Catalino Ramos García

Expediente 1030/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1030/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
07/10/2022

Partes del expediente

  • Catalino Ramos García

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que el auto de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós por el que se desechó la demanda de amparo no fue recurrido mediante el recurso de queja que prevé el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dicho auto causa estado. Anótese lo procedente en el Libro de Gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido. DESTINO DE

  2. Principal

    Puebla, Puebla, veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo de **, contra los actos de la AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGADORA ADSCRITA A LA AGENCIA ESPECIALIZADA DE ALTA INCIDENCIA CON SEDE EN EL COMPLEJO DE SEGURIDAD PÚBLICA C5 CUAUTLANCINGO, PUEBLA, LIC. DANIELA CASTRO MÉNDEZ, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 1030/2022. IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA DE AMPARO Ahora bien, analizada en su integridad la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa en el apartado correspondiente señaló que reclama a la AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGADORA ADSCRITA A LA AGENCIA ESPECIALIZADA DE ALTA INCIDENCIA CON SEDE EN EL COMPLEJO DE SEGURIDAD PÚBLICA C5 CUAUTLANCINGO, PUEBLA, LIC. DANIELA CASTRO MÉNDEZ, el retardo para dictar acuerdo dentro de la carpeta de investigación **** , respecto a su solicitud de devolución del vehículo de su propiedad marca ****, que realizó mediante escrito de doce agosto de dos mil veintidós. De lo anterior, se advierte que la negativa de la que se duele el quejoso descansa en la actitud omisa e inconsistente de la autoridad responsable, misma que paraliza la investigación y le impiden tener acceso efectivo a la indagatoria y conocer las condiciones de la investigación para estar en aptitud de terminar con la misma obteniendo la resolución que conforme a derecho corresponde, generado una afectación a su derecho de procuración de justicia. Sentado lo anterior, debe decirse que respecto de dicho acto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior a virtud de que el Código Nacional de Procedimientos Penales prevé un medio de defensa mediante el cual el quejoso esta en aptitud de acudir ante la autoridad judicial ordinaria a solicitar que se le restituyera en sus derechos de víctima, antes de promover el juicio de amparo. En el caso, a la parte quejosa le reviste carácter de víctima dentro de la indagatoria ****, misma que conforme al relato del quejoso en su demanda de amparo señaló que el veintitrés de julio del año en curso fue víctima del robo del vehículo marca **** de su propiedad, a lo que el veinticinco de julio del actual se realizó un acuerdo reparatorio con el detenido, por lo que con fecha doce de agosto del actual solicitó ante la responsable la devolución del mismo, haciendo del conocimiento a la misma que el corralón donde se encuentra el citado vehículo es el corralón Municipal del Municipio de Coronango y no así el que la responsable hace mención. Además, refiere que a la presentación de esta demanda de amparo no ha recaído acuerdo a su petición respecto de la devolución de su vehículo lo que estima transgrede sus derechos pues existe una demora. Esto es, la parte quejosa plantea la omisión que se le acuerde la devolución del vehículo que refiere es de su propiedad. Ahora bien, el artículo 111 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé en favor de las víctimas y de los ofendidos de los delitos, la posibilidad del restablecimiento de las cosas al estado previo, para lo cual, en cualquier estado del procedimiento pueden solicitar al órgano jurisdiccional, como medida provisional y cuando la naturaleza del hecho lo permita, la restitución de sus bienes, objetos, instrumentos o productos del delito, o la reposición o restablecimiento de las cosas al estado que tenían antes del hecho, siempre que haya suficientes elementos para decidirlo. En congruencia con lo anterior, se observa que en términos del artículo 3º, fracción VII, del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Juez de control es el órgano jurisdiccional que interviene desde el principio del procedimiento y hasta el dictado del auto de apertura a juicio. Conforme al diverso 211, fracción I, inciso a) de esa misma codificación, el procedimiento penal comprende desde la investigación inicial. Luego, es indiscutible la posibilidad de intervención del juez de control desde que inicia la investigación, claro, a petición de las partes. Por tanto, es innegable que el Juez de Control puede intervenir a ejercer control en la etapa de investigación, desde que ésta inicia; intervención que debe realizar con miras a proteger los derechos de las partes, entre ellos, de las víctimas y de los ofendidos, tal como expresamente está previsto en el artículo 134, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo anterior se robustece y corrobora con las consideraciones de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 233/2017, en donde analizó, entre otros, los temas siguientes: I. La etapa de investigación - inicial y complementaria- en el Sistema Procesal Penal Acusatorio y las omisiones del Ministerio Público en dicha etapa; II. La figura del juez de control; III. Los derechos de la víctima u ofendido y particularmente el relativo a impugnar ante autoridad judicial las decisiones del Ministerio Público. De ello, destaca que la Primera Sala observó que en el artículo 16 constitucional, con motivo de las reformas de junio de dos mil ocho que implementaron el sistema de justicia penal acusatorio, se prevé la existencia de los jueces de Control, quienes resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, de las solicitudes de distintos actos y garanticen los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos; el párrafo es del texto siguiente: ".Los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de autoridad, que requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. Deberá existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones entre jueces y Ministerio Público y demás autoridades competentes." Ejecutoria en la que, en cuanto a la tarea que deben desempeñar los jueces de Control en todas las fases desde la investigación hasta antes de iniciar juicio, la Primera Sala identificó que el legislador permanente estableció en su exposición de motivos de la reforma aludida, que los jueces de Control también deben conocer las impugnaciones contra las determinaciones del Ministerio Público, para controlar su legalidad y en todos los casos señalados, resguardar los derechos de los imputados y las víctimas u ofendidos. La Primer Sala destacó que los jueces de control se erigen como garantes de que las partes actuarán de buena fe y deben velar por la regularidad del proceso y el ejercicio correcto de las facultades procesales y que por ello, el juez de control ejerce una vigilancia de los derechos constitucionales de los sujetos procesales durante las fases de investigación e intermedia, garantizándoles una respuesta pronta e inmediata, bajo las reglas del control judicial, sobre aquellas diligencias, actos procesales o comportamientos de las agencias formales del sistema de justicia penal que pongan en peligro o lesionen los derechos constitucionales de los sujetos procesales. De igual manera dijo que el juez de Control tiene dos principales funciones, una de carácter cautelar y otra de cognición. Las primeras implican, entre otra, garantizar los derechos fundamentales del inculpado y de la víctima. Las segundas, versan sobre determinaciones concretas a pretensiones específicas de las partes. Todo ello puede observarse en la transcripción conducente de la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis citada: II. La figura del juez de control 54.- Con motivo de la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho, se estableció en el artículo 16, párrafo décimo cuarto de la Constitución Federal, la figura del juez de control, en los siguientes términos: "Artículo 16. (.) Los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. Deberá existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones entre jueces y Ministerio Público y demás autoridades competentes." 55.- En el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia de la Cámara de Diputados, de once de diciembre de dos mil siete, se puntualizó lo siguiente: "Se prevé la inclusión de un juez de control que resuelva, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que así lo requieran, cuidando se respeten las garantías de las partes y que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho." 56.- Además, en el Dictamen de la Cámara de Senadores de trece de diciembre de dos mil siete se advierte, en lo que interesa, lo siguiente: "Conscientes de la realidad compleja que vive nuestro país y particularmente de la rapidez con que varían las circunstancias propicias para la realización de una diligencia de las antes mencionadas, se coincide con la preocupación de apoyar el Estado de Derecho y de manera sobresaliente el combate a la delincuencia de alto impacto, por lo que sin perjuicio de la responsabilidad del Ministerio Público, se estima necesario establecer la existencia de jueces de control que se aboquen a resolver las medidas provisionales y demás diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, sin que ello implique dejar de fundar y motivar concretamente sus resoluciones, que podrán ser comunicadas por cualquier medio fehaciente y contengan los datos requeridos. (.) Otra atribución del juez de control sería conocer las impugnaciones de las resoluciones de reserva, no ejercicio de la acción penal, el desistimiento y la suspensión de la acción penal, para controlar su legalidad y en todos los casos señalados resguardar los derechos de los imputados y las víctimas u ofendidos. Este tipo de jueces podrán ser los que substancien las audiencias del proceso, preliminares al juicio, las cuales desde luego que se regirán por los principios generales del proceso, previstos en el artículo 20 propuesto en la minuta, ya que dependerá de la organización que las leyes establezcan pero también de las cargas laborales y los recursos disponibles, en razón de que seguramente en circuitos judiciales de alta incidencia delictiva, se requerirá de algún o algunos jueces que se aboquen sólo a resolver las medidas, providencias y técnicas señaladas, otros jueces que se constriñan a revisar las impugnaciones contra las determinaciones del Ministerio Público, que pueden ser miles, y otros jueces más que se responsabilicen de substanciar el proceso hasta antes del juicio, incluso los procesos abreviados.(.) Por lo que estas comisiones unidas coinciden con la Colegisladora y determinan procedente incluir jueces de control, que se responsabilizarán de la resolución rápida de las solicitudes ministeriales de cateos, arraigos, intervenciones de comunicaciones privadas, órdenes de aprehensión, y las demás que requieran control judicial, asimismo, resolver las impugnaciones contra las determinaciones del Ministerio Público, y realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme los principios del sistema acusatorio, de conformidad con las reglas de organización que al efecto se emita por cada -------------------------------------------------------------------------------

  3. Principal

    SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DECRETADO EN DILIGENCIA DE NOTIFICACION Y SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Puebla, Puebla, veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo de **, contra los actos de la AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGADORA ADSCRITA A LA AGENCIA ESPECIALIZADA DE ALTA INCIDENCIA CON SEDE EN EL COMPLEJO DE SEGURIDAD PÚBLICA C5 CUAUTLANCINGO, PUEBLA, LIC. DANIELA CASTRO MÉNDEZ, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 1030/2022. IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA DE AMPARO Ahora bien, analizada en su integridad la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa en el apartado correspondiente señaló que reclama a la AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGADORA ADSCRITA A LA AGENCIA ESPECIALIZADA DE ALTA INCIDENCIA CON SEDE EN EL COMPLEJO DE SEGURIDAD PÚBLICA C5 CUAUTLANCINGO, PUEBLA, LIC. DANIELA CASTRO MÉNDEZ, el retardo para dictar acuerdo dentro de la carpeta de investigación **** , respecto a su solicitud de devolución del vehículo de su propiedad marca ****, que realizó mediante escrito de doce agosto de dos mil veintidós. De lo anterior, se advierte que la negativa de la que se duele el quejoso descansa en la actitud omisa e inconsistente de la autoridad responsable, misma que paraliza la investigación y le impiden tener acceso efectivo a la indagatoria y conocer las condiciones de la investigación para estar en aptitud de terminar con la misma obteniendo la resolución que conforme a derecho corresponde, generado una afectación a su derecho de procuración de justicia. Sentado lo anterior, debe decirse que respecto de dicho acto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior a virtud de que el Código Nacional de Procedimientos Penales prevé un medio de defensa mediante el cual el quejoso esta en aptitud de acudir ante la autoridad judicial ordinaria a solicitar que se le restituyera en sus derechos de víctima, antes de promover el juicio de amparo. En el caso, a la parte quejosa le reviste carácter de víctima dentro de la indagatoria ****, misma que conforme al relato del quejoso en su demanda de amparo señaló que el veintitrés de julio del año en curso fue víctima del robo del vehículo marca **** de su propiedad, a lo que el veinticinco de julio del actual se realizó un acuerdo reparatorio con el detenido, por lo que con fecha doce de agosto del actual solicitó ante la responsable la devolución del mismo, haciendo del conocimiento a la misma que el corralón donde se encuentra el citado vehículo es el corralón Municipal del Municipio de Coronango y no así el que la responsable hace mención. Además, refiere que a la presentación de esta demanda de amparo no ha recaído acuerdo a su petición respecto de la devolución de su vehículo lo que estima transgrede sus derechos pues existe una demora. Esto es, la parte quejosa plantea la omisión que se le acuerde la devolución del vehículo que refiere es de su propiedad. Ahora bien, el artículo 111 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé en favor de las víctimas y de los ofendidos de los delitos, la posibilidad del restablecimiento de las cosas al estado previo, para lo cual, en cualquier estado del procedimiento pueden solicitar al órgano jurisdiccional, como medida provisional y cuando la naturaleza del hecho lo permita, la restitución de sus bienes, objetos, instrumentos o productos del delito, o la reposición o restablecimiento de las cosas al estado que tenían antes del hecho, siempre que haya suficientes elementos para decidirlo. En congruencia con lo anterior, se observa que en términos del artículo 3º, fracción VII, del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Juez de control es el órgano jurisdiccional que interviene desde el principio del procedimiento y hasta el dictado del auto de apertura a juicio. Conforme al diverso 211, fracción I, inciso a) de esa misma codificación, el procedimiento penal comprende desde la investigación inicial. Luego, es indiscutible la posibilidad de intervención del juez de control desde que inicia la investigación, claro, a petición de las partes. Por tanto, es innegable que el Juez de Control puede intervenir a ejercer control en la etapa de investigación, desde que ésta inicia; intervención que debe realizar con miras a proteger los derechos de las partes, entre ellos, de las víctimas y de los ofendidos, tal como expresamente está previsto en el artículo 134, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo anterior se robustece y corrobora con las consideraciones de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 233/2017, en donde analizó, entre otros, los temas siguientes: I. La etapa de investigación - inicial y complementaria- en el Sistema Procesal Penal Acusatorio y las omisiones del Ministerio Público en dicha etapa; II. La figura del juez de control; III. Los derechos de la víctima u ofendido y particularmente el relativo a impugnar ante autoridad judicial las decisiones del Ministerio Público. De ello, destaca que la Primera Sala observó que en el artículo 16 constitucional, con motivo de las reformas de junio de dos mil ocho que implementaron el sistema de justicia penal acusatorio, se prevé la existencia de los jueces de Control, quienes resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, de las solicitudes de distintos actos y garanticen los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos; el párrafo es del texto siguiente: ".Los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de autoridad, que requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. Deberá existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones entre jueces y Ministerio Público y demás autoridades competentes." Ejecutoria en la que, en cuanto a la tarea que deben desempeñar los jueces de Control en todas las fases desde la investigación hasta antes de iniciar juicio, la Primera Sala identificó que el legislador permanente estableció en su exposición de motivos de la reforma aludida, que los jueces de Control también deben conocer las impugnaciones contra las determinaciones del Ministerio Público, para controlar su legalidad y en todos los casos señalados, resguardar los derechos de los imputados y las víctimas u ofendidos. La Primer Sala destacó que los jueces de control se erigen como garantes de que las partes actuarán de buena fe y deben velar por la regularidad del proceso y el ejercicio correcto de las facultades procesales y que por ello, el juez de control ejerce una vigilancia de los derechos constitucionales de los sujetos procesales durante las fases de investigación e intermedia, garantizándoles una respuesta pronta e inmediata, bajo las reglas del control judicial, sobre aquellas diligencias, actos procesales o comportamientos de las agencias formales del sistema de justicia penal que pongan en peligro o lesionen los derechos constitucionales de los sujetos procesales. De igual manera dijo que el juez de Control tiene dos principales funciones, una de carácter cautelar y otra de cognición. Las primeras implican, entre otra, garantizar los derechos fundamentales del inculpado y de la víctima. Las segundas, versan sobre determinaciones concretas a pretensiones específicas de las partes. Todo ello puede observarse en la transcripción conducente de la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis citada: II. La figura del juez de control 54.- Con motivo de la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho, se estableció en el artículo 16, párrafo décimo cuarto de la Constitución Federal, la figura del juez de control, en los siguientes términos: "Artículo 16. (.) Los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. Deberá existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones entre jueces y Ministerio Público y demás autoridades competentes." 55.- En el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia de la Cámara de Diputados, de once de diciembre de dos mil siete, se puntualizó lo siguiente: "Se prevé la inclusión de un juez de control que resuelva, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que así lo requieran, cuidando se respeten las garantías de las partes y que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho." 56.- Además, en el Dictamen de la Cámara de Senadores de trece de diciembre de dos mil siete se advierte, en lo que interesa, lo siguiente: "Conscientes de la realidad compleja que vive nuestro país y particularmente de la rapidez con que varían las circunstancias propicias para la realización de una diligencia de las antes mencionadas, se coincide con la preocupación de apoyar el Estado de Derecho y de manera sobresaliente el combate a la delincuencia de alto impacto, por lo que sin perjuicio de la responsabilidad del Ministerio Público, se estima necesario establecer la existencia de jueces de control que se aboquen a resolver las medidas provisionales y demás diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, sin que ello implique dejar de fundar y motivar concretamente sus resoluciones, que podrán ser comunicadas por cualquier medio fehaciente y contengan los datos requeridos. (.) Otra atribución del juez de control sería conocer las impugnaciones de las resoluciones de reserva, no ejercicio de la acción penal, el desistimiento y la suspensión de la acción penal, para controlar su legalidad y en todos los casos señalados resguardar los derechos de los imputados y las víctimas u ofendidos. Este tipo de jueces podrán ser los que substancien las audiencias del proceso, preliminares al juicio, las cuales desde luego que se regirán por los principios generales del proceso, previstos en el artículo 20 propuesto en la minuta, ya que dependerá de la organización que las leyes establezcan pero también de las cargas laborales y los recursos disponibles, en razón de que seguramente en circuitos judiciales de alta incidencia delictiva, se requerirá de algún o algunos jueces que se aboquen sólo a resolver las medidas, providencias y técnicas señaladas, otros jueces que se constriñan a revisar las impugnaciones contra las determinaciones del Ministerio Público, que pueden ser miles, y otros jueces más que se responsabilicen de substanciar el proceso hasta antes del juicio, incluso los procesos abreviados.(.) Por lo que estas comisiones unidas coinciden con la Colegisladora y determinan procedente incluir jueces de control, que se responsabilizarán de la resolución rápida de las solicitudes ministeriales de cateos, arraigos, intervenciones de comunicaciones privadas, órdenes de aprehensión, y las demás que requieran control judicial, asimismo, resolver las impugnaciones contra las determinaciones del Ministerio Público, y realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme los principios del sistema acusatorio, de conformidad con las reglas de organización que al efecto se emita por cada ------------------------------------------------------------------------------

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