Cecilia Coronado Cano

Expediente 491/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 7 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
491/2020
Año
2020
Actuaciones
7
Última actuación
15/11/2023

Partes del expediente

  • Cecilia Coronado Cano
  • Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Juárez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    En quince de noviembre de dos mil veintitrés, el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado Jesús Manuel Mora Bustillos, hace constar y certifica: Que el presente expediente impreso, coincide en su totalidad con el expediente electrónico que se encuentra en el sistema denominado "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes" (S.I.S.E.), lo anterior en cumplimiento a lo expuesto en el último párrafo del artículo 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que entró en vigor al día siguiente de su publicación. Lo que se asienta para los fines legales a que haya lugar. Doy fe. El Secretario Lic. Jesús Manuel Mora Bustillos.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, doce de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan loso presentes autos, se advierte que transcurrió el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso revisión en contra del fallo dictado en este juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por lo que, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario imperio, se declara que dicha sentencia que sobreseyó en el juicio de amparo, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro correspondiente y archívese este expediente como asunto totalmente concluido por el término de tres años. Atento a la resolución que puso fin al presente juicio, en términos de lo dispuesto en los artículos 12, 14 y 21 inciso a), y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se declara que el mismo es destruible. Como lo dispone el penúltimo párrafo del artículo 21, del Acuerdo General en cita, cumplido el plazo de conservación de tres años, dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Conforme lo indica el párrafo segundo, del numeral 35, del citado Acuerdo General, se ordena anotar en la carátula del presente expediente, la fecha de archivo y que es destruible. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Jesús Manuel Mora Bustillos, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Visto para resolver el Juicio de Amparo 419/2020-IV, promovido por Cecilia Corona Cano, contra actos del Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Juárez, Chihuahua, con residencia en la localidad; y, R e s u l t a n d o : Primero. Por escrito presentado el quince de octubre de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta ciudad y que por turno correspondió conocer a este Juzgado Sexto de Distrito en el estado de Chihuahua, Cecilia Corona Cano, por su propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Juárez, Chihuahua, con residencia en esta ciudad, consistentes en: "IV.- ACTOS RECLAMADOS.- Señalo como acto reclamado la abstención de la responsable de dictar acuerdo en el sentido de admitir o negar el recurso de revisión interpuesto en contra de la resolución dictada por el Tesorero Municipal, del Municipio de Juárez, mediante el cual declara improcedente a devolución del impuesto predial solicitado."(sic) Segundo. Por auto de dieciséis de octubre de dos mil veinte, se admitió la demanda de que se trata, fecha en que se pidió a la autoridad responsable su informe justificado, se dio al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, la intervención que le compete y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual cumplidos los requisitos legales inició en términos del acta que antecede; por lo que, C o n s i d e r a n d o : Primero. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías de conformidad con lo dispuesto por el artículo 37, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que la autoridad responsable a quien se le reclaman actos omisivos, reside en esta ciudad, lugar donde el suscrito Juez de Distrito ejerce jurisdicción. Segundo. A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se fijan de manera clara y precisa los actos que el solicitante de amparo señala de inconstitucionales, los cuales, una vez realizado el análisis integral de la demanda, en congruencia con las constancias del presente expediente, se desprende que es el siguiente: La omisión del Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Juárez, Chihuahua, con residencia en esta ciudad, de acordar el recurso de revisión hecho valer por Cecilia Coronado Cano contra la resolución dictada por el Tesorero del Municipio de Juárez, el quince de mayo de dos mil diecinueve, contenida en el oficio TM/CJ/4428/2019. Tercero. La autoridad, Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Juárez, Chihuahua, con sede en la localidad, rindió su informe justificado, en el que conviene la existencia del acto reclamado. En apoyo a lo anterior, remitió copia certificada de diversas constancias que emanan del expediente laboral R-23/2019 de su índice. No obstante ello, mediante correo electrónico oficial recibido el día de hoy, en alcance al informe justificado, el licenciado Roberto Baquera Gómez, en su carácter de Director Juridico y encargado de despacho de los asuntos de la Secretario de la Presidencia Municipal y del Honorable Ayuntamiento, acreditó que mediante proveído de ocho de febrero del año en curso, emitido en el recurso de revisión R 23/2019, se admitió a trámite el recurso de revisión hecho valer por Cecilia Coronado Cano contra la resolución dictada por el Tesorero del Municipio de Juárez, el quince de mayo de dos mil diecinueve, contenida en el oficio TM/CJ/4428/2019, documentales que revisten valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Cuarto. Previo al análisis del fondo de la litis constitucional planteada, es necesario estudiar las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, de conformidad con el artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que quien esto resuelve debe estudiarlas aún de oficio, las aleguen o no las partes. Sobre el particular es aplicable la tesis 814, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que puede ser consultada en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación de 1995, tomo VI, parte Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, página 553, que dice textualmente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". El suscrito Juez de Distrito advierte de oficio la actualización de la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que señala: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. ." En efecto, de las constancias que integran el presente juicio, se advierte que con esta fecha el licenciado Roberto Baquera Gómez, en su carácter de Director Juridico y encargado de despacho de los asuntos de la Secretario de la Presidencia Municipal y del Honorable Ayuntamiento, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 9 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua, y de conformidad con el oficio número SA/016/2021, de dos de febrero del año en curso, con sede en la localidad, en alcance a su informe justificado remitió copia proveído de ocho de febrero del año en curso, emitido en el recurso de revisión R 23/2019, se admitió a trámite el recurso de revisión hecho valer por Cecilia Coronado Cano contra la resolución dictada por el Tesorero del Municipio de Juárez, el quince de mayo de dos mil diecinueve, contenida en el oficio TM/CJ/4428/2019 y cuya omisión constituía el acto reclamado. Lo que se corrobora con el escrito de cuenta, presentado por el autorizado de la quejosa, mediante el cual expone que derivado del seguimiento dado por la autoridad responsable en el procedimiento instaurado por la quejosa directa, se actualiza la causal de improcedencia, prevista por la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, al haber cesado lo efectos, del acto reclamado, sin embargo en virtud de lo expuesto en el presente considerando, se estima que la causal de improcedencia que se actualiza, es la diversa que se analiza. Así, el suscrito Juez Federal reitera que se actualiza la causa que hace improcedente el juicio de amparo, prevista por el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, puesto que en el procedimiento administrativo de origen, ha operado un cambio de situación jurídica. Se dice lo anterior, ya que el acto reclamado, emana de un procedimiento administrativo y con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, se pronunció una resolución que cambió la situación jurídica en que se encontraba la quejosa al promover la demanda de amparo; asimismo, no es posible pronunciarse sobre la constitucionalidad de la omisión reclamada, sin afectar el proveído de ocho de febrero del año en curso, por lo que dicha omisión debe considerarse consumada de manera irreparable; por último, existe autonomía o independencia entre la omisión reclamada y el auto admisorio dictado en consecuencia, por lo que éste podría subsistir, con independencia de que la omisión resultara o no inconstitucional. Es pertinente al particular tratado, el contenido de la tesis 2a. CXI/96, emitida en Novena época, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece en la página 219 del tomo IV, correspondiente al mes de diciembre de mil novecientos noventa y seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." En tal virtud, al actualizarse la causa que hace improcedente el juicio de amparo, contenida en la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, lo procedente es, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia, sobreseer en el juicio de amparo en que se actúa. Sin que la anterior determinación se considere negación de justicia. Ello es así porque aun cuando en nuestro orden jurídico se reconoce el derecho de tutela judicial efectiva a favor de las personas, no implica que los órganos jurisdiccionales deban estimar que en todos los casos se acredita el interés jurídico de quienes acuden a instar la protección de la Justicia de la Unión, pues ello sería tanto como dar al citado derecho un alcance absoluto que desconocería las limitaciones legal y constitucionalmente admitidas que guardan una razonable relación de proporcionalidad entre los medios que deben emplearse y su fin; es decir, se desvirtuaría la finalidad de instrumentar requisitos y presupuestos procesales que permitan mantener la legalidad y seguridad jurídica requeridas dentro del sistema jurídico, en tanto que se beneficiaría indebidamente a una parte y se desconocerían los derechos de la contraparte en un proceso. Aunado a que las causas de improcedencia y sobreseimiento, son compatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues no impiden decidir sencilla, rápida y efectivamente sobre los derechos fundamentales reclamados como violados dentro del juicio constitucional, puesto que su propósito de condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo en los casos sin mérito, es en sí legítimo. Apoya lo expuesto, la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, que dice: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. Del examen de compatibilidad de los artículos 73 y 74 de la Ley de Amparo con el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos no se advierte que el derecho interno desatienda los estándares que pretenden proteger los derechos humanos en dicho tratado, por regular causas de improcedencia y sobreseimiento que impiden abordar el estudio de fondo del asunto en el juicio de amparo, en virtud de que el propósito de condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo de casos sin mérito, es en sí legítimo, por lo que esa compatibilidad, en cuanto a los requisitos para la admisibilidad de los recursos dependerá, en principio, de los siguientes criterios: no pueden ser irracionales ni de tal naturaleza que despojen al derecho de su esencia, ni discriminatorios y, en el caso, la razonabilidad de esas causas se justifica por la viabilidad de que una eventual sentencia concesoria tenga un ámbito de protección concreto y no entre en conflicto con el orden jurídico, no son de tal naturaleza que despojen al derecho de su esencia ni tampoco son discriminatorias, pues no existe alguna condicionante para su aplicabilidad, en función de cuestiones personales o particulares del quejoso. Por tanto, las indicadas causas de improcedencia y sobreseimiento no son incompatibles con el citado precepto 25.1, pues no impiden decidir sencilla, rápida y efectivamente sobre los derechos fundamentales reclamados como violados dentro del juicio de garantías.". En atención a que el sobreseimiento decretado constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado, no se entrará al análisis de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, ya que al haberse actualizado una causal de improcedencia del presente juicio, impide el examen de constitucionalidad del acto reclamado, sin que ello genere agravio alguno a la quejosa, porque aquella cuestión es de estudio preferente y de orden público. Cabe invocar al respecto, la jurisprudencia 58, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que se lee como sigue: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." Asimismo, se hace la precisión que de conformidad con el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, algunas de las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente auto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la vigente. Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo además en los Artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve: ÚNICO. De conformidad con el considerando cuarto, se SOBRESEE en el presente Juicio de Garantías promovido por Cecilia Corona Cano, en contra de los actos que reclamó de la Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Juárez, Chihuahua, que quedaron precisados en el considerando segundo de esta sentencia. N o t i f í q u e s e. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Jesús Manuel Mora Bustillos, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Se notifica por lista a la parte quejosa el proveído de veintisiete de enero de dos mil veintiuno, toda vez que no acudió dentro de los dos días hábiles siguientes al Órgano Jurisdiccional a notificarse; lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo. Visto el escrito de cuenta, agréguese a los autos para que obre como corresponda, y téngase a la quejosa Cecilia Corona Cano, solicitando se le tenga desistiéndose del presente juicio de amparo por las razones que expone. De tal manera, a fin de estar en aptitud de acordar de conformidad su petición, requiérasele para que en el plazo de tres días, computados legalmente, comparezca ante este órgano jurisdiccional plenamente identificada, a fin de que ratifique el escrito de desistimiento de marras; apercibida que de no hacerlo así en el plazo otorgado, se continuará con la secuela procesal del sumario en que se actúa. A efecto de lo anterior, se le hace de su conocimiento, que a partir del tres de agosto de dos mil veinte, está disponible en el Portal de Servicios en Línea, un micrositio denominado "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual los justiciables encontrarán la "Agenda OJ", en la que podrán generar citas para consultar expedientes, así como para el desahogo de comparecencias o requerimientos, a través de un proceso automatizado que otorga al solicitante un Código QR que, a su vez, permitirá que la persona que pide la cita y, en su caso, un acompañante (siempre y cuando esté autorizado en el expediente respectivo), ingresen al órgano jurisdiccional, lo cual puede consultarse específicamente en la página https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccio nales. El acceso estará condicionado a que al menos una de las personas que acuda a la cita se identifique como aquella a cuyo nombre se generó, sin que la otra esté exenta de registrarse. El acceso podrá restringirse a quienes acudan fuera del horario previsto y a quienes no cumplan los requisitos para pasar los filtros sanitarios. No se omite informarle que, cuando a la cita pretenda acudir una persona vulnerable frente a la enfermedad Covid19 o una persona con discapacidad, así lo deberá manifestar al generarla, de modo que su atención se realice en los espacios accesibles que para tal efecto establezca la administración del edificio sede en que se ubica este Juzgado. Dado que el número de espacios de mayor accesibilidad es limitado, el sistema indicará si en el horario seleccionado no existen lugares disponibles con estas características, de modo que pueda buscarse otra cita; ello conforme lo previsto en el numeral 4 del Acuerdo General 21/2020 en cita. Asimismo, encontrarán videos tutoriales y el Manual para personas usuarias del Portal de Servicios en Línea en los enlaces: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/A yuda y https://w3.cjf.gob.mx/pslvideos/. En el entendido, que el artículo 15 del citado Acuerdo General 21/2020, que establece los turnos y horarios escalonados para el trabajo presencial en todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, mismo que fue reformando mediante el diverso Acuerdo General 25/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el cual entró en vigor el uno de noviembre del año en curso, decreta que las jornadas presenciales serán de seis horas; por tanto, el horario de labores de este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, comprende de las trece horas con quince minutos hasta las diecinueve horas con quince minutos, de lunes a viernes (horario vespertino), sin posibilidad de ser extendido por causa alguna. Medidas relativas a la etapa de contingencia. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes. Por otra parte, el artículo 6°, tercer párrafo y apartado B, fracción I, de la Constitución, reconoce que el Estado mexicano está obligado a garantizar el derecho de acceso universal, equitativo, asequible y oportuno a las tecnologías de la información y comunicación. La indisociable vinculación entre ambos derechos se materializa a través del concepto de e-Justicia. Al respecto, el Consejo de la Judicatura Federal reconoce que el avance y desarrollo de la infraestructura y servicios de las tecnologías de la información y la comunicación son herramientas transversales para el fortalecimiento de la impartición de justicia y la protección de los derechos humanos

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