autoridad responsable emitió un punto resolutivo contrario con la parte considerativa de la resolución, la ejecutoria de amparo no se ha cumplido y, por ende, el recurso de inconformidad debe declararse fundado, pues el principio de congruencia de las resoluciones judiciales debe imperar en el dictado de toda resolución, ya que sólo así se garantiza el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y la certeza y seguridad jurídica, máxime cuando está pendiente que se ejecute esa decisión." En las anotadas condiciones, se estima que el fallo protector se encuentra cumplido, sin excesos ni defectos. No resulta obstáculo a lo anterior que en contra del cumplimiento dado por las responsables, el autorizado de la parte quejosa, aduce las consideraciones siguientes: 1) Que la sentencia de amparo no ordenó a las responsables aplicar la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado para emitir su respuesta, de ahí que no podrían fundarse en esa legislación; 2) que la prescripción del derecho de pago de una indemnización no se trata de un elemento sustantivo dentro de la regulación de la solicitud de pago de indemnización, por lo que tampoco podría aplicarse esa institución jurídica en perjuicio de la quejosa; 3) que la omisión legislativa no puede deparar un perjuicio a la quejosa, pues al no existir una legislación que regule ese derecho, tampoco podría considerarse aplicable la institución jurídica de la prescripción; 4) que es incorrecta la fundamentación y motivación de la responsable, al aplicar la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado para emitir su respuesta, y 5) que ante la falta de una legislación secundaria en el Estado de Puebla, que regule los requisitos procesales para resolver sobre la reclamación del pago de indemnización, la responsable debe resolver de fondo la petición formulada, y no evadir esa respuesta por considerar prescrito ese derecho. Las manifestaciones vertidas deben desestimarse, ya que son tendentes a controvertir -de fondo- la respuesta emitida por la responsable, en lo relativo a la legislación en que se fundó y al sentido de la respuesta; sin embargo, como ha quedado precisado, los efectos de la sentencia sólo comprenden la emisión de una respuesta fundada y motivada, con libertad y sobre la petición de la quejosa, pero sin considerar que la ausencia de una legislación secundaria que regule el derecho de pago por la responsabilidad patrimonial del Estado constituya un motivo para dejar de resolver sobre tal planteamiento. En todo caso, tales planteamientos deben alegarse en el juicio de nulidad que se promueva en contra de esa respuesta, tal como lo precisó la responsable en el acuerdo del dos de abril de dos mil diecinueve, específicamente en el punto resolutivo cuarto, lo que resulta acorde con lo dispuesto en el artículo 4, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla, que establece lo siguiente: "ARTÍCULO 4. El Tribunal tendrá competencia para conocer de: A. Los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: (.) VIII. Las que nieguen la indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado, declaren improcedente su reclamación o cuando habiéndola otorgado no satisfaga al reclamante. También, las que por repetición, impongan la obligación a los servidores públicos de resarcir al Estado el pago correspondiente a la indemnización, en los términos de la ley de la materia;" Finalmente, hágase del conocimiento a las partes este proveído para los efectos establecidos en los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo vigente, y previas las anotaciones en el libro de gobierno, quedan a salvo sus derechos para que los hagan valer en la vía y forma que consideren convenientes. Solicitud de aclaración de sentencia. Por otra parte, el autorizado de la parte quejosa también solicita la aclaración de la sentencia, a fin de determinar lo siguiente: 1. ¿La ejecutoria es una autorización expresa para que la autoridad fundamente su respuesta en la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado? 2. ¿En términos de la ejecutoria, la prescripción es un elemento sustancial de la reclamación por responsabilidad patrimonial del Estado? 3. ¿A partir de la ejecutoria la autoridad puede crear figuras procesales que le sirvan de fundamento para no dar respuesta al planteamiento de fondo hecho por la quejosa en su reclamación por responsabilidad patrimonial del Estado? 4. ¿La ejecutoria es una orden para que, con libertad, se emita un pronunciamiento de fondo sobre la reclamación planteada por la quejosa? Al respecto, debe desecharse de plano su solicitud, pues en principio, de conformidad con lo previsto en el artículo 74, párrafo último, de la Ley de Amparo, la aclaración de sentencias sólo procede de oficio, esto es, que sea el propio Tribunal de Amparo el que determine la necesidad de aclarar conceptos ambiguos, oscuros o contradictorios, subsanar alguna omisión, o corregir el error o defecto material de la ejecutoria. Lo anterior, y respecto de ejecutorias, ya que no constituye un recurso o medio de defensa a través del cual se pueda modificar, revocar o anular la decisión correspondiente, sino que es un mecanismo para aclarar conceptos ambiguos, oscuros o contradictorios, subsanar alguna omisión, o corregir el error o defecto material de la ejecutoria, y si bien, las partes se encuentra facultadas para proponerla, corresponde al propio tribunal determinar si hace suya tal solicitud, o en caso contrario, desechar la solicitud por falta de legitimación. Las consideraciones vertidas encuentran sustento en la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "ACLARACIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE SÓLO PROCEDA DE OFICIO, NO IMPIDE QUE PUEDAN PROPONERLA LAS PARTES. Conforme al párrafo último del artículo 74 de la Ley de Amparo, la aclaración de sentencias sólo procede de oficio y respecto de ejecutorias, ya que no constituye un recurso o medio de defensa a través del cual se pueda modificar, revocar o anular la decisión correspondiente, sino que es un mecanismo para aclarar conceptos ambiguos, oscuros o contradictorios, subsanar alguna omisión, o corregir el error o defecto material de la ejecutoria, para hacerla coincidente como acto jurídico y como documento. Sin embargo, esa circunstancia no impide que las partes puedan proponerla, pues si bien es cierto que no están legitimadas para ello, también lo es que el órgano jurisdiccional emisor puede hacer suya la petición respectiva cuando lo estime procedente; esto es, la posibilidad de que las partes propongan una aclaración de sentencia permite al órgano jurisdiccional conocer los posibles errores o imprecisiones materiales cometidos en aquélla para, en su caso, aclararla oficiosamente, a fin de lograr su debida ejecución y garantizar el derecho fundamental a una impartición de justicia completa, sin que ello implique que necesariamente deba pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia de la aclaración, pues el Presidente del órgano jurisdiccional válidamente puede desechar la solicitud por falta de legitimación del promovente si, una vez que el secretario de acuerdos dio cuenta con ella ante el órgano, ninguno de sus integrantes estima pertinente hacerla suya." En el caso, este juzgado no estima necesario realizar la aclaración de sentencia propuesta, ya que los puntos señalados para tal fin, no son tendentes a aclarar conceptos ambiguos, oscuros o contradictorios, subsanar alguna omisión, o corregir el error o defecto material de la ejecutoria, sino a definir cuestiones propias de la respuesta dada por la Fiscalía responsable, relativas a la fundamentación de la respuesta emitida por la responsable, que en todo caso, como ya se dijo, deberán combatirse de forma autónoma y a través del juicio contencioso administrativo correspondiente. En esas condiciones, no puede considerarse pertinente o viable la aclaración de sentencia que se propone. Notifíquese, y por vía electrónica a la parte quejosa.

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