Cecilia González Calixto
Expediente 1130/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1130/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 07/02/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Cecilia González Calixto
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en Acapulco, Guerrero, por medio del cual remite el testimonio derivado el recurso de queja administrativa 195/2018, interpuesto por la quejosa ..... Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Ahora bien, y advirtiéndose que la superioridad por unanimidad de votos resolvió bajo el siguiente punto: "ÚNICO.- Es procedente pero infundado el recurso de queja." Por tanto; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, para los efectos legales a que haya lugar y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Toda vez que el presente juicio, carece de relevancia documental, sin que se advierta de autos documento alguno en original exhibido por las partes; hipótesis contenida en la fracción II, punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, con vigencia a partir de treinta días después de su publicación, según su artículo primero transitorio; por tanto, el presente expediente es susceptible de ser DESTRUIDO.
- Principal
En términos de los artículos 107, 108, 109 y 110 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los Servicios Tecnológicos relativos a la tramitación Electrónica del Juicio de Amparo, las comunicaciones oficiales y los Procesos de Oralidad Penales en los Centros de Justicia Penal Federal, se tiene por recibido el oficio signado vía electrónica por la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con sede en Acapulco, Guerrero, mediante el cual informa que se admitió el recurso de queja interpuesto por la quejosa, contra el auto dictado el quince de octubre del año en curso, dentro del juicio de amparo en que se actúa, al que correspondió el número 195/2018, de su índice; de lo anterior, queda enterada la suscrita juzgadora, agréguese a los autos del presente juicio de amparo, para que obre como corresponda y estese a la espera de que dicho recurso sea resuelto por la superioridad......
- Principal
Visto el escrito presentado por .... en su carácter de quejosa, con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a), 98 y 99 de la Ley de Amparo, téngase interponiendo recurso de queja en contra del auto de quince de octubre del año en curso, dictado en el presente juicio, mediante el cual se desechó la demanda de amparo, y por señaladas las constancias que deberán enviarse a la superioridad para la substanciación de dicho recurso. Con fundamento en el artículo 101 de la Ley de Amparo, ríndase el informe respectivo. Una vez que se haya notificado el presente auto, remítase el original de dicho escrito y el informe respectivo en relación a la materia de la queja, al que deberá adjuntarse copia certificadas de todo lo actuado en el presente juicio de amparo para la substanciación de dicho recurso, al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, en turno, residente en Acapulco, Guerrero, para los efectos legales procedentes.
- Principal
Ahora bien, antes de proveer sobre la procedencia de la admisión de la demanda, es necesario seguir los lineamientos establecidos en la Ley de Amparo, uno de los cuales es el que marca su artículo 113, que es como sigue: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y sí existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Así, del análisis íntegro de la demanda de amparo, es factible para este juzgado federal determinar con exactitud la intención de la promovente de la acción constitucional, armonizando de esta manera los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia; cabe invocar al respecto la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En tal sentido, se tiene que la parte quejosa reclama a través de esta instancia constitucional, el auto de cinco de octubre de dos mil dieciocho, emitido dentro del expediente administrativo UAGro/TU/PARA/02/2018, en el que la responsable Tribunal Universitario de la Universidad Autónoma de Guerrero, admitió, desechó y omitió proveer respecto a las pruebas ofrecidas por la parte quejosa en el referido expediente. Al respecto, se advierte que, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el 61 fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107 fracción V, esta última hipótesis aplicada a contrario sentido y 172 fracción III, de la Ley de Amparo, mismos que, en su orden y en la parte que interesa, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley...". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados de los que el estado Mexicano sea parte;" (...) "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley.." Así, la que suscribe advierte la existencia de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, aplicado en contrario sentido, y 172, fracción III, todos de la Ley de Amparo, de cuya interpretación jurídica se obtiene que, cuando se reclaman violaciones cometidas dentro de un procedimiento administrativo, por regla general, procede el amparo directo, siempre que tales violaciones afecten las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo y, como excepción procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando dichos actos tengan una ejecución de imposible reparación. Ahora, los actos tienen una ejecución de imposible reparación, por regla general, cuando afectan de forma directa alguno de los derechos subjetivos públicos tutelados por la Constitución Federal, es decir, cuando afectan a los derechos fundamentales establecidos en la Constitución; de ahí que, se puede concluir que cuando los actos que se reclaman en un juicio de amparo no tienen una ejecución de imposible reparación, el juicio es improcedente de conformidad con la citada fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu. Ilustra a lo anterior la tesis siguiente: "Época: Novena Época Registro: 180415 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XX, Octubre de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. LVII/2004 Página: 9 ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo." Luego, en el caso particular, la promovente se duele del acuerdo de cinco de octubre de dos mil dieciocho, emitida por el Tribunal Universitario de la Universidad Autónoma de Guerrero, con residencia en esta ciudad, en el expediente administrativo UAGro/TU/PRA/02/2018, que admitió, desechó y omitió proveer respecto a las pruebas ofrecidas por las partes en dicho juicio. Así, el referido acto no es de imposible reparación, toda vez que la determinación reclamada en el cual la responsable resolvió el recurso de apelación interpuesto por el aquí quejoso, en contra del auto antes mencionado, en donde el Tribunal Universitario responsable, admitió, desechó y omitió proveer las pruebas ofrecidas en el juicio administrativo, constituye una violación procedimental en términos de la fracción III del numeral 172 de la ley de la materia, que podría quedar subsanada en caso de obtener la parte quejosa resolución favorable en el juicio de origen de donde deriva el acto materia de reclamo, y aún en el supuesto contrario, está en condiciones de invocar dicha violación en vía de agravio al promover el amparo directo en contra de la sentencia que ponga fin al juicio, según así lo dispone el artículo 171 del ordenamiento legal invocado, agotando desde luego, los recursos establecidos en el reglamento universitario. En efecto, se considera que el acto combatido tiene el carácter de una violación procesal, pues sus efectos se limitan al desechamiento, admisión y omisión de pronunciarse sobre las pruebas ofertadas por las partes, en el juicio administrativo UAGro/TU/PARA/02/2018, lo cual no implica una situación relevante para el procedimiento, de cuya decisión depende la suerte de todo ese proceso, bien para asegurar la continuación de su trámite con respeto a los derechos procesales esenciales de la quejosa, o bien porque conlleve la posibilidad de evitar el desarrollo ocioso e innecesario del procedimiento, para así considerar que dicho acto tiene una ejecución de imposible reparación; de manera que, de obtener sentencia favorable a la directa solicitante del amparo desaparecería el supuesto agravio, y en caso contrario, como se mencionó, tiene expedito su derecho para alegarlo como violación procesal en términos del artículo 172 fracción III de la Ley de Amparo, en la demanda de amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva o resolución que ponga fin al juicio, previo agotamiento de los recursos establecidos. Es decir, los actos dictados dentro de un juicio serán de imposible reparación si sus consecuencias afectan en forma cierta e inmediata alguno de los derechos fundamentales del gobernado, debidamente tutelados en la norma constitucional por medio de los derechos fundamentales y, por ende, susceptibles de ser impugnados a través de una demanda de amparo indirecto, pues no obstante de que se trate de actos intraprocesales, en tal hipótesis el afectado no puede esperar a que se dicte la resolución definitiva para impugnarlos a través del amparo directo que en su caso llegare a promover, por virtud de que dicha lesión no se destruye ni aún en el supuesto de que obtenga una sentencia favorable en el juicio. En apoyo de esta consideración se cita la jurisprudencia 189, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es |del texto literal siguiente: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.- El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Ciertamente, la intención primordial de la impetrante de amparo es que se revoque el acuerdo de cinco de octubre de dos mil dieciocho, dictado por el Tribunal Universitario responsable, que admitió, desechó y omitió proveer respecto de las pruebas ofrecidas por las partes, en el juicio administrativo UAGro/TU/PARA/02/2018, con el objeto de que se admita la testimonial, las documentales consistentes en el informe que rinda la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Guerrero, el cotejo y compulsa, la ratificación de firma de contenido y firma y la pericial, ofertadas por la parte aquí quejosa. Ello es así, en atención a que dicho acuerdo no constituye la afectación directa e inmediata a derechos sustantivos, ni tampoco tiene una ejecución tan grave o de efectos exorbitantes que objetivamente analizada amerite sujetarla al control constitucional sin esperar que se promueva el amparo directo contra la sentencia que se decida sobre el fondo del juicio natural, pues precisamente, de resultar contrario a sus intereses la resolución dictada en el expediente de origen, la solicitante del amparo estaría en aptitud de combatirla mediante el juicio de amparo uninstancial, previa interposición de los recursos establecidos en el reglamento universitario. Luego, si la resolución impugnada trasciende al resultado del juicio puede alegarse como concepto de violación en el amparo directo, mas no hace factible la procedibilidad del juicio de amparo indirecto, ya que se reitera, no tiene la particular connotación de ser un acto de imposible reparación, cuya naturaleza jurídica es más profunda y tiene que ver con la salvaguarda de los derechos fundamentales, no de las cuestiones procedimentales surgidas en la contienda. Lo anterior encuentra plena explicación en la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, que es del tenor literal siguiente: "EJECUCION DE IMPOSIBLE REPARACION. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCION III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." Asimismo, tiene aplicación al caso la Jurisprudencia por contradicción de tesis, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "PRUEBA DE LA CONTRAPARTE DEL QUEJOSO. SU RECEPCIÓN INDEBIDA ES UNA VIOLACIÓN PROCESAL, POR LO QUE EL EFECTO DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO ES QUE SE DEJE INSUBSISTENTE EL LAUDO O SENTENCIA DEFINITIVA Y SE ORDENE LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo que disponen los artículos 158 y 159 de la Ley de Amparo, se advierte que el amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, donde podrán reclamarse no sólo las violaciones cometidas al dictar el laudo, sino también las violaciones suscitadas en la secuela procesal. Ahora bien, en los casos en que se conceda por una cuestión de fondo el efecto será dejar insubsistente la sentencia definitiva o laudo reclamado, y que se dicte otro reparando la violación cometida al dictarla (violaciones in judicando); en tanto que cuando se concede por una violación procesal, el efecto será dejar insubsistente la sentencia definitiva o laudo combatido y reponer el procedimiento a partir del momento en que se cometió la violación declarada inconstitucional (violaciones in procedendo), así la anterior Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la tesis 4a./J. 14 (publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Cuarta Sala, Tomo IV, Primera Parte, julio a diciembre de 1989, página 337); determinó que la ilegal recepción de una prueba de la contraria se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo, de donde se concluye que al tratarse de una violación procesal, el amparo que se conceda en este evento debe tener como efecto ordenar la reposición del procedimiento a partir de la actuación contraria a la ley, y no que en la nueva resolución se le niegue valor a la prueba. Así también, es aplicable la Tesis Aislada II. 2o. C.T. 2 K, Octava Época, Registro: 210061, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Noviembre de 1994, visible a Página a 511, que dice: "PRUEBAS DE LA CONTRAPARTE. SU ILEGAL DESAHOGO ES RECLAMABLE COMO VIOLACION PROCESAL EN AMPARO DIRECTO. Conforme a lo dispuesto en el artículo 159 fracción III de la Ley de Amparo, es violación procesal reclamable en amparo directo el que no se reciban las pruebas que el quejoso haya ofrecido legalmente o el que no se le reciban conforme a la ley; y la diversa fracción XI del precepto de referencia considera violaciones procesales reclamables en amparo directo aquéllas que guarden analogía con las primeras diez fracciones, por lo que si el acto reclamado se hace consistir en el ilegal desahogo de las pruebas de la contraparte tal violación procesal debe impugnarse en amparo directo, pues qué mayor analogía cuando se reciben las pruebas de la quejosa o no se reciben conforme a la ley (fracción III) que la hipótesis en que se reciben las pruebas ofrecidas por la contraparte estimándose tal cosa contraria a la ley. Por lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 61 fracción XXIII en relación con los diversos 107 fracción V, a contrario sensu, y 172 fracción III, todos de la Ley de Amparo, el juicio de amparo reclamado por esta vía resulta improcedente y, por tanto, con apoyo en el artículo 113 del citado ordenamiento legal, SE DESECHA la demanda de amparo.
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