Catalina Vázquez Juana

Expediente 578/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 5 actuaciones registradas, la última del 11 de septiembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
578/2017
Año
2017
Actuaciones
5
Última actuación
11/09/2017

Partes del expediente

  • Catalina Vázquez Juana
  • CATALINA VÁZQUEZ JUANA y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; once de septiembre de dos mil diecisiete . Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en su caratula. Notifíquese.

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En la ciudad y puerto de Acapulco, Guerrero, siendo las once horas del veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, día y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo número 578/2017, promovido por Catalina Vázquez Juana, por su propio derecho, se procede a celebrarla encontrándose en audiencia pública el licenciado Adrián Arteaga Navarro, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistido del licenciado Marco Antonio Cuenca Zamora, Secretario que autoriza y da fe. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, el Juez la declara abierta sin la asistencia personal de las partes. A continuación, el Secretario hace relación de las constancias que obran en el expediente: sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas, en atención a las consideraciones contenidas en la tesis de la Octava Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su anterior integración, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1989, visible en la página 185, que se aplica por analogía que dice: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas." Abierto el periodo de pruebas: el Secretario da cuenta con las documentales que allegó la Junta responsable como apoyo a su informe con justificación. A lo anterior el Juez acuerda: con fundamento en lo dispuesto por los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase como pruebas las de referencia, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza. Al no haber pruebas pendientes por desahogar se cierra el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos: el Secretario hace constar que las partes no ejercieron ese derecho, por lo que se da por concluida esta etapa. Al no haber diligencias pendientes por desahogar, ni pedimento del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se da por concluida la presente audiencia, procediéndose a dictar la siguiente resolución. VISTOS los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo número 578/2017; y R E S U L T A N D O : PRIMERO.- Presentación de la demanda. Por escrito recibido el veinte de junio de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, remitido ese mismo día por razón de turno a este Juzgado Octavo, Catalina Vázquez Juana, por su propio derecho, presentó demanda de amparo contra la autoridad y por el acto que enseguida se menciona: AUTORIDAD RESPONSABLE: 1.- Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en Zihuatanejo, Guerrero. 2.- Actuario adscrito a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en Zihuatanejo, Guerrero. ACTOS RECLAMADOS: "a).- consiste en que la autoridad responsable la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Zihuatanejo, Guerrero, mediante auto de fecha siete de junio del año dos mil diecisiete, señalo una fecha lejana en exceso -las diez horas con treinta minutos del día dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete-, para que tenga lugar el desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la demandada DULCE MARÍA BERENICE GALINDO MARISCAL,. b) Que el Actuario no notifica a los testigos para que estos estén obligados a presentarse a su audiencia testimonial.". SEGUNDO.- Tramitación del juicio. Por acuerdo de veintiuno de junio de dos mil diecisiete, se admitió a trámite la demanda de amparo y se registró en el libro de gobierno respectivo con el número 578/2017; se solicitó de las autoridades responsables rindieran su informe justificado; se dio vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se verificó con el resultado asentado en el acta que antecede, y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 35, párrafo primero, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, porque se reclama un acto dictado dentro de un juicio laboral que se tramita ante una autoridad con residencia en la jurisdicción de este órgano de control constitucional, que puede tener sobre las personas una ejecución de imposible reparación. SEGUNDO. Precisión de acto. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados es el hecho de que en auto de siete de junio pasado fijó las diez horas con treinta minutos del dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete para el desahogo de la prueba testimonial con cargo a Leonor Gallardo Salinas, Gregorio Herrera Lubiano y Janet Vargas Carbajal, ofrecida por la demandada Dulce María Berenice Galindo Mariscal en el expediente 399/2016, así como la omisión de notificar a los testigos a su desahogo. TERCERO. Oportunidad. Si se considera oportuna la presentación de la demanda de amparo, porque el acto reclamado consistente en la omisión de desahogar pruebas dentro de un juicio laboral, al tratarse de acto de trato sucesivo la interposición de la demanda de amparo puede presentarse en cualquier tiempo. CUARTO. Inexistencia del acto reclamado. La Actuaria adscrita a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en Zihuatanejo, Guerrero, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado en relación a que no se ha podido llevar acabo el desahogo de la prueba testimonial con cargo a Leonor Gallardo Salinas, Gregorio Herrera Lubiano y Janet Vargas Carbajal, en el juicio laboral 399/2016, porque no se ha notificado a los testigos; sin embargo, de las copias certificadas de las constancias que integran el citado juicio laboral, que anexó la junta su informe justificado, a las cuales se les otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo establecido por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2, se advierte la inexistencia del acto reclamado, en atención a lo siguiente: 1. Mediante razones actuariales de tres de mayo del año en curso, la actuaria adscrita a la junta laboral hizo constar su imposibilidad para notificar a los testigos Leonor Gallardo Salinas, Gregorio Herrera Lubiano y Janet Vargas Carbajal, en los domicilios proporcionados por la oferente de la prueba (calle Santa María, manzana 6, lote 1, colonia Emiliano Zapata, calle Higuera, manzana 40, lote 7 de la colonia Ignacio Manuel Altamirano y calle Matamoros, manzana 12, lote 11 de la colonia 6 de Enero, todos en Zihuatanejo, Guerrero, respectivamente) al desahogo de la prueba testimonial-fojas 35, 36 y 37-. 2. Mediante diligencia de siete de junio de dos mil diecisiete, no se llevó a cabo el desahogo de la prueba testimonial con cargo a Leonor Gallardo Salinas, Gregorio Herrera Lubiano y Janet Vargas Carbajal, ante la imposibilidad de la actuaria para citarlos, por lo que se señaló nueva fecha para su verificativo, ordenando la junta que la presentación de los citados testigos quedaba a cargo de la oferente de la prueba (foja 38) De lo anterior se advierte que no es cierto el acto reclamado, cuenta habida que a la fecha en que la parte quejosa acusó la presunta inconstitucionalidad de la conducta autoritaria, esto es, al momento en que la demanda de amparo fue presentada -a saber, el veinte de junio de dos mil diecisiete- no era verdad que la Actuaria responsable hubiere omitido citar a los testigos Leonor Gallardo Salinas, Gregorio Herrera Lubiano y Janet Vargas Carbajal, para el desahogo de la prueba testimonial, sino a la imposibilidad asentada por la referida fedataria para notificar a los citados atestes en el domicilio proporcionado por la oferente de la prueba. De ahí que no sea dable tener como cierto el acto reclamado; y como consecuencia procede sobreseer el presente juicio de garantías en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. QUINTO.- Certeza del acto reclamado. La Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en Zihuatanejo, Guerrero, al rendir su informe justificado por conducto de su Presidenta, aceptaron la existencia de los actos reclamados. Lo que además se corrobora con las copias certificadas de las constancias que integran el juicio laboral 399/2016 allegadas a este sumario por la Junta responsable, en las cuales se encuentra el acto reclamado consistente en el auto de siete de junio del año en curso. SEXTO. Improcedencia. Previo al estudio de fondo de la constitucionalidad del acto reclamado, procede analizar las causas de improcedencia, ya sea que las hagan valer las partes o que se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo; en ese sentido, este juzgador oficiosamente advierte que en el presente caso se actualiza la hipótesis prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 77, fracción II, ambos de la propia Ley de Amparo, éste último aplicado a contrario sensu, en atención a las siguientes consideraciones. El argumento de la quejosa para acudir a la presente instancia constitucional, se basa esencialmente en el hecho de que la autoridad laboral transgredió en su perjuicio la garantía que a su favor tutela el artículo 17 de la Constitución Federal, en tanto que de dicho numeral se deriva que los tribunales impartirán justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial; lo anterior, porque al emitir el proveído de siete de junio de dos mil diecisiete, señaló una fecha distante para el verificativo de la prueba testimonial ofrecida por la demandada Dulce María Berenice Galindo Mariscal, en el juicio laboral 399/2016; esto es, fuera del lapso de diez días señalado por la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 884, fracción II. En este punto, es importante tener en consideración que si bien es cierto la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró la jurisprudencia 2ª./J.45/2007, consultable en la página 528 tomo XXV, Abril de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO SE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, SUS EFECTOS DEBEN COMPRENDER NO SÓLO LAS OMISIONES Y DILACIONES DE TRAMITAR UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, SEÑALADAS EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS, SINO TAMBIÉN LAS SUBSECUENTES.", dicho criterio ya no es aplicable en virtud de que mediante resolución de dieciocho de septiembre de dos mil trece, dictada en el recurso de inconformidad 282/2013, la propia sala del Máximo Tribunal de la Nación determinó abandonar el criterio contenido en la tesis aludida al considerar que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración de la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo. Así las cosas, de las constancias que allegó la junta responsable -cuyo valor probatorio pleno quedó señalado en el considerando cuarto-, se deriva que si bien es cierto en el proveído de siete de junio pasado se fijaron las diez horas con treinta minutos del dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete para que tenga verificativo el desahogo de la prueba testimonial a cargo de Leonor Gallardo Salinas, Gregorio Herrera Lubiano y Janet Vargas Carbajal, en el juicio laboral 399/2016; sin embargo, no puede soslayarse el tiempo que necesariamente deberá transcurrir para que la resolución que se emita en la presente resolución cause firmeza, así como el plazo que al efecto se le otorgue para dar cumplimiento a dicha resolución. Entonces, el juicio de garantías siempre debe tener una finalidad práctica, pues de otro modo no podría materializarse lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley de Amparo; y en ese orden de ideas, partiendo de la base de que los alcances de una eventual sentencia amparadora en tratándose de omisiones dentro de un procedimiento laboral, deben materializarse en función de las circunstancias particulares de cada caso, como lo son las destacadas en el párrafo que antecede. Por tanto, a ningún fin práctico conduciría otorgar la protección de la justicia federal para el efecto de que la responsable señalara una fecha más próxima, pues el momento en el que jurídica y materialmente sería posible para la responsable dar cumplimiento a dicho fallo amparador, seria relativamente cercano o coincidente con la fecha señalada en el auto de siete de junio anterior, tomando además en cuenta que en dicho proveído se ordenó la presentación de lo atestes Leonor Gallardo Salinas, Gregorio Herrera Lubiano y Janet Vargas Carbajal con cargo a la oferente de la prueba, con el apercibimiento que de no presentarlos se declarara desierta la prueba testimonial, de lo cual quedaron notificadas las partes en el juicio laboral de origen a través de sus respectivos apoderados legales; situación que pone de manifiesto que en la especie opera la causal de improcedencia que resulta al relacionar el artículo 77, fracción II, de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución Federal, en su interpretación a contrario imperio, con la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que -se insiste-, a ningún fin práctico conduciría otorgar la protección de la justicia federal que se solicita, y por ende, con fundamento en el arábigo 63 del mismo ordenamiento legal se impone decretar el sobreseimiento en el presente juicio a su respecto. Cobra actualidad sobre el particular la jurisprudencia número P./J 90/97, emitida por el Peno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página nueve del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, Diciembre de mil novecientos noventa y siete, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija." Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias invocadas en el presente asunto no obstante que fueron integradas conforme a la ley anterior, continúan en vigor y por ende aplicables al presente asunto, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo antes expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 63, 74, 75, 77, fracción II, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E : ÚNICO.- Se sobresee el juicio de amparo número 578/2017, promovido por Catalina Vázquez Juana, contra los actos, autoridades responsables y por los motivos reseñados en los considerandos cuarto y último de esta sentencia. Notifíquese, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.Así lo resolvió y firma el Licenciado Adrián Arteaga Navarro, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, el veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, asistido por Marco Antonio Cuenca Zamora, Secretario que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    Acapulco, Guerrero; siete de agosto de dos mil diecisiete. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para conocimiento de las partes, se tienen por rendidos los informes justificados del Presidente y de la Actuaria, de la Junta Local de Conciliación y arbitraje, ambos de Zihuatanejo Guerrero, sin perjuicio de relacionarlos en la audiencia constitucional.

  4. Principal

    Acapulco, Guerrero, diecinueve de julio de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que no obran los informes justificados del Presidente y Acuario adscritos a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Zihuatanejo Guerrero, ni los acuses de recibo del que conste que hayan recibido los oficios de notificación número 15078/2017 y 15079 de veintiuno de junio del año en curso, mediante el cual se le solicitó. Para dar margen a lo anterior, la audiencia programada para el día de hoy, según se advierte de la certificación de cuenta se difiere para las ONCE HORAS DEL VEINTITRÉS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE . Notifíquese.

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