Carolina Sotelo Fuentes
Expediente 524/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 12 actuaciones registradas, la última del 6 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 524/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 06/05/2021
Partes del expediente
- Carolina Sotelo Fuentes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Toluca, Estado de México, seis de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos del presente juicio, así como la certificación de cuenta, se aprecia que la parte quejosa no hizo valer el recurso que contempla el artículo 202 de la Ley de Amparo, en contra del proveído de siete de abril de dos mil veintiuno, en esas condiciones, se decreta que ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Luego, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el artículo 8, fracción I, del citado Acuerdo, corresponde a la clasificación de expedientes de trámite. b) En términos del artículo 18 del referido acuerdo el cuaderno principal es depurable, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I, inciso b), de dicho numeral, al ser un juicio de amparo en el que se concedió la protección constitucional. c) A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. d) De igual forma, dado que en el presente asunto obran documentos originales exhibidos por la quejosa, con fundamento en el artículo 21 del citado Acuerdo General, requiérasele para que dentro del término de noventa días comparezca para recoger los mismos; apercibida que de no hacerlo así se procederá a su destrucción; en la inteligencia que, a fin de garantizar las medidas de sanidad necesarias y tomar las providencias atinentes para tal efecto, deberá realizar el trámite previsto en el Acuerdo General 21/2020, a fin de generar la cita correspondiente. Se comunica a las partes que de conformidad con el artículo 18 del Acuerdo en comentario, el presente expediente permanecerá en el archivo de este órgano de control constitucional durante el lapso de tres años y, dentro de los noventa días siguientes se depurará el expediente y terminado dicho proceso se solicitará u transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Además, de conformidad, con el artículo 35 del citado Acuerdo General se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes. Se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa.
- Principal
Toluca, Estado de México, siete de abril de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, ténganse por recibidos los escritos de cuenta (el segundo con anexos), a través de los cuales la quejosa Carolina Sotelo Fuentes, con el primero, en atención al auto de veintitrés de marzo pasado, manifiesta su inconformidad con el acuerdo o forma en como la responsable da cumplimiento al fallo protector, dado que, en esencia, refiere que la responsable omite valorar las pruebas ofrecidas por la parte actora en el juicio principal en el momento de la audiencia incidental, pues señala que tomó en consideración las pruebas únicamente limitándose a mencionar las mismas, sin hacer un análisis y mucho menos valorarlas; asimismo, menciona que al dejar a la responsable emita un nuevo acuerdo con libertad de jurisdicción nuevamente su actuar esta fuera de legalidad, ya que precisa que dicha autoridad no toma en consideración las pruebas aportadas por la parte quejosa en la audiencia incidental, y que tampoco toma en consideración la contradicción que se desprende del propio laudo de once de octubre de dos mil dieciséis, emitido por la aquí autoridad responsable, por los motivos que expone, manifestando que ante tal incongruencia procede aplicar el principio "PRO OPERARIO", lo que señala que no se aprecia de la lectura de la resolución interlocutoria de "17 de febrero de 2021" (sic), con el cual precisa que la responsable pretende dar cumplimiento a lo ordenado por este Juzgado. Además, menciona que la responsable insiste en no respetar ni tomar en cuenta la planilla de liquidación donde se especifican todas y cada una de las prestaciones que deben ser cubiertas a la quejosa y que son las que debió percibir durante el tiempo que duró el juicio antes de su reinstalación. En esa tesitura, ténganse por hechas las manifestaciones de la parte quejosa; asimismo, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran este juicio para verificar el cumplimiento del fallo protector. Es aplicable, por analogía, la Jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito publicada con el número 247, en las páginas 203 y 204, de la actualización 2002, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, que establece: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." En principio, es de puntualizarse que el acto reclamado se hizo consistir en: "La resolución interlocutoria de diecinueve de marzo de dos mil veinte emitida en el incidente de liquidación derivado del juicio laboral 4/2014." Previa substanciación del juicio de amparo, el treinta de octubre de dos mil veinte, se emitió la sentencia correspondiente, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la quejosa para los siguientes efectos: 1. Deje insubsistente la determinación de diecinueve de marzo de dos mil veinte; y, 2. En su lugar dicte otra en la que, tomando en cuenta lo aquí expuesto, con libertad de jurisdicción, resuelva lo que en derecho corresponda. El cuatro de diciembre de dos mil veinte, causó ejecutoria el referido fallo protector y se requirió a la autoridad responsable su cumplimiento. Posteriormente, el veintitrés de febrero del año en cuso, se tuvo por recibido el oficio TECA400F/104010/A.1./ 049/2021, remitido por el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, con residencia en esta ciudad, al que anexó copia certificada de la resolución emitida el diecisiete de febrero del año en curso, emitido en el expediente 4/2014 de su índice, del cual se aprecia que dejó insubsistente el auto de diecinueve de marzo de dos mil veinte y emitió una nueva resolución. Luego, en auto de dieciséis de marzo del año en curso, se determinó que el Tribunal responsable únicamente se pronunció respecto a la planilla de liquidación exhibida por la parte quejosa, pero no se advirtió que hubiera emitido pronunciamiento respecto a las pruebas que le fueron ofertadas, consistentes en los convenios de sueldos y prestaciones 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018; por tanto, se requirió nuevamente a la autoridad responsable, Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Gobierno del Estado de México, para que diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto y remitiera copia certificada de las constancias que así lo acreditaran. En cumplimiento a lo anterior, el veintitrés de marzo del año en cuso, se tuvo por recibido el oficio TECA400F/104010/A.1./ 269/2021, remitido por el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, con residencia en esta ciudad, al que anexó copia certificada de la resolución emitida el diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, en el expediente 4/2014 de su índice, del cual se aprecia que dejó insubsistente el auto de diecinueve de marzo de dos mil veinte y emitió una nueva resolución en la que tomó cuenta lo expuesto en la sentencia de treinta de octubre de dos mil veinte, pronunciada en el presente sumario, es decir, valoró las pruebas que le fueron ofertadas, consistentes en los convenios de sueldos y prestaciones 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 así como la planilla de liquidación que le fue propuesta; constancia que por ser documento público tiene valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo. De lo anterior, se advierte que la autoridad responsable cumplió con la directriz de la concesión del amparo, es decir, dejó insubsistente el auto de diecinueve de marzo de dos mil veinte y emitió una nueva resolución interlocutoria con libertad de jurisdicción, en la que tomó en cuenta lo ordenado en la sentencia emitida en este asunto. Así pues, del análisis comparativo entre lo resuelto en la ejecutoria de amparo y la conducta desplegada por la responsable respecto de aquélla, se concluye que en el caso particular se ha dado cumplimiento al fallo protector, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, y consecuentemente, se colige que se ha restituido a la quejosa en el goce de sus derechos humanos transgredidos, lo que constituye el fin último de la ejecutoria de amparo; por lo tanto, toda vez que la autoridad responsable no incurrió en defecto, al acatar cabalmente los efectos de la sentencia amparadora; así como tampoco incurrió en exceso, ya que no se extralimitó de lo expresamente solicitado; se declara cumplida la sentencia. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301 del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2009, Novena Época, materia común, con número de registro 165807, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Previas anotaciones en el libro de gobierno, hágase del conocimiento de la quejosa la presente determinación, para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo, quedando a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y forma que considere convenientes. No se soslaya que la quejosa refiera que la responsable omite valorar las pruebas ofrecidas por la parte actora en el juicio principal en el momento de la audiencia incidental, dado que señala que tomó en consideración las pruebas únicamente limitándose a mencionar las mismas, sin hacer un análisis y mucho menos valorarlas; y que la responsable insiste en no respetar ni tomar en cuenta la planilla de liquidación donde se especifican todas y cada una de las prestaciones que deben ser cubiertas a la quejosa y que son las que debió percibir durante el tiempo que duró el juicio antes de su reinstalación. Sin embargo, de la resolución emitida por la autoridad responsable, en diecinueve de marzo del año en curso, se advierte que en relación a dichas pruebas se pronunció de la siguiente manera: (.) "Ahora bien, como se desprende la parte actora ofreció como pruebas de su parte la instrumental pública de actuaciones, la presuncional en su doble aspecto legal exhibiendo planilla de liquidación; y en cumplimiento al juicio de amparo 524/2020, con relación a la misma se refiere en primer lugar que no le aporta valor alguno para efecto de acreditar los incrementos salariales, toda vez que como se desprende de su estudio, plasma diversas prestaciones a las cuales les realiza deducciones, sin embargo se le hace de su conocimiento que con relación a las retenciones, se precisa que este H. Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje no es competente para conocer y realizar el cálculo de las mismas, en virtud de que la obligación y entrega de los impuestos le corresponde únicamente y exclusivamente al demandado, en términos de la ley competente. Ahora en cumplimiento al juicio de Amparo 524/2020 se precisa que con relación a las pruebas consistentes en los convenios de sueldos y prestaciones de los años 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 se le hace de su conocimiento a la parte actora que la presente resolución incidental se basa en la aplicación de los Convenios de Prestaciones de la Ley y Colaterales firmados entre el sindicato de maestros al Servicio del Estado de México y la Secretaria de Finanzas del Gobierno del estado de México vigente para los años 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019; tal y como se desprende del estudio procesal de las constancias procesales que integran el presente asunto laboral dando valor probatorio tanto a los Convenios, así como a la prueba instrumental publica de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto legal y humana y toda vez que se desahogan por su propia y especial naturaleza tal y como se precisa en lo subsecuente y reiterando que se les otorgo valor probatorio para efecto de cuantificar de forma líquida las prestaciones ordenadas en el laudo respectivo." (.) En consecuencia, es inconcuso que la autoridad responsable si se pronunció en relación a las pruebas señaladas por la parte quejosa las cuales valoró a su arbitrio; por lo que, este Juzgado de Distrito reitera lo decretado en el presente auto, es decir, se declara por cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el presente sumario constitucional; máxime que los efectos de la sentencia pronunciada en el presente juicio de amparo fueron para que la autoridad responsable dejara insubsistente la determinación de diecinueve de marzo de dos mil veinte; y, en su lugar dictara otra en la que, tomando en cuenta lo expuesto en la referida resolución de treinta de octubre de dos mil veinte, con libertad de jurisdicción, resolviera lo que en derecho correspondiera. Por otra parte, la quejosa menciona que al dejar a la responsable emita un nuevo acuerdo con libertad de jurisdicción nuevamente su actuar esta fuera de legalidad, sin embargo, dígase a la promovente que dicha situación fue uno de los efectos para los que se le concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión dentro de la sentencia emitida el treinta de octubre de dos mil veinte, resolución que no fue impugnada por alguna de las partes y que causó ejecutoria el cuatro de diciembre de dos mil veinte, es decir, de autos se aprecia que dicha determinación fue consentida tácitamente por la quejosa Carolina Sotelo Fuentes al no ser recurrida dentro del plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo. En otro orden de ideas, con el segundo escrito de cuenta, la multicitada quejosa Sotelo Fuentes, menciona que le corresponde al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, solicitar a la demandada autoridad competente a su cargo en la Unidad Administrativa de la Secretaria de Educación del Gobierno del Estado de México (sic), la cuantificación del juicio laboral 4/2014, considerando los mismos términos y condiciones en que se venía desempeñando en términos de la ley competente establecidos en cada uno de los convenios y acuerdos con la autoridad del Gobierno del Estado de México y el Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México, donde se estipulan impuestos salariales, gratificaciones extraordinarias, beneficios recibidos en el transcurso de cada año, seguridad social, a partir de diciembre de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 al ocho de mayo de dos mil diecinueve, fecha en la que se le reinstaló; asimismo, menciona que procede respetando cada una de las claves tanto en percepciones como deducciones, ya que por estar sin trabajo en dicho lapso de tiempo su sustento en sus derechos queda en dichos convenios exhibidos en el referido Tribunal y en este Juzgado de Distrito, para sustentar la cuantificación del juicio de origen de los beneficios en materia económica, profesional, medico-asistencial y política sindical, teniendo como base lo que aprueba la ley "01-Julio-2020" (sic) de ISSEMYM; y anexa el "Aviso de Movimiento para la Afiliación y vigencia de Derechos" de diez de diciembre de dos mil trece (BAJA) y ocho de mayo de dos mil diecinueve (ALTA). Atento a lo anterior, no se emite mayor pronunciamiento, en virtud que como ha quedado precisado en el presente acuerdo, los efectos para los cuales fue concedida la sentencia dentro del presente juicio de amparo, lo fue para que la autoridad responsable dejara insubsistente la determinación de diecinueve de marzo de dos mil veinte; y, en su lugar dictara otra en la que, tomando en cuenta lo expuesto en la referida resolución de treinta de octubre de dos mil veinte, con libertad de jurisdicción, resolviera lo que en derecho correspondiera, por lo que lo señalado por la parte quejosa no tiene relación con lo aquí resulto; sin embargo, se dejan a salvo sus derechos a efecto de que haga valer lo que a su derecho legal convenga, ante la autoridad correspondiente.
- Principal
Toluca, Estado de México, cinco de abril de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el escrito de cuenta, a través del cual la quejosa Carolina Sotelo Fuentes, manifiesta su imposibilidad de dar cumplimiento al requerimiento realizado en veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, ya que bajo protesta de decir verdad manifiesta desconocer los términos en que la responsable dio cumplimiento a la ejecutoria debido a que no se le ha hecho del conocimiento el acuerdo respectivo y con el cual da cumplimiento a la responsable. En ese sentido y visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que el veintiséis de marzo pasado, se le notificó a la referida quejosa, a través de su autorizada ******, el auto de veintitrés de marzo del año en curso; por tanto, se encuentra transcurriendo el plazo otorgado en el citado proveído, por lo que una vez que transcurra el mismo, se acordará lo propio. En la inteligencia que, las actuaciones están a disposición de las partes en este órgano jurisdiccional, por lo que, previo a acudir a estas deberá realizar el trámite previsto en el Acuerdo General 21/2020, a fin de generar la cita correspondiente.
- Principal
Toluca, Estado de México, veintitrés de marzo de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta (con anexo), a través del cual el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, con residencia en esta ciudad, en atención al diverso 8354/2021 de este índice, remite copia certificada del proveído de diecinueve de marzo del año en curso, emitido en el expediente 4/2014 de su índice. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio y anexo de cuenta, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días contado a partir de la legal notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, en relación con la forma en que la responsable da cumplimiento al fallo protector; apercibida que en caso de ser omisa, se resolverá sobre el particular, con base en las constancias que obran en el sumario constitucional. Encuentra sustento lo anterior, en lo conducente, en la Jurisprudencia 247, de La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Novena Época, a página 203, cuyo contenido es del tenor siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia."
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