Casto Camacho Torres

Expediente 936/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
936/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
02/07/2018

Partes del expediente

  • Casto Camacho Torres

Actuaciones

  1. Principal

    III La certificación de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, evidencia que transcurrió el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de veinte de junio de dos mil dieciocho, a través del cual se desechó la demanda de amparo sin que la parte quejosa lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, en relación con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa contenida en el precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese el presente sumario como asunto concluido. Por otra parte, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I, párrafos primero y segundo del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, consultable en el Diario Oficial de la Federación número veinte, del veintiséis de octubre de dos mil nueve, se precisa que el presente expediente por tratarse de un asunto en el cual se desechó la demanda de amparo, es susceptible en su oportunidad de ser destruido. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el Punto Segundo inciso XVIII) del Acuerdo citado; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el párrafo último del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. A la parte quejosa se le comunica que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo acordó y firma Adrián Rivera López, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario José Antonio Rojas Moreno, que autoriza, firma y da fe.

  2. Principal

    III) Toluca, Estado de México; veinte de junio de dos mil dieciocho. Radicación. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Casto Camacho Torres, contra actos del Juez Tercero Familiar del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Metepec, Estado de México y otra autoridad, fórmese expediente y asiéntese en el Libro de Gobierno con el número 936/2018-III. Desechamiento. Ahora, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de amparo, pues las causales previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda en estudio. Lo anterior, se robustece con la jurisprudencia II.1º.J/5, consultable en la página 95 del Semanario Judicial de la Federación, Mayo de 1991, Tomo VII, Octava Época, cuyo rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Por tanto, en términos de lo previsto en los artículos 61, fracción XVIII, en relación con el artículo 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, y 113, todos de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia. En la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. (.)" De la interpretación del precepto legal parcialmente transcrito, es factible decir que el motivo de improcedencia que contiene, descansa en la inobservancia al principio rector del juicio de amparo relativo a la definitividad del acto reclamado. El juicio de amparo es un juicio extraordinario; por tanto, resulta obvio que se debe promover cuando previamente se haya agotado el recurso o medio de defensa previsto por la ley ordinaria y que sea idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse. En esto precisamente estriba el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, que lo hace procedente únicamente respecto de actos definitivos, esto es, que no sean susceptibles de modificación o de invalidación por recurso ordinario o medio de defensa alguno, principio que consagra la Carta Magna en el inciso a), fracción III de su artículo 107 en relación con las sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, respecto de las cuales no proceda algún recurso ordinario por el cual puedan ser modificadas o reformadas, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del agraviado trascendiendo al resultado del fallo, siempre que en materia civil se haya impugnado la violación en el curso del procedimiento mediante el recurso ordinario establecido por la ley e invocada como agravio en la segunda instancia, si se cometió en la primera. La esencia de este principio resalta por sí misma, pues procurar que el amparo sea la instancia final que permita la anulación de actos de autoridad violatorios de garantías individuales, razón por la cual, si el resultado que pretende el agraviado puede obtenerlo mediante el uso de instrumentos ordinarios, es por ello que se busca impedir la utilización innecesaria del proceso constitucional o la confusión en el uso de los medios de impugnación que interrumpan los procedimientos ordinarios y, en muchos de los casos, que se produzcan resoluciones contradictorias dentro de dichos procedimientos, he aquí la importancia del aludido principio de definitividad. Por todo ello, se pretende que el acto reclamado sea definitivo, es decir, que mediante el sistema ordinario ya no pueda ser anulado, para el efecto de que los jueces de amparo examinen las inconstitucionalidades alegadas como último recurso. Por lo que, se concluye que la sanción que corresponde al no cumplimiento del principio de la definitividad que se examina, consiste precisamente en el desechamiento del juicio intentado, merced a la improcedencia de la acción de amparo que en su caso se promueva. Así pues, de la intelección del precepto legal que sirve de sustento a esta determinación, se derivan como elementos constitutivos de la causa de improcedencia en comento, los siguientes: a) El acto reclamado emane de una autoridad de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; b) Contra dicho acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa legal; c) Por virtud de ese medio de defensa, el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o nulificado. d) Ese recurso o medio de defensa esté previsto legalmente dentro del procedimiento en el cual se emitió la actuación reclamada. Ahora bien, el quejoso reclama en esta vía de amparo el acuerdo de veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, emitido dentro de los autos del expediente 479/2018, por medio del cual se inadmitió el inicio del procedimiento no contencioso sobre modificación de sentencia de adjudicación. En tales condiciones, el estudio oficioso del asunto permite observar la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, pues contra del auto de veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, por el que se inadmitió el procedimiento no contencioso sobre modificación de sentencia de adjudicación procede recurso de apelación. Lo anterior, púes la ley aplicable al acto reclamado en el presente asunto es el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, ya que este deriva de una acción de modificación de sentencia de adjudicación, razón por la cual debemos estar a lo establecido por el artículo 3.6 del código referido y toda vez que el auto de referencia, por el cual se inadmitió el procedimiento no contencioso sobre modificación de sentencia de adjudicación interpuesto por el ahora quejoso contra el auto de veintiocho de mayo pasado en el expediente 438/2018, no tiene el carácter de definitivo, presupuesto esencial para la procedencia del juicio de amparo, pues de una correcta y sana interpretación de los artículos 3.6 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, se estima que el auto reclamado, pueden ser modificado a través del recurso de apelación respectivamente este último, en términos del artículo 3.6 del mismo ordenamiento; razón por la cual en el caso se actualiza la hipótesis normativa prevista en la transcrita fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, pues el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, concede la posibilidad de que esa determinación sea impugnada a través del recurso de apelación, según el artículo 3.6. Dicho medio de impugnación es susceptible de hacerse valer dentro del procedimiento en el cual se emitió la determinación reclamada. Por virtud del recurso de apelación aludido, dicho proveído podría ser revocado según lo establecido en el artículo 3.6 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México en vigor, cuyo contenido es: "Artículo 3.6. Las providencias dictadas en procedimientos judiciales no contenciosos, son apelables con efecto suspensivo si el recurso lo interpone el promovente y en el efecto no suspensivo, cuando las recurra un tercero." Entonces, es incuestionable que debió haber observado el principio de definitividad, que resulta necesario para la procedencia del juicio de amparo, de acuerdo con el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, ya que la resolución combatida no se encuentra entre las excepciones que la propia fracción contempla, en donde se establece que cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como la incorporación forzosa al ejército, fuerza armada o fuerza aérea nacionales, o bien cuando el acto reclamado consista en ordenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal o Cuando se trate de persona extraña al procedimiento, o en su caso cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Al caso es aplicable, por similitud jurídica la jurisprudencia publicada con el número 573 en la página 515, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, tomo VI, Materia Común del tenor literal siguiente: "RECURSOS ORDINARIOS, AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. La circunstancia de que el medio de defensa ordinario que tenga por efecto confirmar revocar o modificar el acto reclamado no suspenda la ejecución de éste, sólo es atendible tratándose de amparos en que se reclaman actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según lo establece el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo. En cambio, la literalidad del artículo 73, fracción XIII, de la invocada Ley permite concluir que tratándose de resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo, basta que la Ley que rige el acto determine la procedencia de algún recurso o medio de defensa, para que el afectado deba agotarlo en forma previa al ejercicio de la acción constitucional; de ahí que no sea atendible que la interposición del recurso ordinario o del medio de defensa respectivo suspenda o no la ejecución del acto reclamado, sino que invariablemente debe agotarse, para dar cumplimiento al principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional". De igual modo, por analogía jurídica la diversa visible en la página 649, del Semanario Judicial de la Federación, enero a junio de 1989, Tomo III Segunda Parte-2, del contenido siguiente: "RECURSOS ORDINARIOS. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO POR NO AGOTARLOS. (LEGISLACION DEL ESTADO DE MEXICO). Si bien en términos de los artículos 430 y 432 del Código de Procedimientos Civiles, sólo son apelables los autos que recaigan en asuntos cuyo valor exceda de cincuenta días de salario mínimo vigente en la región o cuyo valor no sea susceptible de valuarse en dinero; sin embargo, el numeral 416 de la propia ley, prevé que los autos que no fueren apelables y los decretos, pueden ser revocados por el Juez o Tribunal que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio, en cuyas condiciones, si el agraviado no agotó el recurso de revocación, dejando así satisfecho el principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo.". Y la jurisprudencia consultable en la página 211, del Semanario Judicial de la Federación, Marzo de 1993, Tomo XI, cuyo rubro y texto son: "AMPARO, ES IMPROCEDENTE, SI CONTRA EL ACTO RECLAMADO PROCEDE ALGUN RECURSO. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías resulta improcedente si el acto que se reclama podía ser modificado, revocado o nulificado a través del recurso de revocación conforme a las prevenciones del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México.". Sirve de apoyo también la jurisprudencia I.4º.C.J./25 del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro: "IMPROCEDENCIA SUSTENTADA EN LA FRACCIÓN XIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN", asimismo la diversa intitulada: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA." De igual forma, funda lo expuesto el criterio que contiene la Jurisprudencia VI.2o.C. J/260, publicada en la página 1816, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2006, Tomo XXIII, que dice: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas." Por tanto, con fundamento en los artículos 61, fracción XVIII y 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por Casto Camacho Torres, contra actos del Juez Tercero Familiar del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Metepec, Estado de México y otra autoridad. No pasa desapercibido para este órgano jurisdiccional, que el quejoso manifieste en su demanda de amparo que promovió recurso de queja en contra del acto reclamado, esto es, el acuerdo de veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, dictado en el expediente 339/2007, del índice del Juzgado Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Metepec, Estado de México; sin embargo, dicha circunstancia no es obstáculo para arribar a la conclusión adoptada en el presente acuerdo, ya que incluso, este juzgado de Distrito, estima que el presente juicio de amparo también resultaría improcedente porque dicho acto reclamado, en todo caso, ha sido sustituido procesalmente por la resolución de catorce de junio de dos mil dieciocho, dictada en el toca de apelación 438/2018, del índice de la Primera Sala Familiar Regional de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Domicilio. En otro orden, con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales practíquense las notificaciones aun las que deban ser en forma personal, por medio de la lista que se fija en este órgano de control constitucional, por así haberlo solicitado el quejoso no así el indicado como "estrados de este juzgado" dado que no se encuentra contemplado en la Ley de Amparo. Autorizados. En atención a la certificación de cuenta, y por sí encontrase registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito se tienen por autorizados en términos ampliso del artículo 12 de la Ley de Amparo a Jonathan Alejandro Acevedo Aguilar y Elvira Gutiérrez Aguilar y en términos restringidos de dicho numeral a las restantes personas limitación que se establece hasta en tanto tengan registrada la patente para ejercer la profesión de licenciados en derecho. Habilitación de días y horas inhábiles. Desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales en el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 párrafo tercero de la Ley de Amparo. Medios electrónicos. en atención a lo establecido con el acuerdo 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza el uso de medios electrónicos, así como la toma de fotografías de constancias que obren en el sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas; en el entendido que el uso de dichas reproducciones serán responsabilidad de quien las obtenga, así como de la persona que otorgue la autorización; por lo que queda expedito el derecho de las partes para oponerse o limitar esta permisión. Transparencia. Finalmente, con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese; personalmente al promovente por medio de lista.

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