Catarino Montalvo Hernandez

Expediente 121/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
121/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
14/03/2019

Partes del expediente

  • Catarino Montalvo Hernandez

Actuaciones

  1. Principal

    Razón: En catorce de marzo de dos mil diecinueve el licenciado Ricardo Jasso Flores, Secretario del Juzgado, da cuenta al Juez, con la certificación que antecede y con el estado de los autos. Conste. San Luis Potosí, San Luis Potosí, catorce de marzo de dos mil diecinueve Vista la certificación que antecede se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de veintiséis de febrero del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo, con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. En virtud de lo anterior y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar, archívese el presente expediente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Ahora bien, acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que por proveído de veintiséis de febrero del año que transcurre, se desechó la demanda de amparo de que se trata, determinación que causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto; sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Finalmente, atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General número 1/2009. Notifíquese.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE ESTA FECHA QUE A LA LETRA DICE San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiséis de febrero de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el ocurso de cuenta suscrito por el quejoso Catarino Montalvo Hernández, mediante el cual da cumplimiento a las prevenciones que se le formularon mediante proveído de once de febrero de dos mil diecinueve. Ahora bien, el suscrito procede al estudio de la demanda en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente establece: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar la demanda de amparo, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser desechada de plano, sin suspender el acto reclamado. Para lograr tal propósito es preciso recurrir al escrito de demanda y aclaratorios de ésta, a efecto de establecer el acto que se controvierte y demás presupuestos procesales que hacen, en caso de actualizarse, procedente el juicio. En el caso, el análisis integral del escrito de demanda y aclaratorios de ésta, ponen de manifiesto que el acto reclamado consiste en el auto de doce de diciembre de dos mil dieciocho, dictado por el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Vigésimo Quinto Distrito en el Estado, en el expediente 873/2005, y su acumulado 355/2006, a través de la cual desechó el incidente de nulidad de actuaciones promovido por el quejoso el veinte de noviembre de dos mil dieciocho; juicio en el cual no se ha dictado sentencia definitiva o resolución que ponga fin a dicho procedimiento jurisdiccional. Precisado lo anterior, el suscrito considera que respecto de dicho acto, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, del referido ordenamiento, que en lo conducente disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]." Una interpretación en sentido contrario de la referida fracción V del artículo 107 de la Ley de la Materia, conduce a la conclusión de que el juicio de amparo será improcedente cuando se reclamen actos en un juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución irreparable, es decir, aquellos que se refieran a cuestiones procesales que no afecten directamente un derecho sustantivo particular. Cabe destacar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), sustentada al resolver la contradicción de tesis 377/2013, adujó que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;". Que derivado de lo anterior, puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Que esa interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Ahora bien, de la copia simple que exhibió la parte quejosa del acuse de recibo del escrito presentado ante el Tribunal responsable, el cual se registró con el folio 6842, se advierte que el aquí promovente interpuso en el expediente 873/2005, y su acumulado 355/2006, incidente de nulidad de actuaciones, a partir del acuerdo de trece de agosto de dos mil dieciocho, afirmando que en virtud de éste el referido Tribunal deberá declarar la nulidad absoluta de una asamblea celebrada el doce de septiembre de dos mil dieciocho. Lo anterior se patentiza con la siguiente transcripción: ".Por medio del presente escrito vengo a solicitar a este H. Tribunal Unitario del Vigésimo Quinto Distrito, se sirva tenerme por promoviendo INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES en a (sic) partir de los actos jurídicos subsecuentes al auto de fecha 13 de agosto del 2018, esto con fundamento en lo dispuesto en los arábigos 303, 304, 358, 359, 360, 361, 362 y 364 del Código Federal de Procedimientos Civiles vigente en la República Mexicana en atención a las siguientes consideraciones hecho y de derecho. Que en atención a todo lo descrito en los párrafos anteriores, y al oficio girado por este Tribunal con fecha del 13 de Agosto del 2018, con número de oficio 1903/2018, en el que se ordena a la procuraduría agraria a fin de que realice una asesoría y convoque a una asamblea de ejidatarios y de cumplimiento con el auto de fecha 13 de agosto del 2018, por lo que se deberá declarar la NULIDAD ABSOLUTA de una supuesta asamblea celebrada el 12 de septiembre del 2018 en el salón ejidal 'Aurelio Manrique', puesto a que el oficio descrito en líneas que anteceden es contrario a lo establecido dentro del oficio PASLP/SJ/2457/2018, emitido por la Procuraduría Agraria Delegación San Luis Potosí, ya que contraviene su contenido con los autos que nos ocupan, al no estar dando cumplimiento con la sentencia dictada dentro del juicio de amparo directo 513/2015, siendo nulos todos los actos jurídicos establecidos dentro del juicio anotado al rubro desde el 13 de agosto del 2018, en que se emitió el oficio descrito en líneas que anteceden. A ESTE H. TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DEL VIGÉSIMO QUINTO DISTRITO; Atentamente solicito: PRIMERO.- Se sirva tenerme por presentando incidente de nulidad de actuaciones a partir del auto de fecha 13 de Agosto del 2018.". Por otra parte, respecto de la diversa copia simple que también allegó a los autos el promovente del amparo, consistente en el acuerdo reclamado de doce de diciembre de dos mil dieciocho, dictado en el juicio agrario 873/2005, y su acumulado 355/2006, se advierte que la autoridad responsable desechó por improcedente el incidente de nulidad de actuaciones referido, ya que no lesionaba de modo alguno los derechos fundamentales de audiencia, legalidad y debido proceso, del incidentista aquí quejoso. Lo anterior porque el acuerdo de trece de agosto del dos mil dieciocho, se proveyó respecto de diversas promociones presentadas por las partes, pero sobre todo, el acto que reclamó su nulidad Catarino Montalvo Hernández, guardaba relación con una diversa determinación emitida por dicho Tribunal en vías de cumplimiento a la ejecutoria dictada en el amparo directo 513/2015, sin que ello implicara una notificación personal al resto de los contendientes, ya que ahí se ordenó únicamente notificar por oficio a la Delegación de la Procuraduría Agraria en el Estado. Robustece lo anterior la transcripción relativa del acuerdo aludido: ".En tanto que en el último de los escritos relacionados en la cuenta, se promueve incidente de nulidad de actuaciones a partir de los actos jurídicos subsecuentes al auto de trece de agosto de dos mil dieciocho, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 303, 304 358, 359, 360, 361, 362 y 364 del Código Federal de Procedimientos Civiles, lo que aduce se realizó en contravención al cumplimiento a lo ordenado en la ejecutoria dictada en el juicio de amparo 513/2015, por lo que estima nulo lo actuado a partir del indicado auto de trece de agosto de dos mil dieciocho, que generó la asamblea de doce de septiembre siguiente.--- En este tenor, el incidente de nulidad que se hace valer respecto de la notificación y de lo actuado, que proponen los ocursantes, puede ser tramitado en los juicios agrarios, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 173, 192 de la Ley Agraria, 1°, 309, 310, 319, 358, 359, 360, 361 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, a este criterio sirve de apoyo la siguiente jurisprudencia de acatamiento obligatorio, de conformidad al artículo 217 de la Ley de Amparo, consultable bajo los siguientes datos y rubro: [.] De lo reseñado previamente, se obtiene, que en cuanto al acuerdo del que deriva la notificación dé la que se reclama la nulidad, por parte de JULIAN VALERO RIVERA y, en cuanto a la solicitud planteada por CATARINO MONTALVO HERNANDEZ, ello no lesiona de modo alguno los derechos fundamentales de audiencia, legalidad y debido proceso, consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en perjuicio de los ocursantes, ya que como se advierte de las indicadas determinaciones, en la de dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, se proveyó respecto de las promociones presentadas, por JOSÉ RAYMÜNDO BRAVO ESPERICUETA, JUAN JOSÉ ZAMARRÓN VALERO Y VICTORIO CASTILLO VALERO en su carácter de presidente, secretario y tesorero del comisariado de bienes comunales del poblado denominado Escalerillas, municipio y estado de San Luis Potosí, y por ROSA MARIA VALERO ESPERICUETA, razón por la cual no se ordenó la notificación personal del indicado acuerdo al incidentista, de modo que únicamente se hizo la notificación por lista publicada en los estrados de este Tribunal el dieciocho de octubre de dos mil dieciocho. Mientras que en el diverso proveído de trece de agosto de dos mil dieciocho, se proveyó respecto de distintas promociones presentadas por las partes, pero sobretodo, el acto del que reclama la nulidad CATARINO MONTALVO HERNÁNDEZ, guarda relación con una determinación emitida por este Tribunal, en vías de .cumplimiento a la ejecutoria emitida en le juicio de amparo directo 513/2015, respecto de la cual este Tribunal se encuentra vinculado a su cumplimiento, sin que ello implique notificación personal al resto de los contendientes, ya que dado el requerimiento generado en el indicado proveído únicamente se ordenó la notificación por oficio a la Delegación de le Procuraduría Agraria en el Estado. [.] Consecuentemente; con fundamento en los artículos 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 68 de la Ley de Amparo, aplicable por analogía, se desechan por improcedentes los incidentes que se promueven en los ocursos de la cuenta.". Juicio agrario y su acumulado en el cual no se ha dictado sentencia definitiva o resolución que ponga fin a dicho procedimiento jurisdiccional, según se advierte del acuerdo de nueve de noviembre de dos mil dieciocho, dictado en el controvertido referido y su acumulado, el cual se encuentra agregado en el cuaderno de antecedentes derivado del juicio de amparo 320/2018, del índice de este órgano jurisdiccional, mismo que se invoca como hecho notorio para el suscrito, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2, y se ordena agregar en copia certificada a los presentes autos. En efecto del acuerdo referido se desprende que el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Vigésimo Quinto Distrito en el Estado, en el expediente 873/2005, y su acumulado 355/2006, el nueve de noviembre de dos mil dieciocho, determinó que una vez que sea resuelto el juicio de amparo 320/2018, y le sean devueltos los diecinueve tomos del controvertido agrario génesis del acto reclamado, se turnarían de manera inmediata a la Secretaría de Estudio y Cuenta para que emita la resolución que en derecho corresponda. Se patentiza lo anterior con la siguiente transcripción: ". una vez que sea resuelto el juicio de amparo 320/2018-III, del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, promovido por JULIAN RIVERO VALERO y otros; y sean devueltos los diecinueve tomos del expediente en que se actúa, remitidos como anexo al informe justificado rendido por este Tribunal, en su carácter de autoridad responsable, se ordena turnar de manera inmediata el presente asunto a la Secretaria de Estudio y Cuenta para que emita la resolución que en derecho corresponda." Con la precisión de que el juicio de amparo a que se hace referencia, se resolvió el catorce de febrero del año en curso, trascurriendo a la fecha en que se actúa el plazo de diez que otorga a las partes el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión respectivo, de ahí que dicha sentencia se encuentra sub judice. De lo hasta aquí expuesto se deduce que el juicio de amparo que se intenta es improcedente, toda vez que las consecuencias del acto reclamado, por el momento no tienen sobre la persona o las cosas de la parte quejosa una ejecución de imposible reparación, puesto que la determinación combatida no afecta de modo directo e inmediato alguno de los derechos sustantivos de los gobernados, tales como la vida, la libertad o sus posesiones, sino que la violación que en su caso produjeran únicamente tienen efectos formales o intraprocesales, de modo tal que el perjuicio irrogado puede ser reparado por un acto jurídico posterior. En efecto, si a través del auto reclamado, la autoridad responsable determinó desechar el incidente de nulidad de actuaciones promovido por el quejoso, es inconcuso que ello únicamente implica infracciones a derechos adjetivos que producen efectos meramente intraprocesales, pues únicamente genera que se continúe el juicio en sus demás etapas procesales hasta el dictado de la sentencia que resuelva la litis propuesta. Ante lo cual, la posible afectación que pudiera ocasionarse (con la posible violación procesal referida) puede ser subsanada si obtiene sentencia favorable a sus intereses en el juicio de origen y en caso contrario, aún puede remediarse a través del medio de defensa correspondiente, que en su caso se interponga contra el fallo respectivo, e incluso, a través del juicio de amparo que se promueva en contra de la sentencia definitiva. Cobra puntual apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J. 24/92, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 11, Tomo: 56, Agosto de mil novecientos noventa y dos, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyos rubro y texto son: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Asimismo resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 38/92, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Núm. 59, Noviembre de 1992, página 12, que dispone: "NULIDAD DE ACTUACIONES. EN CONTRA DE LA RESOLUCION INCIDENTAL QUE LA DECLARA, PROCEDE POR REGLA GENERAL EL AMPARO DIRECTO. La resolución que pone fin a un incidente de nulidad de actuaciones, declarándolo fundado, no es un acto en el juicio que, por regla general, tenga una ejecución de imposible reparación, sino que tiene efectos meramente procesales, dado que la violación que llegare a cometerse en el dictado de dicha resolución, puede quedar subsanada con posterioridad, si la sentencia definitiva, o la que ponga fin al juicio, resulta finalmente favorable a los intereses del quejoso, pero de no ser así, este último podrá reclamarla en el amparo directo que, en su caso y oportunidad, interponga en contra del mencionado fallo. Lo anterior se corrobora si se toma en cuenta, además, que tal resolución entraña una violación a las leyes del procedimiento, prevista en la fracción V del artículo 159 de la Ley de Amparo, en la cual se establece la procedencia del amparo directo "cuando se resuelva ilegalmente un incidente de nulidad"; y por los términos genéricos en que está redactado el mencionado precepto legal, resulta obvio que la ilegal resolución del incidente de nulidad a que allí se alude, puede consistir tanto en la anulación de las actuaciones favorables al quejoso, como en la negativa a nulificar aquéllas que lo agravian, toda vez que aquél no hace distingo alguno al respecto. Sin embargo, el anterior criterio queda supeditado a que, con motivo de las mencionadas resoluciones incidentales, no se afecten en forma cierta e inmediata los derechos sustantivos de los gobernados, porque de lo contrario, la vía correcta para reclamarlas será la indirecta". Así como la diversa VI.2o.C. J/11 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3, página 1993, que ordena: "VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. LA CONSTITUYE LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA INFUNDADO EL INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES. La resolución que decide no declarar la nulidad de lo actuado en el procedimiento natural, declarando infundado el incidente respectivo, no es un acto de imposible reparación reclamable en amparo indirecto en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, sino que se trataría, en su caso, de una violación a las leyes del procedimiento, de acuerdo con la fracción V del artículo 159 de la legislación invocada, reclamable únicamente en la vía de amparo directo al promoverse la demanda de amparo contra la sentencia definitiva que se dicte en el juicio correspondiente, según lo dispone el diverso 161 de la propia ley". En consecuencia, resulta indudable y notoria la improcedencia del juicio de amparo indirecto que se promueve, al actualizarse la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, del mismo ordenamiento, por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley invocada, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. Realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, y notifíquese el presente acuerdo en forma personal a la parte quejosa.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE ESTA FECHA QUE A LA LATRA DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, diecinueve de febrero de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el ocurso de cuenta suscrito por el quejoso Catarino Montalvo Hernández, mediante el cual pretende dar cumplimiento al requerimiento que se le formuló mediante proveído de once de febrero de dos mil diecinueve, en virtud que no transcribió bajo protesta de decir verdad o exhibió copia simple integra del escrito por el que promovió incidente de nulidad de actuaciones en autos del expediente 873/2005, y su acumulado 355/2006, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Vigésimo Quinto Distrito en el Estado, tal y como se le requirió en el acuerdo referido. Por tanto, subsiste el requerimiento contenido en el referido proveído de once de febrero del presente año, en los términos ahí precisados, bajo el apercibimiento que de no desahogarlo dentro del plazo que le fue concedido, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Haciendo hincapié que a la fecha no ha transcurrido día alguno del plazo de cinco días otorgado a la parte quejosa mediante el multicitado proveído de once de febrero del presente año, pues fue interrumpido a través del escrito presentado en este Juzgado Federal el dieciocho de febrero del año en curso, esto es un día antes de que comenzara a transcurrir el mismo, por lo que una vez que sea notificado el presente acuerdo y surta efectos legales será reanudado éste. Sirve de apoyo, la siguiente jurisprudencia 2a./J. 106/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, Noviembre de 2003, página 133, que dice: "AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO. De conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está facultado para mandar aclarar el escrito inicial de demanda cuando advierta alguna irregularidad, se haya omitido alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 116 de la ley citada, no se haya indicado con precisión el acto reclamado o no se hayan exhibido las copias correspondientes a que alude el artículo 120 de dicho ordenamiento, debiendo precisar en el auto relativo las irregularidades o deficiencias advertidas, a fin de requerir al promovente para que en el término de tres días las subsane. Ahora bien, si se toma en cuenta que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la mencionada ley, según su artículo 2o., todas las promociones deberán acordarse a más tardar al día siguiente de presentadas, y en atención al principio de justicia pronta y expedita consignado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el de economía procesal, es indudable que cuando el quejoso en el primer o segundo de los tres días señalados en el referido artículo 146, presenta un escrito mediante el cual pretende cumplir con la prevención que le fue impuesta, el Juez debe emitir un acuerdo en el que tenga por presentado dicho escrito y admita la demanda si se satisfizo lo ordenado, o bien, en caso de no cumplir con tal requerimiento, señale las omisiones o defectos que aún subsistan para darle oportunidad de subsanarlos antes del vencimiento de esos tres días, ello en razón de que dicho término se le otorga en su beneficio. De no actuar así, se impediría al promovente enterarse de las razones por las cuales no está cumpliendo cabalmente con la prevención que le fue formulada, pese a estar en posibilidad temporal de aclarar su escrito de demanda".

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "a efecto de acordar lo que en derecho proceda en cuanto a la procedencia de la demanda de que se trata, con fundamento en los artículos 108, fracción V, 110, y 114 fracción I, de la Ley de Amparo, requiérase al promovente a efecto de que dentro del término de cinco días, contado a partir del siguiente al en que le surta sus efectos la notificación del presente proveído, por escrito y con las copias necesarias del ocurso aclaratorio, esto es, una para la autoridad responsable, cuatro para los terceros interesados y una para el Agente del Ministerio Publico de la Federación adscrito, se sirva dar cumplimiento a lo siguiente: Bajo protesta de decir verdad, transcriba o exhiba copia simple integra del escrito por el que promovió incidente de nulidad de actuaciones en autos del expediente 873/2005, y su acumulado 355/2006, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Vigésimo Quinto Distrito en el Estado, toda vez que forma parte de los antecedentes del acto reclamado, y se hace necesario a fin de tener un debido entendimiento de los hechos o abstenciones que constituyen los referidos antecedentes, y con ello proveer lo que en derecho corresponda respecto de la demanda de amparo que se intenta".

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