Catalina Cervantes González

Expediente 327/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 10 actuaciones registradas, la última del 31 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
327/2023
Año
2023
Actuaciones
10
Última actuación
31/07/2023

Partes del expediente

  • Catalina Cervantes González
  • Director General del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    MESA IV. Toluca, Estado de México, treinta y uno de julio de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos del presente juicio, así como la certificación de cuenta, se aprecia que la parte quejosa no hizo valer el recurso que contempla el artículo 202 de la Ley de Amparo, en contra del proveído de cinco de julio del año en curso, en esas condiciones, se decreta que ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Luego, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que el presente asunto a) De conformidad con el artículo 8, fracción I, del citado Acuerdo, corresponde a la clasificación de expedientes de trámite. b) En términos del artículo 17 del referido acuerdo el cuaderno principal es conservable, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción III, inciso a), de dicho numeral, al ser un juicio de amparo en el que por una parte se sobreseyó y por otra se otorgó la protección constitucional. c) A consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en el supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que, de conformidad con el primer párrafo, del artículo 17, del Acuerdo en comento, el presente expediente será transferido una vez que cumpla tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Finalmente, de conformidad, con el artículo 34 del citado Acuerdo General se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA IV. Toluca, Estado de México, cinco de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los autos de este juicio, se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en auto de veintitrés de junio del año dos mil veintitrés, para que manifestara lo que a su derecho conviniera con la forma en que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, sin que realizara manifestación al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran este juicio para verificar el cumplimiento del fallo protector; previo a ello, se estima necesario destacar los datos relevantes vinculados con el cumplimiento de la sentencia concesoria, a saber: Fecha de ejecutoria Fecha del cumplimiento Fecha en que se recibió el oficio por el cual la autoridad responsable informó el cumplimiento. Fecha de la última notificación a las partes del auto por el que se dio vista con el cumplimiento Dieciséis de mayo de dos mil veintitrés. Quince de junio de dos mil veintitrés. Veintidós de junio de dos mil veintitrés. Veintisiete de junio de dos mil veintitrés (parte quejosa). En principio, es de puntualizarse que el acto reclamado se hizo consistir en: "La falta de pago de su pensión otorgada mediante dictamen de pensión ********************, y aceptada mediante escrito presentado el diecisiete de enero de dos mil veintitrés." Previa substanciación del juicio de amparo, el veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, se dictó la sentencia correspondiente, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a ********************para el efecto de que: "1. De manera inmediata realice las gestiones administrativas necesarias para que en el término de tres días, compruebe a este Juzgado Federal, que le sean depositadas y/o entregadas las cantidades que por concepto del pago de la pensión por retiro por edad y tiempo de servicio, le correspondan a ********************, conforme al dictamen de otorgamiento de pensión número ********************, en los términos establecidos en el mismo; debiendo remitir las constancias que así lo acrediten. En el entendido de que, deberá girar los oficios necesarios a las autoridades vinculadas al cumplimiento de la presente ejecutoria, para que dicho pago se realice." El dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, causó ejecutoria el referido fallo protector y se requirió a la responsable y remitiera las constancias que demostrara su cumplimiento. Posteriormente, en auto veintitrés de junio del año en curso, se tuvo por recibido el oficio sin número, signado por el apoderado legal del Jefe del Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, mediante el cual, remitió copia del comprobante de pago a favor de la quejosa ********************, del periodo de pago correspondiente a la primera quincena de junio del año en curso, constancias que por ser documentos públicos tienen valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo. Así pues, del análisis comparativo entre lo resuelto en la ejecutoria de amparo y la conducta desplegada por la responsable al respecto de aquélla, se concluye que en el caso particular se ha dado cumplimiento al fallo protector, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo y, consecuentemente, se colige que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de sus derechos humanos transgredidos, lo que constituye el fin último de la ejecutoria de amparo; por tanto, toda vez que la autoridad responsable no incurrió en defecto, así como tampoco incurrió en exceso, ya que no se extralimitó de lo expresamente solicitado, se declara cumplida la sentencia. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301 del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2009, Novena Época, materia común, con número de registro 165807, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Hágase del conocimiento de la parte quejosa la presente determinación, para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo, previas anotaciones en el libro de gobierno, quedando a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y forma que considere convenientes. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    MESA IV. Toluca, Estado de México, veintitrés de junio de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta (con anexo), a través del cual, el apoderado legal del Jefe del Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, en atención al auto de siete de junio de dos mil veintitrés, remite copia del comprobante de pago a favor de la quejosa Catalina Cervantes González, del periodo de pago correspondiente a la primera quincena de junio del año en curso. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio y anexo de cuenta, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días contado a partir de la legal notificación de este proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, en relación con la forma en que la responsable da cumplimiento al fallo protector; apercibida que en caso de ser omisa, se resolverá sobre el particular, con base en las constancias que obran en el sumario constitucional. Encuentra sustento lo anterior, en lo conducente, en la Jurisprudencia 247, de La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Novena Época, a página 203, cuyo contenido es del tenor siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    MESA IV. Toluca, Estado de México, veinticinco de mayo de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, ténganse por recibidos el oficio y escrito de cuenta, a través de los cuales, con el primero, el apoderado legal del Jefe del Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, en esencia, indica que se encuentra realizando las gestiones a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por lo que solicita una prórroga de tres días y, para acreditar su dicho remite la constancia respectiva. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 193, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, por los motivos que expone se concede la prórroga que solicita, a fin de que dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo, con el apercibimiento que de ser omisa a lo anterior, se hará efectiva la medida de apremio con que se conminó en auto de dieciséis de mayo de la presente anualidad. Por otro lado, con el escrito de cuenta, José Domingo Montañez Álvaro, autorizado en términos amplios de la quejosa Catalina Cervantes González, solicita que ante el incumplimiento de la sentencia por parte de la autoridad responsable se aplique a ésta la medida de apremio con que fue conminada en autos, se le dé vista al Ministerio Público de la Federación y, se le requiera a la responsable para que en el plazo de veinticuatro horas realice el pago aludido en la sentencia. En ese sentido, dígasele que una vez que fenezca el plazo de la prórroga solicitada por la autoridad responsable, se acordara lo que en derecho corresponda. Notifíquese.

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