Catarino Lorenzo Zapotitla Portada

Expediente 618/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 3 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
618/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
03/11/2021

Partes del expediente

  • Catarino Lorenzo Zapotitla Portada
  • CATARINO LORENZO ZAPOTITLA PORTADA y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos se advierte que a la fecha no obra constancia de notificación de los oficios: 35678/2021 POLICÍA ESTATAL DEL ESTADO DE PUEBLA CON NÚMERO DE TERMINACIÓN DE PLACA 638-A1 (AUTORIDAD RESPONSABLE) 35679/2021 Director General de la Policía Estatal Preventiva. 35691/2021 Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía Metropolitana C5, en turno, 35692/2021 Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Alta Incidencia (C5), en turno, 35693/2021 Fiscal General del Estado de Puebla. A través de los cuales se ordenó notificar el acuerdo dictado el cuatro de agosto de dos mil veintiuno a las autoridades responsables. En tales condiciones, a fin de evitar mayores dilaciones y privilegiar el mandato contenido en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el artículo 26, fracción II y 28 de la Ley de Amparo, se ordena al actuario judicial adscrito a este juzgado federal, notifique los citados oficios de cuatro de agosto de dos mil veintiuno, dirigidos a las autoridades responsables.

  2. Principal

    Visto el estado de los autos y la certificación que antecede, se advierte que el auto de treinta de junio de dos mil veintiuno en el que se desechó de plano la demanda de amparo que dio origen al expediente en que se actúa, no fue recurrido mediante el recurso de queja procedente en términos del artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, causa estado dicho auto. Anótese lo procedente en el libro de gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido. DESTINO DEL EXPEDIENTE PRINCIPAL CON MOTIVO DEL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DE PLANO El presente expediente es depurable de conformidad con el numera 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, con vigencia a partir del día siguiente al de su publicación, según su artículo primero transitorio, porque se concedió la suspensión de oficio o de plano, pues dicha medida cautelar tiene efectos definitivos; por tanto, procede conservarse, durante un plazo de tres años, contados a partir de esta fecha y, una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, se deberá depurar el expediente, conservando las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación de la suspensión y, una vez hecho lo anterior, deberá transferirse dicho cuaderno original a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. VALORACIÓN DOCUMENTAL. Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y en virtud de que la información de este asunto no se ha determinado como reservada en términos del artículo 19 del acuerdo general citado, este órgano jurisdiccional califica: Carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del acuerdo general citado. CARÁTULAS. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del acuerdo general invocado y verifíquese que el expediente electrónico coincida en su totalidad como el impreso. DATOS PERSONALES Finalmente, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a pesar de habérseles hecho el señalamiento respectivo en el acuerdo correspondiente a las partes.

  3. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos se advierte que a la fecha no obra constancia de notificación por lista ni personal a la parte quejosa del acuerdo dictado el treinta de junio de dos mil veintiuno, en el presente juicio de amparo. ORDEN DE NOTIFICACIÓN POR LISTA En tales condiciones, con fundamento en los artículos 26, fracciones I y III y 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se ordena al actuario judicial adscrito a este juzgado federal, notifique por lista el citado proveído y personalmente a la parte quejosa en el lugar de su reclusión, tal como se ordenó en dicho acuerdo. Para ello, el actuario deberá constituirse en las instalaciones que ocupa el Complejo Metropolitano de Seguridad Pública C5 del Estado de Puebla y en el Centro de Reinserción Social del Estado de Puebla, a fin de localizar el aquí quejoso y desahogar la diligencia en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo; esto con el fin de resguardar la propia integridad y salud y de las partes con las que se entienda la notificación. Notifíquese, y por lista el acuerdo de treinta de junio de dos mil veintiuno y personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión dicho acuerdo.Puebla, Puebla, treinta de junio de dos mil veintiuno. Agréguense, los oficios de cuenta, por los que las autoridades oficiantes cumplen con lo requerido en el auto de radicación, misivas de las cuales destaca el oficio de la Agente de Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación Especializada en Delitos de Alta Incidencia, pues acompaña algunas constancias que justifican la situación real del quejoso, lo que se tomará en cuenta más adelante. RAZÓN ACTUARIAL Vista la razón actuarial de cuenta se advierte que el aquí quejoso en diligencia del veintinueve de junio del año en curso, manifestó que era su deseo ratificar la demanda de amparo y que no deseaba señalar como autoridad responsable a la agente del Ministerio Público que lo tenía a disposición. No obstante la ratificación, se estima que la demanda de amparo debe desecharse. IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA DE AMPARO El Juez de Distrito está constreñido al análisis de la demanda de amparo, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo. Al respecto, los artículos 6º,15 y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." "Artículo 15.- Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad." Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." De acuerdo con la hipótesis que consagra el artículo 6º de la Ley de Amparo, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que por consiguiente implica que uno de los presupuestos que debe concurrir para la procedencia de la acción constitucional es la demostración plena del interés jurídico, que no es otra cosa que la titularidad que a la parte quejosa corresponde en relación a los derechos u obligaciones afectados por el acto de autoridad reclamado. En el caso, el promovente Patricia Ofelia Méndez Jiménez promovió juicio de amparo contra los actos que reclamó de la autoridad señalada como responsable, consistente en la privación de la libertad, desaparición forzada e incomunicación de Catarino Lorenzo Zapotitla Portada, quien en diligencia de veintinueve de junio del año en curso, ratificó la demanda. Sin embargo, de la constancias relativas a la carpeta de investigación número FGEP/CDI/FEIDA/FLAGRANCIA-I/009943/2021, misma que merecen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientoa civiles, supletorio a la Ley de Amparo conforme al artículo 2º, se sabe que la detención fue realizada en la avenida dieciséis de Septiembre de la colonia San Diego Manzanilla de la Primera sección de la ciudad de Puebla el día veintiocho de junio de dos mil veintiuno, a las catorce horas con treinta y cinco minutos y fue puesto a disposición de la Agente de Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación Especializada en Delitos de Alta Incidencia a las diecisiete horas con cinco minutos de ese mismo día, quien radicó la indagatoria antes mencionada, levantó constancia de lectura de derechos, así como la relativa a la llamada telefónica que el quejoso realizó a la promovente de la demanda de amparo, incluso la autoridad ministerial asentó el número telefónico al que llamó, también obra el dictamen médico 1500 en el que se constató que el quejoso carece de lesiones físicas presentes; incluso en la diligencia de ratificación de la demanda, indicó que no cuenta con lesiones. Estos es, el quejoso no fue desparecido, tampoco estuvo incomunicado y no fue torturado. Por ello, la demanda de amparo promovida en su nombre es improcedente. Si bien el artículo 15 de la Ley de Amparo establece que cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad; cierto también es que, ello va a ser así, a condición de que el interesado directo se encuentre imposibilitado para promover el amparo, lo que se puede leer en las frases siguientes de ese numeral: "Cuando traten de actos que importen. Incomunicación." "...y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquier otra persona en su nombre." Conforme a lo cual, no basta que se reclame alguno de los actos previstos en el citado artículo 15 para que la demanda la pueda promover cualquier extraño distinto al quejoso, sino que por virtud de la conjunción "y" debe entenderse que además debe existir una imposibilidad del quejoso para promover por sí mismo la demanda de amparo, ya que dicha circunstancia es la que justifica que sea una persona distinta al afectado quien promueva en su nombre, ante su imposibilidad material de acudir ante el órgano jurisdiccional en defensa de sus derechos. Es decir, la ley legitima en determinadas circunstancias que alguien promueva la demanda de amparo en nombre de otro; empero, si dichas condiciones no se satisfacen, quien haya instado el juicio carecerá de legitimación. En el caso, no se surte el supuesto establecido en el artículo 15 de la Ley de Amparo para que Patricia Ofelia Méndez Jiménez esté en aptitud de promover en nombre de Catarino Lorenzo Zapotitla Portada, al no satisfacerse los requisitos previstos en dicho numeral, dado que, como se vio, no se acredita que el quejoso se encontrara real y efectivamente incomunicado. Por tanto, no se surte la hipótesis para que diversa persona promoviera la demanda en su nombre y, por tanto, que el quejoso Catarino Lorenzo Zapotitla Portada estuviera incomunicado. En tales condiciones, al ser notoria e indudable la causal de improcedencia que se observa, con fundamento en los artículos 6º, 61, fracción XXIII, y 113, de la Ley de Amparo, SE DESECHA la demanda de amparo que se provee respecto al acto reclamado consistente en la incomunicación en tanto que la promovente carecía de legitimación para instar el juicio de amparo respecto de éstos, en nombre de Catarino Lorenzo Zapotitla Portada. Se ordena realizar las notaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en su oportunidad archivar el presente asunto como totalmente concluido. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y PERSONALMENTE AL QUEJOSO EN EL LUGAR DE RECLUSIÓN. Así lo proveyó y firma Cuauhtémoc Escobar González, Juez Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado, ante Édgar Moreno González, Secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    en cumplimiento al auto de veintidós de julio del año en curso, se procede, a notificar por lista, lo siguiente: Visto el estado que guardan los presentes autos se advierte que a la fecha no obra constancia de notificación por lista ni personal a la parte quejosa del acuerdo dictado el treinta de junio de dos mil veintiuno, en el presente juicio de amparo. ORDEN DE NOTIFICACIÓN POR LISTA En tales condiciones, con fundamento en los artículos 26, fracciones I y III y 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se ordena al actuario judicial adscrito a este juzgado federal, notifique por lista el citado proveído y personalmente a la parte quejosa en el lugar de su reclusión, tal como se ordenó en dicho acuerdo. Para ello, el actuario deberá constituirse en las instalaciones que ocupa el Complejo Metropolitano de Seguridad Pública C5 del Estado de Puebla y en el Centro de Reinserción Social del Estado de Puebla, a fin de localizar el aquí quejoso y desahogar la diligencia en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo; esto con el fin de resguardar la propia integridad y salud y de las partes con las que se entienda la notificación. Puebla, Puebla, treinta de junio de dos mil veintiuno. Agréguense, los oficios de cuenta, por los que las autoridades oficiantes cumplen con lo requerido en el auto de radicación, misivas de las cuales destaca el oficio de la Agente de Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación Especializada en Delitos de Alta Incidencia, pues acompaña algunas constancias que justifican la situación real del quejoso, lo que se tomará en cuenta más adelante. RAZÓN ACTUARIAL Vista la razón actuarial de cuenta se advierte que el aquí quejoso en diligencia del veintinueve de junio del año en curso, manifestó que era su deseo ratificar la demanda de amparo y que no deseaba señalar como autoridad responsable a la agente del Ministerio Público que lo tenía a disposición. No obstante la ratificación, se estima que la demanda de amparo debe desecharse. IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA DE AMPARO El Juez de Distrito está constreñido al análisis de la demanda de amparo, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo. Al respecto, los artículos 6º,15 y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." "Artículo 15.- Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad." Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." De acuerdo con la hipótesis que consagra el artículo 6º de la Ley de Amparo, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que por consiguiente implica que uno de los presupuestos que debe concurrir para la procedencia de la acción constitucional es la demostración plena del interés jurídico, que no es otra cosa que la titularidad que a la parte quejosa corresponde en relación a los derechos u obligaciones afectados por el acto de autoridad reclamado. En el caso, el promovente Patricia Ofelia Méndez Jiménez promovió juicio de amparo contra los actos que reclamó de la autoridad señalada como responsable, consistente en la privación de la libertad, desaparición forzada e incomunicación de Catarino Lorenzo Zapotitla Portada, quien en diligencia de veintinueve de junio del año en curso, ratificó la demanda. Sin embargo, de la constancias relativas a la carpeta de investigación número FGEP/CDI/FEIDA/FLAGRANCIA-I/009943/2021, misma que merecen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientoa civiles, supletorio a la Ley de Amparo conforme al artículo 2º, se sabe que la detención fue realizada en la avenida dieciséis de Septiembre de la colonia San Diego Manzanilla de la Primera sección de la ciudad de Puebla el día veintiocho de junio de dos mil veintiuno, a las catorce horas con treinta y cinco minutos y fue puesto a disposición de la Agente de Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación Especializada en Delitos de Alta Incidencia a las diecisiete horas con cinco minutos de ese mismo día, quien radicó la indagatoria antes mencionada, levantó constancia de lectura de derechos, así como la relativa a la llamada telefónica que el quejoso realizó a la promovente de la demanda de amparo, incluso la autoridad ministerial asentó el número telefónico al que llamó, también obra el dictamen médico 1500 en el que se constató que el quejoso carece de lesiones físicas presentes; incluso en la diligencia de ratificación de la demanda, indicó que no cuenta con lesiones. Estos es, el quejoso no fue desparecido, tampoco estuvo incomunicado y no fue torturado. Por ello, la demanda de amparo promovida en su nombre es improcedente. Si bien el artículo 15 de la Ley de Amparo establece que cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad; cierto también es que, ello va a ser así, a condición de que el interesado directo se encuentre imposibilitado para promover el amparo, lo que se puede leer en las frases siguientes de ese numeral: "Cuando traten de actos que importen. Incomunicación." "...y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquier otra persona en su nombre." Conforme a lo cual, no basta que se reclame alguno de los actos previstos en el citado artículo 15 para que la demanda la pueda promover cualquier extraño distinto al quejoso, sino que por virtud de la conjunción "y" debe entenderse que además debe existir una imposibilidad del quejoso para promover por sí mismo la demanda de amparo, ya que dicha circunstancia es la que justifica que sea una persona distinta al afectado quien promueva en su nombre, ante su imposibilidad material de acudir ante el órgano jurisdiccional en defensa de sus derechos. Es decir, la ley legitima en determinadas circunstancias que alguien promueva la demanda de amparo en nombre de otro; empero, si dichas condiciones no se satisfacen, quien haya instado el juicio carecerá de legitimación. En el caso, no se surte el supuesto establecido en el artículo 15 de la Ley de Amparo para que Patricia Ofelia Méndez Jiménez esté en aptitud de promover en nombre de Catarino Lorenzo Zapotitla Portada, al no satisfacerse los requisitos previstos en dicho numeral, dado que, como se vio, no se acredita que el quejoso se encontrara real y efectivamente incomunicado. Por tanto, no se surte la hipótesis para que diversa persona promoviera la demanda en su nombre y, por tanto, que el quejoso Catarino Lorenzo Zapotitla Portada estuviera incomunicado. En tales condiciones, al ser notoria e indudable la causal de improcedencia que se observa, con fundamento en los artículos 6º, 61, fracción XXIII, y 113, de la Ley de Amparo, SE DESECHA la demanda de amparo que se provee respecto al acto reclamado consistente en la incomunicación en tanto que la promovente carecía de legitimación para instar el juicio de amparo respecto de éstos, en nombre de Catarino Lorenzo Zapotitla Portada. Se ordena realizar las notaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en su oportunidad archivar el presente asunto como totalmente concluido. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y PERSONALMENTE AL QUEJOSO EN EL LUGAR DE RECLUSIÓN. Así lo proveyó y firma Cuauhtémoc Escobar González, Juez Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado, ante Édgar Moreno González, Secretaria que autoriza y da fe.

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