Cecilia Domínguez Pérez

Expediente 993/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 12 actuaciones registradas, la última del 14 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
993/2017
Año
2017
Actuaciones
12
Última actuación
14/10/2020

Partes del expediente

  • Cecilia Domínguez Pérez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Villahermosa, Tabasco, catorce de octubre de dos mil veinte. Vista, de la certificación de cuenta se tiene que las partes no desahogaron la vista ordenada en auto de veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, respecto del informe de cumplimiento que estimó haber dado la autoridad responsable en relación con la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, se resolverá sobre el cumplimiento al fallo protector con base en los elementos que obran en el expediente. A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, en principio es pertinente precisar que: 1.- Por sentencia de veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete, dictada por el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, en su primer punto resolutivo concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Cecilia Domínguez Pérez, para los efectos siguientes: "a) Deje insubsistente la resolución de treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, dictada en el expediente administrativo 112/2016, únicamente por cuanto hace a la servidora pública Cecilia Domínguez Pérez, en la que le impuso como sanción disciplinaria tres días de suspensión de labores sin goce de sueldo. b) Con plenitud de jurisdicción, emita nueva resolución en la que deberá corregir la incongruencia destacada en este fallo, esto es, se pronuncie sobre la totalidad de los puntos propuestos por la investigada en el escrito de veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, por el que rindió su informe, lo que no implica necesariamente acceder a lo manifestado, sin embargo, es conveniente hacer notar que la resolución que se emita deberá cumplir con el principio de fundamentación y motivación previsto en el artículo 16 Constitucional." 2.- Posteriormente, en proveído de trece de diciembre de dos mil diecisiete, se tuvo a la parte quejosa interponiendo recurso de revisión en contra de la referida sentencia. 3.- Asimismo, en determinación de quince de diciembre de dos mil diecisiete, se tuvo Jorge Javier Priego Solís, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, autoridad señalada como responsable, promoviendo recurso de revisión en contra de la sentencia amparadora. 4.- El veintisiete de agosto de dos mil veinte se tuvo por recibido el oficio 465 P-II, signado por el Actuario Judicial del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Circuito, con sede en esta ciudad (promoción con folio 5321), al que adjuntó copia certificada de testimonio de la ejecutoria dictada en el amparo en revisión 30/2018, interpuesto por la parte quejosa y la autoridad responsable citadas, en contra de la sentencia emitida por el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, en auxilio de las labores de este juzgado, en la que determinó confirmar la sentencia recurrida y conceder el amparo a la quejosa. Atento a ello, se requirió a la autoridad señalada como responsable Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, para que diera cumplimiento al fallo protector en el plazo de tres días. 5.- Posteriormente mediante oficio SGCJ/PJE/1057/2020 recibido en este juzgado el veintitrés de septiembre de dos mil veinte (promoción con folio 6444), el Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tabasco, en representación del Pleno del Consejo de la Judicatura, autoridad responsable, con sede en esta ciudad, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo referida, remitió copia certificada de la resolución de diecisiete de septiembre de dos mil veinte, dictado en el expediente administrativo 112/2016, en la que se determinó lo siguiente: " (.) RESUELVE PRIMERO. En acatamiento a la ejecutoria de amparo, se deja insubsistente la resolución reclamada de treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, dictada por este Pleno del Consejo de la Judicatura, en el procedimiento administrativo en que se actúa, contra la investigada Cecilia Domínguez Pérez, y en consecuencia, se procede a dictar una nueva resolución en la que se observen los lineamientos de la ejecutoria de amparo que hoy se cumple. SEGUNDO. Este Pleno resulta competente para conocer y resolver en la presente causa. TERCERO. En los términos de los considerandos V y VI, de esta resolución, se declara FUNDADA la responsabilidad administrativa por la falta oficial prevista en el artículo 112, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, atribuida a la servidora judicial Cecilia Domínguez Pérez¸ Secretaría Judicial asesora al Juzgado Primero de Paz de Centro, Tabasco, en el momento de los hechos. CUARTO. Atento a lo señalado en el considerando VI de este fallo se impone a Cecilia Domínguez Pérez, la sanción disciplinaria de TRES DÍAS DE SUSPENSIÓN DE SUS LABORES SIN GOCE DE SUELDO. Dicha sanción se ejecutó respecto a los días (06) SEIS, (11) ONCE DE JULIO y (8) OCHO DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECISIETE (2017), en atención a la primigenia sentencia ahora insubsistente. QUINTO. Mediante atento oficio remítase copias certificadas en el expediente personal de Cecilia Domínguez Pérez, para que integren el Registro de Servidores Públicos Sancionados, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 142 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura. SEXTO. Háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno y de sancionados que se llevan en este Consejo de la Judicatura y en su oportunidad archívese este expediente como asunto total y legalmente concluido (.)" Constancias a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. 6.- En razón de lo anterior, en proveído de veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, se dio vista y corrió traslado a las partes con las constancias remitidas por la responsable, con las cuales estimó dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, para que manifestaran lo que su interés conviniere, sin que hayan hecho lo propio. En las relatadas condiciones, el suscrito estima que la autoridad responsable ha dado cumplimiento a la sentencia dictada en el presente asunto, ya que el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tabasco, pues tal como se advierte del primer punto resolutivo, dejó insubsistente la resolución de treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, emitida en el expediente administrativo 112/2016. Asimismo, se pronunció sobre la totalidad de los puntos propuestos de la investigada en el escrito de veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, por el que rindió su informe, al determinar lo siguiente: "Aunado a lo anterior se tiene el informe de veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, rendido por la investigada Cecilia Domínguez Pérez, ante este Consejo, en el cual manifestó: [Se transcribe]. Ahora bien, la investigada alega que de las constancias que integran el cuaderno de investigación administrativo 18/2016, se advierte que la quejosa ratificó la queja hasta el día 16 de agosto de 2016, es decir seis meses después de su presentación, por tanto a partir de esa fecha es que debía efectuarse dicha investigación, pues precisamente la ratificación es el acto por el cual se confirma la intención del quejoso en continuar la citada investigación, dando inicio a la misma, lo que no sucedió en el presente caso y finalmente consta en ese cuaderno la certificación de las constancias efectuada en veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis, con la cual culmina ese proceso de investigación, sin que dicho cuaderno se advierta algún dictamen que ponga fin a esa investigación y se ordene iniciar el proceso administrativo de responsabilidad correspondiente. Al respecto, este Órgano Colegiado estima inoperante su alegato, pues no debe perderse de vista que contrario a lo alegado por la investigada, no es a partir de la fecha de ratificación de la queja que debe efectuarse la investigación, pues al existir la queja en el cuaderno de investigación 18/2016, debe dictarse el auto de radicación de queja y que precisamente ordenó la apertura de la investigación el once de febrero del dos mil dieciséis, en el que se hizo del conocimiento que los Consejeros Norma Lidia Gutiérrez García y Afín Díaz Torres, que en la sesión ordinaria del segundo periodo de labores, celebrada el doce de agosto del dos mil quince, y en su caso las que se designaran con posterioridad, se le delegó las facultades para tramitar las quejas o denuncias por faltas oficiales que se formulen en contra de los servidores públicos del Poder Judicial del Estado, así como que emitieran los proveídos, presidieran las audiencias o diligencias e hicieran todo lo relacionado con motivo de las mismas, y también iniciaran de oficio los procedimientos disciplinarios de responsabilidad, en los asuntos de su competencia que sean de su conocimiento, si a su juicio, existen elementos de pruebas que hagan presumir la existencia de alguna falta oficial contenida en las diversas hipótesis prevista respecto por la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y/o la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a excepción de los reservados al pleno del Consejo, así también se nombró a las Consejeras Maribel Quintana Correa y Beatriz Galván Hernández, por lo que de manera implícita cuentan con dicha facultad de investigación ya que están autorizados para realizar todo lo relacionado con motivo de los procedimientos de responsabilidad. En lo tocante al alegato de la investigada en el sentido de que el Pleno del Consejo es el órgano ordenador de la investigación y la visitaduría judicial, la Dirección de Contraloría o quien designe el Consejo de la Judicatura será el órgano investigador, sin que se faculte al propio consejo para efectuar la investigación por su cuenta, si no que la misma debe ser encomendada a un órgano investigador distinto, pues puede ser juez y parte en el proceso de investigación y el proceso de responsabilidad; este cuerpo Colegiado disiente de la postura de la investigada, pues en el caso a estudio, no se violaron las formalidades esenciales del procedimiento administrativo en que se actúa, ya que, pues lo preceptuado en el numeral 55 bis de la Constitución Política Estatal dispone que la administración, capacitación, vigilancia, y disciplina del Poder Judicial, con excepción del Tribunal Superior de Justicia, estarán a cargo del Consejo de la Judicatura, en los términos que establezcan las leyes secundarias conforme a las bases que señala esta Constitución; de ese enunciado Constitucional se aprecia la autorización de que un dispositivo normativo de menor jerarquía desarrolle los procedimientos y trámites a seguir para el cumplimiento de las atribuciones constitucionales encomendadas a este Órgano Administrativo. [.] Tampoco le asiste la razón a la investigada al alegar que se omitió correrle traslado con el auto de once de septiembre de dos mil dieciséis, a que se refiere la carátula del cuaderno de investigación, con el cual se supone se inicio la investigación, siendo indispensable que se le corriera traslado con todas y cada una de las actuaciones que conforman ese proceso de investigación previo al juicio administrativo, así como de las constancias y actuaciones que se hayan obtenido en el mismo, lo que no aconteció en el presente caso. Se dice lo anterior, en virtud de que a la investigada se le corrió traslado a través de la actuaria judicial adscrita a éste Consejo de la Judicatura, el veinticuatro de octubre del dos mil dieciséis, en el que se le notificó, emplazó y solicitó requerimiento informe, dándosele lectura al auto de fecha treinta de agosto del dos mil dieciséis, en el que se ordenó la tramitación del presente procedimiento administrativo, y en donde se emitió el proyecto de dictamen correspondiente, pues a juicio de éste Órgano Colegiado, existen elementos de prueba que acreditan responsabilidad que hacen presumir la posible falta administrativa, tal y como quedó precisado en el punto cuatro del multicitado proveído. En cuanto a la defensa planteada por la investigada, en el sentido que por las vacaciones de la titular de la mesa civil licenciada Ma. del Rocío Ramírez Martínez, no tenía ninguna obligación de acordar las promociones de la "mesa civil", ya que ella fungía como la titular de la mesa penal, al respecto, cabe señalar que de acuerdo al informe rendido mediante oficio OMT/1799/16, por el L.A. CÉSAR AUGUSTO ROMERO OCAÑA, el cual obra a foja setecientos veintiuno de autos, el cual fue valorado debidamente en el capítulo respectivo, se obtiene que la investigada Cecilia Domínguez Pérez, fue dada de alta en la institución desde el dieciséis de agosto de mil novecientos noventa y seis con el nombramiento de Secretaria Judicial, el diez de febrero del dos mil, sin que se especificará que realizaría actividades únicamente concerniente al área penal. Tampoco le asiste la razón a la investigada, pues de acuerdo a lo establecido en el artículo primero del reglamento del Poder Judicial del Estado de Tabasco, el cual dispone en el segundo párrafo que cuando las necesidades del servicio lo requieran y por acuerdo del Pleno del Tribunal, de las Salas o de los Juzgados, según el caso, el personal deberá concurrir a prestar sus servicios fuera del horario indicado y de acuerdo a lo establecido en el diverso 84 del citado reglamento, los juzgados tendrán el número de secretarios que autorice el pleno conforme a la Ley, por lo que sí a consideración del citado pleno, no se nombró a personal alguno que supliera en sus funciones a la licenciada Ma. del Rocío Ramírez Martínez, quien se encargaba de los asuntos de la mesa civil, por lo que de acuerdo a lo establecido en el segundo párrafo del artículo primero del citado reglamento, conforme a las necesidades requeridas por el servicio que en ese momento eran exigidas, la investigada licenciada Cecilia Domínguez Pérez, estaba obligada a fungir con las actividades propias de la otra secretaría, realizando las funciones estipuladas en los artículos 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102 Y 10321 , del Reglamento del Poder Judicial del Estado de Tabasco, esto porque su nombramiento fue hecho como secretaria judicial, sin especificarse que dicho cargo se le concedía como secretaria judicial civil o secretaria judicial penal, por lo que no se constreñía a ejercer únicamente un área específica, pues al ser perito en derecho estaba facultada para desempeñarse en ambas materias, además conforme al artículo 85 del Reglamento del Poder Judicial del Estado de Tabasco, el cual dispone: (se transcribe). De igual forma, resulta improcedente la defensa planteada por la investigada Cecilia Domínguez Pérez, que hace valer en el sentido que no existe el auto de radicación de la queja, el auto que ordena apertura de la investigación, así como el auto que ordena la ratificación de la queja, pues dicha queja debió recaer necesariamente un auto que ordenaba la admisión y el trámite de la queja, toda vez que el auto de radicación de queja y que ordeno la apertura de la investigación fue dictado con fecha once de febrero dos mil dieciséis en el que se hizo del conocimiento que los Consejeros Norma Lidia Gutiérrez García y Afín Día~ Torres, que en la sesión ordinaria del segundo periodo de labores, celebrada el doce de agosto del dos mil quince, y en su caso las que se designaran con posterioridad, se le delegó las facultades para tramitar las quejas o denuncias por faltas oficiales que se formulen en contra de los servidores públicos del Poder Judicial del Estado, así como que emitieran los proveídos, presidieran las audiencias o diligencias e hicieran todo lo relacionado con motivo de las mismas, y también iniciaran de oficio los procedimientos disciplinarios de responsabilidad, en los asuntos de su competencia que sean de su conocimiento, si a su juicio, existen elementos de pruebas que hagan presumir la existencia de alguna falta oficial contenida en las diversas hipótesis prevista respecto por la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y/o la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a excepción de los reservados al pleno del Consejo, así también se nombró a las Consejeras Maribel Quintana Correa y Beatriz Galván Hernández, por lo que de manera implícita cuentan con dicha facultad de investigación ya que están autorizados para realizar todo lo relacionado con motivo de los procedimientos de responsabilidad, y el auto donde se ordenó ratificar la queja fue dictado por esta Judicatura el día ocho de agosto del año pasado, ordenándose su admisión mediante acuerdo de fecha treinta de agosto del dos mil dieciséis, se ordenó su emplazamiento en los términos del citado proveído, actualizándose en éste caso el artículo 254 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tabasco, pues dispone que las investigaciones estarán a cargo de la Visitaduría Judicial, de la Dirección de Contraloría o de quien el Pleno del Tribunal Superior de Justicia o del Consejo de la Judicatura designe para tal efecto, y en éste caso la facultad de investigación fue asumida por los Consejeros Norma Lidia Gutiérrez García, Afín Díaz Torres, Maribel Quintana Correa y Beatriz Galván Hernández, por lo que su defensa es notoriamente improcedente, ya que el citado precepto autoriza a los Consejeros para realizar dicha investigación. En relación a lo alegado por la citada investigada, en el sentido que el dictamen fue elaborado fuera del cuaderno de investigación y que éste se emitió al mismo tiempo que se ordenó el inicio el procedimiento de investigación en comento, al respecto es de señalarse que de la interpretación literal a los artículos 259 y 261 de la Ley Orgánica vigente del Poder Judicial del Estado de Tabasco, se obtiene que los numerales en cita, no señalan que la emisión del dictamen y el inicio del proceso de la investigación, no puedan realizarse al mismo tiempo, por lo que cabe la aplicación del principio de permisión según el cual «lo no prohibido está permitido», y por tanto en ningún momento la citada investigada ha quedado en estado de indefensión, ya que la actuaria judicial adscrita a éste Consejo de la Judicatura, emplazó a la citada investigada con fecha veinticuatro de octubre del año pasado, en el que se le notificó, emplazó y requerimiento de informe se le dio lectura al auto de fecha treinta de agosto del dos mil dieciséis, en el que se ordenó la tramitación del presente procedimiento administrativo, y en donde se emitió el proyecto de dictamen correspondiente, en el que a JUICIO de éste Órgano Colegiado, existen elementos de pruebas que acreditan la probable responsabilidad que hacen presumir la posible falta administrativa, tal y como quedó precisado en el punto cuarto del multicitado proveído. [.] Con relación a lo manifestado por la investigada en el sentido que la autoridad administrativa debía motivar y fundar su determinación; en este sentido, es decirle a la investigada que sus alegatos son inoperantes, ya que el procedimiento administrativo instaurado en contra de la investigada es legal y se encentra debidamente fundado y motivado, ya que con fundamento en los artículos 30, 54, 55 Y 132 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura, este Órgano Colegiado tiene como función primordial conocer de las conductas de los servidores públicos y del funcionamiento de los órganos jurisdiccionales y oficinas de correspondencia común del Poder Judicial, excepto del Tribunal, a fin de lograr un ejercicio responsable, profesional e independiente en la función jurisdiccional, así como evitar actos que la demeriten, en tal virtud podrá iniciar de oficio procedimiento de responsabilidad, contra los servidores públicos del Poder Judicial, excepto del Tribunal, siempre que existan elementos de pruebas que hagan presumir la existencia de alguna de las hipótesis contenidas en el Capítulo relativo a las faltas oficiales de la Ley, además, que el auto de inicio de (30) treinta de agosto de dos mil dieciséis (2016) visible a fojas 627 a la 637 de autos, se encuentra debidamente fundado y motivado, pues en el punto cuarto, se establece la falta administrativa en la que posiblemente pudo haber incurrido la investigada Cecilia Domínguez Pérez, así como el fundamento legal establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado abrogada. En cuanto a lo manifestado por la investigada que se debe de citar con claridad y precisión cuál es el término de ley que dice infringió con su actuar omiso, así como citar el fundamento legal que lo contiene y la ley respectiva; al respecto cabe decirle que sus manifestaciones son inoperantes, en virtud que es conocedora del término legal que dispone el numeral 110 de la Ley Adjetiva Civil en vigor, para dar cuenta de los escritos y promociones de las partes, amen, de que como secretaria judicial cuenta con una antigüedad de diecisiete años, por ello, tiene la experiencia necesaria y basta para cumplir con las obligaciones que le impone la Ley Orgánica del Poder Judicial abrogada y el Reglamento del Poder Judicial del Estado. De igual forma, a manera de defensa la servidora judicial alega que resulta ilegal y contrario a derecho que de manera imprecisa y vaga se le diga que puede ser merecedora a alguna o algunas de las sanciones a que se refiere el numeral 116 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado sin especificar cual se le pretende imponer, lo que no le da seguridad y certeza jurídica al no conocer con exactitud cuál es la sanción que se le impondría en el caso de resultar fundado este proceso administrativo y así enfocar su defensa; estas manifestaciones a juicio de este Cuerpo Colegiado son inoperantes, ya que de acuerdo a lo sostenido por el máximo tribunal del País, ha definido que en tratándose de quejas administrativas, la carga de la prueba corresponde al que la formula, máxime de tratarse de conductas graves, en el caso, este Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, fue quien inició el procedimiento respectivo, por lo que debe hacerse saber a la investigada la falta en que incurrió en calidad de servidora pública y la consecuencia jurídica que conllevaría el hecho de declarar fundado el procedimiento administrativo, lo que implica que no es ilegal ni contrario a derecho (.) Por lo anterior, se considera que la autoridad responsable dio contestación a las omisiones advertidas en la sentencia, toda vez que se pronunció especto a los argumentos de la aquí quejosa referentes a la fecha de la ratificación de la queja e inicio del procedimiento de investigación; el proceso de investigación que no realizó un órgano distinta al Consejo, por considerar que el mismo carecía e facultades para llevarlo a cabo y la omisión de correrle traslado con auto de once de febrero de dos mil dieciséis. Asimismo, resolvió el procedimiento de responsabilidad administrativa atribuida a Cecilia Domínguez Pérez, con libertad de jurisdicción, de manera fundada y motivada; lo cual constituyó el punto primordial del otorgamiento del amparo a la parte quejosa. Es aplicable al caso, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia 82/2004, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Octubre de 2004, página 137, Novena Época, registro 180337, de rubro y texto siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA, CUANDO ESTÁ ACREDITADO EL CUMPLIMIENTO DEL NÚCLEO ESENCIAL DE LA SENTENCIA DE AMPARO. Cuando del análisis de autos se advierte acreditado, de manera fehaciente, que las autoridades responsables han dado cumplimiento a las obligaciones jurídicas que constituyen el núcleo esencial de la sentencia que concedió la protección federal, lo procedente es declarar sin materia el respectivo incidente de inejecución de sentencia. Esto es así, en atención a que, por un lado, en ese supuesto ya no existe la abstención total de la autoridad responsable de obrar en el sentido ordenado por la sentencia de amparo, si de la confrontación de la ejecutoria relativa con las actuaciones realizadas, se llega a la conclusión de que se acató dicho fallo en su núcleo esencial y, por otro, porque el declarar sin materia el incidente de inejecución de sentencia no significa que pudiera dejarse al quejoso en estado de indefensión, en virtud de que esa resolución no prejuzga sobre si el cumplimiento dado a la ejecutoria fue o no correcto, pues en la hipótesis de que el gobernado llegara a tener dudas o inquietudes con relación a algún aspecto del cumplimiento, tendría la oportunidad de hacer valer el recurso de queja previsto en las fracciones IV y IX del artículo 95 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para los casos en que exista una desatención parcial o relativa de las autoridades responsables a una sentencia de amparo." En tales condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de amparo que se analiza. Al no haber actos pendientes por cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 del citado ordenamiento legal, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En términos de lo dispuesto en el inciso b) de la fracción I del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente asunto es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, razón por la cual debe conservarse en el archivo reciente de éste órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá ser depurado y transferido al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el expediente distintas a la demanda y la sentencia, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    EN CUMPLIMIENTO AL AVISO DE VEINTE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO C DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE CATORCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE. Villahermosa, Tabasco, catorce de octubre de dos mil veinte. Vista, de la .. En las relatadas condiciones, el suscrito estima que la autoridad responsable ha dado cumplimiento a la sentencia dictada en el presente asunto, ya que el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tabasco, pues tal como se advierte del primer punto resolutivo, dejó insubsistente la resolución de treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, emitida en el expediente administrativo 112/2016. Asimismo, se pronunció sobre la totalidad de los puntos propuestos de la investigada en el escrito de veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, por el que rindió su informe, al determinar lo siguiente: "Aunado a lo anterior se tiene el informe de veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, rendido por la investigada Cecilia Domínguez Pérez, ante este Consejo, en el cual manifestó: [Se transcribe]. Ahora bien, la investigada alega que de las constancias que integran el cuaderno de investigación administrativo 18/2016, se advierte que la quejosa ratificó la queja hasta el día 16 de agosto de 2016, es decir seis meses después de su presentación, por tanto a partir de esa fecha es que debía efectuarse dicha investigación, pues precisamente la ratificación es el acto por el cual se confirma la intención del quejoso en continuar la citada investigación, dando inicio a la misma, lo que no sucedió en el presente caso y finalmente consta en ese cuaderno la certificación de las constancias efectuada en veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis, con la cual culmina ese proceso de investigación, sin que dicho cuaderno se advierta algún dictamen que ponga fin a esa investigación y se ordene iniciar el proceso administrativo de responsabilidad correspondiente. Al respecto, este Órgano Colegiado estima inoperante su alegato, pues no debe perderse de vista que contrario a lo alegado por la investigada, no es a partir de la fecha de ratificación de la queja que debe efectuarse la investigación, pues al existir la queja en el cuaderno de investigación 18/2016, debe dictarse el auto de radicación de queja y que precisamente ordenó la apertura de la investigación el once de febrero del dos mil dieciséis, en el que se hizo del conocimiento que los Consejeros Norma Lidia Gutiérrez García y Afín Díaz Torres, que en la sesión ordinaria del segundo periodo de labores, celebrada el doce de agosto del dos mil quince, y en su caso las que se designaran con posterioridad, se le delegó las facultades para tramitar las quejas o denuncias por faltas oficiales que se formulen en contra de los servidores públicos del Poder Judicial del Estado, así como que emitieran los proveídos, presidieran las audiencias o diligencias e hicieran todo lo relacionado con motivo de las mismas, y también iniciaran de oficio los procedimientos disciplinarios de responsabilidad, en los asuntos de su competencia que sean de su conocimiento, si a su juicio, existen elementos de pruebas que hagan presumir la existencia de alguna falta oficial contenida en las diversas hipótesis prevista respecto por la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y/o la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a excepción de los reservados al pleno del Consejo, así también se nombró a las Consejeras Maribel Quintana Correa y Beatriz Galván Hernández, por lo que de manera implícita cuentan con dicha facultad de investigación ya que están autorizados para realizar todo lo relacionado con motivo de los procedimientos de responsabilidad. En lo tocante al alegato de la investigada en el sentido de que el Pleno del Consejo es el órgano ordenador de la investigación y la visitaduría judicial, la Dirección de Contraloría o quien designe el Consejo de la Judicatura será el órgano investigador, sin que se faculte al propio consejo para efectuar la investigación por su cuenta, si no que la misma debe ser encomendada a un órgano investigador distinto, pues puede ser juez y parte en el proceso de investigación y el proceso de responsabilidad; este cuerpo Colegiado disiente de la postura de la investigada, pues en el caso a estudio, no se violaron las formalidades esenciales del procedimiento administrativo en que se actúa, ya que, pues lo preceptuado en el numeral 55 bis de la Constitución Política Estatal dispone que la administración, capacitación, vigilancia, y disciplina del Poder Judicial, con excepción del Tribunal Superior de Justicia, estarán a cargo del Consejo de la Judicatura, en los términos que establezcan las leyes secundarias conforme a las bases que señala esta Constitución; de ese enunciado Constitucional se aprecia la autorización de que un dispositivo normativo de menor jerarquía desarrolle los procedimientos y trámites a seguir para el cumplimiento de las atribuciones constitucionales encomendadas a este Órgano Administrativo. [.] Tampoco le asiste la razón a la investigada al alegar que se omitió correrle traslado con el auto de once de septiembre de dos mil dieciséis, a que se refiere la carátula del cuaderno de investigación, con el cual se supone se inicio la investigación, siendo indispensable que se le corriera traslado con todas y cada una de las actuaciones que conforman ese proceso de investigación previo al juicio administrativo, así como de las constancias y actuaciones que se hayan obtenido en el mismo, lo que no aconteció en el presente caso. Se dice lo anterior, en virtud de que a la investigada se le corrió traslado a través de la actuaria judicial adscrita a éste Consejo de la Judicatura, el veinticuatro de octubre del dos mil dieciséis, en el que se le notificó, emplazó y solicitó requerimiento informe, dándosele lectura al auto de fecha treinta de agosto del dos mil dieciséis, en el que se ordenó la tramitación del presente procedimiento administrativo, y en donde se emitió el proyecto de dictamen correspondiente, pues a juicio de éste Órgano Colegiado, existen elementos de prueba que acreditan responsabilidad que hacen presumir la posible falta administrativa, tal y como quedó precisado en el punto cuatro del multicitado proveído. En cuanto a la defensa planteada por la investigada, en el sentido que por las vacaciones de la titular de la mesa civil licenciada Ma. del Rocío Ramírez Martínez, no tenía ninguna obligación de acordar las promociones de la "mesa civil", ya que ella fungía como la titular de la mesa penal, al respecto, cabe señalar que de acuerdo al informe rendido mediante oficio OMT/1799/16, por el L.A. CÉSAR AUGUSTO ROMERO OCAÑA, el cual obra a foja setecientos veintiuno de autos, el cual fue valorado debidamente en el capítulo respectivo, se obtiene que la investigada Cecilia Domínguez Pérez, fue dada de alta en la institución desde el dieciséis de agosto de mil novecientos noventa y seis con el nombramiento de Secretaria Judicial, el diez de febrero del dos mil, sin que se especificará que realizaría actividades únicamente concerniente al área penal. Tampoco le asiste la razón a la investigada, pues de acuerdo a lo establecido en el artículo primero del reglamento del Poder Judicial del Estado de Tabasco, el cual dispone en el segundo párrafo que cuando las necesidades del servicio lo requieran y por acuerdo del Pleno del Tribunal, de las Salas o de los Juzgados, según el caso, el personal deberá concurrir a prestar sus servicios fuera del horario indicado y de acuerdo a lo establecido en el diverso 84 del citado reglamento, los juzgados tendrán el número de secretarios que autorice el pleno conforme a la Ley, por lo que sí a consideración del citado pleno, no se nombró a personal alguno que supliera en sus funciones a la licenciada Ma. del Rocío Ramírez Martínez, quien se encargaba de los asuntos de la mesa civil, por lo que de acuerdo a lo establecido en el segundo párrafo del artículo primero del citado reglamento, conforme a las necesidades requeridas por el servicio que en ese momento eran exigidas, la investigada licenciada Cecilia Domínguez Pérez, estaba obligada a fungir con las actividades propias de la otra secretaría, realizando las funciones estipuladas en los artículos 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102 Y 10321 , del Reglamento del Poder Judicial del Estado de Tabasco, esto porque su nombramiento fue hecho como secretaria judicial, sin especificarse que dicho cargo se le concedía como secretaria judicial civil o secretaria judicial penal, por lo que no se constreñía a ejercer únicamente un área específica, pues al ser perito en derecho estaba facultada para desempeñarse en ambas materias, además conforme al artículo 85 del Reglamento del Poder Judicial del Estado de Tabasco, el cual dispone: (se transcribe). De igual forma, resulta improcedente la defensa planteada por la investigada Cecilia Domínguez Pérez, que hace valer en el sentido que no existe el auto de radicación de la queja, el auto que ordena apertura de la investigación, así como el auto que ordena la ratificación de la queja, pues dicha queja debió recaer necesariamente un auto que ordenaba la admisión y el trámite de la queja, toda vez que el auto de radicación de queja y que ordeno la apertura de la investigación fue dictado con fecha once de febrero dos mil dieciséis en el que se hizo del conocimiento que los Consejeros Norma Lidia Gutiérrez García y Afín Día~ Torres, que en la sesión ordinaria del segundo periodo de labores, celebrada el doce de agosto del dos mil quince, y en su caso las que se designaran con posterioridad, se le delegó las facultades para tramitar las quejas o denuncias por faltas oficiales que se formulen en contra de los servidores públicos del Poder Judicial del Estado, así como que emitieran los proveídos, presidieran las audiencias o diligencias e hicieran todo lo relacionado con motivo de las mismas, y también iniciaran de oficio los procedimientos disciplinarios de responsabilidad, en los asuntos de su competencia que sean de su conocimiento, si a su juicio, existen elementos de pruebas que hagan presumir la existencia de alguna falta oficial contenida en las diversas hipótesis prevista respecto por la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y/o la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a excepción de los reservados al pleno del Consejo, así también se nombró a las Consejeras Maribel Quintana Correa y Beatriz Galván Hernández, por lo que de manera implícita cuentan con dicha facultad de investigación ya que están autorizados para realizar todo lo relacionado con motivo de los procedimientos de responsabilidad, y el auto donde se ordenó ratificar la queja fue dictado por esta Judicatura el día ocho de agosto del año pasado, ordenándose su admisión mediante acuerdo de fecha treinta de agosto del dos mil dieciséis, se ordenó su emplazamiento en los términos del citado proveído, actualizándose en éste caso el artículo 254 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tabasco, pues dispone que las investigaciones estarán a cargo de la Visitaduría Judicial, de la Dirección de Contraloría o de quien el Pleno del Tribunal Superior de Justicia o del Consejo de la Judicatura designe para tal efecto, y en éste caso la facultad de investigación fue asumida por los Consejeros Norma Lidia Gutiérrez García, Afín Díaz Torres, Maribel Quintana Correa y Beatriz Galván Hernández, por lo que su defensa es notoriamente improcedente, ya que el citado precepto autoriza a los Consejeros para realizar dicha investigación. En relación a lo alegado por la citada investigada, en el sentido que el dictamen fue elaborado fuera del cuaderno de investigación y que éste se emitió al mismo tiempo que se ordenó el inicio el procedimiento de investigación en comento, al respecto es de señalarse que de la interpretación literal a los artículos 259 y 261 de la Ley Orgánica vigente del Poder Judicial del Estado de Tabasco, se obtiene que los numerales en cita, no señalan que la emisión del dictamen y el inicio del proceso de la investigación, no puedan realizarse al mismo tiempo, por lo que cabe la aplicación del principio de permisión según el cual «lo no prohibido está permitido», y por tanto en ningún momento la citada investigada ha quedado en estado de indefensión, ya que la actuaria judicial adscrita a éste Consejo de la Judicatura, emplazó a la citada investigada con fecha veinticuatro de octubre del año pasado, en el que se le notificó, emplazó y requerimiento de informe se le dio lectura al auto de fecha treinta de agosto del dos mil dieciséis, en el que se ordenó la tramitación del presente procedimiento administrativo, y en donde se emitió el proyecto de dictamen correspondiente, en el que a JUICIO de éste Órgano Colegiado, existen elementos de pruebas que acreditan la probable responsabilidad que hacen presumir la posible falta administrativa, tal y como quedó precisado en el punto cuarto del multicitado proveído. [.] Con relación a lo manifestado por la investigada en el sentido que la autoridad administrativa debía motivar y fundar su determinación; en este sentido, es decirle a la investigada que sus alegatos son inoperantes, ya que el procedimiento administrativo instaurado en contra de la investigada es legal y se encentra debidamente fundado y motivado, ya que con fundamento en los artículos 30, 54, 55 Y 132 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura, este Órgano Colegiado tiene como función primordial conocer de las conductas de los servidores públicos y del funcionamiento de los órganos jurisdiccionales y oficinas de correspondencia común del Poder Judicial, excepto del Tribunal, a fin de lograr un ejercicio responsable, profesional e independiente en la función jurisdiccional, así como evitar actos que la demeriten, en tal virtud podrá iniciar de oficio procedimiento de responsabilidad, contra los servidores públicos del Poder Judicial, excepto del Tribunal, siempre que existan elementos de pruebas que hagan presumir la existencia de alguna de las hipótesis contenidas en el Capítulo relativo a las faltas oficiales de la Ley, además, que el auto de inicio de (30) treinta de agosto de dos mil dieciséis (2016) visible a fojas 627 a la 637 de autos, se encuentra debidamente fundado y motivado, pues en el punto cuarto, se establece la falta administrativa en la que posiblemente pudo haber incurrido la investigada Cecilia Domínguez Pérez, así como el fundamento legal establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado abrogada. En cuanto a lo manifestado por la investigada que se debe de citar con claridad y precisión cuál es el término de ley que dice infringió con su actuar omiso, así como citar el fundamento legal que lo contiene y la ley respectiva; al respecto cabe decirle que sus manifestaciones son inoperantes, en virtud que es conocedora del término legal que dispone el numeral 110 de la Ley Adjetiva Civil en vigor, para dar cuenta de los escritos y promociones de las partes, amen, de que como secretaria judicial cuenta con una antigüedad de diecisiete años, por ello, tiene la experiencia necesaria y basta para cumplir con las obligaciones que le impone la Ley Orgánica del Poder Judicial abrogada y el Reglamento del Poder Judicial del Estado. De igual forma, a manera de defensa la servidora judicial alega que resulta ilegal y contrario a derecho que de manera imprecisa y vaga se le diga que puede ser merecedora a alguna o algunas de las sanciones a que se refiere el numeral 116 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado sin especificar cual se le pretende imponer, lo que no le da seguridad y certeza jurídica al no conocer con exactitud cuál es la sanción que se le impondría en el caso de resultar fundado este proceso administrativo y así enfocar su defensa; estas manifestaciones a juicio de este Cuerpo Colegiado son inoperantes, ya que de acuerdo a lo sostenido por el máximo tribunal del País, ha definido que en tratándose de quejas administrativas, la carga de la prueba corresponde al que la formula, máxime de tratarse de conductas graves, en el caso, este Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, fue quien inició el procedimiento respectivo, por lo que debe hacerse saber a la investigada la falta en que incurrió en calidad de servidora pública y la consecuencia jurídica que conllevaría el hecho de declarar fundado el procedimiento administrativo, lo que implica que no es ilegal ni contrario a derecho (.) Por lo anterior, se considera que la autoridad responsable dio contestación a las omisiones advertidas en la sentencia, toda vez que se pronunció especto a los argumentos de la aquí quejosa referentes a la fecha de la ratificación de la queja e inicio del procedimiento de investigación; el proceso de investigación que no realizó un órgano distinta al Consejo, por considerar que el mismo carecía e facultades para llevarlo a cabo y la omisión de correrle traslado con auto de once de febrero de dos mil dieciséis. Asimismo, resolvió el procedimiento de responsabilidad administrativa atribuida a Cecilia Domínguez Pérez, con libertad de jurisdicción, de manera fundada y motivada; lo cual constituyó el punto primordial del otorgamiento del amparo a la parte quejosa. Es aplicable al caso, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia 82/2004, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Octubre de 2004, página 137, Novena Época, registro 180337, de rubro y texto siguiente:"INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA, CUANDO ESTÁ ACREDITADO EL CUMPLIMIENTO DEL NÚCLEO ESENCIAL DE LA SENTENCIA DE AMPARO. Cuando del análisis de autos se advierte acreditado, de manera fehaciente, que las autoridades responsables han dado cumplimiento a las obligaciones jurídicas que constituyen el núcleo esencial de la sentencia que concedió la protección federal, lo procedente es declarar sin materia el respectivo incidente de inejecución de sentencia. Esto es así, en atención a que, por un lado, en ese supuesto ya no existe la abstención total de la autoridad responsable de obrar en el sentido ordenado por la sentencia de amparo, si de la confrontación de la ejecutoria relativa con las actuaciones realizadas, se llega a la conclusión de que se acató dicho fallo en su núcleo esencial y, por otro, porque el declarar sin materia el incidente de inejecución de sentencia no significa que pudiera dejarse al quejoso en estado de indefensión, en virtud de que esa resolución no prejuzga sobre si el cumplimiento dado a la ejecutoria fue o no correcto, pues en la hipótesis de que el gobernado llegara a tener dudas o inquietudes con relación a algún aspecto del cumplimiento, tendría la oportunidad de hacer valer el recurso de queja previsto en las fracciones IV y IX del artículo 95 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para los casos en que exista una desatención parcial o relativa de las autoridades responsables a una sentencia de amparo."En tales condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de amparo que se analiza. Al no haber actos pendientes por cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 del citado ordenamiento legal, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En términos de lo dispuesto en el inciso b) de la fracción I del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente asunto es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, razón por la cual debe conservarse en el archivo reciente de éste órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá ser depurado y transferido al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el expediente distintas a la demanda y la sentencia, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos.Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    MESA 5.- [...] AGRÉGUESE A LOS PRESENTES AUTOS EL OFICIO SIGNADO POR LA ACTUARIA JUDICIAL DEL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO CIRCUITO, MEDIANTE EL CUAL INFORMA QUE SE ADMITIERON A TRÁMITE LOS RECURSOS DE REVISIÓN INTERPUESTOS, REGISTRADO BAJO EL TOCA DE REVISIÓN NÚMERO 30/2017.

  4. Principal

    MESA 5.- [...] SE TIENE A LA AUTORIDAD RESPONSABLE, MEDIANTE EL CUAL INTERPONE EL RECURSO DE REVISIÓN EN CONTRA DE LA SENTENCIA DICTADA EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. [...]

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