Cecilia Chávez Castañón
Expediente 366/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 27 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 366/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 27
- Última actuación
- 22/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Cecilia Chávez Castañón
Actuaciones
Las 4 más recientes de 27.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintidós de marzo de dos mil diecinueve. Visto el estado de los autos y en atención a que transcurrió el término de quince días a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa se hubiera inconformado con el contenido del proveído de fecha quince de febrero de dos mil diecinueve, en el que se tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio de garantías; con fundamento en el precepto legal invocado, se tiene por consentida la mencionada resolución. Por otra parte y toda vez que no hay promociones pendientes de acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, se ordena el archivo de este juicio como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro de gobierno. Devuélvanse a la Juez Segundo Familiar en esta ciudad, los anexos que acompañó a los oficios 2606/2018, 3142/2018, 5932/2018 y 843/2019. En esa tesitura, acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que por sentencia de veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal, la cual causó ejecutoria por auto de veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, este expediente es susceptible de depuración, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto. Ahora, toda vez que en el presente asunto se tramitó incidente de suspensión del acto reclamado, en el cual se negó la medida cautelar; en consecuencia, el original del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, mismo que deberá archivarse por separado. Lo señalado con anterioridad, deberá efectuarse, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto; sin que en el caso obre en el expediente algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Asimismo, archívese por separado el duplicado respectivo, y con fundamento en el punto vigésimo, fracción III, del referido Acuerdo, es susceptible de destrucción, al obrar su original y no existir documentos originales en tal cuaderno; lo que ocurrirá al transcurrir más de seis meses contados a partir del dictado de la resolución interlocutoria respectiva. Glósese copia autorizada del presente proveído en los cuadernos incidentales que derivan del presente asunto, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, y toda vez que la parte quejosa anexó documento(s) que por sus características deben ser devuelto(s) (fojas 12 a 25 y 43); en consecuencia, con fundamento en el último párrafo, del punto décimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, comparezca ante este Juzgado a recoger tal(es) documento(s), previa copia certificada que a su costa se deje en autos, así como razón de su recibo, y hecho lo anterior, sin ulterior acuerdo, devuélvanse los presentes autos al archivo; en la inteligencia que de no hacerlo, dicho(s) documento(s) podrá(n) ser destruido(s) al depurar el expediente. Finalmente, y atendiendo a las particularidades del juicio en que se actúa, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General Conjunto número 1/2009. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE DICE: Visto el estado de los autos y en atención a que transcurrió el término de quince días a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa se hubiera inconformado con el contenido del proveído de fecha quince de febrero de dos mil diecinueve, en el que se tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio de garantías; con fundamento en el precepto legal invocado, se tiene por consentida la mencionada resolución. Por otra parte y toda vez que no hay promociones pendientes de acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, se ordena el archivo de este juicio como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro de gobierno. Devuélvanse a la Juez Segundo Familiar en esta ciudad, los anexos que acompañó a los oficios 2606/2018, 3142/2018, 5932/2018 y 843/2019. En esa tesitura, acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que por sentencia de veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal, la cual causó ejecutoria por auto de veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, este expediente es susceptible de depuración, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto. Ahora, toda vez que en el presente asunto se tramitó incidente de suspensión del acto reclamado, en el cual se negó la medida cautelar; en consecuencia, el original del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, mismo que deberá archivarse por separado. Lo señalado con anterioridad, deberá efectuarse, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto; sin que en el caso obre en el expediente algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Asimismo, archívese por separado el duplicado respectivo, y con fundamento en el punto vigésimo, fracción III, del referido Acuerdo, es susceptible de destrucción, al obrar su original y no existir documentos originales en tal cuaderno; lo que ocurrirá al transcurrir más de seis meses contados a partir del dictado de la resolución interlocutoria respectiva. Glósese copia autorizada del presente proveído en los cuadernos incidentales que derivan del presente asunto, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, y toda vez que la parte quejosa anexó documento(s) que por sus características deben ser devuelto(s) (fojas 12 a 25 y 43); en consecuencia, con fundamento en el último párrafo, del punto décimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, comparezca ante este Juzgado a recoger tal(es) documento(s), previa copia certificada que a su costa se deje en autos, así como razón de su recibo, y hecho lo anterior, sin ulterior acuerdo, devuélvanse los presentes autos al archivo; en la inteligencia que de no hacerlo, dicho(s) documento(s) podrá(n) ser destruido(s) al depurar el expediente. Finalmente, y atendiendo a las particularidades del juicio en que se actúa, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General Conjunto número 1/2009
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, quince de febrero de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los autos, con fundamento en el párrafo segundo del artículo 196 de la Ley de la Materia y tomando en consideración los elementos de prueba que obran en este expediente, se estima que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida, de acuerdo a las consideraciones que a continuación se expresan: En principio, cabe destacar que el Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, con fecha veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, dictó sentencia en la que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que el Juez Segundo de lo Familiar en el Estado de San Luis Potosí (fojas 95 a 112): 1. Deje insubsistente el acuerdo de veintitrés de marzo de dos mil diecisiete, en la parte que requiere el cumplimiento de la cláusula del convenio relativa al régimen de convivencia entre la menor María José Pérez Chávez y su padre. 2. Dicte una nueva, en la cual, resuelva de manera fundada y motivada lo que en derecho corresponda respecto de la medida precautoria solicitada por la quejosa Cecilia Chávez Castañón, consistente en la suspensión del régimen de convivencia, para lo cual deberá: 2.1 Valorar las manifestaciones de la solicitante y los medios de prueba aportados al juicio, para determinar si generan o no una duda razonable sobre el riesgo a la integridad física y psicológica de la menor. En el entendido de que, por la naturaleza de la medida solicitada, sólo se requieren indicios leves. 2.2 En base a ello, determine si se justifica o no la necesidad de la medida o de una diversa que permita la continuación de la convivencia sin riesgo para la infante, o bien, si el régimen de convivencia debe continuar en sus términos. 3. Prepare y desahogue los medios de convicción que le permitan allegarse de información sobre la opinión y descripción que haga libremente la niña de su propia circunstancia, en ejercicio a su derecho a ser escuchada; así como el estado psico-emocional de la menor; su desempeño académico y social en la escuela; y cualquier otro dato contextual que pudiera ser un reflejo relevante sobre su comportamiento, como los relativos al estado psicológico de los padres. Para mejor proveer, conforme a los lineamientos precisados en este fallo.". Por proveído de veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, se declaró ejecutoriada la citada resolución y se requirió a la autoridad responsable para que informara sobre el cumplimiento dado a la misma (fojas 129 y 130). En cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la Juez Segundo Familiar del Estado de San Luis Potosí, por oficio 4927/2017 (fojas 153 a 173), remitió copia certificada de la resolución emitida el treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, dentro del juicio de controversia familiar por custodia 341/2016 de su índice, del que se advierte que (1) dejó sin efectos el acuerdo de veintitrés de marzo de dos mil diecisiete, dictado en aludido juicio de origen, en la parte que requiere el cumplimiento de la cláusula del convenio relativa al régimen de convivencia entre la menor de iniciales M.J.P.C. y su padre Juan Antonio Pérez Díaz de León y (2) emitió una nueva resolución respecto de la medida precautoria solicitada por la aquí quejosa Cecilia Chávez Castañón. Asimismo, mediante diverso oficio 4563/2018 (fojas 319 a 351), remitió copia certificada de la sentencia de cinco de septiembre de dos mil dieciocho, dictada en el juicio de origen de la que se desprende lo siguiente: (2.1) Que de acuerdo a los medios de pruebas aportados en el juicio de controversia familiar por custodia 341/2016, la juez responsable no advirtió una afectación física o psicológica en la menor de iniciales M.J.P.C., por parte de su padre Juan Antonio Pérez Díaz de León, por el contrario, lo dicho por la menor representa una sana convivencia. (2.2) Asimismo, fijó las diez horas del cinco de noviembre de dos mil dieciocho, para que tuviera verificativo una junta de avenimiento entre Juan Antonio Pérez Díaz de León (aquí tercero interesado) y Cecilia Chávez Castañón (aquí quejosa), para que de mutuo acuerdo, propongan un régimen de convivencia diverso al establecido, siempre y cuando tienda a beneficiar el interesa superior de la menor de iniciales M.J.P.C., amén de que ello servirá para dar seguimiento y supervisión el interés superior de la menor. Por tanto, como resultado de ello, procedió a dejarse sin efectos el régimen de convivencia provisional pactado por Juan Antonio Pérez Díaz de León (aquí tercero interesado) y Cecilia Chávez Castañón (aquí quejosa). (3) Por último, de acuerdo a las certificaciones secretariales de las convivencias levantadas por la Secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo Familiar de esta ciudad, con fechas veintiuno, veinticuatro y treinta y uno de mayo, catorce, dieciocho, veintiuno, veinticinco, veintiocho de junio, dos, cinco, nueve doce, dieciséis de julio, seis y nueve de agosto de dos mil dieciocho, en donde se asentó que en esas datas la aquí quejosa, llevó a las instalaciones de ese juzgado a la menor de iniciales M.J.P.C., en las que certificó e hizo constar que la convivencia se mostró integrada en sus juegos, platicas amenas, alegrías de la menor, según la juez responsable manifestó lo siguiente:".sin que esta juzgadora se haya percatado de algún maltrato, tipo de violencia, agresión física o emocional entre los convivientes, por el contrario quedo evidenciado el cariño que padre e hija se profesa.". Por ende y dado el resultado de los medios de convicción que tuvieron como fin corroborar o no el riesgo para la integridad física y emocional de la menor de iniciales M.J.P.C., relación a su progenitor Juan Antonio Pérez Díaz de León, estimó que no existe riesgo para la menor, pues las pruebas que se desahogaron, en especial las pruebas periciales en materia de psicología y el informe de convivencias, orientan en el sentido de que debe permanecer la convivencia entre el padre no custodio y la menor, en consecuencia, resultó procedente dejar sin efectos la suspensión del régimen de convivencia, ordenada en la resolución de treinta y uno de octubre del dos mil diecisiete, que como medida precautoria solicitó la quejosa, pues como se dijo de las pruebas recabadas no se advierte riesgo físico o emocional para que subsista la relación de convivencia entre Juan Antonio Pérez Díaz de León y menor hija de iniciales M.J.P.C. Ante tal situación, este juzgado considera que con el actuar de la autoridad responsable se obtiene el cumplimiento total del fallo protector, pues es evidente que se restituyó al disconforme en el goce de sus derechos infringidos; motivo por el que, con apoyo en lo establecido por el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede declararla cumplida. Resulta aplicable, la Jurisprudencia publicada con la clave 2ª./CXIV/97, en la página 414, del Tomo VI, octubre de 1997, Novena Época, Materia Común del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Finalmente, agréguense a los autos únicamente para que obren como correspondan los oficios signados por la Juez Segundo Familiar de esta ciudad; sin que haya lugar a pronunciarse al respecto dado lo acordado en párrafos que anteceden. De conformidad con el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, con el anexo que se acompaña fórmese un cuaderno auxiliar por separado para su fácil manejo debidamente identificado -respetando folio, sello y rúbricas que contiene-, y comuníquese a las partes que éste queda a su disposición para consulta en la secretaría de este juzgado, por lo que al no obrar en este expediente, no será digitalizado.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA Y TERCERO INTERESADA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE DICE: Visto el estado que guardan los autos, con fundamento en el párrafo segundo del artículo 196 de la Ley de la Materia y tomando en consideración los elementos de prueba que obran en este expediente, se estima que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida, de acuerdo a las consideraciones que a continuación se expresan: En principio, cabe destacar que el Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, con fecha veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, dictó sentencia en la que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que el Juez Segundo de lo Familiar en el Estado de San Luis Potosí (fojas 95 a 112): 1. Deje insubsistente el acuerdo de veintitrés de marzo de dos mil diecisiete, en la parte que requiere el cumplimiento de la cláusula del convenio relativa al régimen de convivencia entre la menor María José Pérez Chávez y su padre. 2. Dicte una nueva, en la cual, resuelva de manera fundada y motivada lo que en derecho corresponda respecto de la medida precautoria solicitada por la quejosa Cecilia Chávez Castañón, consistente en la suspensión del régimen de convivencia, para lo cual deberá: 2.1 Valorar las manifestaciones de la solicitante y los medios de prueba aportados al juicio, para determinar si generan o no una duda razonable sobre el riesgo a la integridad física y psicológica de la menor. En el entendido de que, por la naturaleza de la medida solicitada, sólo se requieren indicios leves. 2.2 En base a ello, determine si se justifica o no la necesidad de la medida o de una diversa que permita la continuación de la convivencia sin riesgo para la infante, o bien, si el régimen de convivencia debe continuar en sus términos. 3. Prepare y desahogue los medios de convicción que le permitan allegarse de información sobre la opinión y descripción que haga libremente la niña de su propia circunstancia, en ejercicio a su derecho a ser escuchada; así como el estado psico-emocional de la menor; su desempeño académico y social en la escuela; y cualquier otro dato contextual que pudiera ser un reflejo relevante sobre su comportamiento, como los relativos al estado psicológico de los padres. Para mejor proveer, conforme a los lineamientos precisados en este fallo.". Por proveído de veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, se declaró ejecutoriada la citada resolución y se requirió a la autoridad responsable para que informara sobre el cumplimiento dado a la misma (fojas 129 y 130). En cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la Juez Segundo Familiar del Estado de San Luis Potosí, por oficio 4927/2017 (fojas 153 a 173), remitió copia certificada de la resolución emitida el treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, dentro del juicio de controversia familiar por custodia 341/2016 de su índice, del que se advierte que (1) dejó sin efectos el acuerdo de veintitrés de marzo de dos mil diecisiete, dictado en aludido juicio de origen, en la parte que requiere el cumplimiento de la cláusula del convenio relativa al régimen de convivencia entre la menor de iniciales M.J.P.C. y su padre Juan Antonio Pérez Díaz de León y (2) emitió una nueva resolución respecto de la medida precautoria solicitada por la aquí quejosa Cecilia Chávez Castañón. Asimismo, mediante diverso oficio 4563/2018 (fojas 319 a 351), remitió copia certificada de la sentencia de cinco de septiembre de dos mil dieciocho, dictada en el juicio de origen de la que se desprende lo siguiente: (2.1) Que de acuerdo a los medios de pruebas aportados en el juicio de controversia familiar por custodia 341/2016, la juez responsable no advirtió una afectación física o psicológica en la menor de iniciales M.J.P.C., por parte de su padre Juan Antonio Pérez Díaz de León, por el contrario, lo dicho por la menor representa una sana convivencia. (2.2) Asimismo, fijó las diez horas del cinco de noviembre de dos mil dieciocho, para que tuviera verificativo una junta de avenimiento entre Juan Antonio Pérez Díaz de León (aquí tercero interesado) y Cecilia Chávez Castañón (aquí quejosa), para que de mutuo acuerdo, propongan un régimen de convivencia diverso al establecido, siempre y cuando tienda a beneficiar el interesa superior de la menor de iniciales M.J.P.C., amén de que ello servirá para dar seguimiento y supervisión el interés superior de la menor. Por tanto, como resultado de ello, procedió a dejarse sin efectos el régimen de convivencia provisional pactado por Juan Antonio Pérez Díaz de León (aquí tercero interesado) y Cecilia Chávez Castañón (aquí quejosa). (3) Por último, de acuerdo a las certificaciones secretariales de las convivencias levantadas por la Secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo Familiar de esta ciudad, con fechas veintiuno, veinticuatro y treinta y uno de mayo, catorce, dieciocho, veintiuno, veinticinco, veintiocho de junio, dos, cinco, nueve doce, dieciséis de julio, seis y nueve de agosto de dos mil dieciocho, en donde se asentó que en esas datas la aquí quejosa, llevó a las instalaciones de ese juzgado a la menor de iniciales M.J.P.C., en las que certificó e hizo constar que la convivencia se mostró integrada en sus juegos, platicas amenas, alegrías de la menor, según la juez responsable manifestó lo siguiente:".sin que esta juzgadora se haya percatado de algún maltrato, tipo de violencia, agresión física o emocional entre los convivientes, por el contrario quedo evidenciado el cariño que padre e hija se profesa.". Por ende y dado el resultado de los medios de convicción que tuvieron como fin corroborar o no el riesgo para la integridad física y emocional de la menor de iniciales M.J.P.C., relación a su progenitor Juan Antonio Pérez Díaz de León, estimó que no existe riesgo para la menor, pues las pruebas que se desahogaron, en especial las pruebas periciales en materia de psicología y el informe de convivencias, orientan en el sentido de que debe permanecer la convivencia entre el padre no custodio y la menor, en consecuencia, resultó procedente dejar sin efectos la suspensión del régimen de convivencia, ordenada en la resolución de treinta y uno de octubre del dos mil diecisiete, que como medida precautoria solicitó la quejosa, pues como se dijo de las pruebas recabadas no se advierte riesgo físico o emocional para que subsista la relación de convivencia entre Juan Antonio Pérez Díaz de León y menor hija de iniciales M.J.P.C. Ante tal situación, este juzgado considera que con el actuar de la autoridad responsable se obtiene el cumplimiento total del fallo protector, pues es evidente que se restituyó al disconforme en el goce de sus derechos infringidos; motivo por el que, con apoyo en lo establecido por el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede declararla cumplida. Resulta aplicable, la Jurisprudencia publicada con la clave 2ª./CXIV/97, en la página 414, del Tomo VI, octubre de 1997, Novena Época, Materia Común del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Finalmente, agréguense a los autos únicamente para que obren como correspondan los oficios signados por la Juez Segundo Familiar de esta ciudad; sin que haya lugar a pronunciarse al respecto dado lo acordado en párrafos que anteceden. De conformidad con el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, con el anexo que se acompaña fórmese un cuaderno auxiliar por separado para su fácil manejo debidamente identificado -respetando folio, sello y rúbricas que contiene-, y comuníquese a las partes que éste queda a su disposición para consulta en la secretaría de este juzgado, por lo que al no obrar en este expediente, no será digitalizado.
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