Catalina Maribel Salinas Valdes y Otros.

Expediente 199/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de febrero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
199/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
21/02/2017

Partes del expediente

  • Catalina Maribel Salinas Valdes y Otros.
  • Juez Primero De Lo Civil De Primera Instancia De Lerma Estado De México

Actuaciones

  1. Principal

    VIII. La certificación de cuenta evidencia que la parte quejosa no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el auto de siete de febrero pasado por el cual se desechó de plano la demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la primera ley invocada, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Por otra parte, vista la cuenta precedente y del estado que guarda el presente expediente, del cual se advierte que se encuentra totalmente integrado y no existe más por cumplimentar; por tanto, se declara procedente remitir el presente expediente al archivo de este Juzgado de Distrito, en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción. Lo anterior, pues se desechó de plano la demanda de amparo; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, inciso I, del Acuerdo General Conjunto referido, pues el mismo establece: "VIGÉSIMO PRIMERO. De los expedientes provenientes de los Juzgados de Distrito son susceptibles de depuración o destrucción aquellos que aun teniendo documentos originales no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos décimo primero, párrafo último y Vigésimo Segundo de este Acuerdo General Conjunto, cuentan con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y se ubican en los siguientes supuestos: I. Todos aquellos asuntos en los que se haya dictado una acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido.". Asimismo, el presente sumario no es de relevancia documental, pues no encuadra en ninguno de los supuestos a que hace referencia el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante.

  2. Principal

    VIII. Por recibida la razón suscrita por el actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, mediante la cual asentó la imposibilidad de notificar personalmente a la parte quejosa el proveído de siete de febrero del año en curso, por los motivos expuestos. A dicha razón se le otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición del artículo 2, por tratarse de la actuación de un servidor público en ejercicio de sus atribuciones. Sobre el particular se invoca por las razones que la informan, la jurisprudencia marcada con el número 563, visible en la página 405 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo IV, que establece: "NOTIFICACIÓN. VALOR PROBATORIO DE LAS RAZONES DE LOS ACTUARIOS. Las razones de notificación realizadas por los secretarios actuarios, que gozan de fe pública, tienen pleno valor probatorio respecto de los hechos que en ellas se consignan, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 403 en relación con la fracción VIII del 327, ambos del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, a menos que el contenido de las mismas sea desvirtuado por prueba en contrario". En ese orden, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo vigente, procédase a notificar a la parte quejosa el acuerdo de referencia y así como los subsecuentes, incluso los de carácter personal, por medio de lista, la cual se fija en este órgano jurisdiccional. Por recibida la demanda de amparo promovida por Maribel Valdés Delgadillo y Catalina Maribel Salinas Valdés, por su propio derecho, contra actos de la Primera Sala Regional Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México; fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno con el número 199/2017-VIII. Desechamiento de la demanda de amparo. En principio, conviene señalar que el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, dispone que el Juez Federal está facultado para desechar una demanda de amparo cuando advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; entendiéndose por manifiesto, según lo que se observa en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Ahora, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que los antecedentes del juicio de origen son: 1. Julio César Salinas Rodríguez demandó a Maribel Valdés Delgadillo y Catalina Maribel Salinas Valdés, la cesación de la pensión alimenticia que venían recibiendo por un porcentaje del cuarenta por ciento, misma que se radicó ante el Juzgado Primero de lo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México. 2. Seguido en sus etapas procesales, el ocho de julio de dos mil dieciséis, el juez de origen determinó cancelar la pensión alimenticia que venían recibiendo las quejosas, y ordenó que una vez que causaran ejecutoria se remitiera oficio al Instituto Nacional Electoral con la finalidad de dar cumplimiento a dicha sentencia. 3. Inconformes con lo anterior, interpusieron recurso de apelación del cual correspondió del conocimiento a la Primera Sala Regional Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México quien en ocho de septiembre de dos mil dieciséis, determinó confirmar la sentencia recurrida. 4. Acontecido lo anterior, las impetrantes de amparo promovieron juicios de amparo directo, de los cuales correspondió del conocimiento al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, donde se resolvió negar la protección de la justicia federal. 5. En atención a ello, interpusieron recurso de revisión, mismo que aún se encuentra pendiente de resolver. 6. En diecinueve de enero del año en curso, la Sala responsable emitió un acuerdo en el que precisó que si bien es cierto aun no causan ejecutoria las determinaciones anteriores, las quejosas no solicitaron la suspensión del acto reclamado, lo cual faculta al juez de origen para ejecutar las sentencias emitidas por ésta. 7. Mediante proveído de veinticuatro de enero siguiente, la Sala Regional nuevamente reiteró la determinación anterior. Precisado lo anterior, en el caso, se estima que se actualiza la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al 107, fracción IV, segundo párrafo, ambos de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución." En ese contexto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, en virtud de que se advierte que el acto reclamado no constituye la última resolución dictada dentro del procedimiento de ejecución, en virtud de que de la interpretación armónica del precepto legal que ha quedado transcrito, se desprende que éste exige como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, para la impugnación de actos dictados en ejecución de una sentencia, que se trate de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo de ejecución, de manera que no cualquier auto o resolución pronunciados en esa etapa, son reclamables en juicio constitucional y en el caso que nos ocupa, las determinaciones de diecinueve y veinticuatro de enero del año en curso, mediante las cuales la autoridad responsable en el primero dejó expedita la facultad al juez de origen para ejecutar la cancelación de la pensión alimenticia a favor de las accionantes constitucionales, en virtud de no haber solicitado la suspensión del acto reclamado, y en el segundo acuerdo la Sala responsable reiteró dicha circunstancia. Por ende, dichas determinaciones no constituyen el último acto de ejecución del procedimiento pues aún no se ha materializado dicha ejecución, ni tampoco se ha establecido su imposibilidad para dar cumplimiento a la misma. En efecto, los actos reclamados, no contienen la declaración en el sentido de que dicha ejecutoria se ha materializado o bien que existe imposibilidad, sino únicamente se emitió el oficio con el cual se ordenó la cancelación de la pensión alimenticia a favor de las impetrantes de amparo, empero aún no se ha materializado dicha ejecución ni se ha establecido la imposibilidad para dar cumplimiento a la misma. Tiene aplicación, la tesis Jurisprudencial Número P/J 32/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 31, Tomo XIII, abril de 2001, Noveno Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN ÚLTIMA RESOLUCIÓN, A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 114, fracción III, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, exige para la impugnación de los autos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Este requisito persigue, de conformidad con la exposición de motivos de la ley citada, evitar abusos del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la última resolución que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquélla en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 114 de la legislación invocada, el que se acude en forma analógica, ante la existencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." En consecuencia, este órgano de control constitucional determina declarar la improcedencia de la acción constitucional, ya que la intención del legislador, contenida en la fracción IV, del artículo 107 de la Ley de Amparo, es que las ejecutorias sean cumplidas sin que la promoción, de múltiples amparos, obstaculicen su ejecución, siendo que el amparo puede promoverse cuando se resuelva el incidente de pensiones vencidas. Por lo anteriormente expuesto, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo, promovida por Maribel Valdés Delgadillo y Catalina Maribel Salinas Valdés, por su propio derecho, contra actos de la Primera Sala regional Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, de conformidad con los artículos 61, fracción XXIII, en relación con la fracción II del artículo 5°, fracción XVIII, 112, y 113 todos de la Ley de Amparo vigente. Domicilio. Asimismo, con apoyo en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria y 27 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio el señalado en el proemio de la demanda de cuenta. Autorizados. En relación a la certificación de cuenta, se tiene como autorizados a Fernando Lechuga Osorio y Arturo Guadalupe Díaz Trujillo Fabela únicamente para los efectos de la última parte del párrafo segundo del artículo 12 de la ley de la materia, es decir, para oír y recibir notificaciones y documentos, porque no tienen registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, la patente para ejercer la profesión de licenciados en derecho. Al respecto se estima aplicable la tesis I.11o.A.4 A, publicada en la página 1188 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 2006, del Tomo XXIII, Materia Administrativa, Novena Época, de rubro siguiente: "SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO. PARA TENER RECONOCIDO EL CARÁCTER DE AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, EL ABOGADO DEBE ACREDITAR SU INSCRIPCIÓN, PREVIO A LA PROMOCIÓN DE ALGÚN MEDIO DE DEFENSA". Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Víctor Manuel Rendon Sosa que autoriza, firma y da fe.

  3. Principal

    VIII. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa

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