Cecilia Candia Beltrán
Expediente 610/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 610/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 10/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Cecilia Candia Beltrán
Actuaciones
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, diez de octubre de dos mil veintidós. Téngase recibido el oficio electrónico enviado a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual hace del conocimiento que aceptó la competencia que le fue planteada por este juzgado federal, dictado en el juicio de amparo indirecto 610/2021, del cual deriva el cuaderno de antecedentes en que se actúa. En virtud de lo anterior, hágase la anotación respectiva en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y con apoyo en el diverso artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido. Por otra parte, vistas las constancias de autos el presente expediente carece de relevancia documental, sin que del mismo se aprecie documento alguno en original exhibido por las partes, por lo que se trata de un cuaderno sin valor institucional e histórico, lo que se hace constar de conformidad a lo señalado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación, según su artículo primero transitorio, el presente expediente es susceptible de ser DESTRUIDO.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, veintisiete de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de los autos del presente cuaderno de antecedentes, del que se aprecia que por oficio 25279/2021, de treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, se enviaron los autos originales del juicio de amparo 610/2021, promovido por Cecilia Candía Beltrán, al Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, sin que hasta la fecha se cuente con el acuse de recibo correspondiente. Por tanto, solicítese al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, residente en esta ciudad, para que en caso de no existir inconveniente alguno, acuse de recibo de los autos del presente juicio e informe sí aceptó la competencia planteada, para el efecto de que este Juzgado Federal esté en condiciones de acordar lo procedente.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por Cecilia Candia Beltrán, por propio derecho, contra actos de la Juez Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "S.I.S.E", como juicio de amparo indirecto 610/2021-II, fórmese expediente impreso y electrónico. Ahora bien, antes de proveer sobre la procedencia de la admisión de la demanda de amparo, es necesario dilucidar cuál es el acto que la parte quejosa reclama y estar así en aptitud de decidir si resulta procedente el amparo indirecto y en consecuencia si este Juzgado resulta competente para conocer de la presente demanda de amparo. Así, del análisis íntegro de la demanda, es factible para este juzgado federal determinar con exactitud la intención de la promovente de la acción constitucional, armonizando de esta manera los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia; cabe invocar al respecto la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 32, tomo XI, Abril de 2000, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En tal sentido, se tiene que la parte quejosa reclama a través de esta instancia constitucional, lo siguiente: ".el auto de fecha siete de diciembre del año dos mil veintiuno, el cual nos fue notificado un día después, emitido por la Juez Décimo de Distrito, del Vigésimo Primer Circuito Judicial Federal, con sede en Chilpancingo, Estado de Guerrero, Expediente Ordinario Mercantil Número 12/2014, en el que resuelve la negativa para admitir la Apelación presentada." Para una mayor precisión del acto combatido, se consideran los antecedentes narrados, de la siguiente manera: "1.- Se inicia el presente procedimiento mercantil con la presentación de Medios Preparatorios a Juicio Ordinario Mercantil, ante el Juzgado Décimo de Distrito, del Vigésimo Primer Circuito Judicial Federal con sede en la ciudad de Chilpancingo, Estado de Guerrero, en los que se demanda la Rendición de Cuentas respecto a todos los activos, pasivos y circulante contable de la empresa Comercializadora Central de Materiales Grupo ROCA S. A de C. V., Expediente Número 4/2018, manejada por los señores Olivia Teresa Cortes Ortiz, Osvaldo Marban Gaytán y Carlos Alberto Arteaga Cortes, documento que ofrezco desde este momento como prueba y que obra en los archivos del referido Juzgado de Distrito, como ANEXO UNO. 2.- El día doce de julio del año dos mil dieciocho, en continuación al punto anterior, se admitió a trámite la demanda Ordinaria Mercantil presentada en contra de los señores Olivia Teresa Cortes Ortiz, Osvaldo Marban Gaytán y Carlos Alberto Arteaga Cortes, quienes manejan la empresa Comercializadora Central de Materiales Grupo ROCA S. A de C. V., Expediente Número 12/2018, consignado ante el Juzgado Décimo de Distrito, del Vigésimo Primer Circuito Judicial Federal, con sede en la ciudad de Chilpancingo, Estado de Guerrero. 3.- Seguido el procedimiento en los términos de ley, previas las etapas procesales correspondientes, con fecha cuatro de septiembre del dos mil veinte, se tuvieron por formulados los alegatos de nuestra parte, los cuales serían tomados en cuenta al momento de dictar sentencia. 4.- Para mi sorpresa, me entero de que con fecha veintidós de noviembre del año dos mil veintiuno, la nueva titular del Juzgado Décimo de Distrito, del Vigésimo Primer Circuito Judicial Federal, con sede en la ciudad de Chilpancingo, Estado de Guerrero, emite auto en el que declara la caducidad de la instancia en el caso que nos ocupa, sin que para tomar tan importante determinación haya considerado las diversas vicisitudes acaecidas en el presente asunto y en general en el país y en el mundo, a partir de marzo del dos mil diecinueve, lo que me deja en completo estado de indefensión. 5.- Inconforme con la determinación anterior con fecha veinticinco de noviembre del año dos mil veintiuno, presenté escrito en el que manifesté las razones por las cuales consideraba improcedente la forma simple en la que daba por terminada la instancia por parte de la nueva titular responsable del caso. 6.- En respuesta a lo anterior con fecha veintinueve de noviembre del año dos mil veintiuno, la nueva titular del Juzgado Décimo de Distrito, del Vigésimo Primer Circuito Judicial Federal, con sede en la ciudad de Chilpancingo, Estado de Guerrero, emite acuerdo en el que básicamente deja a salvo los derechos de la suscrita para reclamarlos en la vía y forma que corresponda. 7.- Con fecha tres de diciembre del año dos mil veintiuno, presente escrito de Apelación con expresión de agravios en el que pretendo hacer valer la improcedencia de la caducidad de la instancia por los eventos ocurridos en particular en el Juzgado Décimo de Distrito, del Vigésimo Primer Circuito Judicial Federal, con sede en la ciudad de Chilpancingo, Estado de Guerrero, además de las diversas suspensiones de plazos y términos acaecidos por la pandemia de COVID 19 que aún se padece en nuestro país y en el mundo. 8.- El caso es que con fecha siete de diciembre del año dos mil veintiuno, la responsable resuelve no admitir el recurso de apelación interpuesto por la suscrita, dejándome en completo estado de indefensión. 9.- En las narradas circunstancias, reclamo mi legítimo derecho a que se me administre justicia conforme a derecho, por lo que inconforme con las evidentes violaciones a mis garantías fundamentales, realizadas por el Juzgado Décimo de Distrito del Vigésimo Primer Circuito Judicial Federal, con sede en la ciudad de Chilpancingo, Estado de Guerrero, acudo a solicitar el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión, porque conculcan en mi perjuicio derechos fundamentales." En razón de lo anterior, se precisa que el acto reclamado consiste en acuerdo de siete de diciembre de dos mil veintiuno, dictado dentro del Expediente Ordinario Mercantil Número 12/2014, por la Juez Décimo de Distrito en el Estado de Guerreo, con residencia en esta ciudad, en el que determinó no admitir el recurso de apelación promovido en contra del proveído en el que determina la caducidad de la instancia por inactividad de las partes, con lo que se pone fin al juicio mercantil citado. En ese orden de ideas, este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, estima que en términos de lo dispuesto por el artículo 107, fracción V, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 170 de la Ley de Amparo, la resolución que pretende combatir la impetrante de amparo debe ser impugnada mediante el juicio de amparo uniinstancial ante el Tribunal Colegiado correspondiente, puesto que, el artículo señalado en primer término da competencia al órgano colegiado antes referido para conocer de las sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, y el segundo, establece que opera la competencia respecto a las sentencias definitivas que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales ya sea que la violación se cometa en ella o en el procedimiento y que afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Establece además, que por sentencia definitiva debe entenderse como aquellas que deciden el juicio en lo principal, así como, las resoluciones que ponen fin al juicio y las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. Por su parte, el artículo 38, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, señala: "Artículo 38. Con las salvedades a que se refieren los artículos 10 y 21 de esta Ley, son competentes los tribunales colegiados de circuito para conocer: I. De los juicios de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o contra resoluciones que pongan fin al juicio por violaciones cometidas en ellas o durante la secuela del procedimiento, cuando se trate: a). c) En materia civil o mercantil, de sentencias o resoluciones respecto de las que no proceda el recurso de apelación, de acuerdo a las leyes que las rigen, o de sentencias o resoluciones dictadas en apelación en juicios del orden común o federal, y" Conforme a las disposiciones, constitucionales y legales mencionadas y transcritas, que regulan el juicio de amparo en la vía directa, se advierte que es competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, cuando se promueve contra resoluciones definitivas, sean éstas sentencias o laudos, así como contra resoluciones que pongan fin al juicio, pronunciadas por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales no proceda ningún medio de defensa ordinario, por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas. En el caso, se observa que el acto reclamado como se expuso con anterioridad, consiste en el acuerdo de siete de diciembre de dos mil veintiuno, dictado dentro del Expediente Ordinario Mercantil Número 12/2014, por la Juez Décimo de Distrito en el Estado de Guerreo, con residencia en esta ciudad, en el que determinó no admitir el recurso de apelación promovido en contra del proveído en el que determina la caducidad de la instancia por inactividad de las partes, con lo que se pone fin al juicio mercantil citado. De lo anterior se advierte que la resolución objeto de agravio en la presente vía constitucional, se trata de una resolución que pone fin al juicio, procediendo en su contra el amparo directo ante el Tribunal correspondiente. Lo anterior, tiene apoyo por analogía la Jurisprudencia 2ª./J. 87/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 56, Tomo IX, Enero de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA LABORAL. EL ACUERDO QUE LA DESECHA PONE FIN AL JUICIO Y, POR TANTO, ES RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. De lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso a), y V, constitucional; 44, 46, tercer párrafo, y 158 de la Ley de Amparo, se desprenden los requisitos de procedencia del juicio de amparo directo y la competencia de los órganos jurisdiccionales a los que corresponde resolverlo. Esta Suprema Corte de Justicia ha estimado, en reiteradas ocasiones, que el juicio se inicia, para los efectos del amparo, con la presentación de la demanda ante el órgano correspondiente, atendiendo a las reformas constitucionales y legales del quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho. En tal virtud, el acuerdo que desecha una demanda laboral, constituye una resolución que pone fin al juicio, por lo que en su contra procede el amparo directo, porque las pruebas para analizar la constitucionalidad del acto deben obrar en el expediente de la responsable y, por ello, no se justifica el trámite de un juicio que admite dos instancias y una audiencia que prevé el periodo de pruebas, atentando contra los principios de economía procesal y celeridad en la administración de justicia." Así como la tesis siguiente: "Registro digital: 220617 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Octava Época Materias(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo IX, Febrero de 1992, página 239 Tipo: Aislada PROCEDENCIA DEL AMPARO DIRECTO CONTRA LA RESOLUCION QUE DECRETA LA CADUCIDAD EN LA PRIMERA INSTANCIA Y ES CONFIRMADA EN APELACION. La caducidad de la instancia es un medio extraordinario establecido en las legislaciones procesales, cuya característica es la de extinguir la relación jurídica que liga a los sujetos que participan en un procedimiento contencioso, sin resolver cuestión alguna respecto de sus pretensiones; por lo que cuando se decreta la caducidad dentro de la primera instancia y tal determinación es confirmada en grado de apelación, esta última resolución, para los efectos que marca el artículo 46 de la Ley de Amparo, constituye una resolución que pone fin al juicio susceptible de combatirse en amparo directo." Con base hasta lo aquí expuesto, este Juzgado Federal estima carecer de competencia legal para resolver el juicio constitucional que nos ocupa, pues el acto reclamado se trata de una resolución que pone fin al juicio como ya se manifestó y que la ley ordinaria no establece recurso ordinario mediante el cual pueda ser modificada o revocada. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley de Amparo, se ordena remitir el original del escrito de demanda, con todas sus copias, al Tribunal Colegiado de Circuito en Materias Civil y de Trabajo en Turno, con sede en Acapulco, Guerrero, a fin de que tenga a bien determinar si confirma o revoca esta resolución. Se solicita el acuse de recibo correspondiente, fórmese cuaderno de antecedentes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado federal. Cobra aplicación, atendiendo al método de interpretación de la norma a contrario sentido, la Jurisprudencia P./J. 16/2003, sustentada por el Pleno de la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página diez, Tomo XVIII, Julio de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de siguiente literalidad: "AMPARO DIRECTO. SI EL ACTO QUE SE RECLAMA NO ES UNA SENTENCIA DEFINITIVA, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBERÁ DECLARARSE INCOMPETENTE Y REMITIR LA DEMANDA AL JUEZ DE DISTRITO QUE CORRESPONDA. De la interpretación sistemática de los artículos 46, 47 y 158 de la Ley de Amparo, se desprende la definición de cuándo se está ante una sentencia definitiva para los efectos del juicio de amparo, cuál es el órgano competente para conocer de éste y cuál es la determinación que debe tomar cuando le es presentada una demanda de la que no puede conocer. Ahora bien, con base en que los supuestos de procedencia del juicio de amparo y la competencia del órgano jurisdiccional que debe conocerlo están estrechamente relacionados, de tal manera que no es posible explicar la procedencia sin aludir a la competencia, cuando en una demanda de amparo directo, el acto reclamado se hace consistir en una sentencia de primer grado, debe analizarse, en primer lugar, lo relativo a la competencia del órgano jurisdiccional y después lo conducente a la procedencia del juicio, toda vez que un tribunal incompetente no está facultado para decidir sobre la procedencia del juicio de garantías, ni siquiera por economía procesal, de conformidad con lo sostenido por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA ANTE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO. ÉSTE, EN NINGÚN CASO, DEBE DESECHARLA, SINO DECLARAR SU INCOMPETENCIA Y REMITIRLA AL JUZGADO DE DISTRITO CORRESPONDIENTE.". Lo anterior resulta congruente con lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 47 de la Ley de Amparo, dado que no es jurídicamente correcto que un tribunal deseche la demanda de amparo, cuando es el Juez de Distrito el que debe conocer y resolver lo relativo a la procedencia del juicio de garantías". Al igual, cobra aplicación al caso, la tesis por identidad sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la literalidad siguiente: "COMPETENCIA. NO SE UBICA DENTRO DEL SUPUESTO EN QUE ESTÁ PROHIBIDO PROMOVERLA POR EL JUEZ DE DISTRITO A UN SUPERIOR, SI AQUÉL ESTIMA QUE LA DEMANDA DE GARANTÍAS DEBE TRAMITARSE EN LA VÍA DE AMPARO DIRECTO. Del análisis relacionado de lo dispuesto en los artículos 47, 49 y 55 de la Ley de Amparo, se desprende que el último de éstos no contiene una prohibición en el sentido de que el Juez de Distrito declare su incompetencia si estima que un Tribunal Colegiado de Circuito o la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del asunto, dado que el numeral 49 citado permite tal hipótesis, cuando del examen de la demanda de garantías el Juez de Distrito advierta que se trata de un caso en el que el acto reclamado lo constituye alguno de los que señala el artículo 44 de la ley citada, sino que el impedimento a que alude el señalado numeral 55 se refiere al caso en que el superior del Juez Federal, con apoyo en el artículo 47 indicado, ya haya determinado que es incompetente para conocer del asunto y que corresponde conocer de él al juzgador, ya que si éste no la aceptara y devolviera los autos, estaría planteando a su superior una cuestión contenciosa de competencia, aspecto que sí prohíbe el referido artículo 55." DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Ignacio López Rayón, número seis, primer piso despacho uno, colonia centro de esta ciudad, y como sus autorizados únicamente para imponerse de los autos oír y recibir notificaciones a Adolfo Gervacio Chávez y Domitila Yanet Vélez Ávila, no están acreditados para ejercer la profesión de licenciados en derecho en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito.
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