Cecilia Eva Arroyo Ceballos
Expediente 758/2013 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 21 actuaciones registradas, la última del 11 de junio de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 758/2013
- Año
- 2013
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 11/06/2015
Partes del expediente
- Cecilia Eva Arroyo Ceballos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días establecido en el tercer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes manifestaran su inconformidad contra el proveído de doce de mayo del presente año, en el cual se declaró cumplido el fallo protector. En consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo, considerando que ninguna de las partes hizo alguna manifestación al respecto. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio que concedió el amparo a la parte quejosa, y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Destruir el cuaderno original del incidente de suspensión, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse negado la medida cautelar respecto de los actos reclamados. 3. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 4. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Sin que haya lugar a ordenar la devolución de los documentos originales exhibidos por la parte quejosa, toda vez, que mediante comparecencia de diez de junio del dos mil catorce (foja 176) le fueron devueltos los mismos.
- Principal
En Ensenada, Baja California, siendo las nueve horas del veinticuatro de abril de dos mil quince, el suscrito Actuario Judicial Licenciado Fernando Priorio Nagel, adscrito al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, hago constar que procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado, a la PARTE TERCERO INTERESADA ERNESTO ARROYO FARÍAS Y DAVID ARROYO FARÍAS, el auto de veintitrés de abril de dos mil quince, dictado dentro del Juicio de Amparo 758/2013-II-A; lo anterior en cumplimiento al auto de veintitrés de abril de dos mil quince, dictado dentro del propio juicio de amparo y, con fundamento en el artículo 26 de la Ley de Amparo, que dice: Ensenada, Baja California, doce de mayo de dos mil quince. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se advierte que mediante oficio registrado con el folio 10882 (foja 405 a 443), la autoridad responsable manifestó haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo; ahora bien, tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de los procedimientos de amparo es de orden público, este órgano jurisdiccional se encuentra obligado a determinar si tal ejecutoria está cumplimentada o no, aun cuando una de las partes -quejosa- haya desahogado la vista ordenada sobre el particular y externado que la misma, no se encuentra cumplida, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Apoya la anterior determinación, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 243, tomo XI-marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación, novena época, cuya sinopsis es: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Igualmente resulta aplicable, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, la tesis IX.1o.6 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable en la página 883, tomo III-marzo de 1996, del Semanario Judicial de la Federación, novena época, que dice: "AMPARO, EJECUTORIAS DE. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER INMEDIATO. Los artículos 104, 105, 106 y 107 de la Ley de Amparo, que se refieren a la ejecución de las sentencias dictadas en los juicios de garantías, no prevén ningún caso de excepción. Por el contrario, se advierte que el espíritu de estas disposiciones legales, es el de que las ejecutorias de amparo deben ser cumplimentadas sin demora por las autoridades responsables, pues el restablecimiento de la garantía o garantías violadas, mediante la ejecución de la sentencia de amparo, es una cuestión legal de orden público, que no puede ser aplazada o condicionada a procedimientos ordinarios; estimarlo de otra forma es contrario a los fines del juicio de garantías y altera la jerarquía de las normas jurídicas." En la demanda de amparo la parte quejosa señaló como autoridad responsable, al Juez Tercero de lo Civil del Partido Judicial de Primera Instancia de esta ciudad -autoridad sustituta- de quien reclamó la legalidad del procedimiento de declaración de herederos, solicitada por un pariente colateral dentro del cuarto grado, en los autos del juicio sucesorio intestamentario a bienes de Filiberto Arroyo Morales, radicado bajo el expediente 497/2012, del índice del Juzgado Segundo Civil, del partido judicial de Ensenada, Baja California. Ahora bien, mediante resolución de siete de mayo de dos mil catorce, emitida por este órgano jurisdiccional, la cual causó ejecutoria el veintinueve del citado mes y año, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa. EFECTO DE LA SENTENCIA AMPARADORA Los efectos de la concesión de amparo fueron precisados en la resolución en comento, quedando de la siguiente forma: "[.] para el efecto que el Juez Segundo de lo Civil de esta ciudad realice los siguientes actos: Deje sin efectos el proveído de dieciocho de septiembre de dos mil doce, por el que hizo la declaración de herederos y la designación de albacea. Reponga el procedimiento, para efectos de que, antes de hacer la declaración de herederos, obre como lo dispone el artículo 792 del Código de Procedimientos Civiles de Baja California, esto es: Mande fijar avisos en los sitios públicos del lugar del juicio y en los lugares del fallecimiento y origen del finado, anunciando su muerte sin testar, y los nombres y grado de parentesco de los que reclaman la herencia, y llamando a los que se crean con igual o mejor derecho para que comparezcan en el juzgado a reclamarla dentro de cuarenta días; Publique los edictos correspondientes por dos veces de diez en diez días en un periódico de información. Siga con el procedimiento establecido en el artículo 793 del Código de Procedimientos Civiles de Baja California, y según sea el caso, en el diverso 794 del mismo ordenamiento legal. Una vez realizado lo anterior, con libertad de jurisdicción resuelva lo que en derecho proceda al dictar auto de declaración de herederos y albacea. [.]" ACTO DE LA AUTORIDAD EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO Por oficio registrado con el folio 10882 (fojas 405 a 443), la autoridad responsable -vinculada con el cumplimiento- informó que procedió en términos de la ejecutoria de amparo, tal como se desprende de las manifestaciones que expresó en el informe de cumplimiento, así como de las constancias que ha acompañado a los diversos oficios -recibidos- con motivo de las gestiones que ha realizado, así como del legajo de copias certificadas que adjuntó y que corresponden al expediente ********************, relativo a la sucesión a bienes de Filiberto Arroyo Morales; documentales que tienen pleno valor probatorio en términos de lo preceptuado en los artículos 197 y 202 del Código de Procedimientos Civiles, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En las relatadas circunstancias y una vez analizada la ejecutoria de mérito, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, SE TIENE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DICTADA EN EL PRESENTE ASUNTO, pues es inconcuso que la autoridad responsable, acató el núcleo de la ejecutoria. ANÁLISIS EVALUATIVO Lo anterior se evidencia por el hecho que la autoridad responsable, desplegó diversos actos tendentes a cumplimentar la ejecutoria de amparo, tales como los que enseguida se enuncian: Mediante acuerdo de dos de junio de dos mil catorce, dictado en el expediente ********************de su índice, dejó insubsistente el auto de dieciocho de septiembre del propio año, relativo a la declaratoria de herederos y designación de albacea. En el mismo proveído repuso el procedimiento, para el efecto de que -previamente a realizar la declaratoria de herederos- acate lo preceptuado en el artículo 792 del Código de Procedimientos Civiles de Baja California, es decir, mandó fijar avisos en los sitios públicos del lugar del juicio y en los lugares del fallecimiento y origen del finado, esto es, se ordenó girar exhorto que por turno le correspondió su conocimiento al Juzgado Décimo de lo Familiar de Zapopán, Jalisco, a efecto que realizara las publicaciones tendentes a anunciar la muerte del autor de la sucesión, y los nombres y grado de parentesco de los que reclaman la herencia, y llamando a los que se crean con igual o mejor derecho para que comparezcan en el juzgado a reclamarla dentro de cuarenta días. Hecho lo anterior, mediante acuerdo de veinte de enero de dos mil quince, continúo con el procedimiento de origen y señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la junta de herederos y designación de albacea. Enseguida con libertad de jurisdicción resolvió lo que en derecho estimó pertinente, en relación con la declaratoria de herederos y albacea. Así, con apego a los lineamientos establecidos en la ejecutoria motivo de análisis, la autoridad responsable mediante diligencia de veintisiete de febrero de dos mil quince, llevada a cabo dentro del expediente ********************, designó como albacea definitivo a Ernesto Arroyo Farías, quien en el acto de la diligencia manifestó que aceptaba el cargo conferido. De tal suerte que si bien es cierto la autoridad responsable en la diligencia respectiva designó como albacea definitivo a Ernesto Arroyo Farías, y mediante acuerdo de veintitrés de marzo del año en curso (foja 376), en relación con el diverso informe de cumplimiento registrado con el folio 10882 -con libertad de jurisdicción- expuso los motivos por los cuales tuvo a bien a designar como albacea a dicha persona; lo que a la postre originó la inconformidad por parte de la quejosa, también lo es que tal determinación la tomó en uso de su facultad como órgano rector del procedimiento judicial de origen. Lo anterior, con la salvedad, que las partes en el juicio natural, hagan uso de los medios de impugnación que establece la ley que rige el acto reclamado que originó la presente instancia de control de la constitucionalidad, pues la circunstancia que la autoridad responsable no provea de conformidad las peticiones formuladas por las partes, ello no provoca que aquella, no haya cumplido con la ejecutoria de amparo, aunado a que ha quedado demostrado que el a quo responsable ha cumplido con todos y cada uno de los lineamientos de la ejecutoria, actos que desplegó en cuanto a la declaratoria y designación de albacea, con libertad de jurisdicción. Sin embargo, contrariamente a lo expresado por la quejosa, la suscrita juzgadora estima que la ejecutoria de amparo se encuentra debidamente cumplida, al haber acatado la autoridad responsable el núcleo esencial de la misma, pues en principio, se desprende que dejó insubsistente el acto reclamado; de ahí mediante diligencia de veintisiete de febrero y acuerdo de veintitrés de marzo de la presente anualidad, se pronunció con libre decisión. Pues si bien es cierto que se establecieron lineamientos para cumplir en determinado sentido, también lo es que la autoridad responsable conservó su potestad gubernativa en las funciones de su competencia, pues a pesar de que en la sentencia de amparo se le concedido plenitud de jurisdicción, lo cierto es que el acto que emitió en cumplimiento a dicha determinación fue con apego a los lineamientos contenidos en la propia sentencia; es decir, el acto que se emitió con motivo del cumplimiento fue acorde a lo señalado en la concesión de amparo, a pesar de que dicha autoridad goza de un amplio margen de discrecionalidad. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis 1a. CX/2015 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, décima época, cuya sinopsis es: "SENTENCIAS DE AMPARO. PARÁMETROS QUE DEBERÁN SATISFACER LAS AUTORIDADES RESPONSABLES PARA SU CUMPLIMIENTO A PESAR DE QUE SE LES HAYA CONCEDIDO PLENITUD DE JURISDICCIÓN. A consideración de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el término plenitud de jurisdicción no puede entenderse en un sentido literal, pues si bien cuando se decreta la misma en una sentencia de amparo se está concediendo a la autoridad responsable un amplio margen de apreciación del caso, a efecto de que resuelva el asunto en cuestión, dicho uso del arbitrio judicial no puede interpretarse como absoluto o carente de límites. Cuando en una sentencia de amparo se concede plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, en efecto no se trata de una resolución que deje sin margen alguno de apreciación a la autoridad, pues implica la posibilidad de ejercer un arbitrio para adoptar una decisión, pero tampoco podría llegarse al extremo de aceptar que dentro de dicho margen se puede arribar a cualquier tipo de decisión. A pesar de que en una sentencia de amparo se hubiese concedido plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, lo cierto es que el acto que emita en cumplimiento de tal determinación deberá respetar ciertos límites. Así, el límite directo e inmediato de la llamada plenitud de jurisdicción consiste en los lineamientos contenidos en la sentencia de amparo, es decir, el acto que se emita con motivo del cumplimiento deberá emitirse acorde a lo señalado en la concesión de amparo, a pesar de que dicha autoridad goce de un amplio margen de discrecionalidad. En consecuencia, el acto que emita la autoridad responsable, a pesar de la plenitud de jurisdicción que se le haya concedido, deberá satisfacer un parámetro de razonabilidad en torno a los argumentos contenidos en la sentencia de amparo, a la naturaleza de la violación que fue examinada y decretada en la misma, y a la secuela procesal que le precedió y en cuya lógica se puede conocer el verdadero alcance de la protección constitucional. Lo anterior resulta así, pues si en una sentencia de amparo se contienen determinados argumentos a partir de los cuales se establecen ciertos alcances para reparar una violación a un derecho fundamental, y se concede plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, lo cierto es que el acto que se emita deberá guardar una armonía con los elementos que desembocaron en la emisión de la referida concesión de amparo. Aceptar la postura contraria, implicaría reconocer que al conceder un amplio margen de discrecionalidad a la autoridad responsable, si el acto que se emite carece de conexión lógica alguna con la secuela procesal y la sentencia de amparo, se deba tener por cumplimentada la misma, no obstante su lógica sea incluso contraria a las razones que motivaron la protección constitucional." De lo anterior se obtiene que -dentro del acto de autoridad- emitido en cumplimiento a la ejecutoria motivo de análisis, coexisten la libertad de decisión y el respeto a los lineamientos contenidos en la sentencia de amparo, y ante tal eventualidad, la autoridad responsable no se encontraba constreñida a emitir una determinación -en favor de la quejosa- pues se reitera que la autoridad responsable -con libertad de decisión- estimó pertinente designar como albacea definitivo a Ernesto Arroyo Farías. VISTA A LAS PARTES Se da vista a las partes para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente.
- Principal
con fundamento en el artículo 26, 27 y 29 de la ley de amparo, hago efectivo el apercibimiento del aviso de trece de mayo de dos mil quince, dejado en el domicilio procesal de la parte tercero interesado, en virtud de no haber acudido a este recinto jurisdiccional a notificarse de manera personal, por lo que se ordena la notificación del auto de doce de mayo de dos mil quince, por lista y por lista en una página electrónica a la PARTE TERCERO INTERESADO que dice...Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se advierte que mediante oficio registrado con el folio 10882 (foja 405 a 443), la autoridad responsable manifestó haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo; ahora bien, tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de los procedimientos de amparo es de orden público, este órgano jurisdiccional se encuentra obligado a determinar si tal ejecutoria está cumplimentada o no, aun cuando una de las partes -quejosa- haya desahogado la vista ordenada sobre el particular y externado que la misma, no se encuentra cumplida, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Apoya la anterior determinación, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 243, tomo XI-marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación, novena época, cuya sinopsis es: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Igualmente resulta aplicable, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, la tesis IX.1o.6 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable en la página 883, tomo III-marzo de 1996, del Semanario Judicial de la Federación, novena época, que dice: "AMPARO, EJECUTORIAS DE. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER INMEDIATO. Los artículos 104, 105, 106 y 107 de la Ley de Amparo, que se refieren a la ejecución de las sentencias dictadas en los juicios de garantías, no prevén ningún caso de excepción. Por el contrario, se advierte que el espíritu de estas disposiciones legales, es el de que las ejecutorias de amparo deben ser cumplimentadas sin demora por las autoridades responsables, pues el restablecimiento de la garantía o garantías violadas, mediante la ejecución de la sentencia de amparo, es una cuestión legal de orden público, que no puede ser aplazada o condicionada a procedimientos ordinarios; estimarlo de otra forma es contrario a los fines del juicio de garantías y altera la jerarquía de las normas jurídicas." En la demanda de amparo la parte quejosa señaló como autoridad responsable, al Juez Tercero de lo Civil del Partido Judicial de Primera Instancia de esta ciudad -autoridad sustituta- de quien reclamó la legalidad del procedimiento de declaración de herederos, solicitada por un pariente colateral dentro del cuarto grado, en los autos del juicio sucesorio intestamentario a bienes de Filiberto Arroyo Morales, radicado bajo el expediente 497/2012, del índice del Juzgado Segundo Civil, del partido judicial de Ensenada, Baja California. Ahora bien, mediante resolución de siete de mayo de dos mil catorce, emitida por este órgano jurisdiccional, la cual causó ejecutoria el veintinueve del citado mes y año, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa. EFECTO DE LA SENTENCIA AMPARADORA Los efectos de la concesión de amparo fueron precisados en la resolución en comento, quedando de la siguiente forma: "[.] para el efecto que el Juez Segundo de lo Civil de esta ciudad realice los siguientes actos: 1. Deje sin efectos el proveído de dieciocho de septiembre de dos mil doce, por el que hizo la declaración de herederos y la designación de albacea. 2. Reponga el procedimiento, para efectos de que, antes de hacer la declaración de herederos, obre como lo dispone el artículo 792 del Código de Procedimientos Civiles de Baja California, esto es: a) Mande fijar avisos en los sitios públicos del lugar del juicio y en los lugares del fallecimiento y origen del finado, anunciando su muerte sin testar, y los nombres y grado de parentesco de los que reclaman la herencia, y llamando a los que se crean con igual o mejor derecho para que comparezcan en el juzgado a reclamarla dentro de cuarenta días; b) Publique los edictos correspondientes por dos veces de diez en diez días en un periódico de información. 3. Siga con el procedimiento establecido en el artículo 793 del Código de Procedimientos Civiles de Baja California, y según sea el caso, en el diverso 794 del mismo ordenamiento legal. 4. Una vez realizado lo anterior, con libertad de jurisdicción resuelva lo que en derecho proceda al dictar auto de declaración de herederos y albacea. [.]" ACTO DE LA AUTORIDAD EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO Por oficio registrado con el folio 10882 (fojas 405 a 443), la autoridad responsable -vinculada con el cumplimiento- informó que procedió en términos de la ejecutoria de amparo, tal como se desprende de las manifestaciones que expresó en el informe de cumplimiento, así como de las constancias que ha acompañado a los diversos oficios -recibidos- con motivo de las gestiones que ha realizado, así como del legajo de copias certificadas que adjuntó y que corresponden al expediente 109/2015, relativo a la sucesión a bienes de Filiberto Arroyo Morales; documentales que tienen pleno valor probatorio en términos de lo preceptuado en los artículos 197 y 202 del Código de Procedimientos Civiles, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En las relatadas circunstancias y una vez analizada la ejecutoria de mérito, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, SE TIENE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DICTADA EN EL PRESENTE ASUNTO, pues es inconcuso que la autoridad responsable, acató el núcleo de la ejecutoria. ANÁLISIS EVALUATIVO Lo anterior se evidencia por el hecho que la autoridad responsable, desplegó diversos actos tendentes a cumplimentar la ejecutoria de amparo, tales como los que enseguida se enuncian: a. Mediante acuerdo de dos de junio de dos mil catorce, dictado en el expediente 109/2015 de su índice, dejó insubsistente el auto de dieciocho de septiembre del propio año, relativo a la declaratoria de herederos y designación de albacea. b. En el mismo proveído repuso el procedimiento, para el efecto de que -previamente a realizar la declaratoria de herederos- acate lo preceptuado en el artículo 792 del Código de Procedimientos Civiles de Baja California, es decir, mandó fijar avisos en los sitios públicos del lugar del juicio y en los lugares del fallecimiento y origen del finado, esto es, se ordenó girar exhorto que por turno le correspondió su conocimiento al Juzgado Décimo de lo Familiar de Zapopán, Jalisco, a efecto que realizara las publicaciones tendentes a anunciar la muerte del autor de la sucesión, y los nombres y grado de parentesco de los que reclaman la herencia, y llamando a los que se crean con igual o mejor derecho para que comparezcan en el juzgado a reclamarla dentro de cuarenta días. c. Hecho lo anterior, mediante acuerdo de veinte de enero de dos mil quince, continúo con el procedimiento de origen y señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la junta de herederos y designación de albacea. d. Enseguida con libertad de jurisdicción resolvió lo que en derecho estimó pertinente, en relación con la declaratoria de herederos y albacea. Así, con apego a los lineamientos establecidos en la ejecutoria motivo de análisis, la autoridad responsable mediante diligencia de veintisiete de febrero de dos mil quince, llevada a cabo dentro del expediente 109/2015, designó como albacea definitivo a Ernesto Arroyo Farías, quien en el acto de la diligencia manifestó que aceptaba el cargo conferido. De tal suerte que si bien es cierto la autoridad responsable en la diligencia respectiva designó como albacea definitivo a Ernesto Arroyo Farías, y mediante acuerdo de veintitrés de marzo del año en curso (foja 376), en relación con el diverso informe de cumplimiento registrado con el folio 10882 -con libertad de jurisdicción- expuso los motivos por los cuales tuvo a bien a designar como albacea a dicha persona; lo que a la postre originó la inconformidad por parte de la quejosa, también lo es que tal determinación la tomó en uso de su facultad como órgano rector del procedimiento judicial de origen. Lo anterior, con la salvedad, que las partes en el juicio natural, hagan uso de los medios de impugnación que establece la ley que rige el acto reclamado que originó la presente instancia de control de la constitucionalidad, pues la circunstancia que la autoridad responsable no provea de conformidad las peticiones formuladas por las partes, ello no provoca que aquella, no haya cumplido con la ejecutoria de amparo, aunado a que ha quedado demostrado que el a quo responsable ha cumplido con todos y cada uno de los lineamientos de la ejecutoria, actos que desplegó en cuanto a la declaratoria y designación de albacea, con libertad de jurisdicción. Sin embargo, contrariamente a lo expresado por la quejosa, la suscrita juzgadora estima que la ejecutoria de amparo se encuentra debidamente cumplida, al haber acatado la autoridad responsable el núcleo esencial de la misma, pues en principio, se desprende que dejó insubsistente el acto reclamado; de ahí mediante diligencia de veintisiete de febrero y acuerdo de veintitrés de marzo de la presente anualidad, se pronunció con libre decisión. Pues si bien es cierto que se establecieron lineamientos para cumplir en determinado sentido, también lo es que la autoridad responsable conservó su potestad gubernativa en las funciones de su competencia, pues a pesar de que en la sentencia de amparo se le concedido plenitud de jurisdicción, lo cierto es que el acto que emitió en cumplimiento a dicha determinación fue con apego a los lineamientos contenidos en la propia sentencia; es decir, el acto que se emitió con motivo del cumplimiento fue acorde a lo señalado en la concesión de amparo, a pesar de que dicha autoridad goza de un amplio margen de discrecionalidad. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis 1a. CX/2015 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, décima época, cuya sinopsis es: "SENTENCIAS DE AMPARO. PARÁMETROS QUE DEBERÁN SATISFACER LAS AUTORIDADES RESPONSABLES PARA SU CUMPLIMIENTO A PESAR DE QUE SE LES HAYA CONCEDIDO PLENITUD DE JURISDICCIÓN. A consideración de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el término plenitud de jurisdicción no puede entenderse en un sentido literal, pues si bien cuando se decreta la misma en una sentencia de amparo se está concediendo a la autoridad responsable un amplio margen de apreciación del caso, a efecto de que resuelva el asunto en cuestión, dicho uso del arbitrio judicial no puede interpretarse como absoluto o carente de límites. Cuando en una sentencia de amparo se concede plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, en efecto no se trata de una resolución que deje sin margen alguno de apreciación a la autoridad, pues implica la posibilidad de ejercer un arbitrio para adoptar una decisión, pero tampoco podría llegarse al extremo de aceptar que dentro de dicho margen se puede arribar a cualquier tipo de decisión. A pesar de que en una sentencia de amparo se hubiese concedido plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, lo cierto es que el acto que emita en cumplimiento de tal determinación deberá respetar ciertos límites. Así, el límite directo e inmediato de la llamada plenitud de jurisdicción consiste en los lineamientos contenidos en la sentencia de amparo, es decir, el acto que se emita con motivo del cumplimiento deberá emitirse acorde a lo señalado en la concesión de amparo, a pesar de que dicha autoridad goce de un amplio margen de discrecionalidad. En consecuencia, el acto que emita la autoridad responsable, a pesar de la plenitud de jurisdicción que se le haya concedido, deberá satisfacer un parámetro de razonabilidad en torno a los argumentos contenidos en la sentencia de amparo, a la naturaleza de la violación que fue examinada y decretada en la misma, y a la secuela procesal que le precedió y en cuya lógica se puede conocer el verdadero alcance de la protección constitucional. Lo anterior resulta así, pues si en una sentencia de amparo se contienen determinados argumentos a partir de los cuales se establecen ciertos alcances para reparar una violación a un derecho fundamental, y se concede plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, lo cierto es que el acto que se emita deberá guardar una armonía con los elementos que desembocaron en la emisión de la referida concesión de amparo. Aceptar la postura contraria, implicaría reconocer que al conceder un amplio margen de discrecionalidad a la autoridad responsable, si el acto que se emite carece de conexión lógica alguna con la secuela procesal y la sentencia de amparo, se deba tener por cumplimentada la misma, no obstante su lógica sea incluso contraria a las razones que motivaron la protección constitucional." De lo anterior se obtiene que -dentro del acto de autoridad- emitido en cumplimiento a la ejecutoria motivo de análisis, coexisten la libertad de decisión y el respeto a los lineamientos contenidos en la sentencia de amparo, y ante tal eventualidad, la autoridad responsable no se encontraba constreñida a emitir una determinación -en favor de la quejosa- pues se reitera que la autoridad responsable -con libertad de decisión- estimó pertinente designar como albacea definitivo a Ernesto Arroyo Farías. VISTA A LAS PARTES Se da vista a las partes para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo.
- Principal
Se ordena agregar a los autos en escrito signado por Luis Felipe Hernández Arroyo, apoderado legal de la parte quejosa y anexos, mediante el cual hace diversas manifestaciones, en relación al cumplimiento que la autoridad responsable informó haber dado a la ejecutoria del juicio en que se actúa, las cuales serán tomadas en cuenta al momento de dictar el acuerdo correspondiente. Circunstancia que este órgano jurisdiccional toma conocimiento. Notifíquese
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