Cecilia Domínguez Pérez

Expediente 887/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 10 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
887/2020
Año
2020
Actuaciones
10
Última actuación
07/06/2021

Partes del expediente

  • Cecilia Domínguez Pérez
  • Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Tabasco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, SIETE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista; la certificación que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el catorce de mayo de dos mil veintiuno, en la que en su primer punto resolutivo se le negó el amparo y la protección de la Justicia Federal a Cecilia Domínguez Pérez; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo Décimo Octavo fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el citado numeral. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente distintas a la demanda y la sentencia, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Finalmente, devuélvase al Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tabasco, en representación del Pleno del Consejo de la Judicatura, con residente en la ciudad, la copia certificada del expediente 112/2016, de su índice, en un tomo, que remitió como apoyo a su informe justificado, el cual se manejó por cuerda separada. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA 2 VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 887/2020-2, promovido por Cecilia Domínguez Pérez, contra actos del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, por estimarlos violatorios de los artículos 14, 16, 17 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el catorce de octubre de dos mil veinte, se recibió la presente demanda a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, misma que fue recibida por la Oficina de Correspondencia Común y turnada a este órgano jurisdiccional el quince de octubre de dos mil veinte, Cecilia Domínguez Pérez solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los acto y autoridad que a continuación se detalla: A C T O S R E C L A M A D O S "a). La inconstitucionalidad e ilegal resolución de fecha 17 de septiembre de 2020, por el que se puso fin al Proceso de Responsabilidad Administrativa número 112/2016, seguido en mi contra; y, 2. La ilegal e inconstitucional ejecución de la misma. Ambas por vicios propios (.)" A U T O R I D A D R E S P O N S A B L E "PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TABASCO (.)" SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El dieciséis de octubre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo, la cual fue registrada con el expediente 887/2020-2; se requirió a la autoridad señalada como responsable para que rindiera su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público de la adscripción; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. SUSPENSIÓN DE LABORES Y ADOPCIÓN DE MEDIDAS ESPECIALES. El veinte de diciembre de dos mil veinte, las Consejeras integrantes de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada de manera extraordinaria, aprobaron el punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal". Lo anterior, con el fin de salvaguardar la salud de las y los justiciables, y de las y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, por lo que determinaron adoptar medidas especiales a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinte y hasta el once de enero de dos mil veintiuno. En cumplimiento a lo instruido, se regresó al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19. Mediante circular SECNO/1/2021, de ocho de enero de dos mil veintiuno, signada por la secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se dieron a conocer las medidas adoptadas y se precisó que el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. CUARTO. REANUDACIÓN DEL JUICIO. Mediante proveído de veinticinco de enero de dos mil veintiuno, se ordenó la reanudación del presente juicio y se dio vista a las partes con diverso informe justificado en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo; y, CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque la autoridad responsable tiene su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como acto reclamado: La resolución de diecisiete de septiembre de dos mil veinte, dictada por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tabasco, en el expediente administrativo 112/2016. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. La autoridad responsable Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del estado de Tabasco, en representación del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal del estado de Tabasco, aceptó el acto reclamado, lo cual se corrobora con la copia certificada del expediente administrativo 112/2016 que adjuntó a su informe justificado, por lo tanto, el acto que reclama la parte quejosa es cierto. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 278, en el Apéndice 2000 al Semanario Judicial de la Federación, tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, página 231, de rubro "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO". CUARTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. El presente juicio carece de causal de improcedencia aducida por las partes y, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, tampoco se advierte de oficio la actualización de alguna. QUINTO. ANTECENTENTES DEL ACTO RECLAMADO. Para mejor comprensión del asunto, es preciso reseñar los antecedentes del acto reclamado: 1.- Mediante escrito presentado el ocho de febrero de dos mil dieciséis, ante la Oficialía de Partes del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del estado de Tabasco, Ma. del Rocío Ramírez Martínez presentó queja administrativa contra la secretaria judicial Cecilia Domínguez Pérez y otros funcionarios adscritos al Juzgado Primero de Paz de Centro, Tabasco, imputándole diversas irregularidades del estado en que encontró la secretaría a su cargo al regresar de su periodo vacacional. 2.- Al respecto, el once de febrero de dos mil dieciséis, el Consejo de la Judicatura del Estado de Tabasco ordenó formar el expediente administrativo número 18/2016 y requirió al Juez Primero de Paz de Centro, Tabasco, la remisión de diversas copias certificadas de expedientes del índice del juzgado a su cargo, a efecto de integrar debidamente el expediente administrativo. 3.- Luego, en acuerdo de ocho de agosto de dos mil dieciséis, se recibieron las constancias solicitadas, y se requirió a la promovente de la queja, Ma. del Rocío Ramírez Martínez, para que ratificara su libelo. 4.- El dieciséis de agosto de dos mil dieciséis, Ma. del Rocío Ramírez Martínez compareció ante la autoridad responsable y ratificó su escrito de queja. 5.- Después, el treinta de agosto de dos mil dieciséis, el Pleno del Consejo de la judicatura del Poder Judicial del Estado de Tabasco dio trámite al procedimiento administrativo 112/2016 y solicitó a Cecilia Domínguez Pérez y otros sus respectivos informes, en relación con las diversas posibles irregularidades motivo de la queja. 6.- Mediante escrito presentado el treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis, Cecilia Domínguez Pérez rindió su informe, en relación con los hechos que se le atribuyeron. 7.- Seguida la secuela procesal, por resolución de treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, entre otras cosas, se consideró fundada la responsabilidad administrativa de Cecilia Domínguez Pérez, por la falta prevista en el artículo 112, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tabasco (abrogada), en relación con el numeral 110, primer párrafo, del Código de Procedimientos Civiles de dicha entidad federativa, en su actuar como Secretaria Judicial adscrita al Juzgado Primero de Paz de Centro, Tabasco, por lo que se impuso una sanción de tres días de suspensión de sus labores sin goce de sueldo. 8.- Inconforme con la anterior determinación, la parte quejosa presentó juicio de amparo, mismo que el once de julio de dos mil diecisiete se registró y admitió a trámite bajo el expediente 993/2017-5, del índice de este Juzgado de Distrito; y, una vez celebrada la audiencia constitucional, el veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete, el Juez Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, en auxilio de este órgano jurisdiccional, dictó sentencia en el siguiente sentido: "PRIMERO: LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE a Cecilia Domínguez Pérez contra la resolución de treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, dictada por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tabasco, por las razones y para los efectos precisados en el considerando VI de esta resolución. SEGUNDO: En atención a lo expuesto en la parte final de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia." 9.- Inconforme con esta resolución, la parte quejosa Cecilia Domínguez Pérez y el Presidente del Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tabasco, interpusieron recurso de revisión, de los que tocó conocer al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Circuito, bajo el expediente amparo en revisión 30/2018; mismo que se resolvió en sesión de doce de marzo de dos mil veinte, en el siguiente sentido: "PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia sujeta a revisión. SEGUNDO: La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Cecilia Domínguez Pérez, contra los actos reclamados al Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Tabasco, consistente en la resolución emitida en el procedimiento administrativo 112/2016, el treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, por los motivos y para los efectos señalados en el considerando sexto de la sentencia recurrida." 10.- En cumplimento a la anterior determinación, la autoridad responsable dictó una nueva resolución el diecisiete de septiembre de dos mil veinte, en el expediente administrativo 112/2016, en la que resolvió: "PRIMERO. En acatamiento a la ejecutoria de amparo, se deja insubsistente la resolución reclamada de treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, dictada por el Pleno del Consejo de la Judicatura, en el procedimiento administrativo en el que se actúa, contra la investigada Cecilia Domínguez Pérez, y en consecuencia, se procede a dictar una nueva resolución en la que se observen los lineamientos de la ejecutoria de amparo que hoy se cumple. SEGUNDO. Este Pleno resulta competente para conocer y resolver en la presente causa. TERCERO. En los términos de los considerandos V y VI, de esta resolución, se declara FUNDADA la responsabilidad administrativa por la falta oficial prevista en el artículo 112, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, atribuida a la servidora judicial Cecilia Domínguez Pérez, Secretaria Judicial adscrita al Juzgado de Paz de Centro, Tabasco, en el momento de los hechos. CUARTO. Atento a los señalado en el considerando VI de este fallo se impone a Cecilia Domínguez Pérez, la sanción disciplinaria de TRES DÍAS DE SUSPENSIÓN DE SUS LABORES SIN GOCE DE SUELDO. Dicha sanción se ejecutó respecto de los días (06) SEIS, (11) ONCE DE JULIO y (08) OCHO DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECISIETE (2017), en atención a la primigenia sentencia ahora insubsistente. QUINTO. Mediante atento oficio remítase copias certificadas en el expediente personal de Cecilia Domínguez Pérez, para que integren el Registro de Servidores Públicos Sancionados, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 142 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura. SEXTO. Hágase las anotaciones respectivas en los libros de gobierno y de sancionados que se llevan en este Consejo de la Judicatura y en su oportunidad archívese este expediente como asunto total y legalmente concluido." La anterior resolución constituye el acto reclamado. SEXTO. PLANTEAMIENTO Y DECISIÓN DE ESTE JUZGADOR FEDERAL. Se procede al estudio de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, sin que sea el caso transcribirlos textualmente pues no se advierte como una obligación para cumplir con los requisitos de congruencia y exhaustividad en las sentencias. Cabe señalar que los conceptos de violación se analizarán en atención a los hechos, puntos debatidos y al extraer de ellos sus planteamientos torales, sin necesidad de atenderlos renglón por renglón, ni en el orden en que se propusieron, en términos de lo establecido en los artículos 74, fracción II, 76 y 189, párrafo primero, de la Ley de Amparo; lo que no implica soslayar su derecho de defensa y los principios de exhaustividad y congruencia de los fallos consagrados en el 17 constitucional, dado que se cumplen al estudiarse en su integridad el problema materia de la litis constitucional. Asimismo, es importante destacar que, en el asunto no procede suplir la deficiencia de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, pues no encuadra en las hipótesis que establece el artículo 79 de la Ley de Amparo para hacerlo; ello, en virtud que los actos reclamados emanan de un procedimiento de responsabilidad administrativa. Lo anterior, tiene apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 190/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 705, Libro 38, Tomo I, correspondiente al mes de enero de 2017, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de la Décima Época, de rubro y texto siguiente: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE EN LOS JUICIOS DE AMPARO TRATÁNDOSE DE ACTOS DERIVADOS DE UN PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA CONTRA UN SERVIDOR PÚBLICO, POR NO ESTAR INMERSOS EN LA MATERIA LABORAL. Para que proceda la aplicación de la suplencia de la queja deficiente a que se refiere la indicada porción normativa, es menester no sólo que el quejoso tenga la calidad de trabajador o empleado sino que, además, se trate de un asunto cuya materia derive de un conflicto laboral, es decir, que tenga incidencia, de manera directa e inmediata, en algún derecho previsto en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin importar si el origen de la relación de subordinación deriva de una relación regulada por leyes laborales o administrativas, pues basta con que se afecte algún interés fundamental tutelado por el precepto constitucional aludido y que en el amparo intervenga un trabajador o empleado en defensa de aquél para que surja la obligación del órgano de control constitucional de aplicar la institución de mérito a su favor. Por tanto, como el procedimiento de responsabilidad administrativa contra servidores públicos no nace ni se desarrolla a partir de la conceptualización del derecho laboral vinculado con las prestaciones y obligaciones a que se contrae aquel precepto constitucional, sino del régimen a que están sujetos por virtud del ejercicio de una función pública en estricto derecho administrativo, conforme al artículo 109, fracción III, de la Constitución Federal (antes 113, párrafo primero), es claro que en los juicios de amparo cuya materia se ciña a algún acto dictado en ese tipo de procedimientos no opera la suplencia de la queja deficiente a que se refiere el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo." Ahora bien, en su único concepto de violación, la parte quejosa aduce que la autoridad responsable, al tramitar y resolver el proceso administrativo de responsabilidad número 112/2016, del índice de la autoridad responsable, no observó las formalidades esenciales del procedimiento administrativo de responsabilidad, establecidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tabasco -reformada mediante Decreto 072 de siete de marzo de dos mil diecinueve, publicado en el Periódico Oficial del Estado número 7985 "C" de dieciséis de marzo de dos mil diecinueve-, vigente al momento de iniciarse el juicio administrativo, por lo que viola en su agravio y perjuicio lo dispuesto en los artículos 1 y 133 de la Constitución Federal, así como las garantías otorgadas para su protección, contenidas en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por las razones que expone en diversos apartados. Al respecto, en su primer apartado señala que al haber iniciado y tramitado el proceso de responsabilidad bajo la Ley Orgánica del Poder Judicial vigente a partir del veintinueve de mayo de dos mil dieciséis, la responsable omitió resolver lo referente a las violaciones esenciales del procedimiento que denunció en el punto primero desde su escrito de fecha veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, las que ante la libertad de jurisdicción reiteró. Por lo que, de los considerandos V, VI y resolutivo cuarto de la resolución impugnada, no se advierte que la responsable haya emitido pronunciamiento legal, lógico y jurídico, donde de manera fundada y motivada, congruente y exhaustiva, resolviera las violaciones procesales denunciadas, referente a que la responsable no podía ser juez y parte en el proceso de responsabilidad administrativo, pues la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tabasco, vigente a partir del veintinueve de mayo de dos mil dieciséis -bajo la que se le inició el procedimiento administrativo-, mismo que establece que la investigación debe encargarse a un órgano distinto al Consejo, pues ese órgano es el que emitirá el dictamen correspondiente para dar inicio al proceso de responsabilidad, el cual será turnado al Consejo. Los argumentos citados resultan inoperantes, debido a las siguientes consideraciones. Al respecto, lo inoperante de sus argumentos es porque existe cosa juzgada respecto a que en el procedimiento administrativo no existieron violaciones procesales. Lo anterior es así porque en la sentencia de veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete, dictada en el juicio de amparo indirecto 993/2017, del índice de este órgano jurisdiccional, se determinó lo siguiente: "24. Es importante señalar que ha sido criterio reiterado del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que las formalidades esenciales del procedimiento son aquéllas que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de autoridad y que de manera genérica se traducen en los siguientes requisitos: a. Notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; b. Oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas; c. Oportunidad de alegar; y d. Dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. 25. El respeto al derecho fundamental de audiencia impone a las autoridades, entre otras obligaciones, que el juicio que pueda culminar con un acto privativo, se siga ante tribunales previamente establecidos, conforme a leyes expedidas con anterioridad al hecho y que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento; ello, para otorgar al posible afectado, oportunidad de defensa. De no cumplirse esas condiciones fundamentales, haría nugatoria la garantía de audiencia, cuya finalidad es evitar la indefensión del afectado. 26. El artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo que interesa, dispone: "Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito que se trata. En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de esta se fundara en los principios generales del derecho." 27. El precepto constitucional instituye el derecho fundamental de audiencia consistente en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, que en el juicio o procedimiento que se siga se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, para la adecuada defensa de los derechos del particular. 28. No debe perderse de vista que este derecho sólo es aplicable tratándose de actos privativos entendidos como los que tienen como fin la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado; sin embargo, no todo acto de autoridad provoca esos efectos, pese a causar una afectación a la esfera jurídica del gobernado. Así lo consideró el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 40/96, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, julio de mil novecientos noventa y seis, página cinco, cuyo rubro dispone "ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCIÓN." 29. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo directo en revisión 4028/2013, determinó que la garantía de audiencia constituye el principal instrumento de defensa que tiene el gobernado frente a actos de cualquier autoridad que pretendan privarlo de sus derechos más preciados, como son la libertad y sus propiedades, tan es así que incluso se reconoce en diversos documentos de carácter internacional, como en el artículo 8.1. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el cual señala que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un Juez o tribunal competente independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. 30. Que el acto de privación regido por lo dispuesto en el artículo 14 constitucional, es aquel que constituye un fin por sí mismo con existencia independiente y no el que únicamente es un medio para la consecución de otro acto. En el primero de ellos, el fin perseguido por el acto radica en privar al sujeto de sus bienes, propiedades, posesiones o derechos con carácter definitivo; en cambio en el segundo, la privación no constituye la intención teleológica del acto, sino una medida de tipo provisional y accesoria para el logro de un objetivo diverso. 31. Así -determinó-, aunque en ambos casos el acto produce o puede generar una privación, sólo aquel cuyo sentido es definitivo se encuentra regido por la norma constitucional de referencia pues, atendiendo a su naturaleza, se garantiza al gobernado que no debe llevarse a cabo sin que se le brinde la oportunidad de ser oído en defensa de sus intereses, con la debida amplitud, por la evidente gravedad que el acto reviste. Por el contrario, cuando el acto privativo es provisional, esto es, cuando la privación no es la razón de ser del acto, resulta innecesario otorgar al afectado, previamente, la oportunidad de defensa en virtud de la accesoriedad de la medida. 32. Se afirma que no asiste razón a la quejosa, porque de las constancias que integran el expediente administrativo 112/2016 se advierte que sí fueron cumplidas las formalidades del procedimiento. 33. Al respecto cobra relevancia lo dispuesto en el numeral 118 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tabasco, vigente hasta el veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, que prevé el procedimiento para imponer sanciones a los servidores públicos que cometan las faltas oficiales; numeral que dispone: "Artículo 118. Para la determinación de las responsabilidades a que se refiere este Título deberá seguirse el procedimiento siguiente: I. Dentro de los cinco días siguientes a la recepción de la queja o denuncia se proveerá su ratificación por la parte que la formula. II. Hecho lo cual, se enviará una copia del escrito y sus anexos al servidor público, para que éste en un término de cinco días hábiles formule un informe sobre los hechos comprendidos en el escrito de queja o denuncia. III. Recibido el informe, ratificado el escrito y desahogadas las pruebas, si las hubiere, o fuera posible legalmente su perfeccionamiento, se resolverá dentro de los treinta días hábiles siguientes, la inexistencia de responsabilidad o imponiendo al servidor público infractor las sanciones administrativas correspondientes, y se notificará la resolución al interesado dentro de las setenta y dos horas [.]" 34. Del precepto legal se obtiene que el procedimiento de responsabilidad administrativa se inicia con una queja o denuncia, previa ratificación por la parte quien la formule, con la cual se dará vista al servidor público para que rinda su informe respectivo en un término de cinco días hábiles; una vez desahogadas las pruebas, si hubiere, se resolverá sobre responsabilidad administrativa dentro de los treinta días hábiles siguientes, la que será notificada al interesado dentro de las setenta y dos horas. 35. Como se adelantó, de las constancias que integran el expediente administrativo de origen se advierte que mediante diligencia de veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, la quejosa fue notificada del inicio del procedimiento administrativo instaurado en su contra (fojas 673 a 680 del tomo de pruebas). 36. Mediante escrito de veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, Cecilia Domínguez Pérez rindió su informe y ofreció pruebas; el cual fue acordado en sus términos el siete de noviembre siguiente (fojas 689 a 699 ídem). 37. Luego, el treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, se dictó resolución en el procedimiento administrativo (fojas 1061 a 1169 ibídem). 38. Dicha actuación se notificó personalmente a la aquí quejosa el veintisiete de junio de dos mil diecisiete (foja 1173 del tomo de pruebas). 39. De ahí que, no asista razón a la disconforme al señalar que la responsable no respetó las formalidades esenciales del procedimiento, pues como se ha evidenciado, la autoridad atendió los requisitos que deben observarse en las instancias procesales a efecto de que la parte quejosa estuviera en condiciones de defender adecuadamente sus derechos, ya que el juicio promovido se siguió ante un tribunal previamente establecido, conforme a leyes expedidas con anterioridad al hecho, se le notificó el inicio del procedimiento y sus consecuencias, tuvo la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas, así como alegar, y se dictó una resolución que dirimió la cuestión debatida. De ahí lo infundado del argumento hecho valer. 40. En otro aspecto, también dentro del primer agravio, la inconforme aduce que no se cumplieron con las formalidades esenciales del procedimiento porque la substanciación fue conforme a la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de Tabasco -publicada en el Periódico Oficial del Estado el veintiocho de mayo de dos mil dieciséis-, tan es así que en el auto admisorio se señaló que sería aplicable esa legislación al procedimiento administrativo instaurado en su contra. 41. Es fundado pero inoperante el aserto sintetizado. 42. Ello es así, porque si bien la responsable al dictar el auto de treinta de agosto de dos mil dieciséis, en el que inicio con el procedimiento de responsabilidad administrativa instaurado contra la aquí quejosa y otros, precisó que se substanciaría conforme a lo previsto por la Ley Orgánica del Poder Judicial de Tabasco, publicada en el Periódico Oficial del Estado el veintiocho de mayo de dos mil dieciséis; sin embargo, lo cierto es que de autos se advierte que las actuaciones se tramitaron bajo las reglas previstas en la ley orgánica que se abrogó por ese Decreto (vigente hasta el veintisiete de mayo de dos mil dieciséis). 43. No obstante lo anterior, la imprecisión apuntada resulta insuficiente para evidenciar la inconstitucionalidad del acto reclamado, según se pondrá de relieve a continuación. 44. Como se señaló, el procedimiento para imponer sanciones a los servidores públicos que cometan las faltas oficiales se encuentra regulado por el numeral 118 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tabasco , vigente hasta el veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, bajo el cual se substanció el procedimiento del que deriva el acto reclamado, como se puntualizará en párrafos subsecuentes; en tanto que la Ley Orgánica publicada en el Periódico Oficial del Estado el veintiocho de mayo de dos mil dieciséis, establece dicho procedimiento en los artículos 261 a 274 , en el que implementa diversas cuestiones al procedimiento e incorpora un apartado relativo a la investigación, previo al inicio del procedimiento de responsabilidad oficial o durante su tramitación, a cargo de la Visitaduría Judicial, Dirección de Contraloría o de quien el Pleno del Tribunal Superior de Justicia o del Consejo de la Judicatura designe para tal efecto, tal como se establece de los numerales 253 a 259. 45. En el caso, el procedimiento de responsabilidad administrativa se inició con motivo de la queja interpuesta por Ma. del Rocío Ramírez Martínez contra Cecilia Domínguez Pérez y otros funcionarios adscritos al Juzgado Primero de Paz de Centro, Tabasco (fojas 3 a 5 del tomo de pruebas). 46. Posteriormente, previa solicitud de constancias al juzgado incoado, el dieciséis de agosto de dos mil dieciséis, Ma. del Rocío Ramírez Martínez ratificó su escrito de queja; por lo que, el treinta de agosto siguiente se ordenó notificarle a la investigada el inició el procedimiento administrativo y se requirió su informe (fojas 625 a 638 ídem). 47. Luego, por ocurso de veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, Cecilia Domínguez Pérez rindió su informe y ofreció pruebas; el siete de noviembre de dos mil dieciséis, se admitieron las pruebas ofrecidas por la investigada consistentes en la instrumental pública de actuaciones y la presuncional legal y humana, con excepción de la prueba testimonial, la cual fue desechada al no estar contempladas en el artículo 252 de la ley orgánica vigente; posteriormente, el dieciocho de mayo de dos mil diecisiete, se declaró cerrada la instrucción (fojas 689 a 699, 725 a 734 y 1058 ibídem). 48. Finalmente, el treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, se dictó resolución en el procedimiento administrativo, misma que se notificó a la investigada el veintisiete de junio siguiente (fojas 1061 a 1169 y 1173 del tomo de pruebas). 49. Lo hasta aquí expuesto permite concluir que, contrario a lo alegado por la disconforme, la tramitación del procedimiento para imponer sanciones a los servidores públicos se substanció conforme a los requisitos exigidos por el artículo 118 de la ley orgánica abrogada, máxime que por disposición del artículo cuarto transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Tabasco, publicada en el Periódico Oficial del Estado el veintiocho de mayo de dos mil dieciséis, se estableció claramente que los procedimientos administrativos radicados a esa fecha se continuarían tramitando conforme a la ley abrogada hasta su total conclusión. 50. De ahí que la imprecisión apuntada en el sentido de que en el auto de inicio del procedimiento de responsabilidad se estableció que se substanciaría conforme a la ley antes citada, es insuficiente para considerar la ilegalidad de la resolución reclamada. [.]" De la anterior transcripción se desprende que, en la sentencia señalada se determinó que no existía violación al procedimiento, toda vez que de las constancias que integran el expediente administrativo se advirtió que sí fueron cumplidas las formalidades esenciales del procedimiento porque la quejosa fue notificada del inicio del procedimiento incoado en su contra, rindió su informe y ofreció pruebas, mismo que fue acordado en sus términos; asimismo, se dictó resolución en el procedimiento y fue notificada a la aquí quejosa. Al respecto, también en la anterior sentencia se determinó que la tramitación del procedimiento para imponer sanciones a los servidores públicos se substanció conforme a los requisitos exigidos por el artículo 118 de la ley orgánica abrogada y que la imprecisión apuntada en el sentido de que en el auto de inicio del procedimiento de responsabilidad se estableció que se substanciaría conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial de Tabasco, publicada en el Periódico Oficial del Estado el veintiocho de mayo de dos mil dieciséis, era insuficiente para considerar la ilegalidad de la resolución reclamada. Por lo anterior, sus argumentos referentes a que en el procedimiento existieron violaciones procesales, resultan inoperantes porque en la sentencia de veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete, relativa al juicio de amparo 993/2017, del índice de este juzgado, a la cual le reviste el carácter de cosa juzgada, ya se estudió y determinó que no hubo violaciones procesales en el procedimiento de responsabilidad administrativa. Sin que pase por desapercibido para este órgano jurisdiccional que la referida sentencia se concedió para la autoridad responsable dejara insubsistente la resolución de treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete y dictara otra en la se pronunciara sobre la totalidad de los puntos propuestos por la investigada en el escrito de veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, por el que rindió su informe. Y, que la referida ejecutoria de amparo se tuvo por cumplida el catorce de octubre de dos mil veinte, porque en la resolución de diecisiete de septiembre de dos mil veinte, la autoridad responsable dejó insubsistente la diversa resolución de treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete y se pronunció sobre los puntos expuestos en su escrito de veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, y, hecho lo anterior, resolvió de manera fundada y motivada; sin que la parte quejosa impugnara la citada determinación. De ahí lo inoperante de sus argumentos, toda vez que como se revisó con anterioridad, combaten cuestiones que ya fueron materia de otro juicio de amparo, al cual le reviste la figura cosa juzgada. Por otra parte, en su segundo y tercer apartado, la parte quejosa manifiesta que resulta ilegal lo resuelto por la responsable en los considerandos en los que refiere que al ostentar un nombramiento de Secretaria Judicial desde el dieciséis de agosto de mil novecientos noventa y seis, estaba obligada a actuar bajo ese nombramiento en la mesa penal de la que es titular la licenciada Ma. del Rocío Ramírez Martínez, lo que resulta ilegal y deja ver que la responsable le quiere fincar responsabilidad que es del propio Consejo por la omisión de dotar del personal correcto y adecuado a dicha secretaría, para atender los asuntos propios de la misma. Además, que estaba adscrita a la mesa civil y Ma. del Rocío Ramírez Martínez estaba adscrita a la mesa penal, por lo tanto, el nombramiento que refiere la responsable de dieciséis de agosto de mil novecientos noventa y seis, no tiene nada que ver, pues para eso era indispensable que, en su facultad investigadora, la responsable recabara informe de las autoridades y auxiliares administrativas correspondientes para que advirtiera que la suscrita estaba adscrita a ese juzgado a la mesa penal, como lo refirió el Juez de Paz en su informe. Y, en ese sentido, indica la quejosa que, el Juzgado de Paz por una secretaria civil y otra penal, por lo que el Consejo, acorde a sus facultades, debía cubrir esa ausencia por vacaciones, esto es, un funcionario interino; además, de que el Reglamento y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, vigente al momento de los hechos, establecen que cuando la necesidad del servicio lo requiera, el Pleno, las Salas, el Consejo o los juzgados lo deben solicitar, lo que no ocurrió, pues ni el juez ni el Consejo le encomendaron hacerse cargo de las promociones dejadas de acordar por la mesa Civil. Con lo que se demuestra que no hay causa-origen-consecuencia. Asimismo, la quejosa aduce que no estaba obligada a asumir funciones de la secretaría, pues ella estaba desempeñando sus propias funciones en la Secretaría Penal, conforme a su nombramiento y conforme a la ley orgánica, de la que no se advierte que ante la ausencia por vacaciones de un colega secretario, lo debe suplir en sus funciones otro secretario que ejerza funciones en el mismo órgano; ya que se encuentra impedida para ejercer funciones y atribuciones que corresponden a una rama distinta a la que tiene encomendada y porque no puede hacer un trabajo que no le fue encomendado legalmente. Los citados argumentos devienen inoperantes, por las siguientes razones. En la resolución combatida se advierte que la autoridad responsable, determinó: "En cuanto a la defensa planteada por la investigada, en el sentido que por las vacaciones de la titular de la mesa civil licenciada Ma. del Rocío Ramírez Martínez, no tenía ninguna obligación de acordar las promociones de la "mesa civil", ya que ella fungía como la titular de la mesa penal, al respecto, cabe señalar que de acuerdo al informe rendido mediante oficio OMT/1799/16, por el L.A. CÉSAR AUGUSTO ROMERO OCAÑA, el cual obra a foja setecientos veintiuno de autos, el cual fue valorado debidamente en el capítulo respectivo, se obtiene que la investigada Cecilia Domínguez Pérez, fue dada de alta en la institución desde el dieciséis de agosto de mil novecientos noventa y seis con el nombramiento de Secretaria Judicial, el diez de febrero del dos mil, sin que se especificará que realizaría actividades únicamente concerniente al área penal. Tampoco le asiste la razón a la investigada, pues de acuerdo a lo establecido en el artículo primero del reglamento del Poder Judicial del Estado de Tabasco, el cual dispone en el segundo párrafo que cuando las necesidades del servicio lo requieran y por acuerdo del Pleno del Tribunal, de las Salas o de los Juzgados, según el caso, el personal deberá concurrir a prestar sus servicios fuera del horario indicado y de acuerdo a lo establecido en el diverso 84 del citado reglamento, los juzgados tendrán el número de secretarios que autorice el pleno conforme a la Ley, por lo que sí a consideración del citado pleno, no se nombró a personal alguno que supliera en sus funciones a la licenciada Ma. del Rocío Ramírez Martínez, quien se encargaba de los asuntos de la mesa civil, por lo que de acuerdo a lo establecido en el segundo párrafo del artículo primero del citado reglamento, conforme a las necesidades requeridas por el servicio que en ese momento eran exigidas, la investigada licenciada Cecilia Domínguez Pérez, estaba obligada a fungir con las actividades propias de la otra secretaría, realizando las funciones estipuladas en los artículos 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102 Y 10321 , del Reglamento del Poder Judicial del Estado de Tabasco, esto porque su nombramiento fue hecho como secretaria judicial, sin especificarse que dicho cargo se le concedía como secretaria judicial civil o secretaria judicial penal, por lo que no se constreñía a ejercer únicamente un área específica, pues al ser perito en derecho estaba facultada para desempeñarse en ambas materias, además conforme al artículo 85 del Reglamento del Poder Judicial del Estado de Tabasco, el cual dispone: (se transcribe)." Luego, es evidente que la parte no controvierte lo ahí determinado, en el sentido de que fue dada de alta con el nombramiento de Secretaria Judicial -desde el dieciséis de agosto de mil novecientos noventa y seis-, sin especificar que únicamente se encargaría del área penal, pues, contrario a ello, para ser Secretaria Judicial, debe ser perito en derecho y no solo se constreñía al área penal, de conformidad con el artículo 85 del Reglamento del Poder Judicial del Estado de Tabasco. De igual forma, tampoco combatió lo referido por la autoridad responsable en el sentido de que de acuerdo a lo establecido en el diverso 84 del citado reglamento, los juzgados tienen el número de secretarios que autorice el Pleno, por lo que sí a su consideración no se nombró a personal alguno que supliera en sus funciones de la otra secretaria, licenciada Ma. del Rocío Ramírez Martínez, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo primero del citado reglamento, conforme a las necesidades requeridas por el servicio que en ese momento eran exigidas, la investigada licenciada Cecilia Domínguez Pérez, estaba obligada a fungir con las actividades propias de la otra secretaría, realizando las funciones estipuladas en los artículos 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102 Y 10321 , del Reglamento del Poder Judicial del Estado de Tabasco. En ese sentido, si la parte quejosa con sus argumentos no controvirtió directamente los argumentos expuestos por la autoridad responsable, sus agravios resultan inoperantes. Lo anterior, con fundamento en la jurisprudencia 30 de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se cita: "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE NO COMBATEN LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA Y NO SE DA NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DE SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LOS MISMOS. Si en la sentencia recurrida el Juez de Distrito expone diversas consideraciones para sobreseer en el juicio y negar el amparo solicitado respecto de los actos reclamados de las distintas autoridades señaladas como responsables en la demanda de garantías, y en el recurso interpuesto lejos de combatir la totalidad de esas consideraciones el recurrente se concreta a esgrimir una serie de razonamientos, sin impugnar directamente los argumentos expuestos por el juzgador para apoyar su fallo, sus agravios resultan inoperantes; siempre y cuando no se dé ninguno de los supuestos de suplencia de la deficiencia de los mismos, que prevé el artículo 76 bis de la Ley de Amparo, pues de lo contrario, habría que suplir esa deficiencia, pasando por alto la inoperancia referida." Por otra parte, en su cuarto apartado, la quejosa señala que en la foja 37 de la sentencia señala "no dio cuenta dentro del plazo legal del escrito recibido en el expediente penal 79/2015"; sin embargo, por dicho acto no se le siguió ningún procedimiento, lo que demuestra que la responsable de nueva cuenta cae en ilegalidades al tratar de introducir nuevos elementos. Es fundado pero inoperante su argumento, por lo siguiente. Así, lo fundado del argumento es que, en efecto, la autoridad responsable señala que no dio cuenta dentro del plazo legal del escrito recibido en el expediente penal 79/2015, y que por el referido expediente no se le siguió el procedimiento administrativo, sino por no dar cuenta dentro del plazo legal en las causas civiles números 504/2015, 717/2015, 657/2014, cuadernillo 1/2016, 304/2015, 211/2015, 736/2015, 267/2016 y 268/2016; sin embargo, el mismo se trata de un error mecanográfico, que no causa ningún perjuicio a la quejosa, ya que basta imponerse de la resolución para advertir que el motivo por el que se le finca responsabilidad es por no dar cuenta en las referidas causas civiles. Por lo tanto, aunque es fundado su argumento a ningún fin práctico conduciría conceder el amparo únicamente para que la autoridad cambie la frase "no dio cuenta dentro del plazo legal del escrito recibido en el expediente penal 79/2015", por la de "omitió dar cuenta dentro del plazo legal en las causas civiles números 504/2015, 717/2015, 657/2014, cuadernillo 1/2016, 304/2015, 211/2015, 736/2015, 267/2016 y 268/2016". Sin que ello implique que este órgano de control constitucional se esté sustituyendo en la autoridad responsable, sino que, en atención al principio de acceso efectivo a la tutela judicial, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17 constitucional, se obvia la emisión de un fallo protector del que se tiene la plena certeza que no causará a la parte quejosa un beneficio sustancial, ya que el sentido de la resolución reclamada no variaría. Resulta aplicable la jurisprudencia 108, sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable, en el apéndice 2000, Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, Séptima Época, visible en la página 85, de rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN FUNDADOS, PERO INOPERANTES." En otro sentido, la quejosa manifiesta que la autoridad responsable, respecto de la individualización de sanciones, en el punto "1. GRAVEDAD DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE SE INCURRA Y LA CONVENIENCIA DE SUPRIMIR PRÁCTICAS QUE INFRINJAN, EN CUALQUIER FORMA, LAS DISPOSICIONES DE ESTA LEY Y LAS QUE SE DICTEN CON BASE EN ELLA", no contempló los artículos 1 y 131 del Reglamento Interior de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tabasco, porque no quedó plenamente acreditada la responsabilidad, pues de manera ilegal determinó calificar la falta atribuida a la suscrita como grave o de mayor magnitud; sin embargo, destaca que el numeral 112, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tabasco, no cataloga bajo ese rubro. Por lo tanto, la quejosa aduce que la conducta que se le atribuye, y por la cual se le sanciona, no se encuentra en ninguna de las consideradas de esa forma, por lo que debe ser calificada como leve o mínima, dado que, incurrió en las faltas administrativas previstas en los artículos 112, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tabasco, cuyas fracciones invocadas, no se encuentra dentro de las conductas graves a que alude el numeral 196. Luego, respecto al punto "2. LAS CIRCUNSTANCIAS SOCIOECONÓMICAS DEL SERVIDOR PÚBLICO", la parte quejosa señala que tampoco quedó plenamente acreditado, pues el estudio socioeconómico de una persona no sólo debe constreñirse a las percepciones salariales, sino que era menester que se recabaran otros datos que lo componen como el ámbito social, cultural y laboral, el cuál debió estar documentado y robustecido con la información adquirida en la entrevista domiciliaria, investigación y validación de referencias, lo que no se hizo, toda vez que la responsable solo la efectuó con base en el informe de autoridad recabado del departamento correspondiente, donde se le informó la antigüedad y el salario mensual, más nunca se hizo el trabajo de campo, que cumpliera los requisitos de ley, pues el objeto de dicho estudio es saber las circunstancias que rodean al ambiente económico, social, cultural y laboral del investigado. Por lo que, la parte quejosa indica que el punto "3. NIVEL JERÁRQUICO, ANTECEDENTES Y LAS CONDICIONES DEL INFRACTOR, ENTRE ELLOS LA ANTIGÜEDAD DEL SERVICIO", no debe ser acreditado como lo señala la responsable, porque los dos procedimientos que cita no son para imponer una sanción grave, pues el procedimiento 102/2016, aún se encuentra en litigio. De igual forma, la parte quejosa apunta que el punto "4. CONDICIONES EXTERIORES Y MEDIOS DE EJECUCIÓN", tampoco quedó probado porque la autoridad se concretó en referir que la suscrita violentó el orden público y la administración de justicia, pero eso nada tiene que ver con las condiciones y los medios de ejecución, a que se refiere este apartado puesto que debió resolver si existían condiciones exteriores que hayan impedido a la hoy quejosa cumplir con las obligaciones que pretendían arrojar a mi cargo, es decir, si estaba en condiciones de atender la mesa penal que tenía a mi cargo, y al mismo tiempo atender los asuntos propios de la mesa civil; sin embargo, el clima irresponsable que se generó por parte del juez y de los Consejeros que en su momento no enviaron a la persona que debía cubrir la mesa civil, ante tal situación. Además, la parte quejosa señala que en el punto "6. REINCIDENCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES", se debía ponderar que la inexistencia de reincidencias para excluirla de dicha responsabilidad. En suma, la parte quejosa manifiesta que el punto "7. EL MONTO DEL BENEFICIO, DAÑO O PERJUICIO ECONÓMICO DERIVADO DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES", es contradictorio, porque la responsable señala que la suscrita sí tiene antecedentes y no tiene, por lo tanto, se pide que no sea tomado en cuenta que no existen al momento de los hechos ocurridos para imponerle la sanción, y la sanción que le impone de tres días de suspensión de labores sin goce de sueldo resulta inconstitucional y es una extralimitación. Los citados argumentos son infundados por las siguientes consideraciones. Contrario a lo que manifiesta la parte quejosa, si bien en el artículo 112, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, no se cataloga de esa manera en el referido cuerpo normativo, sin embargo, parte de una premisa falsa porque la gravedad de la infracción es distinta a la gravedad de su responsabilidad. Lo anterior es así porque la infracción que se le atribuyó puede no ser considerada grave por la ley; sin embargo, lo cierto es que su conducta la definió como grave la autoridad responsable teniendo en cuenta sus antecedentes y reincidencia. Y, al respecto los artículos 119, 120 y 121 de la referida Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tabasco abrogada, determinaban lo siguiente: "Artículo 119.- Una falta oficial será sancionada con amonestación por escrito con copia para el expediente personal del responsable, inhibiéndolo del conocimiento del negocio de que se trate, si la falta fuere de esa índole. Artículo 120.- Dos o más faltas de las previstas en el Capítulo II de este Título ameritarán la suspensión hasta por ocho días sin goce de sueldo con las previsiones del artículo que antecede. Artículo 121.- Cinco faltas oficiales en el desempeño de sus funciones ameritan la destitución del cargo, sin perjuicio de la responsabilidad penal en que incurra el responsable. Si se tratare de un Magistrado, el Pleno dispondrá lo procedente." De los anteriores artículos se desprende que una falta oficial era sancionada con amonestación por escrito y con copia para el expediente personal y dos o más faltas oficiales de las previstas en el capítulo II, del Título Séptimo "De la Responsabilidad Oficial, Faltas y Sanciones", ameritaban suspensión de hasta ocho días sin goce de sueldo. Al respecto, el artículo 112 señala que las faltas oficiales para los secretarios son: "Artículo 112.- Son faltas oficiales de los Secretarios: I. No dar cuenta dentro del término de la Ley con los escritos y promociones de las partes; II. No asentar en autos las certificaciones que procedan de oficio o por mandato judicial; III. No elaborar hasta poner en estado de notificación los proveídos dictados por el Juez, o retardarlos innecesariamente; IV. No dar cuenta, al Juez o al Presidente del Consejo de la Judicatura, de las faltas u omisiones que personalmente hubiere notado en los empleados o que sean denunciadas por el público verbalmente o por escrito; V. No engrosar a sus autos las sentencias dentro del término legal; VI. No entregar a los actuarios los expedientes para notificación; VII. Negar los expedientes o tocas a las partes que lo soliciten; VIII. No enviar al archivo, al terminar el año, los expedientes cuya remisión sea forzosa, conforme a la Ley; IX. No guardar la discreción que la Ley le impone sobre los asuntos que estén a su cargo; y X. Las señaladas en las fracciones IX y Xi del artículo 110." En ese sentido, aunque las faltas oficiales no estaban señaladas como graves o no graves, las mismas se consideraban de igualmente trascendentes; tan es así que dos o más faltas oficiales hacían acreedor directo a una sanción equivalente a suspensión sin goce de sueldo y cinco de estas faltas ameritaban la destitución inmediata. De ahí lo infundado de su argumento. Luego, respecto al punto "2. LAS CIRCUNSTANCIAS SOCIOECONÓMICAS DEL SERVIDOR PÚBLICO", la autoridad responsable tomó en consideración el salario mensual percibido de $14,814.74 (catorce mil ochocientos catorce pesos 74/100 moneda nacional), obtenido del oficio TJ/654/2016, de veinte de septiembre de dos mil dieciséis, signado por el encargado de despacho de la Tesorería Judicial del Poder Judicial del Estado; como medio para determinar sus circunstancias socioeconómicas, lo cual es correcto, pues es el primer referente para conocer su situación económica, al tratarse de una funcionaria pública. Por lo que, la autoridad responsable determinó así sus condiciones socioeconómicas, sin que fuera necesarias las entrevistas, investigaciones y validación de referencias que de manera genérica destaca la parte quejosa que debió hacer para conocer su ámbito social, cultural y laboral, pues como ya se dijo, la principal fuente de ingreso del servidor público es su sueldo, mismo que permite a la responsable identificar su circunstancia socioeconómica. Y, respecto argumento referente al punto "3. NIVEL JERÁRQUICO, ANTECEDENTES Y LAS CONDICIONES DEL INFRACTOR, ENTRE ELLOS LA ANTIGÜEDAD DEL SERVICIO", en el que señala que los diversos procedimientos administrativos 174/2014 y 102/2016, no pueden ser considerados para imponer sanción grave pues el segundo de ellos se encuentra en litigio; lo cierto, es que la parte quejosa parte de una premisa falsa, toda vez que la autoridad sí tiene en cuenta que el referido procedimiento aún se encuentra en "alegatos"; sin embargo, el procedimiento 174/2014, es un antecedente en el que resultó fundada su responsabilidad administrativa, por haber incurrido también en la falta prevista en el artículo 112, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, en el que se le impuso la sanción administrativa de amonestación por escrito. Entonces, contrario a lo manifestado ya tuvo un antecedente por similar falta administrativa, de ahí lo infundado de su argumento. Así también, respecto al punto "4. CONDICIONES EXTERIORES Y MEDIOS DE EJECUCIÓN", en el que la quejosa señala que la autoridad responsable debió resolver si existían condiciones exteriores que hayan impedido cumplir su cargo, es de señalar que la autoridad responsable indicó que no existía causa justificante por la cual la investigada no diera cuenta dentro del término de ley con las promociones. Y, respecto a lo que señala que el Consejo de la Judicatura debió nombrar a un interino, lo cierto es que su obligación era dar con las promociones dentro del término de ley. De igual forma lo que argumentó respecto el punto "6. REINCIDENCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES", referente a que se debía ponderar que la inexistencia de reincidencias para excluirla de dicha responsabilidad, pues como se advierte de lo anterior, ya existía un procedimiento previo por similar conducta en el expediente administrativo 174/2014, que señala la autoridad responsable. Asimismo, respecto a lo señalado del punto "7. EL MONTO DEL BENEFICIO, DAÑO O PERJUICIO ECONÓMICO DERIVADO DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES", en el que aduce que es contradictorio, porque la responsable señala que sí tiene antecedentes y no tiene, lo cierto es que la autoridad responsable señala que la falta cometida no le generó benefició a la investigada, que teniendo en cuenta los antecedentes, con el fin de evitar que se siguieran llevando a cabo conductas similares ameritaba una sanción de suspensión, que sirviera de prevención general para evitar que se volviera a incurrir en ellas, por lo que la sanción era severa con el fin de prevenir su reincidencia y disuadir su práctica. En ese sentido, la autoridad responsable al determinar la sanción, no solo tomo en cuenta la reincidencia, sino también que la sanción debía ser grave como prevención general, para evitar que los servidores incurran en ella y como prevención especial, para que la infractora no incurriera en la misma nuevamente; de ahí lo infundado de su argumento. Por tanto, al ser inoperantes e infundados los argumentos hechos valer por la quejosa y no advertirse deficiencia de la queja que suplir, se debe negar el amparo solicitado. SÉPTIMO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En auto de dieciséis de octubre de dos mil veinte, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículo 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se RESUELVE: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Cecilia Domínguez Pérez, respecto del acto y autoridad precisados en el resultando primero, por las razones expuestas en el considerando sexto dela presente sentencia. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    mesa 2 Villahermosa, Tabasco, quince de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación y cuenta que antecede, se desprende que el término de tres días otorgado a la parte quejosa Cecilia Domínguez Pérez, en proveído de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, para que proporcionara el domicilio actual y correcto de la parte tercero interesada Ma. del Rocío Ramírez Martínez, a efecto de emplazarla al presente juicio, transcurrió del siete al nueve de abril de dos mil veintiuno, descontando los días inhábiles que contempla el artículo 19 de la Ley de Amparo y del oficio SEPLE./GEN./001/1112/2021, de veinticuatro de marzo actual, signado por el Secretario Ejecutivo del Pleno de Consejo de la Judicatura Federal, con el que comunica que no correrán los términos de ley el miércoles treinta y uno de marzo, jueves uno y viernes dos de abril de dos mil veintiuno; sin que a la presente fecha, haya realizado lo anterior. Sin embargo, no se hace efectivo el apercibimiento a la parte quejosa, respecto de ordenar la investigación del domicilio de la tercero Ma. del Rocío Ramírez Martínez, para estar en aptitud de emplazarla al presente juicio; lo anterior, toda vez que del acto reclamado se advierte que no tiene interés jurídico de tener tal carácter, al reclamar la resolución de diecisiete de septiembre de dos mil veinte y su ejecución, emitida en el proceso de responsabilidad administrativa 112/2016, promovido por Ma. del Rocío Ramírez Martínez, en contra de Cecilia Domínguez Pérez, en su calidad de Secretaria Judicial adscrita al Juzgado Primero de Paz de Centro, Tabasco, por falta oficial establecida en el artículo 112 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado; en virtud de que dicha falta fue cometida por un servidor público, misma que es de interés general y no individual, y que no resiente afectación directa a la esfera jurídica de la referida tercero. Lo anterior, con apoyo en la tesis 2a. LXXXI/2000, publicada en la página 167, tomo XII, julio de 2000, Segunda Sala, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, Materia Administrativa, del rubro y texto siguientes: "TERCERO PERJUDICADO. CARECE DE TAL CARÁCTER EL PROMOVENTE DE LA QUEJA ADMINISTRATIVA EN CONTRA DE UN SERVIDOR PÚBLICO, QUE CULMINA CON LA RESOLUCIÓN QUE SE RECLAMA EN UN JUICIO DE GARANTÍAS Y, POR ENDE, DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER LA REVISIÓN ADHESIVA. El artículo 5o. de la Ley de Amparo señala como una de las partes en el juicio de amparo, al tercero o terceros perjudicados y que pueden intervenir con ese carácter, entre otros, la persona o personas que hayan gestionado en su favor el acto contra el que se pide amparo, cuando se trate de providencias dictadas por autoridades distintas de la judicial o del trabajo; o que, sin haberlo gestionado, tengan interés directo en la subsistencia del acto reclamado. Ahora bien, tratándose de la actuación de un servidor público, como parte de la estructura judicial, su régimen de responsabilidad administrativa, no reconoce ni tutela intereses particulares, pues su único objetivo es garantizar a la colectividad en general, el desarrollo correcto y normal de la función pública de impartición de justicia y, en esa medida la resolución de una queja administrativa no representa un beneficio o perjuicio directo para quien la promovió, en virtud de que la actuación de los servidores públicos atañe al interés general y no al de un sólo individuo. Por tanto, el hecho de que una persona tenga derecho a denunciar y exigir la sanción de las faltas en que incurra un funcionario público en ejercicio de sus funciones, no implica que tenga interés jurídico para intervenir como tercero perjudicado en el juicio de garantías que se promueva en contra de la resolución con que culmina su queja, ni está legitimado para interponer el recurso de revisión adhesiva en contra de la sentencia que se dicte en dicho juicio" Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    mesa VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTISÉIS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto; el oficio de cuenta, signado por la Juez Civil de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial de Teapa, Tabasco, mediante el cual devuelve sin diligenciar el despacho número 24/2021-2, orden número 31/2021; en consecuencia, dése de baja la aludida comunicación en el libro de gobierno respectivo, previas anotaciones de rigor. Ahora, como de la revisión practicada a las constancias que remite la autoridad ocursante, se advierte que no fue posible el emplazamiento de la tercero interesada Ma. del Rocío Ramírez Martínez, por los motivos que en ellas se exponen; en consecuencia, requiérase a la quejosa CECILIA DOMÍNGUEZ PÉREZ, para que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación que se le haga del presente proveído, proporcione el domicilio actual y correcto de la parte tercero interesada, a fin de que este órgano jurisdiccional esté en condiciones de realizar el emplazamiento respectivo. En el entendido que de no hacerlo en el plazo concedido, este órgano jurisdiccional procederá a la investigación del domicilio de dicha parte y una vez agotado este recurso, y de no lograrse su localización, de conformidad con el numeral 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se ordenará su emplazamiento por medio de edictos que correrá a su costa. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 538, Tomo XIV, julio de 2004, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL QUEJOSO TIENE LA CARGA PROCESAL DE SEÑALAR EL NOMBRE Y DOMICILIO DEL TERCERO PERJUDICADO. De lo dispuesto por el artículo 116 de la Ley de Amparo, que contempla los requisitos que debe contener una demanda constitucional en la vía indirecta, se infiere que en realidad prevé diversas cargas procesales que el quejoso debe satisfacer para que se pueda dar curso a su petición, entre ellas, la prevista por la fracción II, relativa al señalamiento del nombre y domicilio del tercero perjudicado, que resulta exigible siempre que, cuando con relación al acto reclamado exista una persona que se ubique en alguno de los supuestos que prevé en sus diversos incisos (tres) la fracción III del artículo 5o., de la legislación de la materia. Además, la ley invocada en ninguno de sus preceptos establece bajo algún supuesto la satisfacción de ese señalamiento por otra de las partes en el juicio de amparo ni por el propio juzgador federal, excepto en el caso de amparos en materia agraria cuando el quejoso sea alguno de los sujetos que menciona el artículo 212 del ordenamiento invocado. En consecuencia, es de concluirse al respecto que, legalmente la carga procesal de señalar el nombre y domicilio del tercero perjudicado pesa exclusivamente sobre el quejoso, el que debe procurarse todos los medios y agotar las instancias posibles para cumplir con esa obligación, y sólo ante la demostración de que ha actuado de tal forma puede recurrirse a otras alternativas para tener conocimiento de los datos indicados". Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

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