Catalina Irma Castrejón Aranda

Expediente 1459/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1459/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
23/02/2018

Partes del expediente

  • Catalina Irma Castrejón Aranda
  • Juez Segundo de lo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial En el Estado de Morelos

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintitrés de febrero de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos, para que obre como legalmente corresponda, el escrito signado por Luis Felipe Estrada Vergara, a través del cual realiza diversas manifestaciones relacionadas con el acceso al expediente de origen. Atento a lo anterior, en virtud de que el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos aceptó la competencia declinada en su favor, previa copia simple que se deje en autos, remítasele el original del escrito de cuenta a su juicio de amparo 1720/2017, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Carlos Anuar Jaimes TorreS, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso c) y 29 de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte quejosaLUIS ENRIQUE ROMÁN ANASTACIO Y CATALINA IRMA CASTREJÓN ARANDA, el auto de seis de octubre del dos mil diecisiete, que en lo conducente establece: ...Cuernavaca, Morelos, seis de octubre de dos mil diecisiete. Agréguense a los autos los escritos aclaratorios signados por Catalina Irma Castrejón Aranda y Luis Enrique Román Anastacio (nombre correcto del quejoso que se ostentó como Luis Enrique Román Arzate), por medio de los cuales pretenden atender la prevención formulada por auto de dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete, de la siguiente forma: CONTENIDO DEL ESCRITO ACLARATORIO DE CATALINA IRMA CASTREJÓN ARANDA. Catalina Irma Castrejón Aranda realiza lo siguiente: 1) Manifiesta que promueve el amparo con el carácter de posesionaria y tercerista mediante incidente de inejecución de sentencia en el expediente 978/1992 (número correcto del señalado en la demanda como 978/2012) e indica que se encuentra pendiente por ejecutar la desocupación y entrega del departamento que posee; 2) Menciona que la fecha de los acuerdos por los que se pretende dar cumplimiento a la desocupación y entrega del departamento que legalmente posee son diecisiete de noviembre de dos mil quince, ocho de diciembre de dos mil dieciséis y tres de marzo de dos mil diecisiete; 3) Señala que el juicio sucesorio 978/1992 (número correcto del señalado en la demanda como 978/2012) es de índole sucesorio y se encuentra en la etapa de ejecución forzosa; 4) Indica que el tercero interesado es Armando Rogers Camacho, quien tiene su domicilio en calle de Galeana, número cuatro, despacho ciento nueve, colonia Centro, Cuernavaca, Morelos; y, 5) Manifiesta que por error en la redacción de los puntos petitorios se estableció que el amparo se pedía para que no fuera privado de su libertad. CONTENIDO DEL ESCRITO ACLARATORIO DE LUIS ENRIQUE ROMÁN ANASTACIO. Luis Enrique Román Anastacio (nombre correcto al señalado como Luis Enrique Román Arzate), realiza lo siguiente: 1) Precisa que el concepto por el cual tiene la posesión del inmueble ubicado en el departamento número ocho del Edificio Victoria, en calle Ricardo Linares, número dos, de la avenida Morelos, colonia Centro, Cuernavaca, Morelos es el de poseedor y propietario, pero -como se advierte de la certificación secretarial que antecede- no exhibe el documento que refiere en su escrito; 2) Manifiesta que no ha comparecido a juicio; 3) Especifica que la naturaleza del juicio 978/1992 (número correcto del señalado en la demanda como 978/2012) es de carácter sucesorio y se encuentra en la etapa de ejecución forzosa de la sentencia; 4) Menciona que la fecha de los acuerdos por los cuales se pretender dar cumplimiento a la desocupación y entrega del departamento que aduce poseer, son diecisiete de noviembre de dos mil quince, ocho de diciembre de dos mil dieciséis y tres de marzo de dos mil diecisiete. 5) Indica que el tercero interesado es Armando Rogers Camacho, quien tiene su domicilio en calle de Galeana, número cuatro, despacho ciento nueve, colonia Centro, Cuernavaca, Morelos; y, 6) Manifiesta que por error en la redacción de los puntos petitorios se estableció que el amparo se pedía para que no fuera privado de su libertad. ACLARACIÓN DE NOMBRE Y NÚMERO DE EXPEDIENTE. Cabe precisar que Luis Enrique Román Anastacio señala que ese es su nombre correcto, no el de Luis Enrique Román Arzate; asimismo, ambos quejosos corrigen el número de expediente de donde emanan los actos reclamados, siendo el correcto 978/1992, no el 978/2012. Atento a lo anterior, téngase a los quejosos realizando las aclaraciones en comento, para los efectos legales conducentes. TÉRMINOS DE LA PREVENCIÓN DE DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE Ahora bien, en proveído de dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete se requirió a Luis Enrique Román Anastacio y Catalina Irma Castrejón Aranda lo siguiente: "Ahora bien, a efecto de proveer lo conducente respecto a las demandas de amparo de que se trata, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 108 y 114, de la Ley de Amparo, requiérase a Luis Enrique Román Arzate y Catalina Irma Castrejón Aranda para el efecto de que dentro del término de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente auto, por escrito, bajo protesta de decir verdad y con las copias necesarias de su escrito aclaratorio para cada una de las partes, aclaren su demanda de amparo -de manera separada- en los siguientes términos: (.) REQUERIMIENTO A LOS QUEJOSOS Por tanto, a manera de antecedentes y bajo protesta de decir verdad, deberán ampliar los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, en los siguientes términos: LUIS ENRIQUE ROMÁN ARZATE, DEBERÁ REALIZAR LO SIGUIENTE: 1) Precisar el concepto por el cual tiene la posesión del inmueble ubicado en el departamento número ocho del Edificio Victoria, en calle Ricardo Linares número dos de la avenida Morelos, colonia Centro, Cuernavaca, Morelos. 2) Manifestar si ya compareció previamente al expediente 978/2012, del índice del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos 3) Especificar la naturaleza del juicio 978/2012, del índice del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos y la etapa en que se encuentra 4) Señalar las fechas del acuerdo por el que se ordena su lanzamiento del inmueble del que aduce ser poseedor y su notificación por lista, dentro del expediente 978/2012, del índice del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos CATALINA IRMA CASTREJÓN ARANDA, DEBERÁ REALIZAR LO SIGUIENTE: Manifestar si ya compareció previamente al expediente 978/2012, del índice del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos Especificar la naturaleza del juicio 978/2012, del índice del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos y del incidente del que aduce ser parte, y la etapa en que se encuentran Señalar las fechas del acuerdo por el que se ordena su lanzamiento del inmueble del que aduce ser poseedor y su notificación por lista, dentro del expediente 978/2012, del índice del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.4º.C. 26, de rubro "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO" emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: IX, Febrero de 1992 de la Octava Época, visible en la página 63. Asimismo, resulta aplicable la jurisprudencia 1ª./J. 64/2015, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo I, página 713, del rubro "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL JUEZ DE DISTRITO, AL AVOCARSE AL CONOCIMIENTO DE UNA DEMANDA INTENTADA EN LA VÍA DIRECTA, DEBE REQUERIR A LA PARTE QUEJOSA PARA QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LOS ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO PUEDAN ADVERTIRSE DE LAS CONSTANCIAS REMITIDAS POR LA RESPONSABLE." LUIS ENRIQUE ROMÁN ARZATE Y CATALINA IRMA CASTREJÓN ARANDA DEBERÁN REALIZAR LO SIGUIENTE: 1) En caso de que ya hayan comparecido al juicio 978/2012, del índice del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, señalar el nombre y domicilio de la parte actora, toda vez que le asiste el carácter de tercero interesado de conformidad con el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo; y desde luego, exhibir copia de su demanda para ella, de conformidad con el artículo 110 de la Ley de Amparo; puesto que, de haber tenido acceso a los autos del expediente de origen, están en aptitud de conocer dichos datos. Con relación a lo anterior, el artículo 108 de la Ley de Amparo, que contempla los requisitos que debe contener una demanda de amparo indirecto, prevé a la vez diversas cargas procesales que el quejoso debe satisfacer para que se pueda dar curso a su petición, entre ellas, la prevista por la fracción II, relativa al señalamiento del nombre y domicilio del tercero interesado, que resulta exigible siempre que exista una persona que se ubique en alguno de los supuestos que prevé en sus diversos incisos la fracción III del artículo 5º de la invocada ley. Luego, por regla general el quejoso ha de proporcionar el nombre y domicilio del tercero interesado. La excepción a la regla surge cuando lo desconozca en cuyo caso, deberán declararlo así bajo protesta de decir verdad. Además, la Ley de Amparo no establece en ninguno de sus preceptos, la satisfacción de ese señalamiento por otra de las partes en el juicio de amparo ni por el propio juzgador. Es aplicable la siguiente tesis aislada sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación XIV, Julio de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, de la literalidad siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL QUEJOSO TIENE LA CARGA PROCESAL DE SEÑALAR EL NOMBRE Y DOMICILIO DEL TERCERO PERJUDICADO. Se precisa que si bien la invocada tesis interpretó la fracción II del artículo 116 de la abrogada Ley de Amparo, este juzgador puede invocarla en términos del artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, pues el citado artículo 116, fracción II, se refería al requisito de la demanda de garantías consistente en el señalamiento del nombre y domicilio del tercero perjudicado, situación jurídica que prevalece en el artículo 108, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, con la salvedad que el tercero perjudicado ahora se denomina tercero interesado. En este sentido, infórmese a los quejosos las penas en que pueden incurrir las personas que al formular su demanda afirmen hechos falsos u omitan los que le consten en relación con el amparo, en términos del artículo 261 de la Ley de Amparo, el cual se transcribe a continuación: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos.". APERCIBIMIENTO PARA AMBOS QUEJOSOS Apercíbase a Luis Enrique Román Arzate y Catalina Irma Castrejón Aranda -de manera separada- que, de no dar cumplimiento a lo anterior dentro del plazo concedido, se tendrán por no presentadas sus demandas de amparo, de conformidad con el artículo 114 de la Ley de Amparo. PREVENCIÓN PARA AMBOS QUEJOSOS Finalmente, toda vez que, en los puntos petitorios de su demanda, los quejosos piden el amparo para el efecto de que no sean privados de su libertad de forma injustificada, sin que en alguna otra parte de la demanda haga referencia a ello, requiérase a éstos para que -de manera separada- manifiesten si es su deseo señalar como acto reclamado la privación de su libertad y, en su caso, a qué autoridades les atribuyen dichos actos. Apercíbase a Luis Enrique Román Arzate y Catalina Irma Castrejón Aranda -de manera separada- que, de no dar cumplimiento a lo anterior dentro del plazo concedido, no se tendrá como acto reclamado la privación de su libertad. Sin embargo, si antes de que transcurra el plazo concedido subsanan los demás puntos de la prevención, quedando subsistente este último, al no realizar manifestación alguna al respecto o hacerlo de manera deficiente, la admisión de las demandas -según el caso del quejoso omiso-, se postergará hasta que dicho plazo fenezca. SUBSISTE PREVENCIÓN. Por tanto, de la lectura integral del escrito aclaratorio y la prevención en comento, se advierte: 1) Que ambos quejosos no la subsanan "bajo protesta de decir verdad", a pesar de que así se les indicó en la prevención de dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete. Sin que pase inadvertido que al final de la demanda citan la oración "Protesto lo necesario"; pues ella únicamente constituye una expresión de cortesía y que deja ver que el ocursante manifiesta a la autoridad sus respetos, atenciones y consideraciones, mas no es suficiente para sustituir la protesta de decir verdad. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis P./J. 127/99, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA.". 2) Que ambos quejosos son omisos en precisar las fechas en que fueron notificados por lista los acuerdos por los que se ordena su lanzamiento de los inmuebles que señalan; 3) Que ambos quejosos son omisos en exhibir una copia más de su demanda, para correr traslado al tercero interesado que señalan; y, 4) Que Catalina Irma Castrejón Aranda es omisa en referir expresamente si ya compareció previamente al expediente 978/1992, del índice del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos. En esas condiciones, hágase saber a los quejosos que no ha lugar a tener por subsanada la prevención formulada por auto de veintinueve de agosto de esta anualidad, por lo que subsiste el requerimiento que se les decretó en el mismo, así como el apercibimiento correspondiente y, que el plazo concedido en dicho acuerdo para tal efecto, se reanudará a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este acuerdo. Por tanto, notifíquese personalmente a los quejosos el presente acuerdo, haciéndoles saber que el término de cinco días concedido por acuerdo de dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete subsiste. Así, si la prevención contenida en dicho proveído se notificó el veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete, el término trascurre del dos al cuatro de octubre del presente año y, al presentarse la promoción con la que los quejosos pretenden dar cumplimiento a la prevención de la demanda (cinco de octubre de dos mil diecisiete), se interrumpió el término concedido, por lo que una vez notificado personalmente este acuerdo, cuenta con el término de dos días hábiles, computado legalmente, para cumplir con el referido auto de dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete, subsistiendo el apercibimiento efectuado. Lo anterior tiene sustento en las tesis 2ª./J. 106/2003, de rubro "AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO", emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVIII, Noviembre de 2003, Pagina 133, Novena Época. Así como la diversa tesis de rubro "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY RELATIVA SE INTERRUMPE CON LA PRESENTACIÓN DEL ESCRITO CORRESPONDIENTE Y HASTA EN TANTO SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO QUE LE RECAIGA", emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: XXI, Abril de 2005, Pagina 1323, Novena Época. Asimismo, encuentra sustento en la tesis VII.1º.P.15 K, del rubro "DEMANDA DE AMPARO, ACLARACIÓN DE LA. CUANDO LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO LEGAL CONCEDIDO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ORDENAR SE NOTIFIQUE PERSONALMENTE AL QUEJOSO EL AUTO EN QUE ESTIMÓ NO CUMPLIDA LA PREVENCIÓN INICIAL", emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIII, Febrero de 2006, Pagina 1800, Novena Época. REQUERIMIENTO DE INFORME A AUTORIDAD RESPONSABLE. Con independencia de lo anterior, tomando en consideración que la parte quejosa solicita la suspensión del acto reclamado y, a efecto de proveer lo conducente, se requiere al Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, para que dentro del plazo de VEINTICUATRO HORAS, realice: 1) Comunique quiénes son las partes en el expediente 978/1992 de su índice; 2) Informe qué carácter les asiste a los quejosos Luis Enrique Román Anastacio y Catalina Irma Castrejón Aranda; y, 3) Remita copia certificada de los acuerdos de diecisiete de noviembre de dos mil quince, ocho de diciembre de dos mil dieciséis y tres de marzo de dos mil diecisiete, así como las constancias de su notificación, correspondientes al expediente 978/1992 de su índice, en los que -según aducen los quejosos Luis Enrique Román Anastacio y Catalina Irma Castrejón Aranda- se ordenó su lanzamiento de los inmuebles que refieren. Apercíbase al Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos que, de no dar cumplimiento a lo anterior dentro del plazo concedido, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de Medida y Actualización, de conformidad con el artículo 237, fracción I, con relación al 259, ambos de la Ley de Amparo. Se apoya lo anterior, en la tesis 2ª./J. 27/2004, de rubro "SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN AMPARO ADMINISTRATIVO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE RECABAR OFICIOSAMENTE PRUEBAS PARA MEJOR PROVEER, PERO NO POSTERGAR SU DECISIÓN", de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIX, Marzo de 2004, página 354. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso c) y 29 de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte quejosa LUIS ENRIQUE ROMÁN ARZATE Y CATALINA IRMA CASTREJÓN ARANDA, el auto de dieciocho de septiembre del dos mil diecisiete, que en lo conducente establece: ..Cuernavaca, Morelos, dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete. Vistas las siguientes demandas de amparo fórmense los expedientes que correspondan: 1.- Luis Enrique Román Arzate; expediente 1459/2017-IV y, 2.- Catalina Irma Castrejón Aranda; expediente 1460/2017-IV. A continuación, se provee: Con base en la jurisprudencia P./J.51/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, además, con fundamento en los artículos 72, 73 y 75 del Código Federal de Procedimientos Civiles, dada la conexidad e íntima relación que existe entre los juicios de amparo descritos, al reclamarse el acuerdo dictado en el expediente 978/2012, que ordena el lanzamiento de los quejosos de los bienes inmuebles que ocupan; este juzgado decreta de manera oficiosa la acumulación de los citados juicios de amparo. Para explicar esta determinación, en principio hay que puntualizar que no escapa a la atención del suscrito juzgador que la Ley de Amparo vigente no contempla expresamente la figura procesal de la acumulación, pero ello en modo alguno implica su proscripción y, por tanto, que no se pueda aplicar de manera supletoria la legislación correspondiente. La Segunda Sala del Alto Tribunal ha determinado la posibilidad de que la aplicación supletoria de un ordenamiento legal proceda no sólo respecto de instituciones contempladas en la ley a suplir, que no estén reglamentadas, o bien, las regule en forma deficiente, sino que también, en el caso de cuestiones jurídicas no establecidas en tal ley, a condición de que sea indispensable para el juzgador acudir a tal supletoriedad para solucionar el conflicto que se plantea y de que no esté en contradicción con el conjunto de normas jurídicas cuyas lagunas debe llenar, sino que sea congruente con los principios contenidos en las mismas. Así, de acuerdo con la jurisprudencia 2a./J.34/2013 (10ª) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que opere la supletoriedad es necesario que: a) El ordenamiento legal a suplir establezca expresamente esa posibilidad, indicando la ley o normas que pueden aplicarse supletoriamente, o que un ordenamiento establezca que aplica, total o parcialmente, de manera supletoria a otros ordenamientos; b) La ley a suplir no contemple la institución o las cuestiones jurídicas que pretenden aplicarse supletoriamente o, aun estableciéndolas, no las desarrolle o las regule deficientemente; c) Esa omisión o vacío legislativo haga necesaria la aplicación supletoria de normas para solucionar la controversia o el problema jurídico planteado, sin que sea válido atender a cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo intención de establecer en la ley a suplir; y, d) Las normas aplicables supletoriamente no contraríen el ordenamiento legal a suplir, sino que sean congruentes con sus principios y con las bases que rigen específicamente la institución de que se trate. Por tanto, resulta válido concluir que la supletoriedad es una figura necesaria para integrar una omisión de la ley o para interpretar sus disposiciones conjuntamente con otras normas o principios contenidos en otros ordenamientos y, para que opere, no es absolutamente necesario que la institución o cuestión jurídica que pretende aplicarse de manera supletoria esté contemplada en la ley a ser suplida, pero sí deben reunirse los aludidos requisitos sentados por la Segunda Sala del Alto Tribunal, para la aplicación supletoria de normas. En este orden de ideas, resulta incuestionable que el artículo 2º de la Ley de Amparo vigente, actualiza el requisito contemplado en el inciso a), en la medida que dispone que a falta de disposición expresa, se aplicará de forma supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles. Asimismo, el requisito contemplado en el inciso b), se actualiza en virtud de que la Ley de Amparo vigente, no contempla la acumulación, mientras que la legislación aplicable de manera supletoria a la ley de la materia, a saber, el Código Federal de Procedimientos Civiles, sí prevé esa institución en los artículos 72, 73 y 75. De igual forma, resulta incuestionable que en el presente asunto, se está ante la presencia de demandas de amparo en las que se reclaman actos idénticos, lo cual implica la necesidad de determinar si dichos juicios de amparo eventualmente pueden resolverse en una misma sentencia, para así otorgar mayor certeza jurídica a los quejosos, en cuanto a que en una misma resolución se analizarán aquellos actos que atribuyen de manera coincidente a las mismas autoridades y derivado del mismo procedimiento, las cuestiones jurídicas planteadas y que estiman trasgreden sus derechos fundamentales, además de reducir con ello el margen del pronunciamiento de resoluciones contradictorias en mayor o menor medida, sin soslayar que, además, se optimizan el uso de los recursos materiales y humanos que conforman el Poder Judicial de la Federación, particularmente en la administración de la justicia. Sin que pase inadvertida la circunstancia de que en la Ley de Amparo vigente, a diferencia de la Ley de Amparo abrogada, el legislador no haya contemplado expresamente la institución de la acumulación, pues -como se señaló en párrafos anteriores -, esa omisión o vacío legislativo en modo alguno implica la proscripción de dicha institución del procedimiento de amparo, ya que basta la lectura íntegra del proceso legislativo de la nueva ley de la materia para apreciar que no existe consideración alguna que permita concluir que fue voluntad expresa e insoslayable del legislador, expulsar la acumulación del procedimiento en comento; máxime que -como se ha venido explicando y como se señalará más adelante-, la utilización de dicha figura está regulada en el ordenamiento aplicable de forma supletoria a la Ley de Amparo, además de que su aplicación se encuentra en armonía con la tutela jurisdiccional efectiva (particularmente una justicia pronta y expedita), así como los principios de economía y concentración procesal que rigen la materia, cuyos principios y derechos son ponderados por el legislador secundario en un Estado democrático y social de Derecho; consecuentemente, surge la necesidad de colmar esa omisión o vacío legislativo. Por ello, es que se estima que se actualizan las hipótesis reguladas en el inciso c). También se estiman actualizados los requisitos contemplados en el inciso d), dado que resulta incuestionable que el juicio de amparo se rige por diversos principios; entre ellos, el de concentración y economía procesal, aspectos que conforman el denominado derecho fundamental de tutela jurisdiccional efectiva (particularmente una justicia pronta y expedita), reconocido por los artículos 1º y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuya observancia es un imperativo para las autoridades jurisdiccionales del Estado Mexicano, como al efecto lo constituye este órgano de control constitucional; de ahí que -se afirma-, la aplicación de la institución de la acumulación en el asunto de nuestra atención, se encuentra en armonía con los principios que rigen el juicio de amparo y, por supuesto, con los derechos fundamentales que asisten a los justiciables en todo procedimiento de legalidad o constitucionalidad. Por todo lo expuesto, se estima que no obstante que la Ley de Amparo vigente no contempla la figura de la acumulación, en la especie resulta factible la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles, a efecto de acumular los juicios de amparo de que se trata, máxime que ello redundará indefectiblemente en la observancia al derecho a la tutela jurisdiccional efectiva (específicamente en una justicia pronta y expedita), consagrada primordialmente en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los principios de concentración y economía procesal y, por supuesto, a la optimización de los recursos materiales y humanos del Poder Judicial de la Federación. Además, si se considera la relevancia de las finalidades que se persiguen con la acumulación -a saber, economía procesal y evitar sentencias contradictorias-, entonces, la figura jurídica de mérito (acumulación), debe considerarse como parte del sistema procesal del amparo, porque con ello el juzgador estará en posibilidad de dar solución adecuada al conflicto que se le ha planteado, salvaguardando así el derecho fundamental del gobernado a la impartición de justicia completa, pronta e imparcial. Cabe precisar que las consideraciones establecidas en párrafos que anteceden, sustancialmente se contienen en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor literal siguiente: ". El primer tema abordado en esta contradicción de tesis fue el relativo a si es posible aplicar supletoriamente una institución que no está específicamente prevista en la ley a suplir, pero sí en el ordenamiento supletorio. Esta Sala concluyó que sí es posible, con base en los siguientes argumentos: En relación con la aplicación supletoria de normas, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en diversos criterios jurisprudenciales y aislados sostuvo que tal supletoriedad sólo opera tratándose de omisiones o vacíos legislativos, al tenor de las tesis cuyos textos y datos de identificación, son del tenor siguiente: "LEYES APLICACIÓN SUPLETORIA. Para que un ordenamiento legal pueda ser aplicado supletoriamente, es necesario que en principio exista establecida la institución cuya reglamentación se trata de completar por medio de esa aplicación supletoria." (Tesis sin número, de la otrora Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 42 del Tomo XXVIl-Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época). "SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES PROCESALES. PRINCIPIOS QUE LA RIGEN. La aplicación de las leyes supletorias sólo tienen lugar en aquellas cuestiones procesales que, comprendidas en la ley que suplen, se encuentren carentes de reglamentación o deficientemente reglamentadas". (Tesis sin número del Pleno de este Alto Tribunal, consultable en la página 157 del Tomo 121-126 Primera Parte del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época). "SUPLETORIEDAD DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES A LA LEY DE AMPARO. REQUISITOS. Dos son los requisitos necesarios para poder aplicar como ley supletoria de la de Amparo, el Código Federal de Procedimientos Civiles: a) Que la Ley de Amparo contemple la institución respecto de la cual se pretenda la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles, y b) Que la institución comprendida en la Ley de Amparo no tenga reglamentación o bien, que conteniéndola sea deficiente". (Tesis sin número del Pleno de este Alto Tribunal, consultable en la página 157 del Tomo 121-126 Primera Parte del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época). Estas tesis refieren que la aplicación supletoria de normas opera sólo cuando la Ley a suplir prevé la institución o la cuestión procesal que se pretende complementar, pero la regula de manera deficiente o no la desarrolla. Sin embargo, el anterior criterio fue ampliado al establecerse la posibilidad de que la aplicación supletoria de un ordenamiento legal proceda no sólo respectó de instituciones contempladas en la ley a suplir, que no estén reglamentadas, o bien, las regule en forma deficiente, sino también en el caso de cuestiones jurídicas no establecidas en tal ley, a condición de que sea indispensable para el juzgador acudir a tal supletoriedad para solucionar el conflicto que se le plantea y de que no esté en contradicción con el conjunto de normas cuyas lagunas debe llenar, sino que sea congruente con los principios contenidos en las mismas. En estas condiciones, los requisitos que deben satisfacerse para estimar procedente la aplicación supletoria de normas, son los siguientes: Que el ordenamiento legal a suplir establezca expresamente esa posibilidad, indicando la ley o normas que pueden aplicarse supletoriamente. Que la ley a suplir no contemple la institución o las cuestiones jurídicas que se pretende aplicar Supletoriamente, o aun estableciéndolas, no las desarrolle o las regule de manera deficiente. c) Que esa omisión o vacío legislativo haga necesaria la aplicación supletoria de normas para solucionar la controversia o el problema jurídico planteado, sin que sea válido atender a cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo intención de establecer en la ley a suplir. d) Que las normas aplicables supletoriamente no contraríen el ordenamiento legal a suplir, sino que sean congruentes con sus principios y con las bases que rigen de manera específica la institución o cuestión jurídica de que se trate. Entonces, se advierte que es criterio de esta Segunda Sala el considerar que la/supletoriedad es una figura necesaria para integrar una omisión de la ley o para interpretar sus disposiciones conjuntamente con otras normas o principios contenidos en otros ordenamientos. Para que opere, no es absolutamente necesario que la institución o cuestión jurídica que pretende aplicarse supletoriamente esté contemplada en la ley a ser suplida, pero sí deben reunirse los demás requisitos sentados por esta Segunda Sala para la aplicación supletoria de normas... Consecuentemente, es infundado el argumento de la parte quejosa, en el sentido de que, para que aplique la supletoriedad, es necesario que la ley contemple la institución jurídica a suplir.". Sentado lo anterior, procede analizar si en la especie se actualiza la acumulación a que se refieren los artículos 72, 73 y 75 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, por lo que, al efecto, de la lectura de las demandas de amparo se advierte que se reclama el acuerdo dictado en el expediente 978/2012, que ordena el lanzamiento de los quejosos de los bienes inmuebles que ocupan. En las dos demandas se señalan como autoridades responsables al Juez Segundo de lo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos y Actuario adscrito al Juzgado Segundo de lo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos. Así, se está en el supuesto previsto en los preceptos invocados, para admitir la supletoriedad de los artículos 72, 73 y 75 del Código Federal de Procedimientos Civiles a la Ley de Amparo, en lo relativo a la procedencia de la acumulación de los juicios de que se trata; por lo que se considera que los medios de control constitucional intentados, deben resolverse conjuntamente, con la finalidad de observar el derecho a una tutela jurisdiccional efectiva consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los principios de concentración y economía procesal, además del aprovechamiento del conocimiento previo de los asuntos para evitar el dictado de sentencias contradictorias y la optimización de los recursos materiales y humanos del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior es así toda vez que se satisfacen los requisitos para aplicar supletoriamente la figura jurídica de la acumulación, establecida en el Código Federal de Procedimientos Civiles, en apego de la jurisprudencia 2a./J. 34/2013 (10a.), citada con antelación. Asimismo, tiene sustento a la anterior determinación la jurisprudencia P./J. 24/2015 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 22, Septiembre de 2015,Tomo I, página 19, del rubro y texto siguientes: "ACUMULACIÓN DE JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDIMIENTO CUANDO SE ENCUENTRAN RADICADOS ANTE EL MISMO JUZGADOR FEDERAL. En el derecho procesal constitucional la acumulación obedece a la conexidad de dos o más litigios distintos, sometidos a procesos separados, pero vinculados por referirse al mismo acto reclamado, cuando el mismo quejoso promueva diversos juicios de amparo indirecto, reclamando un mismo acto, atribuible a distintas autoridades o cuando diversos quejosos impugnen, de las mismas autoridades, el mismo acto reclamado, con lo que se permite al juzgador resolverlos en una sola sentencia, evitando posibles contradicciones. Ante ello, si bien la Ley de Amparo vigente no prevé expresamente la acumulación de los juicios de amparo indirecto, debe tomarse en cuenta, por una parte, que de la exposición de motivos del proceso legislativo que precedió la emisión de ese ordenamiento se advierte que el legislador no pretendió suprimir la tramitación de los incidentes de acumulación sino, por el contrario, incorporarlos al régimen general de sustanciación, en la vía incidental, de las cuestiones que surjan dentro del procedimiento que ameriten ese tratamiento y, por otra parte, que el Código Federal de Procedimientos Civiles es de aplicación supletoria a la Ley de Amparo cuando ésta no desarrolla o regula de manera insuficiente alguna institución jurídica. En ese orden, cuando se pretenda acumular dos o más juicios de amparo indirecto, a petición de parte o de oficio, el juzgador que conozca de ellos, atendiendo a lo previsto en los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo, podrá resolver de plano o mediante el procedimiento incidental respectivo; en la inteligencia de que, en este último supuesto, dará vista a las partes por el plazo de 3 días para que manifiesten lo que a su interés convenga y ofrezcan las pruebas pertinentes sobre la conexidad de los litigios constitucionales o la ausencia de ésta; transcurrido el plazo, dentro de los 3 días siguientes celebrará audiencia en la cual, en su caso, se desahogarán las pruebas y se escucharán los alegatos de las partes; enseguida, en la misma audiencia, dictará la resolución correspondiente, ordenando la acumulación de los autos cuando lo estime pertinente atendiendo a lo previsto en el artículo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. En cambio, si los juicios que se pretende acumular se tramitan ante Juzgados de Distrito o Tribunales Unitarios de Circuito distintos, lo pertinente es acudir, además, a lo previsto al respecto en el referido código adjetivo federal." En las relatadas condiciones, lo procedente es decretar la acumulación; y consecuentemente, al seguirse la regla de que el juicio más reciente ha de acumularse al más antiguo, se ordena la acumulación del juicio de amparo 1460/2017-IV al diverso 1459/2017-IV. Se precisa que las tesis que apoyan esta determinación y aluden a preceptos de la abrogada Ley de Amparo, se invocan en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente. PREVENCIÓN DE LAS DEMANDAS Vistas las demandas presentadas por Luis Enrique Román Arzate y Catalina Irma Castrejón Aranda, por derecho propio, contra los actos reclamados a las siguientes autoridades: 1) Juez Segundo de lo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos; y, 2) Actuario adscrito al Juzgado Segundo de lo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos. Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 1459/2017-IV y su acumulado 1460/2017-IV. Ahora bien, a efecto de proveer lo conducente respecto a las demandas de amparo de que se trata, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 108 y 114, de la Ley de Amparo, requiérase a Luis Enrique Román Arzate y Catalina Irma Castrejón Aranda para el efecto de que dentro del término de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente auto, por escrito, bajo protesta de decir verdad y con las copias necesarias de su escrito aclaratorio para cada una de las partes, aclaren su demanda de amparo -de manera separada- en los siguientes términos: IRREGULARIDADES DE LAS DEMANDAS En principio, debe decirse que, de la lectura integral de las demandas, se advierten las siguientes irregularidades en cada una de ellas: 1) Respecto a la demanda de amparo promovida por Luis Enrique Román Arzate, éste manifiesta, en su capítulo de antecedentes, que es propietario del inmueble ubicado en el departamento número ocho del Edificio Victoria, en calle Ricardo Linares número dos de la avenida Morelos, colonia Centro, Cuernavaca, Morelos, pero en el capítulo del acto reclamado, que está arrendando dicho inmueble, lo cual genera duda en cuanto a la calidad de la posesión del quejoso. Además, el quejoso señala que no se le han hecho notificaciones del expediente 978/2012, del índice del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, pero que en actuaciones se dejaron a salvo los derechos de su madre, quien -según aduce- antes de fallecer compareció a juicio, firmándole el contrato de compraventa y en el capítulo de acto reclamado señala que el acuerdo por el que se ordena su lanzamiento fue "debidamente" notificado por lista. Aunado a ello, el quejoso es omiso en referir si ya compareció a juicio previamente, la naturaleza del juicio del que emana el acto reclamado, la etapa en que se encuentra, así como las fechas del acuerdo por el que se ordena su lanzamiento y su notificación por lista. Por último, en los puntos petitorios de su demanda, pide el amparo para el efecto de que no sea privado de su libertad de forma injustificada, sin que en alguna otra parte de la demanda haga referencia a ello. 2) Respecto a la demanda de amparo promovida por Catalina Irma Castrejón Aranda, ésta manifiesta, en su capítulo de antecedentes, que es incidentista en el juicio 978/2012 del índice del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, pero es omisa en referir si ya compareció a juicio previamente, la naturaleza del juicio del que emana el acto reclamado y del incidente en el que es parte, la etapa en que se encuentran, así como las fechas del acuerdo por el que se ordena su lanzamiento y su notificación por lista. Además, en los puntos petitorios de su demanda, pide el amparo para el efecto de que no sea privada de su libertad de forma injustificada, sin que en alguna otra parte de la demanda haga referencia a ello. REQUERIMIENTO A LOS QUEJOSOS Por tanto, a manera de antecedentes y bajo protesta de decir verdad, deberán ampliar los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, en los siguientes términos: LUIS ENRIQUE ROMÁN ARZATE, DEBERÁ REALIZAR LO SIGUIENTE: 1) Precisar el concepto por el cual tiene la posesión del inmueble ubicado en el departamento número ocho del Edificio Victoria, en calle Ricardo Linares número dos de la avenida Morelos, colonia Centro, Cuernavaca, Morelos. 2) Manifestar si ya compareció previamente al expediente 978/2012, del índice del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos 3) Especificar la naturaleza del juicio 978/2012, del índice del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos y la etapa en que se encuentra 4) Señalar las fechas del acuerdo por el que se ordena su lanzamiento del inmueble del que aduce ser poseedor y su notificación por lista, dentro del expediente 978/2012, del índice del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos CATALINA IRMA CASTREJÓN ARANDA, DEBERÁ REALIZAR LO SIGUIENTE: Manifestar si ya compareció previamente al expediente 978/2012, del índice del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos Especificar la naturaleza del juicio 978/2012, del índice del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos y del incidente del que aduce ser parte, y la etapa en que se encuentran Señalar las fechas del acuerdo por el que se ordena su lanzamiento del inmueble del que aduce ser poseedor y su notificación por lista, dentro del expediente 978/2012, del índice del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.4o.C. 26, de rubro "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO" emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: IX, Febrero de 1992 de la Octava Época, visible en la página 63. Asimismo, resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 64/2015, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo I, página 713, del rubro "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL JUEZ DE DISTRITO, AL AVOCARSE AL CONOCIMIENTO DE UNA DEMANDA INTENTADA EN LA VÍA DIRECTA, DEBE REQUERIR A LA PARTE QUEJOSA PARA QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LOS ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO PUEDAN ADVERTIRSE DE LAS CONSTANCIAS REMITIDAS POR LA RESPONSABLE." LUIS ENRIQUE ROMÁN ARZATE Y CATALINA IRMA CASTREJÓN ARANDA DEBERÁN REALIZAR LO SIGUIENTE: 1) En caso de que ya hayan comparecido al juicio 978/2012, del índice del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, señalar el nombre y domicilio de la parte actora, toda vez que le asiste el carácter de tercero interesado de conformidad con el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo; y desde luego, exhibir copia de su demanda para ella, de conformidad con el artículo 110 de la Ley de Amparo; puesto que, de haber tenido acceso a los autos del expediente de origen, están en aptitud de conocer dichos datos. Con relación a lo anterior, el artículo 108 de la Ley de Amparo, que contempla los requisitos que debe contener una demanda de amparo indirecto, prevé a la vez diversas cargas procesales que el quejoso debe satisfacer para que se pueda dar curso a su petición, entre ellas, la prevista por la fracción II, relativa al señalamiento del nombre y domicilio del tercero interesado, que resulta exigible siempre que exista una persona que se ubique en alguno de los supuestos que prevé en sus diversos incisos la fracción III del artículo 5º de la invocada ley. Luego, por regla general el quejoso ha de proporcionar el nombre y domicilio del tercero interesado. La excepción a la regla surge cuando lo desconozca en cuyo caso, deberán declararlo así bajo protesta de decir verdad. Además, la Ley de Amparo no establece en ninguno de sus preceptos, la satisfacción de ese señalamiento por otra de las partes en el juicio de amparo ni por el propio juzgador. Es aplicable la siguiente tesis aislada sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación XIV, Julio de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, de la literalidad siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL QUEJOSO TIENE LA CARGA PROCESAL DE SEÑALAR EL NOMBRE Y DOMICILIO DEL TERCERO PERJUDICADO. Se precisa que si bien la invocada tesis interpretó la fracción II del artículo 116 de la abrogada Ley de Amparo, este juzgador puede invocarla en términos del artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, pues el citado artículo 116, fracción II, se refería al requisito de la demanda de garantías consistente en el señalamiento del nombre y domicilio del tercero perjudicado, situación jurídica que prevalece en el artículo 108, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, con la salvedad que el tercero perjudicado ahora se denomina tercero interesado. En este sentido, infórmese a los quejosos las penas en que pueden incurrir las personas que al formular su demanda afirmen hechos falsos u omitan los que le consten en relación con el amparo, en términos del artículo 261 de la Ley de Amparo, el cual se transcribe a continuación: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos.". APERCIBIMIENTO PARA AMBOS QUEJOSOS Apercíbase a Luis Enrique Román Arzate y Catalina Irma Castrejón Aranda -de manera separada- que, de no dar cumplimiento a lo anterior dentro del plazo concedido, se tendrán por no presentadas sus demandas de amparo, de conformidad con el artículo 114 de la Ley de Amparo. PREVENCIÓN PARA AMBOS QUEJOSOS Finalmente, toda vez que, en los puntos petitorios de su demanda, los quejosos piden el amparo para el efecto de que no sean privados de su libertad de forma injustificada, sin que en alguna otra parte de la demanda haga referencia a ello, requiérase a éstos para que -de manera separada- manifiesten si es su deseo señalar como acto reclamado la privación de su libertad y, en su caso, a qué autoridades les atribuyen dichos actos. Apercíbase a Luis Enrique Román Arzate y Catalina Irma Castrejón Aranda -de manera separada- que, de no dar cumplimiento a lo anterior dentro del plazo concedido, no se tendrá como acto reclamado la privación de su libertad. Sin embargo, si antes de que transcurra el plazo concedido subsanan los demás puntos de la prevención, quedando subsistente este último, al no realizar manifestación alguna al respecto o hacerlo de manera deficiente, la admisión de las demandas -según el caso del quejoso omiso-, se postergará hasta que dicho plazo fenezca. DOMICILIO PROCESAL Y PERSONAS AUTORIZADAS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por los quejosos y, por autorizadas, en los términos precisados en la demanda de amparo, a las personas propuestas. Notifíquese personalmente a los quejosos. Así lo proveyó y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe...

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