Catalina del Carmen Flores Carranza.

Expediente 956/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 31 de enero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
956/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
31/01/2018

Partes del expediente

  • Catalina del Carmen Flores Carranza.
  • Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zitácuaro, Michoacán.

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta y uno de enero de dos mil dieciocho. Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: Causa ejecutoria sentencia. De la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no impugnó dentro del plazo legal la sentencia dictada en el presente juicio y, con fundamento en el artículo 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. II. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. Ahora, con base en lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, que establece los lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, expedido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, dado que se sobreseyó el amparo, además de que no se considera de relevancia documental el presente asunto; consecuentemente el expediente principal es susceptible de DESTRUCCIÓN. Por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el presente juicio al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo; Por otra parte, en el incidente de suspensión se concedió la provisional y se concedió la definitiva; en consecuencia, el original de dicho cuaderno es susceptible de depuración, por lo que una vez que transcurran seis meses, destrúyase el duplicado del incidente, siempre y cuando exista el original. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Carlos Fernando Cabrera López, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    por este medio se notifica a la parte quejosa la sentencia engrosada el cuatro de enero de dos mil dieciocho que en sintesis dice: VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 956/2017. RESULTANDO PRIMERO. Demanda de amparo indirecto. El dieciocho de octubre de dos mil diecisiete (fojas 2-9), Catalina del Carmen Flores Carranza, por su propio derecho, presentó demanda de amparo indirecto en contra de actos de autoridad. En la misma demanda, la parte quejosa narró los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. En este sentido, consideró violados en su perjuicio los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo indirecto. Por auto de diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, este Juzgado de Distrito, a quien por razón de turno correspondió el conocimiento del asunto, admitió a trámite la demanda de amparo, registrándola con el número 956/2017 (fojas 11-14). Previo los trámites de ley, se llevó a cabo la audiencia constitucional quedando el juicio en estado de resolución. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados. Del Juez Primero y Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zitácuaro, Michoacán; así como de la Facilitadora del Centro Estatal de Justicia Alternativa y Restaurativa, unidad de atención Zitácuaro, Michoacán: ( La invitación formulada a Líneas Unidas Suriana, Sociedad Anónima de Capital Variable por conducto de su representante Catalina del Carmen Flores Carranza, el veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete para comparecer en la fecha y hora indicadas al Centro Estatal de Justicia Alternativa y Restaurativa, unidad de atención Zitácuaro, Michoacán. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. No es cierto el acto reclamado al Juez Primero y Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zitácuaro, Michoacán; toda vez que, al rendir sus informes justificados, negaron la existencia del mismo y la parte quejosa no exhibió prueba idónea para desvirtuar esa negativa. En tales condiciones, procede sobreseer el juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Es aplicable la tesis de jurisprudencia número 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 236, del tomo IV, Sexta Época, Materia Común, Apéndice 2000, del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos, no desvirtúan esa negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto atribuido a la Facilitadora del Centro Estatal de Justicia Alternativa y Restaurativa, unidad de atención Zitácuaro, Michoacán, pues al rendir su informe justificado, aceptó su existencia. Lo que se corrobora con el documento que anexó la quejosa a su escrito de demanda, así como con las diversas constancias que la citada autoridad acompañó a su informe justificado relativas al expediente MC374/2017 del Proceso de Justicia Alternativa y Restaurativa, las cuales tienen pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con lo dispuesto en su artículo 2. QUINTO. Estudio de las causales de improcedencia. En la especie, se acredita la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 5, fracción I, de la Ley de Amparo, que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." El primero de los preceptos transcritos, no establece una causa de improcedencia en particular, sino que ello deriva de las disposiciones de la Ley de Amparo y la Constitución. Por su parte, del segundo de los numerales trascritos, se desprende que el quejoso es aquél gobernado titular de un derecho subjetivo o un interés legítimo individual o colectivo, que resiente una afectación en su esfera jurídica de derechos con motivo del acto de autoridad impugnado. Es decir, para instar el juicio constitucional, el gobernado debe ser el titular de un derecho subjetivo; y sufrir una afectación personal y directa que debe comprobarse de manera fehaciente y no inferirse solamente con base en presunciones, ya que ningún precepto de la Constitución Federal ni la Ley de Amparo establecen que la sola presentación de la demanda de amparo y la relación de hechos afirmados en ella, traiga aparejada esa presunción. Así, en una interpretación conjunta, el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado de ninguna manera causa una afectación en la esfera de derechos del particular, bien por no ser obligatorio, ni establecer carga alguna. Ahora bien, se sostiene la improcedencia en el presente juicio ya que el acto reclamado consiste en la invitación formulada el veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, por la Facilitadora del Centro Estatal de Justicia Alternativa y Restaurativa, unidad de atención Zitácuaro, Michoacán, no afecta el interés jurídico de la quejosa. Ello es así, puesto que el acto reclamado no le causa ningún perjuicio en su esfera jurídica, dado que la invitación realizada por la facilitadora no le fue dirigida a ésta como persona física, sino en cuanto representante de Líneas Unidas Surianas, Sociedad Anónima de Capital Variable. En efecto, de las constancias remitidas por la autoridad responsable se desprende lo siguiente: El veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, la Facilitadora del Centro Estatal de Justicia Alternativa y Restaurativa unidad de atención Zitácuaro, Michoacán, dio trámite a la solicitud de Alberto Arguello Juárez, para llevar a cabo un procedimiento de Facilitación de Procesos de Justicia Restaurativa sobre el cumplimiento de un contrato de prestación de servicios, realizando una citación a la reunión inicial a Catalina del Carmen Flores Carranza en cuanto representante de Líneas Unidas Surianas, Sociedad Anónima de Capital Variable, para que acudiera el dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, a las doce horas a las instalaciones de esa unidad (folio 30 y 31). Llegada esa fecha, la facilitadora levantó una razón en donde manifestó que únicamente se presentó Alberto Arguello Juárez a la reunión inicial, sin que acudiera Catalina del Carmen Flores Carranza como representante de Líneas Unidas Surianas, Sociedad Anónima de Capital Variable, por lo que se le envió una segunda invitación a participar en el procedimiento, para el día trece de noviembre de dos mil diecisiete a las doce horas con treinta minutos (folio 33 y 34). El trece de noviembre de dos mil diecisiete, la referida facilitadora, levanto una razón en la concluyó el procedimiento de mediación y conciliación, dada la incomparecencia de las partes, lo que se tradujo en la inexistencia de voluntad de ambas de someter su litigio al procedimiento correspondiente (folio 35) Como se ve de la narrativa anterior, la invitación que realizó la responsable a Catalina del Carmen Flores Carranza fue en cuanto representante de Líneas Unidas Suriana, Sociedad Anónima de Capital Variable, y no como persona física. Luego, si Catalina del Carmen Flores Carranza acude al presente juicio de amparo por propio derecho, resulta incuestionable que carece de interés jurídico para accionar el juicio de amparo, pues a quien en su caso podría afectar el acto reclamado es la moral Líneas Unidas Surianas, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su representante. De ahí que, al no afectarle el acto reclamado a Catalina del Carmen Flores Carranza como persona física, debe sobreseerse en el juicio de conformidad con lo que establece la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Como sustento de lo anterior, y en lo que corresponda, se cita la tesis que sostiene el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1907 del Tomo XXIX, abril de 2009, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO, CUANDO EL AUTO DE EXEQUENDO NO FUE DICTADO CONTRA EL QUEJOSO. Aun cuando sea verdad que el auto de exequendum haya servido de antecedente para el embargo que el quejoso reclame, ostentándose como tercero extraño al juicio, si también es cierto que ese auto no fue dictado en contra del peticionario del amparo, sino que ahí se ordenó embargar bienes de quien figuraba como demandado en el juicio del que emanan los actos combatidos, es indudable, por lo mismo, que el auto de referencia, por sí solo no lesiona los intereses jurídicos del quejoso y debe al respecto sobreseerse en el amparo, por estarse en la hipótesis que contempla el artículo 73, fracción V, en relación con el 74, fracción III, ambos de la Ley de Amparo. En ese orden, resulta innecesario ocuparse de analizar la constitucionalidad de lo reclamado por lo que a dicho acto respecta, puesto que no es propio de los fines del amparo realizar el estudio de fondo respecto de actos que no ocasionan agravio alguno a la parte quejosa. Sustentan lo aquí vertido, las tesis 509 y 1028, consultables en las páginas 335 y 708, respectivamente, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las Jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. SEXTO. Transparencia. En términos de lo previsto en los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. SÉPTIMO. Captura de la sentencia. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 191 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se ordena la captura de la presente sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Catalina del Carmen Flores Carranza, por el acto y las autoridades que precisados quedaron en el considerando segundo. SEGUNDO. En términos de lo previsto en el considerando sexto, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. TERCERO. De conformidad con el último considerando, se ordena la captura de esta sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese en términos de ley. Así lo resolvió y firma el secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, encargado del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, Carlos Fernando Cabrera López, hasta el día de hoy cuatro de enero de dos mil dieciocho ante el secretario Carlos Iván Barajas Cárdenas, con quien actúa y da fe.

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