Catalina Hernandez Morales

Expediente 35/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 10 actuaciones registradas, la última del 27 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
35/2019
Año
2019
Actuaciones
10
Última actuación
27/03/2019

Partes del expediente

  • Catalina Hernandez Morales
  • Eduardo Enrique Perez Hernández y Otros.
  • Eduardo Enrique Perez Hernández
  • Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Oro, con residencia en Atlacomulco, Estado de México.
  • Catalina Hernandez Morales y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    I Toluca, Estado de México; veintisiete de marzo de dos mil diecinueve. De la certificación de cuenta se evidencia que dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la parte quejosa a quien podría causarle perjuicio la sentencia terminada de engrosar el veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, no la recurrió, en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2°, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que se encuentra totalmente concluido; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, las anotaciones respectivas háganse en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: 1. El cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues se sobreseyó en el presente juicio de amparo (Punto Vigésimo Primero, fracción II, párrafo primero y segundo). 2. El original y duplicado del incidente de suspensión son susceptible de destrucción, ya que se negó la suspensión provisional y definitiva (punto vigésimo, fracción III, párrafo primero). En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el Punto Segundo inciso XVIII) del Acuerdo citado; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el párrafo último del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. A las partes se les comunica que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.

  2. Principal

    I. Toluca, Estado de México; siete de marzo de dos mil diecinueve. Se tiene por recibido y de conformidad con el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2°, agréguese a los autos para los efectos legales conducentes el escrito signado por el tercero interesado Lucas Emmanuel Pérez Zúñiga, a través del cual solicita copia certificada de todo lo actuado en el presente juicio. Atento a lo anterior y con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, expídase a costa del promovente la copia certificada que solicita, en el entendido de que quien se presente a recibirla, deberá exhibir una copia simple de su identificación oficial vigente, para ser certificada por la Secretaria y glosadas a los autos para debida constancia legal. Notifíquese.

  3. Principal

    (se lista citatorio parte quejosa) I)VISTO, para resolver, el juicio de amparo número 35/2019-I, promovido por Catalina Hernández Morales por propio derecho y en representación de su menor hijo de iniciales E.E.P.H., contra actos del Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial del Oro, con residencia en Atlacomulco, Estado de México, y otra. R E S U L T A N D O: Presentación de la demanda: El quince de enero de dos mil diecinueve (foja 1). Auto de admisión: El dieciséis de enero de dos mil diecinueve (foja 22 A 25). Intervención al Agente de Ministerio Público adscrito: El diecisiete de enero de dos mil diecinueve (foja 26). Emplazamiento del tercero interesado: El veintidós de enero de dos mil diecinueve se emplazó a Lucas Emanuel Pérez Zúñiga. (foja 29). Audiencia constitucional: El veintisiete de febrero de dos mil diecinueve (foja 43). C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo indirecto, toda vez que el acto reclamado se refiere a la materia civil, y se trata de ejecutar en la circunscripción territorial en que este juzgado ejerce jurisdicción.. SEGUNDO. Fijación de la litis. De conformidad con el artículo 74 de la Ley de Amparo, del análisis integral del escrito de demanda, se desprende que el acto reclamado es el siguiente: Los autos de treinta y uno de octubre y diecinueve de diciembre, ambos de dos mil dieciocho, mediante los cuales se ordena llevar a cabo la diligencia de requerimiento de entrega del bien inmueble materia de la litis, con apercibimiento de proceder en vía de apremio; y, como todo lo actuado dentro del juicio ordinario civil sobre nulidad absoluta de contrato privado de donación, seguido en expediente 447/2017, del índice del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial del Oro, con residencia en Atlacomulco, Estado de México. TERCERO. Certeza del acto reclamado. El Juez y Ejecutor adscritos al del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial del Oro, con residencia en Atlacomulco, Estado de México al rendir su informe justificado aceptaron la existencia del acto reclamado (fojas 35 y 39). Lo anterior se corrobora con el legajo de copias certificadas del juicio ordinario civil sobre nulidad absoluta de contrato privado de donación emitido en el expediente 447/2017, del índice del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial del Oro, con residencia en Atlacomulco, Estado de México, remitidas como complemento a su informe justificado; constancias a las cuales se les concede pleno valor probatorio por haberse expedido por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones y en términos de los artículos 128, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia. CUARTO. Improcedencia del juicio. La procedencia del juicio de garantías por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente se debe examinar, lo aleguen o no las partes, antes que cualquier otra cuestión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo y en términos de la jurisprudencia 814, publicada en la página 553, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Materia Común, Tomo VI, que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Del análisis oficioso de las constancias que integran el presente asunto, se advierte que en el particular se actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que los quejosos carecen de interés jurídico para instar la acción constitucional en contra de los actos que reclama. En efecto, dicho precepto establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I de artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" (.)" La disposición legal transcrita precisa la existencia de un derecho legítimamente tutelado por el ordenamiento jurídico objetivo, que al ser transgredido por la actuación de una autoridad, faculta al agraviado para acudir ante el órgano jurisdiccional y demandar la reparación de dicha trasgresión. El interés jurídico necesario para ejercer la acción constitucional, se encuentra relacionado con el artículo 6° de la propia Ley de Amparo, cuyo texto prevé: "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. (.)" Así las cosas, debe existir un agravio personal y directo, lo que conduce a que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, como lo dispone el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo anterior, para la procedencia de la acción constitucional se requiere como presupuesto indispensable, que se acredite la afectación por el o los actos reclamados, de los derechos que se invocan, sean patrimoniales o de cualquier otra especie. Es decir, un acto de autoridad que se reclama a través de la vía constitucional, causa perjuicio a una persona cuando lesiona directamente su interés jurídico o legítimo, sea en su persona, patrimonio o derechos y es entonces cuando nace la acción anulatoria de la violación reclamada en un juicio de amparo. De tal manera, que si en el caso se reclaman los autos de treinta y uno de octubre y diecinueve de diciembre, ambos de dos mil dieciocho, mediante los cuales se ordena llevar a cabo la diligencia de requerimiento de entrega del bien inmueble materia de la litis, con apercibimiento de proceder en vía de apremio; y, como todo lo actuado dentro del juicio ordinario civil sobre nulidad absoluta de contrato privado de donación, seguido en expediente 447/2017, del índice del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial del Oro, con residencia en Atlacomulco, Estado de México, para justificar esa afectación o perjuicio, es necesario que quien pide amparo demuestre ser titular de un derecho, es decir, que tenga un título como causa generadora de ese derecho alegado, pero que tal título produzca la convicción de esa prerrogativa de derecho sobre los bienes muebles o inmuebles, y que no debe ser perturbada, si no es mediante un juicio en el que se sigan las formalidades esenciales de todo procedimiento. Por tal razón, para que tal derecho sea susceptible de tutela constitucional, requiere que se acredite la causa que le dio origen y que ésta, además, se encuentre amparada por la ley, pues la simple manifestación de ser titular de un derecho, tenencia material no está salvaguardada por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el caso, Catalina Hernández Morales por propio derecho y en representación de su menor hijo de iniciales E.E.P.H., acude al presente juicio en su carácter de terceros extraños al juicio ordinario civil sobre nulidad absoluta de contrato privado de donación emitido en el expediente 447/2017, promovido por Miguel Ángel Pérez Alcántara, en contra de Lucas Emanuel Pérez Zúñiga, en el que mediante resolución de veinticinco de mayo de dos mil dieciocho emitida por el Tribunal de Alzada, se absolvió a Lucas Emanuel Pérez Zúñiga, quien había sido condenado en primera instancia, y por ende se condenó a Miguel Ángel Pérez Alcántara, a la entrega del inmueble ubicado en calle Rafael Favila sin número, en Atlacomulco, México, materia de la litis en el juicio de origen; juicio que se encuentra en etapa de ejecución y en el que se ordenó la diligencia de requerimiento de entrega del mismo, con apercibimiento de proseguir en vía de apremio. Es decir, el motivo de reclamo radica esencialmente en reclaman los autos de treinta y uno de octubre y diecinueve de diciembre, ambos de dos mil dieciocho, mediante los cuales se ordena llevar a cabo la diligencia de requerimiento de entrega del bien inmueble materia de la litis, con apercibimiento de proceder en vía de apremio; y, como todo lo actuado dentro del juicio ordinario civil sobre nulidad absoluta de contrato privado de donación, seguido en expediente 447/2017, del índice del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial del Oro, con residencia en Atlacomulco, Estado de México. Ahora bien, en primer orden, respecto de la concubina de Miguel Ángel Pérez Alcántara, debe decirse que no puede considerarse como poseedora de los bienes de su concubinario, ni a éste puede tenérsele como poseedor de los de aquélla, en virtud de que la posesión susceptible de ser protegida mediante el juicio de garantías es la definida por el derecho común, o sea, la que permite al titular de ese derecho ejercer sobre la cosa un poder de hecho, poder que de ninguna manera constituye un hecho con consecuencias jurídicas, como lo es la relación de concubinato, sino que por ese poder debe entenderse la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que necesariamente debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; de manera que si sólo pueden ser objeto de protección constitucional la posesión civil y la precaria, pero no la simple tenencia material o detentación de la cosa, que es en todo caso lo que tendría la concubina respecto de los bienes que posee civil o precariamente su concubinario, y éste respecto de los bienes que posee civil o precariamente su concubina, es inconcuso que aquélla no puede ser objeto de protección en el juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como tercero extraño a un juicio del orden civil, al surgir de un simple hecho con consecuencias jurídicas, pero no sustentarse en una figura jurídica contemplada en la ley, como pueden serlo la compraventa, la donación, el comodato, el arrendamiento, etcétera. Es aplicable en lo conducente la tesis VI.2o.C.618 C, publicada en la página 1072, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Agosto de 2008, Materia Civil, Novena Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, con número de registro 169129, cuyos rubro y texto son los siguientes: "CONCUBINATO. NO ORIGINA UNA POSESIÓN DE LOS BIENES DE LA CONCUBINA O DEL CONCUBINARIO SUSCEPTIBLE DE SER PROTEGIDA MEDIANTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO A UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA). El artículo 42 del Código Civil para el Estado de Tlaxcala dispone que hay concubinato cuando un solo hombre y una sola mujer solteros se unen, sin estar casados, para vivir bajo un mismo techo, como si lo estuvieren; esto es, se trata de un hecho humano voluntario y lícito, el que conforme a los artículos 1241 y 1242 de la codificación en cita, consiste en un acontecimiento realizado con la acción y voluntad del hombre, que se encuentra permitido por la ley; hecho que si bien es cierto que produce consecuencias jurídicas, también lo es que la voluntad de las personas no se dirigió precisamente a la creación de esas consecuencias, como ocurre en los actos jurídicos. Por otro lado, de los diversos 1124, 1128 y 1131 del mismo ordenamiento, así como del criterio jurisprudencial P./J. 1/2002, sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 17/91, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, febrero de 2002, página 5, con el rubro: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS.", en el que sostuvo que para que la posesión fuera objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión; se concluye que la concubina no puede considerarse como poseedora de los bienes de su concubinario, ni a éste puede tenérsele como poseedor de los de aquélla, en virtud de que la posesión susceptible de ser protegida mediante el juicio de garantías es la definida por el derecho común, o sea, la que permite al titular de ese derecho ejercer sobre la cosa un poder de hecho, poder que de ninguna manera constituye un hecho con consecuencias jurídicas, como lo es la relación de concubinato, sino que por ese poder debe entenderse la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que necesariamente debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; de manera que si sólo pueden ser objeto de protección constitucional la posesión civil y la precaria, pero no la simple tenencia material o detentación de la cosa, que es en todo caso lo que tendría la concubina respecto de los bienes que posee civil o precariamente su concubinario, y éste respecto de los bienes que posee civil o precariamente su concubina, es inconcuso que aquélla no puede ser objeto de protección en el juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como tercero extraño a un juicio del orden civil, al surgir de un simple hecho con consecuencias jurídicas, pero no sustentarse en una figura jurídica contemplada en la ley, como pueden serlo la compraventa, la donación, el comodato, el arrendamiento, etcétera. No es obstáculo a lo anterior, el que la ley civil para el Estado de Tlaxcala determine que en ciertas situaciones jurídicas opera la misma regulación para el matrimonio y para el concubinato, pues ello no ocurre en tratándose de las relaciones patrimoniales de la pareja, ya que no existe disposición legal alguna que establezca que la forma de regular las relaciones patrimoniales entre cónyuges rige para el concubinato, menos aún en el caso de la sociedad conyugal, la que de conformidad con los artículos 60, 66, fracción I y 70, fracción I, del citado Código Civil, para ser constituida requiere de dos requisitos: a) Que se establezca expresamente; y, b) Que se pacten capitulaciones matrimoniales; de manera que si los cónyuges no pactan dichas capitulaciones, el régimen económico del matrimonio será el de separación de bienes. De ahí que si para establecer la sociedad conyugal, entendida como la formación y administración de un patrimonio común, se requiere que los consortes manifiesten expresamente su voluntad y además formulen capitulaciones matrimoniales, es evidente que no puede existir un régimen similar a la sociedad conyugal en el concubinato, el que por su propia naturaleza de una unión de hecho, excluye toda posibilidad de que haya existido una manifestación de voluntad para formar y administrar un patrimonio común y la formulación de capitulaciones matrimoniales." Asimismo, respecto a los derechos que aduce tener el quejoso menor de identidad reservada, es dable referir que tampoco se pueden considerar para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto pues si bien el artículo 2, segundo párrafo, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes prevé que el "interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes"; también es cierto que, el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada y, en su párrafo segundo, dispone que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte personal y directamente. En ese contexto, el menor que se ostenta como tercero extraño a un juicio en el que sus padres o uno de ellos fueron parte demandada y solicita el amparo contra la afectación de un inmueble, basando la acción en una posesión de hecho por la circunstancia de que en ese lugar vive en compañía de sus padres, carece de interés jurídico para promover el juicio de amparo, porque su pretensión la hace depender de una situación de hecho y no como titular de un derecho subjetivo, como pudiera derivar de un contrato del que proceda la propiedad o posesión legítima. Es aplicable la tesis 2a. CXLI/2016 (10a.), publicada en la página 792, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 38, Enero de 2017, Tomo I, Materia(s): Constitucional, Décima Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2013385, cuyos rubro y texto son los siguientes: "DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR SE ERIGE COMO LA CONSIDERACIÓN PRIMORDIAL QUE DEBE DE ATENDERSE EN CUALQUIER DECISIÓN QUE LES AFECTE. El artículo 2, segundo párrafo, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes prevé que el "interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes"; de ahí que cuando se tome una decisión que les afecte en lo individual o colectivo, "se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales". Al respecto, debe destacarse que el interés superior del menor es un concepto triple, al ser: (I) un derecho sustantivo; (II) un principio jurídico interpretativo fundamental; y (III) una norma de procedimiento. El derecho del interés superior del menor prescribe que se observe "en todas las decisiones y medidas relacionadas con el niño", lo que significa que, en "cualquier medida que tenga que ver con uno o varios niños, su interés superior deberá ser una consideración primordial a que se atenderá", lo cual incluye no sólo las decisiones, sino también todos los actos, conductas, propuestas, servicios, procedimientos y demás iniciativas. Así, las decisiones particulares adoptadas por las autoridades administrativas -en esferas relativas a la educación, el cuidado, la salud, el medio ambiente, las condiciones de vida, la protección, el asilo, la inmigración y el acceso a la nacionalidad, entre otras- deben evaluarse en función del interés superior del niño y han de estar guiadas por él, al igual que todas las medidas de aplicación, ya que la consideración del interés superior del niño como algo primordial requiere tomar conciencia de la importancia de sus intereses en todas las medidas y tener la voluntad de dar prioridad a esos intereses en todas las circunstancias, pero sobre todo cuando las medidas tengan efectos indiscutibles en los niños de que se trate." También, es aplicable la tesis XXVII.3o.128 K (10a.), publicada en la página 3074, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 55, Junio de 2018, Tomo IV, Materia Constitucional, Común, Décima Época, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con número de registro 2017247, cuyos rubro y texto son los siguientes: "INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ. LA APLICACIÓN DE ESTE PRINCIPIO NO GENERA LA CONSTITUCIÓN DE UN DERECHO DE PROPIEDAD O POSESIÓN A FAVOR DE UN MENOR PARA PROMOVER AMPARO CONTRA LA ORDEN DE EMBARGO DE UN INMUEBLE Y SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO A JUICIO. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada y, en su párrafo segundo, dispone que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte personal y directamente. En ese contexto, el menor que se ostenta como tercero extraño a un juicio en el que sus padres o uno de ellos fueron parte demandada y solicita el amparo contra la orden de embargo de un inmueble, basando la acción en una posesión de hecho por la circunstancia de que en ese lugar vive en compañía de sus padres, carece de interés jurídico para promover el juicio de amparo, porque su pretensión la hace depender de una situación de hecho y no como titular de un derecho subjetivo, como pudiera derivar de un contrato del que proceda la propiedad o posesión legítima o, en su defecto, que el inmueble formara parte de algún derecho alimentario que revelara que el infante cuenta con ese derecho subjetivo, ya que la aplicación del principio del interés superior de la niñez no genera la constitución de un derecho de propiedad o posesión a favor de aquél." De igual forma, es aplicable la tesis XXVII.3o.129 K (10a.), publicada en la página 2389, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 59, Octubre de 2018, Tomo III, Materia(s): Constitucional, Común, Décima Época, sustenta por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con número de registro 2018163, cuyos rubro y texto son los siguientes: "INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ. LA APLICACIÓN DE ESTE PRINCIPIO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UN MOTIVO PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO, AUN CUANDO SE ALEGUE LA AFECTACIÓN AL DERECHO A LA VIVIENDA Y LA PROTECCIÓN DE UN AMBIENTE ADECUADO PARA EL DESARROLLO Y BIENESTAR DE UN MENOR. El numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada; asimismo, que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Por su parte, el párrafo séptimo del artículo 4o. constitucional dispone que toda familia tiene derecho a una vivienda digna y decorosa. En este contexto, si en el juicio de amparo el representante legal de un menor invoca el principio del interés superior de la niñez y afirma, subjetivamente, que el acto reclamado (consistente en el embargo de un inmueble), le generará daños a su bienestar, desarrollo y al derecho de contar con una vivienda, sin demostrar que el infante es titular de un derecho legítimamente tutelado, ello es insuficiente para acreditar el interés jurídico en el amparo, ya que la aplicación de dicho principio no implica inobservar los requisitos para la procedencia del juicio, ni constituir derechos a favor del menor." Asimismo, es aplicable la Jurisprudencia 1a./J. 12/2015 (10a.), publicada en la página 383, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 18, Mayo de 2015, Tomo I, Materia Constitucional, Civil, Décima Época, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2009010, cuyos rubro y texto son los siguientes: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. EL EJERCICIO DEL DERECHO DE LOS MENORES DE EDAD A PARTICIPAR EN LOS PROCEDIMIENTOS QUE AFECTEN SU ESFERA JURÍDICA INVOLUCRA UNA VALORACIÓN DE PARTE DEL JUEZ. El artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece el derecho de los menores de edad a participar efectivamente en los procedimientos jurisdiccionales que los afectan y a dar su opinión de tal modo que pueda tener influencia en el contexto de la toma de decisión judicial que resuelva sobre su vida y sus derechos. Sin embargo, su participación no constituye una regla irrestricta, pues asumir tal rigidez implicaría dejar de lado las condiciones específicas que rodean a los niños en casos particulares, lo que podría ir en detrimento de su interés superior. En este sentido, tanto al evaluar de oficio la participación de los menores de edad como al analizar la conveniencia de la admisión de su declaración o testimonio ofertada por las partes, el juez debe evitar la práctica desmedida o desconsiderada del derecho, lo que podría acontecer si sus derechos no forman parte de la litis del asunto, si el menor ha manifestado su deseo de no intervenir o hacerlo a través de sus representantes, si se pretende entrevistarlo más veces de las necesarias, o si de cualquier manera pudiera ponerse en riesgo su integridad física o psíquica. Ahora bien, esta sujeción a valoración judicial de la participación de los menores de edad en los procedimientos jurisdiccionales no debe ser jamás leída como una barrera de entrada, sino como el mecanismo que da cauce a su derecho. La premisa para el juzgador debe ser procurar el mayor acceso del niño, en la medida de lo posible, al examen de su propio caso. Por ende, la excepción debe estar debidamente fundada y motivada, previendo que dicha decisión puede ser impugnada y remitida a un nuevo examen jurídico por los tribunales de alzada y los jueces de amparo." Por lo anterior, se concluye que el hecho de que los ahora quejosos se alleguen al juicio en su carácter de concubina e hijo, ambos de Miguel Ángel Pérez Alcántara, no los exime de acreditar su interés jurídico para promover el juicio de amparo, pues como ya se analizó previamente, el que hagan depender su derecho en una situación de hecho y no como titulares de un derecho subjetivo, como pudiera derivar de un contrato del que proceda la propiedad o posesión legítima, no es suficiente. Ahora bien, una vez analizado, lo anterior y en virtud de que el simple hecho de ser concubina e hijo de una de las partes demandadas en un juicio de origen, resulta insuficiente para allegarse al juicio de amparo indirecto a defender un derecho de posesión o propiedad, resulta necesario analizar si con los medios de prueba aportados por los ahora quejosos, se puede acreditar que éstos son titulares del derecho que aducen en el caso la posesión del bien inmueble materia de la litis. Así las cosas, se estima que no se acredita que el acto que los ahora quejosos reclaman en la presente instancia constitucional afecte su esfera jurídica, pues si bien manifiestan que ellos viven y han tenido la posesión del inmueble donde se llevó a cabo la diligencia de nueve de enero de dos mil diecinueve, en la que se requirió de entrega del inmueble ubicado en Rafael Favila, número cuarenta y tres, Colonia Calvario, Atlacomulco, Estado de México, también es cierto, que no acreditan con medio de prueba alguno que el bien inmueble en el que se llevó a cabo la diligencia sea de su propiedad, que lo tengan en posesión o bien que habiten en él. Aunado a que, la diligencia de nueve de enero de dos mil diecinueve, en la que se requirió de entrega del inmueble ubicado en Rafael Favila, número cuarenta y tres, Colonia Calvario, Atlacomulco, Estado de México, y que se llevó a cabo en cumplimiento al auto de treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, en términos de la resolución de doce de diciembre del mismo año, se entendió con Miguel Ángel Pérez Alcántara, persona a la que iba dirigida y que fue parte en el juicio ordinario civil sobre nulidad absoluta de contrato privado de donación emitido en el expediente 447/2017, del índice de la responsable, donde fue condenado a la entrega del inmueble materia de la litis. Ello es así, porque no ofrecieron medio de convicción idóneo que acredite que efectivamente son propietarios del bien inmueble, que lo tengan en posesión o que habiten en el que aducen se llevó a cabo el acto de molestia, carga procesal que les correspondía en términos de los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6° de la Ley de Amparo, con el fin de demostrar que el acto reclamado en esta instancia afecta su esfera jurídica y, por ende, su interés jurídico. Es decir, los quejosos no ofrecieron prueba fehaciente durante la secuela procesal del presente juicio de amparo y hasta la celebración de la audiencia constitucional, para acreditar que el acto reclamado transgrede su esfera jurídica, pues a ellos correspondía demostrar tal circunstancia, dado que la carga de la prueba le corresponde. Es aplicable la jurisprudencia 1ª/ J1/2002, publicada en la página 15 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, febrero de 2002, Novena Época, formulada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 187777, que señala: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción "1", de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en si mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto." Por tanto, si los ahora quejosos únicamente allegaron al presente juicio copias certificadas del juicio 1355/2016, de las que se aprecia la resolución de uno de febrero de dos mil diecisiete, en la que se resolvió que fue procedente el juicio contencioso instado por Catalina Hernández Morales (ahora quejosa), para acreditar su relación de concubinato con Miguel Ángel Pérez Alcántara, quien además había comparecido a dicho juicio manifestando su conformidad; así como un acta de nacimiento con número de folio D160397, de la que se aprecia que el menor de identidad reservada E.E.P.H. es hijo de la quejosa Catalina Hernández Morales y Miguel Ángel Pérez Alcántara, esto resulta insuficiente, pues con dichas documentales únicamente se acredita la relación de parentesco entre las partes, pero no así el que efectivamente vivieran en el domicilio donde se encuentra ubicado el inmueble materia de la litis, o que como ya se dijo, lo tuvieran en posesión o propiedad. En esas condiciones, no es suficiente que los quejosos aduzcan que viven en el domicilio donde se llevó a cabo el requerimiento, así como que tal inmueble lo tienen en posesión, derivado de que son concubina e hijo de Miguel Ángel Pérez Alcántara, pues como se ha precisado con los medios de prueba ofrecidos únicamente se acredita la relación filial entre las partes, mas no la posesión o propiedad del inmueble materia del juicio de origen, aunado a que, el requerimiento de nueve de enero de dos mil diecinueve se entendió con Miguel Ángel Pérez Alcántara, a quien iba dirigido. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 16/94, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el tomo 82, página 17, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, octubre 1994, con número de registro 206338 que establece: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia II.2o.C. J/10, publicada en la página 1341, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XII, diciembre de 2000, Materia Común, Novena Época, con número de registro 190785, cuyos rubro y texto son los siguientes: "TERCERO EXTRAÑO. POSESIÓN. PARA QUE SEA PROTEGIDA POR LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 CONSTITUCIONALES DEBE ACREDITAR SU INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO Y PROBAR EL ACTO JURÍDICO POR EL CUAL OCUPA EL INMUEBLE, A FIN DE NO TENER EL CARÁCTER DE UN SIMPLE DETENTADOR. Si el tercero extraño manifestó que su posesión deviene a propósito de un contrato de donación verbal que celebró con su padre, empero de las constancias de autos no se advierte fehacientemente que haya acreditado la existencia del referido consenso de donación, ya que estaba obligado a demostrar plenamente la celebración del acto jurídico que dice fue la causa que generó la posesión del inmueble, observándose además que de la testimonial que ofreció ninguno de los testigos refirió que estuviera presente cuando se celebró el supuesto acuerdo de voluntades verbal, ante ello, la simple detentación material del inmueble no es la posesión que protege el artículo 14 constitucional, y al no haberse acreditado la causa por la que se posee, no puede tenerse por demostrado el interés jurídico para ocurrir a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XII, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio constitucional. Por todo lo anterior, no resulta jurídicamente factible realizar el estudio de los conceptos de violación planteados. Las manifestaciones precedentes cobran aplicación en la jurisprudencia 509, publicada en la página 335, del Apéndice de 1995, Tomo VI, Materia Común, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 394465 cuyos rubro y texto son los siguientes: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, fracción I, 73, 74, 75, 76, 123, 124 y 217 de la Ley de Amparo se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 35/2019-I, promovido por Catalina Hernández Morales por propio derecho y en representación de su menor hijo de iniciales E.E.P.H., por lo motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma, Adrián Rivera López, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, hasta hoy veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, fecha en que las labores del juzgado lo permitieron, ante la Secretaria, María Isabel López Mondragón, que da fe. Doy fe. 6055 y 6056 .

  4. Principal

    I) Toluca, Estado de México; doce de febrero de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal del presente sumario, del cual se advierte que está transcurriendo el término de ocho días que debe mediar entre la fecha de notificación a las partes de los informes justificados, en relación con el señalado para la audiencia de ley, según lo estipula el artículo 117 de la Ley de Amparo, ya que el once de febrero de dos mil diecinueve, fue acordado el informe justificado rendido por la autoridad responsable, notificándose a las partes en la data en que se actúa; por tanto, a fin de dar oportunidad a que trascurra el plazo citado y no violar las reglas fundamentales que rigen al juicio de amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy y, en su lugar, se señalan las once horas con treinta y cinco minutos del veintisiete del mes y año en curso, para su verificativo. Notifíquese.

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