Catalina Esmeralda Godoy Chida

Expediente 856/2015 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 57 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
856/2015
Año
2015
Actuaciones
57
Última actuación
29/11/2016

Partes del expediente

  • Catalina Esmeralda Godoy Chida

Actuaciones

Las 4 más recientes de 57.

  1. Principal

    Visto...se aprecia que ha transcurrido el término,...y no se recurrió la sentencia...ha causado ejecutoria...archívese este asunto com totalmente concluido...se aprecia que la quejosa anexó documentales...se dejan a su disposición...

  2. Principal

    RAZON DE NOTIFICACION PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA CATALINA ESMERALDA GODOHY CHIDA, EL AUTO DE VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, MISMO QUE DICE... Acapulco, Guerrero; veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, al no existir actuación alguna por cumplimentar, archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracciones II y IV, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de depuración, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita. Ahora bien, en relación al original y duplicado del incidente de suspensión, se establece que al haberse negado la suspensión de los actos reclamados, se determina que ambos cuadernos son susceptibles de destrucción al encuadrar en la hipótesis prevista en la fracción III, del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto referido, por lo que se ordena glosar ambos cuadernos al expediente principal. Hágase constar lo anterior, tanto en la carátula del expediente principal, como del incidente de suspensión. Ahora bien, dado lo voluminoso del expediente en que se actúa, con objeto de facilitar su consulta y manejo, se ordena abrir un tomo al que deberán glosarse los referidos cuadernos incidentales. Por otro lado, tomando en consideración que al presente asunto el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Allende, con residencia en Ayutla de los Libres, Guerrero, con motivo de su informe justificado remitió los expedientes originales relativos al juicio sucesorio intestamentario 50/2000 así como del juicio ordinario civil 44/2006, que constituyen los tomos de prueba I y II, devuélvanse a la referida autoridad, dado que resulta innecesario su permanencia en este órgano jurisdiccional. Finalmente, de autos se aprecia que la quejosa Catalina Esmeralda Godoy Chida anexo a su demanda, las documentales consistentes en la credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral, licencia para conducir por parte del Gobierno de Veracruz así como una de cedula de identidad personal expedida por la Secretaria de Gobernación; por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo tercero, artículo décimo primero, último párrafo, del preindicado Acuerdo General, se dejan a su disposición, para que dentro del lapso de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que le surta efectos la notificación de este proveído, comparezca ante este juzgado federal a recogerlo, previa identificación con documento oficial que contenga su fotografía y certificación de su desglose; apercibida que de no hacerlo así dentro del plazo indicado dichos documentos serán depurados junto con el expediente. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa... LO QUE NOTIFICO POR ESTE MEDIO A LA CITADA QUEJOSA, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR...

  3. Principal

    Acapulco, Guerrero, once de noviembre de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por el tercero interesado Arturo Chida Quintana; en atención a su contenido, con fundamento en el numeral 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídasele por duplicado las copias certificadas que refiere, previa razón que obre para constancia legal, en la inteligencia de que es a su costa su reproducción, asimismo se le tiene por autorizando para tal efecto, a las personas que designa en su ocurso de mérito.Notifíquese. Así lo proveyó y firma Adrián Arteaga Navarro, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido por Marco Antonio Cuenca Zamora, Secretario adscrito al propio Juzgado de Distrito que autoriza y da fe.

  4. Principal

    RAZÓN DE NOTIFICACIÓN PERSONAL POR ESTRADOS: SE NOTIFICA A LA PARTE PARTE QUEJOSA CATALINA ESMERALDA GODOY CHIDA, Y TERCEROS INTERESADOS OCTAVIO RAMÍREZ MAYO, JESÚS REY GODOY CHIDA, BLANCA FLOR DE MARÍA GODOY CHIDA, SANTOS SALOMÓN GODOY CHIDA, RUBÍ GODOY CHIDA Y PATRICIA CORAL GODOY CHIDA, EL CONTENIDO DE LA SENTENCIA DE FECHA NUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISEIS, MISMA QUE DICE... VISTOS; para resolver, los autos del juicio de amparo número 856/2015, promovido por Catalina Esmeralda Godoy Chida, por su propio derecho, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Allende, con residencia en Ayutla de los Libres, Guerrero y otras autoridades. R E S U L T A N D O PRIMERO. Por escrito presentado el once de agosto de dos mil quince, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad y remitido ese mismo día por razón de turno, a este Juzgado Octavo de Distrito, Catalina Esmeralda Godoy Chida, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES Ordenadora Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Allende. Con residencia en Ayutla de los Libres, Guerrero Ejecutoras Actuario adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Allende. Con residencia en Ayutla de los Libres, Guerrero Delegado en Acapulco del Registro Público de la Propiedad, del Comercio y Crédito Agrícola Con residencia en esta ciudad ACTOS RECLAMADOS DE LA ORDENADORA: DEL C. JUEZ MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE ALLENDE, RECLAMO: "a). -El ilegal juicio seguido a mis espaldas por el Juez Mixto Ordenador, en el expediente 50/2000, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a Bienes de mis Padres Jesús Godoy Mena y Catalina Chida Martínez, denunciado por los ahora terceros interesados Jesús Rey, Blanca Flor de María, Patricia Coral, Rubí y Santos Salomón de apellidos Godoy Chida. b). - El ilegal juicio seguido a mis espaldas por el Juez Mixto Ordenador, en el expediente 44/2006, relativo al Juicio Ordinario Civil 44/2006 (Usucapión), iniciado por el C. Arturo Chida Quintana en contra de Blanca Flor de María y Rubí de apellidos Godoy Chida. DE LA EJECUTORA, EL C. ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE ALLENDE, RECLAMO: a). - La falta de emplazamiento legal a juicio, precisamente al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de mis padres Jesús Godoy Mena y Catalina Chida Martínez, denunciado por los ahora terceros interesados Jesús Rey, Blanca Flor de María, Patricia Coral, Rubí y Santos Salomón de apellidos Godoy Chida, con número de expediente 50/2000 y al Juicio Ordinario Civil de Usucapión 44/2006, promovido por C. Arturo Chida Quintana en contra de Blanca Flor de María y Rubí de apellidos Godoy Chida. DE LA EJECUTORA, EL C. DELEGADO EN ACAPULCO DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD, DEL COMERCIO Y CREDITO AGRICOLA, RECLAMO: a). - La inscripción de la escritura de propiedad ordenada mediante resolución judicial por el juez ordenador a favor del tercero interesado Arturo Chida Quintana (folio de derechos reales números 3666 y 3662), dentro del expediente número 44/2006, relativo al Juicio Ordinario Civil (Usucapión), promovido por Arturo Chida Quintana en contra de Blanca Flor de María y Rubí de apellidos Godoy Chida. SEGUNDO. La parte quejosa señaló como derechos violados los contenidos en los artículos 1, 14, 16. TERCERO. Por acuerdo de doce de agosto de dos mil quince, se registró la demanda de amparo en el libro de gobierno respectivo con el número 856/2015, la cual después de una prevención que fue desahogada favorablemente, se admitió a trámite mediante proveído de veintiuno de agosto del dos mil quince, se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados, se ordenó notificar a los terceros interesados, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal correspondiente; y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Asimismo es necesario mencionar que mediante ocurso de diecinueve de febrero del presente año, el tercero interesado Arturo Chida Quintana interpuso recurso de queja en contra del proveído de esa misma fecha, ordenándose la suspensión del procedimiento, misma que mediante ejecutoria de veintiocho de junio pasado fue declarada infundada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, en el recurso de queja civil 63/2016, reanudándose el procedimiento por acuerdo de veintiuno de julio de esta anualidad, señalándose fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual después de un diferimiento tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107 fracción III, inciso c) de la Constitución Federal; 33, 35, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, ya que se reclaman actos dentro de un juicio familiar y civil concluidos, en el que la parte quejosa se ostenta como tercera extraña por equiparación, radicados ante un juzgado en materia civil y familiar con residencia en la jurisdicción de este juzgado de Distrito. SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, del estudio integral de la demanda de amparo y escritos aclaratorios en relación con las constancias que obran en el expediente se precisa que la parte quejosa reclama la falta de emplazamiento al juicio sucesorio intestamentario a bienes Jesús Godoy Mena y Catalina Chida Martínez, denunciado por Jesús Rey, Blanca Flor de María, Patricia Coral, Rubí y Santos Salomón de apellidos Godoy Chida, con número de expediente 50/2000, en razón de que la firma que calza en el escrito de demanda que dio origen a dicho juicio, no es de su puño y letra, incluyendo todo lo actuando con posterioridad, asi como la sentencia dictada en el mismo, y la adjudicación e inscripción ante el Registro Público de la Propiedad, del inmueble ubicado en la esquina que forman las calles Juárez y Plan de Ayutla, Colonia Centro, en Ayutla de los Libres, Guerrero, a favor del tercero interesado Arturo Chida Quintana, por sentencia emitida en el juicio ordinario de usucapión 44/2006, promovido por dicha parte procesal en contra de Blanca Flor de María y Rubí de apellidos Godoy Chida. TERCERO. Son ciertos los actos reclamados al Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Allende, con residencia en Ayutla de los Libres, Guerrero, ya que así lo reconoció al rendir su informe justificado (fojas 57 a 58); determinación que se hace extensiva al Actuario adscrito a dicho Juzgado, de quien no se cuenta con su informe justificado, pese a estar notificado para ello como se advierte del acuse de recibo del oficio A-VI-3420 (foja 49), sin embargo dado el carácter de ejecutor con el que fue designado debe tenérsele por ciertos los actos reclamados. Hecho que se corrobora fehacientemente con los originales del Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de mis padres Jesús Godoy Mena y Catalina Chida Martínez, denunciado por los ahora terceros interesados Jesús Rey, Blanca Flor de María, Patricia Coral, Rubí y Santos Salomón de apellidos Godoy Chida, con número de expediente 50/2000 así como del diverso Juicio Ordinario Civil de Usucapión 44/2006, promovido por C. Arturo Chida Quintana en contra de Blanca Flor de María y Rubí de apellidos Godoy Chida (tomos I y II de pruebas) , los cuales hacen prueba plena en el juicio, de acuerdo a lo establecido en los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2. Por su parte el Delegado en Acapulco del Registro Público de la Propiedad y del Comercio Agrícola, con residencia en esta ciudad, fue omiso en rendir su informe justificado, no obstante estar debidamente notificado para ello como se advierte de la constancia de notificación del oficio (foja 41), sin embargo del informe previo rendido en el cuaderno incidental del presente juicio de amparo, invocado como hecho notorio en términos del numeral 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, si bien el negó el acto que se le atribuye consistente en la adjudicación e inscripción del inmueble ubicado en la esquina que forman las calles Juárez y Plan de Ayutla, Colonia Centro, en Ayutla de los Libres, Guerrero, se le tiene por cierto, al haber aceptado el mismo la autoridad responsable ordenadora. CUARTO. Una vez verificada la certeza de los actos reclamados, antes de entrar al estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados, es necesario precisar que mediante ocurso de once de septiembre pasado, la parte quejosa por medio de su autorizado Guillermo Bailón Ramos, ofreció la prueba pericial en materia de grafoscopia y documentoscopia con cargo al perito Adrián Román Estrada, esto con la finalidad de acreditar que la firma que obra en el diverso escrito de denuncia intestamentaria de treinta de octubre del año dos mil así como de los demás escritos en que obra su firma no es de su autoría y por lo tanto la misma fue falsificada, la cual fue admitida mediante proveído de tres de diciembre de dos mil quince. Por otro lado, el tercero interesado Arturo Chida Quintana, a través de los diversos escritos de dieciocho de diciembre de dos mil quince, amplio el cuestionario sobre el cual versaría la prueba pericial en materia de grafoscopia y documentoscopia, asimismo se le tuvo por ofreciendo la diversa prueba pericial en materia de cotejo de letras con cargo al perito Mario Gerardo Mendoza García, señalándose para su desahogo las DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL CINCO DE ENERO DEL PRESENTE AÑO. Ahora bien, no obstante estar debidamente notificada para ello, la quejosa Catalina Esmeralda Godoy Chida, no compareció en la fecha señalada para la toma de sus muestras caligráficas, mismas que servirían el desahogo de la prueba pericial en materia de grafoscopia y documentoscopia, así como de cotejo de letras (foja 152) ni tampoco a las subsecuentes fechas señaladas para tal fin (fojas 178 y 201), no obstante estar debidamente notificado para ello (fojas 148, 166 y 187) por lo tanto se le hace efectivo el apercibimiento realizado mediante acuerdo de veintiocho de enero del presente año, y se le tiene como suya la firma que obra en el escrito de denuncia intestamentaria de treinta de octubre del año dos mil, así como las subsecuentes actuaciones en las que obra su firma. Ahora bien la quejosa Catalina Esmeralda Godoy Chida se ostenta al presente juicio como tercera extraña, en razón de que no fue debidamente emplazada al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de mis padres Jesús Godoy Mena y Catalina Chida Martínez, denunciado por los ahora terceros interesados Jesús Rey, Blanca Flor de María, Patricia Coral, Rubí y Santos Salomón de apellidos Godoy Chida, con número de expediente 50/2000, en razón de que la firma que obra en el escrito de denuncia de treinta de octubre del año dos mil, fue falsificada por sus hermanos, aunado a que lleva más de veinte años radicando en el Estado de Veracruz. Asimismo que el juez responsable viola en su perjuicio el artículo 14 constitucional que a la letra dice: "Articulo 14.- A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. (.) Asimismo que con el actuar del Juez responsable, principalmente con su omisión de mandar a ratificar el escrito de denuncia intestamentaria de treinta de octubre del año mil, la dejo en estado de indefensión para hacer valer sus derechos como heredera de los de cujus Jesús Godoy Mena y Catalina Chida Martínez. Lo anterior se estima infundado por las siguientes consideraciones: En primer lugar es dable establecer que la quejosa se ostenta con el carácter de tercera extraña al juicio pues refiere que no fue emplazada ni notificada de manera legal en el juicio Sucesorio Intestamentario 50/2000 a bienes de mis padres Jesús Godoy Mena y Catalina Chida Martínez, en ese sentido, tomando en cuenta la calidad con la cual comparece a esta instancia constitucional conviene puntualizar que por tercero extraño se entiende, de manera general, aquella persona que no figura como parte formal ni material en la controversia, pero que resiente un perjuicio en su esfera jurídica con los actos que en ese conflicto se emiten por la autoridad que conoce y resuelve; y que, estricto sensu, se identifica con la persona física o moral, distinta a los sujetos que forman parte en una controversia; es decir, es parte opuesta al de la parte procesal. También se considera tercero aquel sujeto que siendo parte nominal en una contienda no fue citado o lo fue pero en forma distinta a lo prevenido por la ley, lo que le ocasionó el desconocimiento total del juicio, supuesto en el que procede el amparo en vía indirecta para reclamar la ausencia del llamado a juicio, o bien, los vicios en que se incurrieron al realizar dicho acto jurídico; y acorde con esa posición se le equipara al tercero, y evidentemente será extraño a todo lo actuado en el pleito, por ende, ni siquiera le sería exigible que en sede común hiciera valer medios de impugnación o recursos, pues es lógico que si desconoce la existencia de la contienda no pueda plantearlos en la oportunidad que para cada caso concreto prevé la ley. Asimismo, es necesario dejar claro que el carácter de tercero extraño, no deviene de una consideración potestativa o la autodeterminación de quien acude al juicio de amparo ostentándose con ese carácter, sino que ello es producto del análisis de su especial circunstancia frente al proceso o procedimiento del que deriven los actos reclamados. Ilustra lo expuesto la tesis VII.3o.P.T.32 K del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito, consultable a página 3341, tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 162966, que dispone: "TERCERO EXTRAÑO POR EQUIPARACIÓN. CUANDO EN AMPARO DIRECTO SE IMPUGNA EL EMPLAZAMIENTO, TAL CARÁCTER DEBE ADVERTIRSE DE LAS CONSTANCIAS DEL PROCEDIMIENTO NATURAL Y NO DE SU AUTODENOMINACIÓN (INTERPRETACIÓN DE LAS JURISPRUDENCIAS P./J. 40/2001 Y P./J. 39/2001). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las jurisprudencias P./J. 40/2001 y P./J. 39/2001, de rubros: "EMPLAZAMIENTO. LA FALTA O ILEGALIDAD DEL MISMO SON IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN, NO OBSTANTE QUE TENGA CONOCIMIENTO DE LA SENTENCIA, LAUDO O RESOLUCIÓN DEFINITIVA DURANTE EL TRANSCURSO DEL TÉRMINO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 21 Y 22 DE LA LEY DE AMPARO." y "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", dejó sentado como premisa, el concepto de "persona extraña" a que se refiere la fracción V del artículo 114 de la Ley de Amparo, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos ejecutados dentro o fuera de juicio que la afecten, así como la parte material en el proceso (demandado) que se equipara a esa figura. Así, puede advertirse en estricto sentido, que un extraño a juicio es aquella persona física o moral distinta de los sujetos porque no figura en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro de él o en ejecución de la resolución que ahí se dicte, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas. Asimismo, existe otra figura que jurisprudencialmente ha sido equiparada a la persona extraña, y es quien formando parte de la controversia (demandado) no se apersonó al juicio y tampoco conoció de su existencia porque -debiendo serlo- no fue emplazado o fue citado en forma distinta a la prevista por la ley (tercero extraño por equiparación). En cambio, cuando ese demandado haya comparecido al juicio (entendiéndose que no necesariamente a través del emplazamiento, sino que se haya integrado por cualquier medio a esa relación jurídico procesal) y, por tanto, sabedor del proceso seguido en su contra, es razón suficiente para desvirtuar su carácter de persona extraña al juicio en términos del precepto citado. Es decir, el rasgo distintivo para equiparar al demandado con una persona extraña al procedimiento, debe partir desde la perspectiva que la falta de emplazamiento a él o que la citación en forma distinta a la prevista por la ley, le haya ocasionado "el desconocimiento total del juicio". Esta distinción es fundamental, pues del conocimiento de su participación o no en el proceso depende en qué momento y en qué términos puede esa persona intentar el amparo (directo o indirecto) contra la resolución que irrogue perjuicio a su esfera jurídica. Así, si el gobernado que conoce del juicio porque compareció a él, opta por la vía indirecta, el Juez de Distrito debe sobreseer, fundamentalmente porque ya no es persona extraña al juicio, en virtud de que puede (o pudo, si ese juicio ya hubiese concluido) defenderse dentro del procedimiento ordinario y, en su oportunidad, si fuese el caso, acudir al amparo directo; es evidente que en este supuesto, el promovente equivocó la vía. En cambio, cuando el gobernado que por alguna causa se integró a la relación jurídico procesal en la que ya se dictó la resolución definitiva respectiva (sentencia o laudo); que conoce del procedimiento que la originó y, por ende, a sabiendas de su participación en el mismo opta por promover amparo directo, impugnando en sus conceptos de violación ese acto procesal del emplazamiento, eligió la vía correcta. En efecto, aun cuando el quejoso se ostentare como "tercero extraño por equiparación", serán las constancias del procedimiento natural y no la forma de su autodenominación las que se deberán tomar en cuenta para determinar si realmente tiene tal carácter y fincarle competencia al Juez de Distrito, pues para hacer esa declaratoria (cuya hipótesis es la única que le daría competencia), el Tribunal Colegiado de Circuito deberá atender a lo que arrojen las constancias de autos y no al hecho de advertir que se impugna el emplazamiento, incluso como acto reclamado destacado (cuando sabemos que se trata de un concepto de violación), pues si el promovente fue parte integrante de la relación jurídico procesal y, por ende, no es tercero extraño, no resultaría jurídicamente válido declinar competencia por razón de vía y enviarla a una que -se sabe- no resultaría procedente, por la sencilla razón que de las constancias se advierte que no se ubica en esos supuestos de competencia. En estos casos, al ser correcta la vía directa intentada, el tema del emplazamiento tendrá que analizarse a la luz de los conceptos de violación que contra tal acto procesal se invoquen, sin desconocer el principio de definitividad que rija en el procedimiento de que se trate, cuya observancia o no definirá la viabilidad de su estudio." No obstante, debe decirse que la calidad con la que comparece a la presente instancia constitucional se encuentra plenamente desvirtuada, lo anterior en razón de que la quejosa tuvo conocimiento del juicio sucesorio 50/2000, del que deriva el acto reclamado, tan es así que suscribió la demanda que dio origen al mismo (foja 4 del tomo I de pruebas). Por lo tanto, en la presente vía de amparo no puede equiparársele como tercera extraña bajo la premisa de que no fue emplazada a juicio, pues la indefensión que se le ocasiona a quien en realidad sí le recae ese carácter - ya sea porque no formó parte de la trilogía procesal o porque siendo parte en el juicio no haya sido legalmente emplazado - es precisamente el desconocimiento de la acción instaurada en su contra, lo que evidentemente no acontece cuando a una persona que figura como parte actora en un asunto se le notifica alguna determinación donde le ordena proceder en determinado sentido, porque en ese caso, sí conoce de la existencia de ese procedimiento del cual forma parte, dado que él lo inició. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 67/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 729, libro XXIII, Agosto de 2013, tomo 1, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 2004274, que establece: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92). Acorde con la jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.", en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso -demandado en el juicio de origen- alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que antes de que se dicte sentencia el promovente del amparo tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra para que pierda el carácter de extraño al juicio; o bien, que durante el juicio se hubiere practicado directamente con él una notificación personal que permita arrojar con certeza la existencia del mismo, para que pierda ese carácter, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia." Luego, resulta equivocado el argumento de la parte quejosa en el sentido de que se violan en su perjuicio su garantía de audiencia, en razón de que las actuaciones remitidas que obran en el juicio sucesorio intestamentario 50/2000 a bienes de mis padres Jesús Godoy Mena y Catalina Chida Martínez, se advierte que insto el inicio del mismo, aunado a que en autos obran diversos escritos por los cuales manifiesta su conformidad con las actuaciones que se llevaron a cabo dentro de la secuela procesal, como lo es el caso del escrito de veintiséis de septiembre de dos mil uno, por el cual indica estar de acuerdo con la sentencia de siete de septiembre de ese mismo año, en el cual se adjudicaron los bienes que conformaban de los de cujus, por lo tanto en ningún momento, el juez responsable le negó su garantía de audiencia, en razón de que la quejosa intervino durante todo el procedimiento del referido juicio, por esa razón es infundado su argumento de que desconocía el juicio señalado, y que no se respetaron las formalidades esenciales del procedimiento, pues en ningún momento quedo en estado de indefensión e incertidumbre jurídica, máxime que como se dijo anteriormente, la quejosa insto el inicio del juicio del cual deriva el acto reclamado, por lo que no tiene el carácter de tercera extraña por equiparación, para instar la presente instancia constitucional como lo pretende hacer. En esa tesitura, al resultar infundado el concepto de violación planteado, lo que procede es negar la protección constitucional que solicito Catalina Esmeralda Godoy Chida, respecto del acto precisado en el considerando segundo, consistente en la falta de emplazamiento al juicio sucesorio intestamentario a bienes Jesús Godoy Mena y Catalina Chida Martínez. No escapa a la consideración de este Juzgador que la quejosa haya impugnado las actuaciones que integran el juicio del que deriva el acto reclamado, al estimar que las mismas y que corresponden a su autoría no fueron firmadas de su puño y letra, toda vez que como se indicó con antelación, la promovente del amparo no demostró su dicho, esto es, que las firmas que aparecen en el juicio de origen no provengan de su puño y letra, por tanto, es inconcuso que no demostró la inconstitucionalidad de las mismas, de ahí que cobren pleno valor probatorio y sean suficientes para estimar su comparecencia al citado juicio sucesorio. QUINTO. Por otro lado, respecto del acto reclamado marcado con el inciso b), consistente en la adjudicación e inscripción del inmueble ubicado en la esquina que forman las calles Juárez y Plan de Ayutla, Colonia Centro, en Ayutla de los Libres, Guerrero a favor del tercero interesado Arturo Chida Quintana, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso numeral 5º, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, en virtud de que la parte quejosa carece de interés jurídico para promover el presente juicio de amparo respecto de dicho acto reclamado. Para arribar a tal determinación, debe tenerse presente el contenido de los artículos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 5º, de la Ley de Amparo, que, en su orden, establecen: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas de orden jurídico que determine la ley, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa (.)" "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa (.)". Las citadas disposiciones conforman el llamado interés jurídico, cuya ausencia en quien ocurre a solicitar la protección constitucional, provoca la causal de improcedencia en el juicio de amparo, prevista en el artículo 61, fracción XII, de la ley de la materia. Dicho precepto en lo que interesa dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia" Así, tratándose de actos emanados de tribunales judiciales, el interés jurídico aludido reside en el derecho que le asiste a un particular para reclamar en la vía de amparo algún acto autoritario que estime violatorio de garantías en su perjuicio; es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad, ocasionando un perjuicio a su titular. Luego, para que proceda el juicio de amparo es necesario que la afectación del interés jurídico se concrete de manera cierta, directa y actual, pues se presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que se transgrede por una ley o acto de autoridad, de modo que, una persona tiene interés jurídico para acudir al juicio constitucional cuando el acto que reclame le causa un agravio personal y directo, que se entiende como todo menoscabo u ofensa a la persona, ya sea física o moral, el cual puede o no ser patrimonial, pero siempre apreciable objetivamente, es decir, real y no de carácter subjetivo o incierto, siempre que el acto reclamado emane de un tribunal judicial. De igual modo, es importante destacar que el interés jurídico del quejoso es aquel con el que acredita la titularidad de los derechos que se ven afectados con motivo del acto reclamado; de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de amparo y no otra persona diversa. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés jurídico, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Bajo ese contexto, se tiene que los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Es decir, lo que se busca es sustraer de una contienda y sus efectos, los derechos que hubieran sido afectados al gobernado precisamente porque la misma no se enderezó en su contra, de ahí que no sea el proceso la sustancia del debate en esta instancia constitucional, ya que los efectos de la sentencia que llegara a dictarse, no tendrían por consecuencia vincular a que se deje insubsistente todo lo ahí actuado, sino únicamente restituirle los derechos afectados. En otras palabras, el interés jurídico es el máximo grado de afectación que puede resentir la esfera jurídica de los particulares, y que se identifica con la figura del derecho subjetivo, es decir la facultad o potestad de exigencia, derivada de la norma objetiva de derecho, en la que convergen, por un lado, la facultad de exigir (que corresponde al acreedor del derecho) y la obligación correlativa de cumplir dicha exigencia (exigible al deudor del mismo). Sustenta lo anterior la jurisprudencia emitida por la Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Séptima Época, registro 395558, página 46, apéndice de 1985 que establece lo siguiente: "INTERES JURIDICO EN EL AMPARO, QUE DEBE ENTENDERSE POR PERJUICIO PARA LOS EFECTOS DEL. El artículo 4o. de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prescribe que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclaman. Es presupuesto, de consiguiente, para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, que el acto o ley reclamados, en su caso, en un juicio de garantías, cause un perjuicio al quejoso o agraviado. Así lo ha estimado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sus diversas tesis jurisprudenciales, la que ha llegado, incluso, a definir cuál es el alcance del concepto perjuicio, como podrá apreciarse si se consulta el Apéndice de Jurisprudencia de 1917 a 1965, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Parte, página 239, en donde se expresa que: "El concepto perjuicio, para los efectos del amparo, no debe tomarse en los términos de la ley civil, o sea, como la privación de cualquiera ganancia lícita, que pudiera haberse obtenido, o como el menoscabo en el patrimonio, sino como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona". Este alto tribunal de la República, en otras ejecutorias que desenvuelven y precisan el mismo concepto, es decir, lo que debe entenderse por perjuicio, ha llegado a estimar que el interés jurídico de que habla la fracción VI, ahora V, del artículo 73 de la Ley de Amparo, "no puede referirse, a otra cosa, sino a la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos o posesiones conculcados" (Tomo LXIII, página 3770 del Semanario Judicial de la Federación). Y es que la procedencia de la acción constitucional de amparo requiere, como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan, ya sea estos posesorios o de cualquiera otra clase, como se sostiene, acertadamente, en la ejecutoria visible en la página 320, del Tomo LXVII del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época. Sin duda, un acto reclamado en amparo, causa perjuicio a una persona física o moral, cuando lesiona, directamente, sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y es entonces cuando nace, precisamente, la acción constitucional o anulatoria de la violación reclamada en un juicio de garantías, conforme al criterio que sustenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria publicada en la página 2276, del Tomo LXX del mismo Semanario Judicial." En el presente caso, la quejosa Catalina Esmeralda Godoy Chida, carece de interés jurídico para reclamar la adjudicación e inscripción del bien inmueble ubicado en la esquina que forman las calles Juárez y Plan de Ayutla, Colonia Centro, en Ayutla de los Libres, Guerrero, a favor del tercero interesado Arturo Chida Quintana, en razón de que al no demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado consistente en lo actuado en el juicio sucesorio intestamentario 50/200 a bienes de Jesús Godoy Mena y Catalina Chida Martínez, en nada le afecta que el mismo se haya adjudicado a dicha parte procesal en el Juicio Ordinario Civil de Usucapión 44/2006, lo anterior en virtud de que el bien inmueble en cuestión se le adjudico a las terceras interesadas Blanca Flor de María y Rubí de apellidos Godoy Chida, por lo cual carece de todo interés jurídico para promover la presente instancia constitucional en contra de la falta de emplazamiento a dicho juicio, en razón de que el mismo no insto en contra de ella, aunado a que el bien inmueble en conflicto en el juicio de referencia, no le pertenecía a ella, al haber estado de acuerdo en el diverso juicio sucesorio que el mismo fuera adjudicado a las terceras interesadas. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 168/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Enero de 2008, Página: 225 "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS." El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. Igualmente, por analogía, la jurisprudencia 1a./J.1/2002, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 15 del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XV, Febrero de 2002, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto." Finalmente, se hace la precisión que, de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las tesis y jurisprudencias invocadas en el presente asunto no obstante que fueron integradas conforme a la ley anterior, continúan en vigor y por ende aplicables al presente asunto, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado y con apoyo demás en los artículos 74, 75, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Catalina Esmeralda Godoy Chida, por los motivos expuestos en el cuarto considerando de esta resolución. SEGUNDO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo número 856/2015, promovido por Catalina Esmeralda Godoy Chida, en términos de lo expuesto en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.Así lo resolvió y firma el Licenciado Adrián Arteaga Navarro, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, el nueve de noviembre de dos mil dieciséis, asistido por Marco Antonio Cuenca Zamora, Secretario que autoriza. Doy fe... LO QUE NOTIFICO POR ESTE MEDIO A LA PARTE TERCEROS INTERESADAS Y QUEJOSA, PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES...

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