CCC Servicios Corporativos y Administrativos, Sociedad Civil

Expediente 75/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 19 actuaciones registradas, la última del 27 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
75/2018
Año
2018
Actuaciones
19
Última actuación
27/05/2021

Partes del expediente

  • CCC Servicios Corporativos y Administrativos, Sociedad Civil
  • Alejo López Galán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Ensenada, Baja California, veintisiete de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito signado ****, apoderado de la moral quejosa CCC Servicios Corporativos y Administrativos, Sociedad Civil; y como lo solicita, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídanse copias simples, de las constancias que indica, autorizando para recibirlas a la persona que refiere en el ocurso de cuenta, previa toma de razón que por su recibo se deje en autos. Es oportuno precisar que la contingencia sanitaria derivada del Covid-19, genera la necesidad de controlar el contacto de personas para evitar la propagación del virus que lo ocasiona y en ese contexto, atendiendo al segundo párrafo del artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, previa cita que realicen las personas autorizadas para recibir las copias solicitadas, se gestionarán los protocolos necesarios para que pueda ingresar a las instalaciones de este órgano jurisdiccional, en el día y hora que el sistema de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación arroje para la cita respectiva; lo anterior, a efecto de que le expidan y recoja las copias que solicita. Notifíquese.

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días establecido en el primer párrafo, del artículo 202, de la Ley de Amparo, para que las partes manifestaran su inconformidad contra el proveído de diez de enero de dos mil diecinueve, que declaró cumplido el fallo protector; en consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo, toda vez que ninguna de las partes legitimadas para hacerlo se inconformó. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio que concedió el amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS En términos de lo establecido en el numeral 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de Aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se ordena devolver al Titular de la Agencia del Ministerio Público Investigadora de Delitos Patrimoniales, con residencia en esta ciudad, las copias certificadas de la averiguación previa 2614/13/311/AP, que remitió al rendir su informe justificado.

  3. Principal

    Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    hago efectivo el apercibimiento del aviso de catorce de enero de dos mil diecinueve, dejado junto con copia del auto de referencia en el domicilio procesal de la parte tercero interesada, en virtud de no haber acudido a este recinto jurisdiccional a notificarse de manera personal, por lo que se ordena la notificación el auto de once de enero de dos mil diecinueve, por lista y por lista en una página electrónica a la PARTE TERCERO INTERESADA, publicada el diecisiete de enero de dos mil diecinueve, en el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, con fundamento en el artículo 29, de la nueva Ley de Amparo, que dice: Visto el estado de autos, se procede a analizar si la autoridad responsable Juez Único de Primera Instancia Penal, con residencia en esta ciudad, cumplió con la ejecutoria del juicio de amparo en que se actúa, ello en virtud de que transcurrió el plazo de tres días otorgado a las partes interesadas para que manifestaran lo que a su derecho conviniera, en relación con lo informado por esa autoridad responsable respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Entonces, de conformidad con lo que establece el artículo 77 de la Ley de Amparo, los efectos de la concesión de amparo podrán ser de dos tipos, a saber: ? Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y ? Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el presente caso, se actualiza la primera de las hipótesis. Ahora, por sentencia dictada el treinta de abril de dos mil dieciocho, este Juzgado de Distrito concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa Servicios Corporativos y Administrativos, Sociedad Civil. Dicho fallo fue oportunamente recurrido en revisión por la tercero interesada Martha Bravo Álvarez, habiendo correspondido conocer de dicho recurso al Sexto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito bajo el toca de revisión penal 212/2018, el que mediante ejecutoria de dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho confirmó la sentencia revisada, motivo por el que en once de diciembre de dos mil dieciocho se requirió a la citada autoridad responsable para dar cumplimiento a la sentencia de amparo. El fallo mencionado, en la parte conducente, señala: "SEXTO. De conformidad con el artículo 77, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, los efectos de dicha concesión son para que la Juez Único de Primera Instancia Penal de Ensenada: a) Deje insubsistente la resolución de once de septiembre de dos mil diecisiete, pronunciada en el Cuadernillo número 10/2017 formado con motivo del Recurso de Revisión promovido por la persona moral quejosa en contra de la determinación de no ejercicio de acción penal y la que avala ésta mediante la autorización de consulta de archivo. b) Con libertad de jurisdicción dicte otra resolución en la que estimando que fue oportuna la presentación del recurso de revisión en alusión --acorde a lo previamente considerado--, se pronuncie sobre el fondo de la cuestión que es materia de dicho medio impugnativo." En acuerdo de diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho se tuvo por recibido el oficio 2435-I del diecisiete del mismo mes y año, signado por la Juez Único Penal de Primera Instancia por Ministerio de Ley, con residencia en esta ciudad, en el que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictó resolución de la misma fecha (diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho), al tenor de los siguientes puntos resolutivos: "PRIMERO.- Queda INSUBSISTENTE la RESOLUCIÓN de fecha once de septiembre de dos mil diecisiete, pronunciada en el cuadernillo 10/2017 formado con motivo del RECURSO DE REVISIÓN promovido por la persona moral quejosa en contra de la determinación de no ejercicio de la acción penal y la que avala esta mediante la autorización de consulta de archivo por prescripción de fecha dieciséis de Julio del año dos mil quince, dictada por el Director de Averiguaciones Previas, de la Sub-Procuraduría de Zona en Ensenada, dentro de la averiguación previa numero 2614/13/311/AP y en la que se ordena el archivo de la averiguación previa respectiva, iniciada en contra de MARTHA BRAVO ALVAREZ y/o Quien resulte responsable, por lo expuesto en el considerando respectivo. SEGUNDO.- Por lo antes expuesto y sin entrar al estudio del presente recurso de revisión, -al haber imposibilidad para ello por falta de formalidad en las actuaciones- se ordena devolver al Agente del Ministerio Público de origen, los autos y actuaciones de la averiguación previa numero 2614/13/311/AP iniciada en contra de MARTHA BRAVO ALVAREZ y/o Quien resulte responsable, quién fue denunciada por hechos que probablemente constituyan el delito de ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA. TERCERO.- Remítase la presente averiguación previa a la Agencia del Ministerio Público de origen, para los efectos legales correspondientes." Con lo anterior, se dio vista a las partes (quejosa y tercero interesada) para que manifestaran lo que a sus intereses conviniera, sin que dentro del plazo concedido hubieran expuesto argumentación alguna sobre ese cumplimiento informado por la autoridad responsable mencionada. Consecuentemente, si la protección de la Justicia Federal fue para que la autoridad responsable Juez Único Penal de Primera Instancia, con residencia en esta ciudad, dejara insubsistente la resolución de once de septiembre de dos mil diecisiete que recayó al recurso de revisión promovido por la Sociedad quejosa en contra la determinación de no ejercicio de la acción penal y la que avala ésta mediante la autorización de consulta de archivo, emitida el dieciséis de julio de dos mil quince, que dictó el Director de Averiguaciones Previas, en relación con la indagatoria 2614/13/311/AP; tenemos entonces que dicho fallo debe estimarse cumplido, al haber declarado la insubsistencia de dicha resolución que fue materia del juicio de amparo y acorde a sus atribuciones legales haber ordenado la devolución de la mencionada Averiguación Previa a la representación social ante la omisiones o inconsistencias que en su integración reporta y que evidencia esa Juzgadora en su resolución cumplimentadora de diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho. Sin que para arribar a esta determinación obste la circunstancia de que igualmente dicha responsable quedó por virtud del fallo firme de amparo vinculada a estimar oportuna la presentación del recurso de revisión y pronunciarse sobre el fondo del mismo, puesto que tal obligación se le impuso bajo el empleo de su libertad de jurisdicción, lo que implicó que como fue antes apuntado, conservó para ello las atribuciones que por ley tiene reservadas para precisamente dictar ante dicho medio de defensa una determinación imponiéndole un sentido. De ahí que si el artículo 352 Bis del Código de Procedimientos Penales del Estado de Baja California señala en su Párrafo Tercero con respecto al recurso de revisión en alusión que "La resolución que se dicte podrá confirmar el no ejercicio de la acción penal, ordenar que se ejercite cuando aparezcan cubiertos los requisitos del Artículo 258 de este Código, o que continúe la averiguación en los casos de deficiencia probatoria.", significa que en efecto le asistía a la Juzgadora responsable la facultad de establecer dicho sentido (ante las deficiencias encontradas de la integración de la indagatoria) y ordenar subsanar tales omisiones, tal como lo indica esa disposición legal y como lo hace en esa resolución analizada. Por tanto, bajo dichas bases resulta evidente que quedó acatada la ejecutoria dictada en este asunto; sin que este órgano jurisdiccional advierta excesos o defectos; por ende, se tiene por cumplida la sentencia dictada en este juicio, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, debiéndose comunicar lo anterior a la autoridad responsable para su conocimiento y efectos. Con lo anterior, con fundamento en el artículo 202 del citado ordenamiento legal, se ordena dar vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de quince días, manifieste lo que a sus intereses convenga, en el entendido que de no hacerlo se tendrá por consentido el presente proveído.

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