Casandra Espejo Bobadilla
Expediente 1094/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 14 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1094/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 29/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Casandra Espejo Bobadilla
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos del expediente en que se actúa, se advierte que mediante proveído de veinticuatro de marzo del presente año, causó ejecutoria la sentencia dictada el veintiocho de febrero del presente año en la cual se determinó negar y sobreseer en el juicio de amparo; ordenándose el archivo del presente asunto y declarándose que el expediente es susceptible de destrucción. Sin embargo, es dable precisar que el expediente en que se actúa es susceptible de depuración, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Capítulo Séptimo, artículo 18, fracción b), y por consiguiente, en el Capítulo Noveno artículos 25 y 26, concernientes a la digitalización de expedientes. Lo que se precisa para los efectos legales a los que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Sergio Arturo Godínez Vega, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veinticuatro de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 1094/2021-VI, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el veintiocho de febrero de dos mil veintidós, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyos puntos resolutivos determinó primero sobreseer en el juicio y segundo negar el amparo a Casandra Espejo Bobadilla, sin que ninguna de las partes hiciera uso de ese derecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, de conformidad con el 2° de la Ley de Amparo, se declara que la determinación referida ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, se ordena agregar a los autos el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Quinto, artículo 15, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico o versen sobre materia agraria. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General en alusión, en el Capítulo Octavo, artículo 21, fracción a), y por consiguiente, en el Capítulo Noveno artículos 25 y 26, concernientes a la digitalización de expedientes; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. De igual forma, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración, debido que tal medida suspensiva se concedió. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, procédase a la destrucción del duplicado. Por otra parte, toda vez que la autoridad responsable JUNTA DE ADMINISTRACION Y VIGILANCIA Y DISCIPLINA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, remitió diversas constancias por lo que se formó el anexo I; en esas condiciones, devuélvasele, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que dado que aún no se permite la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, en atención al artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado en el diverso 25/2020, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo; y adicionalmente, éstas estarán colocadas en el espacio externo designado para tal efecto en las instalaciones del edificio sede de este Circuito Judicial, para que acudan a consultarla sin contar con una cita previa. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Sergio Arturo Godínez Vega, que autoriza y da fe.
- Principal
Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 1094/2021-VI, promovido por Casandra Espejo Bobadilla por propio derecho; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el dos de septiembre de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común a Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada y recibida al día siguiente en este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, Casandra Espejo Bobadilla, solicitó la protección de la justicia federal contra actos de los Magistrados y Juez Integrantes de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos y otras autoridades. SEGUNDO. Trámite. Por auto de seis de septiembre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo, se fijó fecha para el verificativo de la audiencia constitucional, se solicitó su informe justificado a las autoridades responsables y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. La audiencia constitucional se celebró al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo; 1º, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y residen las autoridades a las que se atribuye el acto reclamado y su ejecución. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa reclama: ? La resolución definitiva de dieciséis de julio de dos mil veintiuno, dictada en autos de la queja administrativa 31/2021, en la que se determinó que incurrió en responsabilidad y se le impuso una sanción consistente en una multa por la cantidad de $3,475.20 (tres mil cuatrocientos setenta y cinco pesos 20/100 moneda nacional), así como su ejecución e inscripción en el expediente personal y registro respectivo. TERCERO. Inexistencia del acto. No es cierto el acto reclamado a la Secretaria de la Contraloría del Gobierno del Estado de Morelos, consistente en la ejecución de la resolución reclamada, la que se traduce en la inscripción de dicha resolución en el registro de servidores públicos sancionados; pues así lo manifestó al rendir su informe justificado. La negativa que antecede, se corrobora con el informe justificado del Director General de Responsabilidades y Sanciones Administrativas de la de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Morelos, del cual se advierte que fue dicha autoridad la que inscribió la resolución reclamada en el registro de servidores públicos sancionados. En consecuencia, dada la inexistencia del acto reclamado, lo procedente es sobreseer en el juicio respecto del acto reclamado antes precisado, en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza del acto. Es cierto el acto reclamado a la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, consistente en la resolución definitiva de dieciséis de julio de dos mil veintiuno, dictada en autos de la queja administrativa 31/2021, en la cual se determinó que la quejosa incurrió en responsabilidad administrativa y se le impuso una sanción administrativa consistente en una multa por la cantidad de $3,475.20 (tres mil cuatrocientos setenta y cinco pesos 20/100 moneda nacional) pues así lo manifestó el Presidente de dicha Junta al rendir su informe justificado. Del mismo modo, es cierto el acto reclamado al Visitador General del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, consistente en la ejecución de la resolución antes mencionada, por haberlo manifestado así en el momento de rendir su informe justificado. Lo que se corrobora con las copias certificadas del expediente relativo a la queja administrativa 31/2021 que se anexó al informe justificado; documentales que por ser de carácter público gozan de valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo y de las cuales se advierte que la Junta responsable emitió la resolución reclamada y el Visitador General, mediante auto de doce de agosto de dos mil veintiuno, giró los oficios correspondientes para dar cumplimiento a dicha resolución (fojas 241 a 242 del anexo de pruebas). Asimismo, es cierto el acto reclamado al Director General de Administración del Poder Judicial del Estado de Morelos, consistente en el registro de la resolución reclamada en el expediente personal de la parte quejosa, por haberlo manifestado así al momento de rendir el informe justificado correspondiente. La certeza que antecede se acredita con la copia certificada de la anotación FO-DGA-RH-11, folio 50/2021, de trece de agosto de dos mil veintiuno, anexa a su informe justificado, a la cual se le da valor probatorio pleno, en términos de los preceptos del código adjetivo antes citado, del cual se advierte la inscripción de la resolución reclamada en el expediente personal de la quejosa. Del mismo modo, es cierto el acto reclamado al Director General de Responsabilidades y Sanciones Administrativas de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Morelos, consistente en inscribir la resolución reclamada en el registro de servidores públicos sancionados. Certeza que se corrobora de la copia certificada remitida con su informe justificado, en concreto del registro 84/2021 del libro de gobierno correspondiente a los servidores públicos sancionados, de la que se advierte que la autoridad antes citada realizó el registro de la resolución reclamada. Documental que tiene valor probatorio pleno, por ser pública en términos de los artículos del código procesal federal invocado. Ahora bien, en virtud de que las partes no hicieron valer alguna causal de improcedencia y al no advertirse de oficio se procede al análisis de la constitucionalidad del acto reclamado. QUNITO. Estudio del acto reclamado. Previo analizar los conceptos de violación se estima conveniente precisar los antecedentes del acto reclamado advertidos de las constancias relativas a la queja administrativa 31/2021, materia del presente juicio de amparo: 1.- El veintidós de octubre de dos mil veinte se levantó acta de entrega-recepción del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Jugado del Estado de Morelos, entre la titular saliente y la titular entrante, en la que se hizo constar, entre otras cosas, las notificaciones pendientes por realizar a cargo de Casandra Espejo Bobadilla, dentro y fuera del plazo de ley. Con la que se dio cuenta al Magistrado Visitador General para los efectos legales correspondientes. 2.- El veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, se radicó el procedimiento de responsabilidad administrativa, habiéndose emplazado a la servidora pública el treinta y uno de marzo siguiente. 3.- El trece de abril de dos mil veintiuno, se recibió el escrito de la aquí solicitante de amparo, mediante el cual presentó informe, opuso sus excepciones y ofreció pruebas, en la queja administrativa 31/2021. 4.- El veintiuno de abril siguiente, se recibió el informe de la Titular del órgano jurisdiccional al que se encuentra adscrita la servidora pública -hoy quejosa-, mediante el cual comunicó las actividades realizadas por la funcionaria investigada en el periodo comprendido de agosto al veintidós de octubre de dos mil veinte; con el cual se dio vista a la investigada para manifestar lo que a su derecho conviniera. 5.- El veintidós de abril de dos mil veintiuno, se recibió el oficio de la Jefa de Recursos Humanos y Encargada de Control y Movimiento de Personal, mediante el cual informaron el cargo, antigüedad en el servicio, sueldo e inexistencia de sanción administrativa alguna por resolución firme de acuerdo al expediente personal de la funcionaria investigada; con el que se dio vista a la hoy quejosa. 6.- El tres de mayo del mismo año, se recibió el informe del Encargado de Vehículos del Poder Judicial del Estado de Morelos, remitiendo copia de las bitácoras correspondientes del vehículo asignado a la servidora pública investigada. 7.- El doce de mayo de dos mil veintiuno, se llevó a cabo la audiencia de pruebas y alegatos, en la que se hizo constar la incomparecencia de la parte quejosa y/o representación, no obstante de encontrarse notificada; por lo que se declaró precluido su derecho para formular alegatos. 8.- El catorce de mayo de dos mil veintiuno, se emitió el dictamen correspondiente -en el que se determinó la inexistencia de responsabilidad administrativa-, por la Visitaduría General y se ordenó remitir la queja administrativa a la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos para resolver en definitiva. 9.- El dieciséis de julio de dos mil veintiuno, se emitió resolución definitiva en la que resolvió: ".SEGUNDO. Quedaron plenamente acreditadas las causas de responsabilidad administrativa materia del presente procedimiento, atribuidas a CASANDRA ESPEJO BOBADILLA responsable de las faltas administrativas por las que se inició este procedimiento, conforme a lo señalado en el considerando VIII de la presente resolución. TERCERO. Se impone a la servidora pública CASANDRA ESPEJO BOBADILLA, sanción económica de CUARENTA UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMAS), lo cual equivale a la cantidad de $3,475.20 [TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N.], cantidad que resulta de sumar cuarenta veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, que de acuerdo a lo publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para el año 2020 (época en la comisión de los hechos) equivalía a la cantidad de $86.88 (OCHENTA Y SEIS PESOS 88/100 M.N.), ya que no puede soslayarse que este tipo de conducta contraviene los principios de legalidad, lealtad, honradez, imparcialidad y eficiencia que deben regir la función que como servidora pública que tiene encomendada .". En contra de tal determinación, se formularon los siguientes conceptos de violación: 1. Argumenta la quejosa que la autoridad responsable inició un procedimiento administrativo en su contra sin cumplir las formalidades esenciales que prevé el Reglamento que establece los lineamientos sobre la Visitaduría General, esto es, sin orden de visita de inspección, supervisión ordinaria, supervisión extraordinaria u otra que acuerde el Pleno o las Comisiones; emitida por escrito, por autoridad competente y que estuviera fundada y motivada. Con lo que inobservó el artículo 16 de nuestra Carta Magna. Lo anterior resulta inoperante, toda vez que la resolución reclamada tuvo como origen un acto de los previstos normativamente para su procedencia, diferente a la visita que refiere la quejosa. En efecto el procedimiento administrativo 31/2021 se originó en el acta de entrega recepción levantada el veintidós de octubre de dos mil veinte, con motivo de la adscripción de nueva titular del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial en el Estado de Morelos, en la que se asentó entre otras cosas, las ochenta y un notificaciones pendientes por realizar a cargo de la actuaria Casandra Espejo Bobadilla, de las cuales veintitrés se encontraban fuera del plazo de ley para su ejecución. Con la que se dio cuenta al Magistrado Visitador General del Poder Judicial del Estado de Morelos. Lo anterior, pues en cumplimiento al oficio RJD/JUNTA ADMON/1581/2020 de veintiuno de octubre de dos mil veinte, signado por el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado, se comunicó la designación de la licenciada Valeria Valencia Vega Altamirano como Juez de Primera Instancia del Estado de Morelos y su adscripción al Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial, de conformidad con los artículos 5, 6 y 20 de la Ley de Entrega Recepción de la Administración para el Estado de Morelos y sus Municipios que originó la diligencia de veintidós de octubre siguiente [acta de entrega-recepción], de la que resultó el actuar sancionado a la hoy quejosa. En otras palabras, esa diligencia de entrega recepción motivó la investigación del ejercicio de las funciones como servidora pública de la aquí quejosa, pues en esa actuación se evidenció el desempeño de las funciones de la peticionaria que fueron materia en la queja administrativa 31/2021. Así las cosas, dado que la quejosa cuestiona el origen del procedimiento seguido en su contra sobre la base del incumplimiento de las formalidades de una visita de inspección, cuando en realidad tuvo como origen un acta de entrega recepción, entonces sus planteamientos resultan inoperantes por partir de una premisa incorrecta. Por identidad jurídica cobra aplicación la jurisprudencia 2a./J. 108/2012 (10a.) de la Segunda Sala, de rubro: "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE SUSTENTAN EN PREMISAS FALSAS." 2.- Por otra parte, aduce la peticionaria de amparo que se vulneraron los artículos 14 y 17 Constitucionales, en virtud que no se respetó el debido proceso, legalidad e imparcialidad, toda vez que no se realizó un adecuado análisis del cúmulo de pruebas admitidas en la queja de origen, pues -sostiene- con ellas no se acreditó su responsabilidad y no se respetó el principio de presunción de inocencia. Es infundado el referido concepto de violación, por las razones jurídicas que en enseguida se exponen: De inicio, conviene citar el contenido de los artículos 14 y 17 Constitucionales: "Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. (.)" "Artículo 17. (.) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. (.)" El artículo 14 constitucional regula el derecho de audiencia, referente al debido proceso legal que deben seguir las autoridades antes de realizar un acto con afectación a los gobernados. Mientras que el numeral 17 del Pacto Federal prevé el derecho de los ciudadanos a recibir justicia pronta y expedita por parte de los tribunales, cuyo servicio será gratuito y sin afectar la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios. Precisado lo anterior, con el propósito de analizar el concepto de violación referido, el cual se relaciona con la indebida valoración del material probatorio por la responsable, es útil señalar que las pruebas ofrecidas en el procedimiento fueron: Por la parte quejosa: Inspección judicial respecto a la libreta de asistencias que se encuentra bajo el resguardo de la Titular del juzgado. Prueba que fue desechada en virtud de no señalar los puntos a desahogar. Instrumental de actuaciones que se derive de todas y cada una de las constancias que integran el expediente y que le beneficien. Medio de convicción que fue admitido y se desahoga por su propia y especial naturaleza. Presuncional en su doble aspecto legal y humana consistente en la inexistencia de la supuesta responsabilidad administrativa, al aducir que la dilación que existe en las notificaciones encomendadas no le son imputables, así como las demás que le beneficien. Prueba que fue admitida y se desahoga por su propia y especial naturaleza. Aunado a lo anterior, el Magistrado Visitador General del Poder Judicial del Estado de Morelos ordenó requerir informes a la Encargada del Departamento de Recursos Humanos, a la Titular del órgano judicial al que se encuentra adscrita la impetrante y más tarde al Encargado de Vehículos del Poder Judicial del Estado de Morelos. Ahora bien, en la resolución reclamada la Junta responsable valoró las pruebas ofrecidas en los términos siguientes: De las imágenes insertas se advierte que la autoridad responsable concedió valor probatorio a las documentales aportadas en el procedimiento administrativo, consistentes en el acta de entrega, e informes rendidos por distintas áreas -recursos humanos, titular del juzgado y encargado de vehículos del Poder Judicial local- relacionados con las actividades realizadas por la funcionaria -hoy quejosa- durante el periodo correspondiente de agosto al veintidós de octubre de dos mil veinte, incluyendo los días que le correspondió ingresar al Juzgado, promediando veintisiete actividades diarias. Sin soslayar que el desarrollo de labores fue con apego a un protocolo de salud determinado de acuerdo al semáforo sanitario establecido en el Estado de Morelos con la finalidad de evitar la propagación del virus SARS-CoV2. Además, consideró que la servidora pública tuvo a su disposición durante siete días un vehículo oficial para realizar las notificaciones encomendadas. Por lo anterior, concluyó que la fedataria incurrió en la omisión de realizar treinta y ocho notificaciones dentro de los plazos legales, al haber transcurrido entre cuatro y treinta y dos días hábiles sin que fueran practicadas, ocasionando un retraso indebido en la administración de justicia, que en esencia debe ser pronta y expedita, como lo establece el artículo 17 constitucional. Por todo ello se observa, que la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, analizó adecuadamente el acervo probatorio que obra en la queja administrativa de origen. Ahora, esta juzgadora no inobserva lo alegado por la quejosa en cuanto a la falta de valoración de los acuerdos y 012/2020 y 15/2020 del Pleno del Tribunal Superior de Justicia; en la inteligencia de que, mediante el primero de ellos, se ordenó la reanudación de labores jurisdiccionales y administrativas a puerta cerrada a partir del tres de agosto de dos mil veinte, incorporándose a trabajar presencialmente sólo el treinta por ciento de los servidores públicos adscritos, reanudándose los plazos y términos procesales a partir del diecisiete de agosto del mismo año. A través del segundo se estableció la reincorporación presencial del sesenta por ciento de los servidores públicos a partir del quince de septiembre de dos mil veinte. Sin embargo, ello resulta jurídicamente ineficaz, pues la quejosa no planteó de manera directa ante la responsable el impacto de dichos acuerdos en su actuación, habida cuenta de que las notificaciones encomendadas pendientes por efectuar motivo de la queja administrativa, le fueron turnadas en el periodo comprendido del dieciocho de agosto al dieciséis de octubre de dos mil veinte, esto es, cuando ya se habían reanudado los plazos procesales y se tenía acceso -aunque limitado- a los órganos jurisdiccionales. Luego, dado que la autoridad responsable precisó que del período comprendido del mes de agosto al veintidós de octubre de dos mil veinte, la quejosa acudió a laborar veintisiete días, contando además con un vehículo oficial para realizar tales notificaciones durante los días veintidós y veintitrés de septiembre, siete, nueve, catorce, dieciséis y veintidós de octubre todos de dos mil veinte, cuya omisión le fue sancionada. De ahí que la Junta responsable determinó que se trataba de un incumplimiento de obligación inexcusable, en virtud que las notificaciones encomendadas constan de dilación entre cuatro y treinta y dos días hábiles, contraviniendo -sostuvo- la administración de justicia pronta y expedita consagrada por el artículo 17 constitucional. Ello, sin que la solicitante de amparo acreditara ante la autoridad una razón válida que justificara la falta de acatamiento a los plazos establecidos por la ley, ni controvirtiera de manera eficaz los razonamientos y fundamentos que sustentan la resolución reclamada. En ese orden de ideas, es infundado lo alegado por la quejosa sobre la transgresión en su perjuicio del principio de presunción de inocencia, pues la autoridad responsable sancionó a la servidora pública investigada, al considerar la existencia elementos suficientes demostrativos de su responsabilidad administrativa (los cuales no son controvertidos en forma alguna por la peticionaria). Asimismo, garantizó su derecho de audiencia en virtud que fue emplazada, se respetó su derecho de ofrecer pruebas para desvirtuar la imputación correspondiente y pese a tener la oportunidad de formular alegatos, no ejerció ese derecho. Además, valoró legalmente y de forma imparcial el cúmulo probatorio desahogado en el procedimiento de origen, conforme el debido proceso y administrando justicia de manera pronta, completa e imparcial como lo establece el artículo 17 de la Constitución Federal. Por lo anterior, devienen infundados los conceptos de violación analizados. Consecuentemente al no prosperar los conceptos de violación y con apoyo en la jurisprudencia 2a./J.190/2016 (10a.) de rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE EN LOS JUICIOS DE AMPARO TRATÁNDOSE DE ACTOS DERIVADOS DE UN PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA CONTRA UN SERVIDOR PÚBLICO, POR NO ESTAR INMERSOS EN LA MATERIA LABORAL.", lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Casandra Espejo Bobadilla. Se hace extensiva la negativa del amparo a los actos de ejecución por no haberse reclamado por vicios propios, sino en vía de consecuencia. SEXTO. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en aplicación supletoria al diverso 2 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que el Actuario adscrito, lleve a cabo las notificaciones y diligencias encomendadas a las partes en el presente juicio; lo anterior, a efecto de propiciar el adecuado y ágil despacho de los asuntos. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo respecto del acto y autoridad precisados en el tercer considerando de esta sentencia, por los motivos y fundamentos ahí expresados. SEGUNDO. La justicia de la unión no ampara ni protege a Casandra Espejo Bobadilla, respecto de los actos y autoridades responsables señaladas en el considerando cuarto de esta sentencia, por los motivos y fundamentos expresados en el considerativo quinto de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, asistida del Secretario Sergio Arturo Godínez Vega, que autoriza y da fe hoy veintiocho de febrero de dos mil veintidós, en que las labores del juzgado lo permitieron.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo 1094/2021-VI, se advierte que no obra en autos proveído en el que se haya informado a las partes del cambio de Titular en este Órgano Jurisdiccional. En ese sentido, hágase del conocimiento a las partes que mediante oficio SEADS/1114/2021, de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, signado por el Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, informó que en sesión ordinaria de veinte de octubre del presente año, el Pleno del citado órgano determinó la adscripción de la Jueza Ana Columba Contreras Martínez, designándola como titular de este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno; lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar y en particular los previstos en el artículo 126 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Sergio Arturo Godínez Vega, que autoriza y da fe.
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