Cecilia Elizabeth Mejía Saquic

Expediente 811/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
811/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
13/12/2021

Partes del expediente

  • Cecilia Elizabeth Mejía Saquic

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término de cinco días que la ley establece, para que las partes interpusieran recurso de queja contra del auto que tuvo por no presentada la demanda que dio origen al presente expediente, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por lo que, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario sensu, se declara que dicho auto queda firme para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro correspondiente y archívese este expediente como asunto totalmente concluido por el término de tres años, transcurridos los cuales deberá destruirse en términos del artículo 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales de diecisiete de marzo de dos mil veinte. Por otro lado, acorde a lo dispuesto en el artículo 15, del citado acuerdo general, se declara que a juicio de este juzgado de Distrito, este asunto carece de valor jurídico, histórico o relevancia documental. Conforme a lo ordenado en el artículo 21 fracciones b y d del acuerdo aludido, se ordena anotar en la carátula del presente expediente, la fecha de archivo, y que es destruible. NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE.

  2. Principal

    quejoso: Ciudad Juárez, Chihuahua, veintiuno de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los mismos se aprecia que existen elementos suficientes para calificar el cumplimiento que la autoridad ha dado al fallo protector de amparo, razón por la cual se procede a hacerlo así, con base en los elementos que obran en el presente expediente, así como en los aportados por las autoridades responsables, en acatamiento ello a lo dispuesto en la tesis número XXXVIII/99, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cinco de marzo de mil novecientos noventa y nueve, cuyo rubro y texto expresan: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO. (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).- Esta Segunda Sala, en la Jurisprudencia 85/98, entre otras tesis, ha sostenido el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado de vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva y se le concede el plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que de no hacerlo, se tendrá por cumplida la sentencia, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se le haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogarse la vista, el Tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad." Así pues, por sentencia de treinta de octubre de dos mil dieciocho, se concedió el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa María Ángeles de Santiago, para que la autoridad responsable, Junta Especial Número Cincuenta y Cinco, de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en la localidad, dictara el laudo del juicio laboral 239/2015, de su índice, con la prontitud que ordena la Ley Federal del Trabajo. Así pues, mediante acuerdo de veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, causó ejecutoria la sentencia dictada y se requirió a la autoridad responsable para que diera cumplimiento con la misma. Después de diversos requerimientos, por auto de veintisiete de septiembre del dos mil veintiuno, se tuvo la autoridad responsable, Presidente de la Junta Especial Número Cincuenta y Cinco, de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en la localidad, remitiendo copia certificada del laudo dictado el veintisiete de agosto del dos mil veintiuno, emitido en el juicio laboral de origen 239/2015, de su índice; con lo que se dio vista a la parte quejosa por el término indicado para que manifestara lo que a su interés legal conviniera, sin que a la fecha realizara pronunciamiento alguno. Bajo ese contexto, al haber la autoridad responsable, dictado el laudo correspondiente al juicio de origen, ciñéndose a los términos señalados en la Ley Federal del Trabajo, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 80, 113 y 196, de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria concesoria de amparo. Lo anterior, sin que se soslaye por el suscrito, el derecho que tiene la parte quejosa de promover en contra de esta resolución, la inconformidad prevista en el ordinal 201, fracción I y 202, primer párrafo de la ley de la materia, razón por la cual se ordena darle vista con lo aquí resuelto para que manifieste o promueva lo que a su interés convenga, con el apercibimiento que se le hace que de no hacer manifestación alguna, se le tendrá por consintiendo la misma y se procederá a ordenar el archivo del presente asunto como total y definitivamente concluido. Se ordena hacer las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Hilario Quintero Torres, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veintidós de octubre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por Ana Karen Maldonado Vera, promoviendo en nombre y representación de la quejosa Cecilia Elizabeth Mejía Saquic, contra actos del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Chihuahua, y otras autoridades, de quienes reclama: "IV.- ACTO QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMA 1.- De las autoridades señalada como responsables, les reclamo la ilegal e inconstitucional TENERLA PRIVADA DE LA LIBERTAD PERSONAL COMO SEGURADA, SIN ACCESO DIRECTO Y PERSONAL CON SU REPRESENTANTE LEGAL DE SU ELECCION DENTRO DE LA ESTACION MIGRARTORIA y según lo establece el artículo primero constitucional, al ingresar a México, toda persona debe de gozar de todos los derechos humanos reconocidos por la Constitución Mexicana, la cual está a la par con los Tratados Internacionales de los refugiados y demás leyes, por lo tanto está prohibida las detención como sanción penal a una infracción migratoria, según el principio de no criminalización 2.- Se reclama de las autoridades señaladas como responsables, EL TENER A LA HOY ASEGURADA QUEJOSA ESTRESADA ANTE SU EMINENTE TRASLADO A DIVERSA ESTACION MIGRATORIA, DESCONOCIENDO SU LUGAR DE TRASLADO, POR LO QUE ESTAN EJERCIENDO VIOLENCIA PSICOLOGICA EN CONTRA DE LA ASEGURADA, y ante todas esta acciones de las autoridades responsables, estas el omitir iniciar el proceso de regularización migratoria de la quejosa, solo está el hecho de la preparación de su eminente trasladando y no dicen a que Estación Migratoria, lo que se puede deducir que es su eminente deportación; lo que conlleva a que la asegurada no tenga la seguridad de donde se encontrara para hacérselo saber a su familia, ya que solo se les permitió una llama a su familia, y eso es hacer violencia psicológica a la asegurada quejosa, que ha visto como varios de los asegurados han sido trasladados a otras estaciones migratorias dentro y fuera del Estado sin permitirles informar a sus familias, actos cometidos en contra de los asegurados migrantes por parte de las autoridades Migratorias ya señaladas. 3.- Reclamo la violación a la Ley de Refugiados, por parte de las autoridades señaladas como responsables, se reclama la omisión de iniciar su regularización migratorias NEGANDOLE EL DERECHO DE PETICION A LA HOY QUEJOSA PARA REGISTRARSE COMO REFUGIADA ANTE LA COMAR, con el fin de regularizar su estancia en territorio mexicano, y ante la omisión de la autoridad, ante la solicitud de la asegurada de iniciar el trámite ante LA COMAR, para ser considerada como REFUGIADA dentro de territorio mexicano, pues está huyendo de su país al negarse a pertenecer al crimen organizado y narcotráfico. Por lo que la hoy quejosa están sufriendo de stress, ya que las autoridades están ejerciendo violencia psicológica en los migrantes asegurados, pues los tienen en suspenso/incertidumbre, ante lo manifestado por las autoridades migratorias, ya que al ser asegurada por las autoridades migratorias donde hoy se encuentra en esta Ciudad como aseguradas por las autoridades migratorias y lo único que están realizando las autoridades responsables es infundir presión psicológica para que acepten salir de México, por lo que crece cada minuto el temor fundado de que se emita una orden deportación inmediata en su contra y regresarla a su país de origen GUATEMALA, hecho que les provocaría la muerte a la quejosa/asegurada, y es por lo antes manifestado que se promueve el presente JUICIO DE AMPARO, EN BUSCA DE PROTECCIÓN para permanecer en este Estado del norte Chihuahua y regularizar su estancia migratoria sin ser asegurada, ni privada de su libertad personal." (sic) Se ordena capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y anotar en el Libro de Gobierno correspondiente de este juzgado como juicio de amparo 811/2021-VII. Se reserva la admisión de la demanda hasta que sea ratificada, en términos del artículo 15, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. Así, atendiendo a lo manifestado por la promovente, se reitera, que la quejosa es de nacionalidad guatemalteca, asimismo que se encuentra detenida en la Estación Migratoria con sede en esta ciudad, y por consecuencia sujeta a la expulsión o deportación, por parte de las autoridades señaladas como responsables, actos que se encuentran prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por lo que, se estima procedente decretar la suspensión de plano en relación a los actos reclamados, atendiendo a que la promoción del presente juicio amparo deriva precisamente de la privación de la libertad personal de la quejosa, cualquiera que sea la forma de su denominación, por lo que este tribunal estima que resulta aplicable la regla prevista en el artículo 164, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, que establece que cuando el acto reclamado consista en la detención del quejoso efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público y no tenga relación con la comisión de un delito, la suspensión tendrá por efecto que el quejoso sea puesto en libertad, el cual es del tenor siguiente: "Artículo 164. Cuando el acto reclamado consista en la detención del quejoso efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, en relación con la comisión de un delito, se ordenará que sin demora cese la detención, poniéndolo en libertad o a disposición del Ministerio Público. Cuando en los supuestos del párrafo anterior, la detención del quejoso no tenga relación con la comisión de un delito, la suspensión tendrá por efecto que sea puesto en libertad." Así, atendiendo al principio de excepcionalidad de la detención por ingreso irregular, previsto en el artículo 31 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, aprobada por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión el diecisiete de abril de dos mil, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del uno de junio del mismo año, así como en los artículos 5, fracción V, y 7 de la Ley Sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, antes transcritos que disponen que los Estados contratantes no aplicarán a los refugiados otras restricciones de circulación que las necesarias, y las cuales se aplicarán únicamente hasta que se hubiese regularizado su situación en el país o hasta que el refugiado obtenga su admisión en otro país; y que no se impondrá sanción alguna por motivo de ingreso irregular al país. En ese orden, también importa destacar que la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, establece en su numeral 11 que todo extranjero que se encuentre en territorio nacional tiene derecho a solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado. Además, el numeral 18 del mismo ordenamiento dispone que el extranjero que solicite ser reconocido como refugiado deberá presentar por escrito su solicitud ante la Secretaría de Gobernación dentro del término de treinta días hábiles contados a partir del día hábil siguiente al en que haya ingresado al país o, en su caso, a aquél en que le haya sido materialmente posible presentarla. Destacando que el artículo 21 del aludido ordenamiento legal dispone que cuando un extranjero se encuentre en alguno de los lugares destinados al tránsito internacional de personas, o sujeto a un procedimiento administrativo migratorio, sin importar la etapa de dicho procedimiento, o bien, carezca de documentación que acredite su situación migratoria regular en el territorio nacional, solicite el reconocimiento de la condición de refugiado, la Secretaría deberá dictar las medidas que resulten estrictamente necesarias en cada caso, de conformidad con el reglamento. Por su parte, los numerales 24 y 25 del mismo ordenamiento disponen que la Secretaría analizará y evaluará todas las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado y deberá emitir, en cada caso, resolución escrita, fundada y motivada, dentro de los cuarenta y cinco días hábiles contados a partir del día siguiente a la presentación de la solicitud, plazo que podrá ampliarse hasta por un período igual a juicio de la Secretaría, sólo en casos excepcionales; que la resolución deberá ser notificada por escrito al solicitante; en los casos de reconocimiento de la condición de refugiado, la Secretaría deberá expedir el documento migratorio correspondiente que acredite su situación migratoria regular en el país, pero si la resolución fuese en sentido negativo, el extranjero podrá interponer recurso de revisión dentro de los quince días hábiles contados a partir de la notificación respectiva. Por consiguiente, de acuerdo con las normas antes citadas en relación con los tratados internacionales de la materia, y atendiendo a la información con que se cuenta hasta este momento así como que debe privilegiarse la solución conforme con el derecho a la libertad personal del quejoso, con fundamento en el artículo 164, último párrafo, de la Ley de Amparo, y tomando en consideración sólo lo expuesto en la demanda de garantías por la promovente del juicio de amparo, quien afirmó que ésta se encuentra privada de su libertad por autoridades migratorias y que en este momento el procedimiento migratorio se encuentra suspendido con motivo de con motivo del fenómeno de salud pública derivado del virus COVID 19, por lo que no obstante solicitud al personal de la estación migratoria, se le expida un documento de visitante por razones humanitarias, mientras logra iniciar su trámite de refugiada en el territorio mexicano, dichas autoridades se han limitado a mantenerla privada de su libertad, razón por la cual, SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE PLANO para que, las autoridades responsables se abstengan de obligar a la quejosa realizar su salida definitiva del país y que se le permita mantener comunicación con su representante y/o familiares. Asimismo, se decrete la inmediata libertad de la quejosa bajo las siguientes condiciones: Las autoridades responsables del Instituto Nacional de Migración: -Dicten las medidas previstas legalmente (diversas a las que impliquen privación de la libertad personal, cualquiera que sea su forma de denominación), que aseguren que los impetrantes del amparo no evadan el cumplimiento de las leyes sobre inmigración, refugio, protección complementaria y asilo político, debiendo también dictar las medidas que se estimen pertinentes de acuerdo con la situación de contingencia por la que actualmente atraviesa nuestro país y las restricciones gubernamentales decretadas con motivo del fenómeno de salud pública derivado del virus COVID 19, que impide el funcionamiento normal de las instituciones, para que en caso de que hubiese iniciado procedimiento administrativo se pueda lograr su continuación de no existir impedimento legal o material alguno. -Le requiera a la quejosa para que proporcionen tanto a esa autoridad administrativa como a este órgano jurisdiccional, un domicilio en donde pueda ser localizada, el cual deberá encontrarse en esta ciudad, así mismo la quejosa deberá informar los cambios que de dicho domicilio pudieran acontecer, los cuales también deberán ubicarse en esta Ciudad. -La quejosa deberá presentarse a firmar ante este órgano jurisdiccional, para lo cual se levantara una comparecencia en los autos del presente juicio de amparo, los días quince y treinta de cada mes, para lo cual sus autorizados deberán generar la cita correspondiente en el micrositio denominado "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual los justiciables encontrarán la "Agenda OJ", a través del proceso automatizado que otorga al solicitante un Código QR. Bajo el entendido de que la quejosa no deberá abandonar la demarcación geográfica de Ciudad Juárez, Chihuahua, o sus áreas conurbadas, sin previa autorización de la autoridad. -Asimismo, se requiere a la quejosa para que presente solicitud con responsiva firmada por un ciudadano u organización social mexicana. Determinación que encuentra sustento en el artículo 147 de la Ley de Amparo, al disponer que cuando la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional debe fijar la situación en que quedarán las cosas y dictar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, para lo cual se podrán establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos. En la inteligencia de que la medida cautelar no surtirá efecto legal alguno si los actos reclamados son diversos o derivan de hechos distintos a los narrados en la demanda de amparo, provengan de la comisión de un delito, tengan sustento en la existencia de alguna alerta migratoria vigente, exista acta de rechazo o deriven de cualquier otra situación diversa a la aquí analizada. Asimismo, se aclara que la medida decretada dejará de surtir efecto si la quejosa incumple alguna de la condiciones antes precisadas, así como si en el caso existe una diversa determinación en la que se hubiese decidido sobre la libertad de la quejosa y se contraponga con lo aquí ordenado. Asimismo, las autoridades responsables deberán de abstenerse de realizar cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tales condiciones, requiérase a las autoridades señaladas como responsables, para que en el término de veinticuatro horas, contado a partir de su legal notificación, informen a este órgano de control constitucional sobre el cumplimiento a la suspensión de plano, para lo cual, deberán agregar copia certificada de las constancias que así lo acrediten, debiendo acreditar que no existe hacinamiento, incomunicación, ni riesgo para la salud de la quejosa en virtud del internamiento del que es objeto, así como que se les permitió su comunicación directa con sus representante legales, esto es, con los que la quejosa decida atribuir tal carácter. Bajo el apercibimiento, que de no cumplir con la suspensión de plano decretada, serán sancionadas en términos de los artículos 262, fracción III, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis P./J. 80/2007, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN. El artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo establece que procede conceder la suspensión de oficio, entre otros actos, contra la deportación, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que consiste en el acto jurídico administrativo dictado por la autoridad migratoria para hacer abandonar el territorio nacional al extranjero que no reúne o deja de satisfacer los requisitos sanitarios, migratorios o ambos, para su internación y permanencia en nuestro país. Ahora bien, la primera Ley General de Población expedida en nuestro país coincidía con la de Amparo en lo relativo al acto de deportación ejecutado por autoridad administrativa, pero en la vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1974, el legislador federal introdujo el concepto de expulsión, en lugar del de deportación sin mayor justificación, manteniendo la identidad en sus efectos y en las causas que la originan, lo que significa que para los efectos de la Ley de Amparo, en específico para el capítulo de la suspensión, el término deportación y el de expulsión son términos equivalentes. En ese tenor, resulta indudable que contra el acto de expulsión previsto en la Ley General de Población, y emanado de la autoridad administrativa, procede la suspensión de oficio, en términos del artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo." Igualmente es sustento a lo expuesto con antelación por analogía jurídica, la tesis I.20o.A.19 A (10a.), Materias(s): Común, Administrativa, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo: Libro 52, Marzo de 2018 Tomo IV, Página 3551, del contenido siguiente: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA LA PROLONGACIÓN DEL ALOJAMIENTO TEMPORAL DE UN MIGRANTE EN SITUACIÓN IRREGULAR EN UNA ESTACIÓN MIGRATORIA. SU CONCESIÓN DEBE TENER COMO EFECTO LA LIBERTAD DEL EXTRANJERO. De conformidad con el artículo 164 de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado en un juicio constitucional consista en la detención del quejoso, efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, que no tenga relación con la comisión de un delito, la suspensión tendrá como efecto que sea puesto en libertad. En ese sentido, en los casos en que se reclame la prolongación del alojamiento temporal de un migrante en situación irregular en una estación migratoria, se actualiza dicha hipótesis, ya que las autoridades migratorias, que tienen dentro de sus atribuciones realizar detenciones con motivo de la irregularidad en el ingreso migratorio, son de naturaleza administrativa y distintas al Ministerio Público; además, esas detenciones no derivan de la comisión de un delito. Por tanto, el efecto de la medida cautelar, cuando proceda, debe ser que el extranjero sea puesto en libertad, pues al no derivar la detención de la comisión de un delito, debe ser excepcional." Con la aclaración para las autoridades señaladas como responsables, que tratándose de juicios de amparo en los que se reclama cualesquiera de los supuestos previstos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no hay horas ni días inhábiles para la rendición de sus informes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley de Amparo. Se hace del conocimiento de las autoridades responsables que, dada la situación de contingencia presentada con motivo del fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-CoV2 (COVID-19), que obligó a restringir el acceso al público a las instalaciones de este órgano jurisdiccional, el informe requerido habrán de rendirlo vía correo electrónico a la dirección oficial 6jdo17cto@correo.cjf.gob.mx, sin perjuicio de hacerlo por la vía ordinaria pertinente, esto en atención a lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional. Por otra parte, atendiendo a que la promovente del presente juicio de amparo manifiesta que la quejosa al parecer se encuentra privada de su libertad en las oficinas de la estación migratoria de la Delegación Local de Migración del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 15 de la Ley de Amparo, el suscrito se encuentra obligado a tomar las medidas necesarias para lograr la comparecencia de la parte agraviada; por ello se comisiona al Actuario Judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, se constituya en las instalaciones que ocupan las oficinas de la estación migratoria de la Delegación Local de Migración del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad, localice a Cecilia Elizabeth Mejía Saquic, y bajo su más estricta responsabilidad, y en el caso, deberá realizar lo siguiente: a) Vocear o llamar a la directa quejosa en los separos de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad. b) Notificarle el presente proveído y requerir a la quejosa para que en la propia diligencia o dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación correspondiente, manifieste si es su voluntad ratificar la demanda de amparo promovida a su favor. c) Dar fe del estado físico en el que se encuentra la quejosa; d) Analizar el libro de registro de entrada, para verificar cuándo ingresó la persona buscada al lugar donde se le ubicó; y en específico, el momento exacto de su arribo y de ser posible, el motivo o fundamento del ingreso a dicho establecimiento y a cargo de qué autoridad se encuentra a disposición en cuanto a su libertad personal; e) Apercibir a la quejosa Cecilia Elizabeth Mejía Saquic, que de no ratificar la demanda en el término concedido, se tendrá por no presentada la misma, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley de Amparo y quedarán sin efecto las medidas decretadas. f) Ratificarle a la autoridad ante quien esté detenida la agraviada, la suspensión de plano decretada por este órgano jurisdiccional, respecto del acto reclamado consistente en la deportación o expulsión, así como el traslado a diversa Estación Migratoria; suspensión concedida para el efecto de que cesen cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, que afecten o pudieran afectar la integridad personal de la agraviada, tales como privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, desaparición forzada de personas, debiendo acatar esta orden las autoridades responsables e informar a este juzgado, en el improrrogable término de veinticuatro horas, sobre el cumplimiento dado a la suspensión otorgada. En la inteligencia, que deberá prevenirse a las responsables, para que de inmediato se abstengan de hacer cualquiera de los actos mencionados contra la directa quejosa, debiendo informar de inmediato el cumplimiento que dén a la presente determinación. g) Requerir a la quejosa para que manifieste si es su voluntad designar como sus representantes a los licenciados Ana Karen Maldonado Vera, Alan Daniel Fernández Oquedo y Francisco Flores Beltrán, así como autorizar para oír y recibir documentos a Oscar Chavira Covarrubias, o en su caso a la persona que sea su voluntad designar.. h) Levantar acta pormenorizada de todo lo anterior. Desde este momento, con fundamento en el tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de cualquier diligencia derivada del presente juicio de amparo. Se tiene a la promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en la demanda, y autorizando en los términos amplios que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados Ana Karen Maldonado Vera y Alan Daniel Fernández Oquedo y en términos restringidos del numeral en cita a Francisco Flores Beltrán y Oscar Chavira Covarrubias, en virtud de que no tienen cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Asimismo, se le tiene proponiendo los correos electrónicos y número telefónico a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, en términos del artículo 22, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo y en relación con los diversos 3, 7, 11, 22 y 24 y Sexto transitorio del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, intégrese y tramítese a partir de este proveído el expediente electrónico del Juicio de Amparo en que se actúa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); para tal efecto se ordena al oficial administrativo la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboren, así como toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo, o en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, procédase a su impresión a efecto de ser incorporados al expediente, y en cuanto a los Actuarios, deberán digitalizar todas aquellas actas, citatorios y razones de notificación que elaboren; en en tanto que el Secretario deberá cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad. Por consiguiente, de conformidad con los artículos 3, 8, Titulo Cuarto Información Clasificada (97-109), Capítulo II, De la Información Reservada (110-112), Capítulo III, De la Información Confidencial (113-117), así como el Capítulo IV, De las Versiones Públicas (118-139), 140 y 141 y con lo dispuesto por el Capítulo I, del Título Séptimo de la mencionada Ley, se deberá proceder, en concordancia con la normativa que rige en lo atingente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en la aplicación de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, para garantizar el derecho de acceso a la Información Pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos federales o realice actos de autoridad, en los términos previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En tal sentido, hágase del conocimiento de las partes, que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla debidamente resguardada en sobre cerrado con la leyenda correspondiente a "información reservada" o "información confidencial", como parte de las medidas necesarias que les corresponde tomar para asegurar su custodia y conservación, de conformidad con el artículo 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aunado a que las documentales respectivas deberán llevar las leyendas que precisa el artículo 30 del Reglamento de la referida ley. En la inteligencia que de no cumplir con lo anterior, se entenderá que se trata del supuesto previsto en el último párrafo del artículo 30 del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, es decir, que se trata de versiones públicas y consecuentemente, se podrá ordenar que se glosen al expediente quedando a disposición de las partes para su consulta, bajo la total responsabilidad de la parte que las exhiban, debiendo asumir las consecuencias legales que deriven de ello. Apercibidas que en caso de no hacerlo, como se indica, cualquier divulgación de información será atribuible únicamente a la parte que lo hubiese exhibido, debido al incumplimiento de las medidas que se encuentran obligadas a observar, haciéndose además, acreedoras a una multa de cincuenta veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (86.88) de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237, fracción I, en relación con el numeral 259, de la Ley de Amparo. Por tanto, se hace saber a las partes que la sentencia ejecutoria y las demás resoluciones públicas que se dicten en el presente juicio, una vez emitidas, así como éste una vez concluido, podrán ser consultadas por el público en general conforme al procedimiento de acceso a la información aludido que establezcan las atribuciones de los órganos en materia de Transparencia, así como los procedimientos de acceso a la Información Pública y protección de datos personales. Asimismo, se les comunica que sus datos personales aparecerán en las listas de notificación que se publiquen por vía electrónica, excepto cuando se haga valer por alguna de las partes la oposición a la que se refiere el artículo 8° de la precitada ley, para lo cual quedan expeditos sus derechos. Se hace del conocimiento de las partes en que a partir del tres de agosto de dos mil veinte, está disponible en el Portal de Servicios en Línea, un micrositio denominado "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual los justiciables encontrarán la "Agenda OJ", en la que podrán generar citas para consultar expedientes, así como para el desahogo de comparecencias o requerimientos, a través de un proceso automatizado que otorga al solicitante un Código QR que, a su vez, permitirá que, la persona que pide la cita y, en su caso, un acompañante (siempre y cuando esté autorizado en el expediente respectivo), ingresen al órgano jurisdiccional, lo cual puede consultarse específicamente en la página https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales. El acceso estará condicionado a que al menos una de las personas que acuda a la cita se identifique como aquella a cuyo nombre se generó, sin que la otra esté exenta de registrarse. El acceso podrá restringirse a quienes acudan fuera del horario previsto y a quienes no cumplan los requisitos para pasar los filtros sanitarios. No se omite informarles que, cuando a la cita pretenda acudir una persona vulnerable frente a la enfermedad Covid-19 o una persona con discapacidad, así lo deberá manifestar al generarla, de modo que su atención se realice en los espacios accesibles que para tal efecto establezca la administración del edificio sede en que se ubica este Juzgado. Dado que el número de espacios de mayor accesibilidad es limitado, el sistema indicará si en el horario seleccionado no existen lugares disponibles con estas características, de modo que pueda buscarse otra cita; ello conforme lo previsto en el numeral 4 del Acuerdo General 21/2020 en cita. Asimismo, encontrarán videos tutoriales y el Manual para personas usuarias del Portal de Servicios en Línea en los enlaces: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda y https://w3.cjf.gob.mx/pslvideos/. En el entendido, que el artículo 15 del citado Acuerdo General 21/2020, que establece los turnos y horarios escalonados para el trabajo presencial en todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, mismo que fue reformando mediante el diverso Acuerdo General 25/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el cual entró en vigor el uno de noviembre del año en curso, decreta que las jornadas presenciales serán de seis horas; por tanto, el horario de labores de este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, comprende de las trece horas con quince minutos hasta las diecinueve horas con quince minutos, de lunes a viernes (horario vespertino), sin posibilidad de ser extendido por causa alguna. Medidas relativas a la etapa de contingencia. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes. Por otra parte, el artículo 6°, tercer párrafo y apartado B, fracción I, de la Constitución, reconoce que el Estado mexicano está obligado a garantizar el derecho de acceso universal, equitativo, asequible y oportuno a las tecnologías de la información y comunicación. La indisociable vinculación entre ambos derechos se materializa a través del concepto de e-Justicia. Al respecto, el Consejo de la Judicatura Federal reconoce que el avance y desarrollo de la infraestructura y servicios de las tecnologías de la información y la comunicación son herramientas transversales para el fortalecimiento de la impartición de justicia y la protección de los derechos humanos. Lo anterior, a fin de privilegiar la comunicación a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, de modo que los quejosos o terceros interesados deberán indicar el "nombre de usuario" con que cuenten ellos mismos o sus autorizados, a fin de que se autorice su notificación y acceso al expediente electrónico. Mientras que, a las autoridades, en su carácter de responsables y terceros interesados, se les hará la primera notificación mediante oficio digitalizado firmado electrónicamente y remitido por correo electrónico, acorde a lo establecido en el décimo transitorio del Acuerdo General 21/2020, así como las subsecuentes, dado el esquema hibrido en que es necesario continuar el presente asunto, para lo cual deberán proporcionar una dirección de correo electrónico en la que se le deban hacer las notificaciones en este asunto, mientras no obtenga un usuario del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Toda vez que este tipo de notificación no genera acuses en automático, deberán confirmar la recepción del correo, especificando los archivos que se les enviaron, lo cual será certificado por la fedataria judicial, contarán con un plazo máximo de dos días a partir del envío de la determinación para indicar que quedaron notificados; apercibidos que, transcurrido ese término este órgano jurisdiccional tendrá por hecha la notificación y será a partir del tercer día en que sus términos comenzarán a correr; lo cual encuentra sustento, por analogía, en el contenido de los artículos 27, fracción I, incisos b) y c), así como 30, fracciones I y II, ambos de la Ley de Amparo. Asimismo, las autoridades que deseen incorporarse al directorio realizado con motivo del convenio de interconexión con el Consejo de la Judicatura Federal, o que quieran actualizar el correo electrónico en el que deban ser notificadas, podrán realizar la solicitud de incorporación o modificación al siguiente correo electrónico: casesoresp@correo.cjf.gob.mx. Por otra parte, cuando la notificación deba practicarse de manera personal, la diligencia deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Cuando se cuente con información de contacto de las partes, se buscará acordar previamente su realización, siempre que ello se estime pertinente para el éxito de la diligencia y la seguridad de quienes intervengan en la misma. Lo anterior es así, considerando que la seguridad de los certificados de FIREL y e.firma permiten garantizar la identidad de las personas que los utilizan, las personas justiciables podrán utilizar el aplicativo de firma electrónica generado por el Consejo de la Judicatura Federal para firmar documentos, con independencia de que las promociones que se remitan a través del Portal de Servicios en Línea deberán firmarse electrónicamente desde el propio Portal. El aplicativo de firma electrónica se encuentra disponible en los siguientes enlaces http://portalconsejo.cjf.gob.mx, desde el Portal, y https://w3.cjf.gob.mx/firmaelectronica/ desde Internet. Se hace saber a las partes que todos los acuerdos y oficios en los que consten las evidencias criptográficas correspondientes, es innecesario agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa, y que, para el caso que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, el fedatario correspondiente queda facultado para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. En ese orden, se reitera las autoridades responsables que las promociones y comunicaciones que se dirijan al sumario en que se actúa podrán remitirse al correo oficial del juzgado 6jdo17cto@correo.cjf.gob.mx. Las notificaciones se realizaran por regla general mediante lista, con fundamento en los ordinales 26, fracción III y 29 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV-2, se ordena que las notificaciones en el presente asunto se realicen por lista, mediante la publicación en internet, consultable en: https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm de la página web de Servicios y Trámites de la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, salvo aquéllas de carácter personal. Adicionalmente, se instruye a la Actuaria Judicial para que la publicación de este auto se incluya en la lista que deberá ser remitida a la Administración Regional de esta demarcación, para que el personal de ésta las coloque en un espacio de fácil acceso para quienes acudan sin contar con una cita. Por último, tomando en consideración que el presente asunto corresponde a los previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo con relación al 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que amerita la tramitación urgente cuya recepción se hizo por medio del secretario de guardia, se ordena remitir copia de la demanda de amparo y auto admisorio al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, residentes en la localidad, para que realice el registro y compensación adecuados en su sistema correspondiente a estos asuntos y conforme a la normativa del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese, haciéndolo personalmente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, así como de forma inmediata y personalmente a Cecilia Elizabeth Mejía Saquic, en el lugar en que dice la promovente se encuentra privada de la libertad. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Jesús Manuel Mora Bustillos, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

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