Casimiro Mendoza Zaragoza

Expediente 83/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
83/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
12/06/2018

Partes del expediente

  • Casimiro Mendoza Zaragoza
  • Magistrado de la Segunda Sala del Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán de Ocampo.

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, doce de junio de dos mil dieciocho. Vista la cuenta que antecede se provee: Se acusa recibo. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán con residencia en Uruapan; atento a su contenido, acúsese recibo vía correo electrónico, del diverso oficio 2273, por el que devolvió debidamente diligenciado el exhorto 52/2018, orden 121/2018, enviado dentro del juicio en que se actúa. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Víctor Hugo Alonso Cendejas, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintitrés de febrero de dos mil dieciocho. Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: Exhorto diligenciado. Agréguese a los autos el oficio 2273, signado por el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan; a través del cual, devuelve debidamente diligenciado el exhorto 52/2018, orden 121/2018, deducido del juicio de amparo en que se actúa, promovido por Casimiro Mendoza Zaragoza, así como las constancias que acreditan la notificación realizada al citado quejoso. Dese de baja la comunicación diligenciada, en el libro de gobierno que corresponda; y acúsese recibo correspondiente. Auto causa estado. De la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no impugnó dentro del plazo legal el auto de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, dictado en el presente juicio; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 y 98 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. II. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. Ahora, con base en lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, que establece los lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, expedido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, dado que se desechó la demanda que dio origen al juicio en que se actúa, además de que no se considera de relevancia documental el presente asunto; consecuentemente el expediente principal es susceptible de DESTRUCCIÓN. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Susana Nidia Guillén Chávez, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciséis de febrero de dos mil dieciocho. Vista la cuenta que antecede se provee: Acuse de recibo de exhorto. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan; a través del cual, acusa recibo del exhorto 52/2018, orden 121/2018, derivado del juicio de amparo en que se actúa, e informa el trámite dado para su diligenciación; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Susana Nidia Guillén Chávez, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta y uno de enero de dos mil dieciocho. Vista la materia de la cuenta se acuerda: REGISTRO Y EXPEDIENTE. Fórmese expediente y regístrese bajo el progresivo 83/2018. Anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Asimismo, se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. DESECHAMIENTO. De la lectura íntegra de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa reclama de la autoridad que señala como responsable: El acuerdo de doce de diciembre de dos mil diecisiete, dictado por el Magistrado de la Segunda Sala del Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán de Ocampo, con residencia en esta ciudad, dentro de los autos del juicio administrativo JA-2042/2017-II, en el que se le dijo que no se admite la prueba documental que pretende ofrecer, consistente en la copia certificada que solicite esa autoridad al Hospital Civil de Morelia "DR. Miguel Silva", del historial o expediente clínico a nombre del quejoso. Con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 107, 61, fracción XXIII, 113 y relativos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda promovida por Casimiro Mendoza Zaragoza, por propio derecho, contra actos del Magistrado de la Segunda Sala del Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán, con sede en esta ciudad. Como lo dispone el artículo 113 de la ley de la materia, previo a admitir la demanda de amparo debe examinarse en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Se considera actualizada la hipótesis que prevé el artículo61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, en relación con el 172, fracción III, todos de la Ley de Amparo, que disponen: Artículo 61. "El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". Artículo 107. "El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte .". Artículo 172. "En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se consideran violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: . III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley;.". De una interpretación integral de las disposiciones antes citadas, se concluye que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclamen actos en un procedimiento que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos, tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese contexto, se considera que en el presente caso el acto reclamado por la parte quejosa, no constituye un acto de imposible reparación que afecte materialmente derechos sustantivos, para que como excepción pueda ser sometida a estudio constitucional, en términos de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. Se afirma lo anterior, en virtud de que la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en el acuerdo de doce de diciembre de dos mil diecisiete, dictado dentro de los autos del juicio administrativo JA-2042/2017-II, en que se le dijo que no se admite la prueba documental que ofrece el quejoso consistente en copia certificada del historial o expediente clínico a nombre del quejoso, que solicite la propia autoridad responsable. Conforme a lo anterior, es evidente que el acto reclamado emitido dentro del juicio natural de origen, no es de los considerados de ejecución irreparable, en tanto no afecta materialmente algún derecho sustantivo tutelado por la Constitución y en los Tratados Internacionales en los que México sea parte, en favor del promovente, como sería la vida, la integridad personal, la libertad en sus manifestaciones o la propiedad; sino en todo caso sólo produce una afectación en los denominados derechos adjetivos, que inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable. Ello es así, pues basta imponerse de la demanda de amparo, para advertir que el quejoso se duele de un proveído que no admite la prueba documental que pretende el quejoso ofrecer en el juicio administrativo JA-2042/2017-II. Lo anterior se dice, en la medida en que de trascender a su esfera jurídica el acto que se reclama, podría constituir una violación procesal susceptible de combatirse en el caso de plantear impugnación contra la resolución que se dicte en definitiva; pero sólo en el supuesto de que el fallo dictado en el juicio de origen sea adverso, al aquí quejoso, de manera que mientras éste no se pronuncie, se está en la posibilidad de que la resolución correspondiente le sea favorable a sus intereses, en cuyo caso ningún perjuicio se causaría al promovente del amparo. Así, como los actos impugnados en esta vía tienen una naturaleza eminentemente procesal, que no vulnera los derechos sustantivos de la parte quejosa para ser considerados como de imposible reparación. Se estima así, puesto que la admisión de pruebas constituye un acto meramente procesal que únicamente tiene efectos adjetivos y no conlleva trasgresión a derechos sustantivos. No obsta que la parte quejosa pretende ofrecer como prueba documental al juicio de origen, copia certificada de su historial clínico, para que ese solo hecho haga procedente el juicio de amparo, ello en atención a que lo reclamado en esta instancia no es la falta de atención médica, por lo que, la negativa de admitir la prueba documental, no vuelve dicho acto susceptible de ser analizado en amparo indirecto, por no estar evidenciada la violación a los derechos sustantivos del promovente. Tiene aplicación a lo anterior, por las razones jurídicas que informa, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, visible en la página 4012, tomo IV, Octubre de 2015, Libro 23, de la Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA CUANDO SE RECLAMA LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 257 DEL CÓDIGO DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN, POR EL DESECHAMIENTO DE LA PRUEBA CONFESIONAL A CARGO DE LA AUTORIDAD EN UN JUICIO DE LESIVIDAD. Para la procedencia del juicio de amparo indirecto no debe confundirse el que un acto dentro de un proceso jurisdiccional tenga efectos de imposible reparación -violación a un derecho sustantivo- con aquel que constituya una violación procesal relevante, que es un aspecto con importancia por representar o significar algo que impacta a todo el proceso jurisdiccional, ya sea en un aspecto positivo o negativo. En ese sentido, la reclamación de inconstitucionalidad del artículo 257 del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, el cual prevé que no será admisible la prueba confesional a cargo de la autoridad, derivada del desechamiento de ésta en un juicio de lesividad, no afecta derecho sustantivo alguno y menos constituye una violación procesal relevante, porque no causa todavía un perjuicio irreparable, pues el quejoso -al momento en que el Tribunal de Justicia Administrativa de la entidad emita su sentencia- puede obtener una satisfacción a su resistencia a la nulidad del acto que le favorece y, si no es así, cuenta con el amparo directo contra ese acto; de ahí la improcedencia de la acción constitucional indirecta". En esas condiciones, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV (aplicado en sentido contrario), en relación con el 172, fracción III, todos de la Ley de Amparo, y por consecuencia, SE DESECHA la demanda de amparo, promovida por Casimiro Mendoza Zaragoza, contra actos del Magistrado de la Segunda Sala del Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán con sede en esta ciudad. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR NOTIFICACIONES. En observancia de lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal, en aras de una impartición de la justicia pronta y expedita; con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la ley de la materia, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, inciso c) párrafo segundo, de la citada Ley de Amparo. DOMICILIO DEL QUEJOSO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES. Ahora bien, toda vez que la parte quejosa señala para recibir toda clase de notificaciones, el domicilio ubicado en la calle Gabriel Zamora, número doscientos cincuenta y nueve, colonia Cuauhtémoc, de la ciudad de Uruapan, Michoacán; inmueble que se encuentra fuera de esta circunscripción territorial. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 300 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, por disposición del precepto 2 de la Ley de Amparo, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, en Turno, para que en auxilio y delegación de las labores de este Juzgado y de no tener inconveniencia legal, comedidamente ordene a quien corresponda, notifique el contenido íntegro del presente proveído a Casimiro Mendoza Zaragoza, en el domicilio señalado con antelación. Asimismo, deberá requerir a éste, para que, señale domicilio en esta ciudad de Morelia Michoacán, para oír y recibir notificaciones, apercibido que de ser omiso al respecto, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II, del artículo 27, de la Ley de Amparo, las notificaciones subsecuentes, aun las de carácter personal, se le harán por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado, ello sin previo acuerdo. Por otra parte, con apoyo en el precepto 21 de la ley de la materia, se autoriza al juez auxiliar para que, de estimarlo necesario, habilite días y horas inhábiles para que el actuario notificador lleve a cabo la diligencia encomendada, o cualquier otra diligencia relacionada con el emplazamiento de mérito; asimismo, para que en caso de que la presente comunicación se remita a un órgano diferente al que deba prestar auxilio, lo envíe directamente al que corresponda. Hecho lo anterior, deberá devolver la encomienda, debidamente notificada y las constancias que acrediten su cumplimiento, o bien, manifestar el impedimento que tuvo para ello. AUTORIZADOS DEL QUEJOSO PARA OÍR NOTIFICACIONES. Se tiene como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Leonardo Chávez Chávez y Margarito López Martínez, ya que acreditan tener la facultad para ejercer la profesión de abogados al contar con el registro ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y únicamente para imponerse de los autos a las personas restantes, hasta en tanto acrediten estar facultados para ejercer la profesión de licenciados en derecho NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA, A TRAVÉS DE COMUNICACIÓN OFICIAL. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Janette Pérez García, secretaria que autoriza y da fe.

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